El 24 de marzo de 1976 se puso en marcha un proceso sangriento, con el objetivo de instaurar en la República Argentina un modelo perverso para concentrar la riqueza, destruir gran parte del aparato productivo nacional, excluir a millones de compatriotas y provocar un gigantesco endeudamiento para subordinar la economía de nuestro país al capital financiero internacional.

Así, el golpe cívico militar, diseñado en el marco del Plan Cóndor, inició el período más trágico de nuestra his­toria, dejando un saldo de 30 mil detenidos-desaparecidos como consecuencia del terrorismo de Estado. Una práctica criminal para disciplinar a las organizaciones sociales, reprimir las luchas populares y forzar los cambios culturales regresivos, fragmentando al extremo el tejido social para inducir al individualismo exacerbado.

Esa interrupción violenta de la vigencia constitucional tuvo sus antecedentes, comenzando por el golpe contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930. Pero esta vez, como parte de una ofensiva interna­cional contra todo intento de lograr una verdadera independencia de los poderes fácticos, en el contexto de la guerra fría, se recurrió a un verdadero genocidio. Había que impedir, por medio de la desaparición forzada y el crimen sistemático, la consolidación de modelos que garantizaran la distribución equitativa de la riqueza, la inclu­sión social plena y la integración soberana en la región y el mundo.

La crisis generada al cabo de seis dolorosos años de gobierno dictatorial, sumada a la derrota bochornosa en la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, dieron lugar a una transición hacia la vigencia de la democracia republicana, con elecciones generales que le dieron el triunfo al doctor Raúl Alfonsín, presidente de la nueva etapa constitucional iniciada en la Argentina en 1983.

El país reiniciaba, una vez más, la puesta en marcha de la Constitución y la vigencia de las leyes, aunque con las inevitables tensiones por la subsistencia de los factores de poder que habían provocado el golpe de Estado cívico militar siete años antes.

Los objetivos de los grupos económicos concentrados y sus representantes políticos habían quedado poster­gados, al menos hasta una nueva oportunidad.

Pasaron 43 años desde aquel 24 de marzo de 1976. Un poco más de cuatro décadas en cuyo transcurso no hubo asonadas golpistas. Sin embargo, a partir de las elecciones generales de 2015, por la voluntad popular, aun­que con escaso margen, surge un gobierno que, en lo esencial, ha puesto en marcha un modelo que ha vuelto a generar un gigantesco endeudamiento externo, con la consecuente política de ajuste, el achicamiento sistemático del mercado interno, la pérdida de soberanía en las relaciones internacionales, la concentración de los medios de comunicación y una creciente subordinación de parte del Poder Judicial a la voluntad del gobierno de turno.

Esta vez no fue necesario el desalojo de las autoridades elegidas por el voto popular, sino la coalición entre el gran capital, los comunicadores afines y una parte clave de la justicia funcional al sector hegemónico que go­bierna.

Para el movimiento cooperativo, comprometido con la organización y prestación de servicios para satisfacer las múltiples necesidades de sus asociados y la comunidad, la política gubernamental ha demostrado en los últi­mos tres años que no comulga con los valores y principios de la economía social y solidaria.

Bastaría con mencionar algunas acciones concretas que confirman esta afirmación.

En efecto, a fines de 2017, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de reforma tributaria que pre­tendía eliminar la exención del pago del impuesto a las ganancias, para las cooperativas y mutuales de crédito, seguro y reaseguros.

Una medida contraria a la naturaleza carente de fines de lucro de dichas entidades, la cual fue dejada sin efecto por la acción mancomunada del sector ante los diferentes bloques del Congreso Nacional.

Pero este logro se vio nuevamente amenazado durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto incluido en la agenda parlamentaria a fines de 2018. Otra vez se intentó eliminar dicha exención, como parte de los com­promisos y la subordinación a los dictados con el Fondo Monetario Internacional.

Tampoco pudo avanzar esta reiterada ofensiva anti-cooperativa y nuevamente quedó sin efecto la eliminación de la exención para el pago del impuesto a las ganancias para nuestras entidades, como resultado de la lucha conjunta de las entidades representativas del cooperativismo y el mutualismo.

Sin embargo, producto de una intensa y compleja negociación, se acordó que las cooperativas y mutuales de crédito, seguros y reaseguros realizaran un aporte sobre su patrimonio, que en el caso de las cooperativas pasó del dos por ciento que venían pagando desde 1986, al cuatro por ciento a partir de este año.

 Pero aquella no ha sido la última agresión. En lo que va de 2019 el ataque fue dirigido a las cooperativas de servicios públicos, a partir de las declaraciones presidenciales sobre la forma en que facturan sus prestaciones, calificando al sector de mala praxis por incluir en la facturación, además de la provisión de energía eléctrica, los servicios de sepelio, salud y otros.

Otro desconocimiento grave a la naturaleza asociativa y solidaria de dichas entidades, muchas de las cuales van camino a celebrar su primer siglo de existencia, construidas por la voluntad de los vecinos de cada comunidad –más de setecientas en todo el país, proveedoras de electricidad a más de 7 millones de compatriotas‒, ante la ausencia de las empresas lucrativas o la imposibilidad, cuando no el desinterés, de brindar tales servicios por parte del Estado.

La referencia a las políticas públicas que atañen al sector de la economía solidaria es una muestra, en defini­tiva, del rumbo iniciado con la actual gestión gubernamental. Un dato que ilustra el complejo momento que atra­viesa la sociedad argentina al cumplir un nuevo aniversario de un hecho doloroso de la historia contemporánea, cuyas dramáticas consecuencias siguen gravitando en el presente.

Es tiempo de repensar el modelo económico, político, social y cultural, para contribuir desde los más amplios sectores de la comunidad a construir una Argentina con verdadera democracia participativa, justicia social y sobe­ranía plena.

En esa tarea patriótica, el movimiento cooperativo tiene el compromiso y la responsabilidad de aportar su rica experiencia de realizaciones solidarias, mediante la aplicación de una filosofía que concibe al ser humano como la medida de todas las cosas.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2019