La defensa irrestricta de los Derechos Humanos está indisolublemente ligada a los principios y valores del cooperativismo.

El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es, desde su fundación, un consecuente defensor de tales derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales. Y con igual convicción y compromiso, se ha manifestado a lo largo de sus 58 años de existencia en defensa de las instituciones establecidas por la Constitución y la vigencia de las libertades públicas.

Entre muchos antecedentes podemos citar la gravísima situación que vivió la República Argentina en la Semana Santa de 1987, cuando en el marco del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín se produjo el levantamiento de los denominados carapintadas.

En esas circunstancias, el entonces presidente del IMFC, Nelson Giribaldi, acompañado por el gerente de relaciones institucionales de nuestra entidad, Edgardo Form, concurrieron a la Casa Rosada para firmar en representación del Instituto Movilizador el Acta de Defensa de la Democracia.

Con esa misma actitud y la autoridad moral puesta de manifiesto en todo momento, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos expresa su rechazo a todas las medidas que vulneren los derechos conquistados por la ciudadanía en los años posteriores a la última dictadura cívico militar.

En tal sentido, hemos acompañado los permanentes reclamos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y otros organismos dedicados a esta lucha inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia.

Consideramos de extrema gravedad la sucesión de expresiones públicas y decisiones políticas que constituyen un retroceso en esta materia, tales como descalificar a estos movimientos sociales diciendo que “hay que terminar con el curro de los derechos humanos”, o hacer afirmaciones negacionistas acerca del número de detenidos desaparecidos por el Terrorismo de Estado, que han sido 30 mil.

Es grave que la Corte Suprema de Justicia disponga la reducción de penas a los genocidas juzgados conforme a derecho, recurriendo al denominado 2 por 1, cuando las normas jurídicas consagradas a nivel internacional establecen que estas disposiciones no son aplicables en los casos de crímenes de lesa humanidad.

De igual modo, el llamado a la reconciliación que formula la Iglesia ha sido rechazado por la totalidad de los organismos anteriormente mencionados, incluyendo a los sacerdotes que trabajan en medios populares.

“No hay reconciliación posible entre víctimas y victimarios, particularmente cuando éstos no han dado ni un solo paso en ese sentido”, sostiene en una declaración el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.

“La reconciliación es que primero abran los archivos, que digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos, que pidan perdón. Si es que puede haber una reconciliación, será con toda la verdad”, dijo Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“Es un disparate, calificó Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “¿Cómo vamos a dialogar? Lo que hay que hacer es cumplir con la democracia y lo que pedimos: Verdad, Memoria y Justicia”.

Por lo expuesto, nuestro Instituto expresa su firme solidaridad y coincidencia con los reclamos y pronunciamientos, señalando al mismo tiempo la responsabilidad del conjunto de las entidades democráticas de nuestro país –cooperativas, mutuales, asociaciones culturales, sindicatos, partidos políticos– para asumir un papel protagónico en esta dramática coyuntura, haciendo público su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la continuidad de los juicios a los autores materiales e intelectuales del genocidio cometido bajo la dictadura cívico militar, y actuar con firmeza para impedir los retrocesos en las conquistas obtenidas durante los años precedentes.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Buenos Aires, 4 de mayo de 2017.