En 1960, bajo la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, tuvo lugar un crimen brutal contra tres mujeres que lucharon por el fin del gobierno totalitario y la instauración de la democracia. El 25 de noviembre de ese año fueron asesinadas las hermanas Mirabal por mandato del sanguinario dictador.

 

Años más tarde, en 1981, en el marco del primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, quedó establecida esa fecha como el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en homenaje a la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la defensa de los Derechos Humanos, designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 1993, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y dispuso invitar a los gobiernos, organizaciones internacionales y entidades no gubernamentales para tomar medidas destinadas a sensibilizar sobre este gravísimo problema estructural, cultural y de dimensiones mundiales, que no distingue clases sociales ni etnias.

 

Con ese mandato, los 16 días de la campaña impulsada por el Centro de Liderazgo Global de Mujeres, comprendida entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, fecha establecida como el Día Internacional de los Derechos Humanos, vincula estrechamente dos momentos claves que comprometen y obligan a los Estados para que tomen acciones concretas de prevención y erradicación de la violencia.

 

Surgen así estudios y propuestas sobre las causas de estos hechos aberrantes, basados en la desigualdad histórica y la discriminación, como así también en pautas culturales milenarias sobre el papel de la mujer en la sociedad.

 

Las cifras de los feminicidios registrados ponen de manifiesto el incremento de la violencia criminal, muchas veces impregnados de resabios patriarcales, todo lo cual requiere de políticas públicas que incluyan, además del juicio y castigo a los responsables, de Estados activos y presentes en la implementación de múltiples medidas destinadas a erradicar estas expresiones inadmisibles de la conducta humana.

 

Desde la Resolución General de la ONU en la Asamblea realizada en 1993, los lemas que acuñó la campaña del organismo fueron poniendo el énfasis en diversos conceptos y acciones, todos ellos basados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), establecida en 1979.

 

Así, en 2017 la campaña se llevó a cabo en torno del concepto “Juntas y Juntos podemos acabar con la violencia de género en la Educación.”

 

Todo el bagaje normativo y los tratados internacionales que pretenden garantizar la ampliación de derechos y los cambios reales de paradigmas, no serían suficientes por sí mismos sin las demandas y la participación activa de las verdaderas protagonistas.

 

El movimiento de mujeres ha tenido un formidable desarrollo en los últimos años y se ha convertido en un importante sujeto político y social, cuyas iniciativas contribuyen a incidir sobre los poderes públicos para adoptar las medidas reclamadas. Además, el contenido de este creciente protagonismo ha comenzado a incorporar banderas históricas de los pueblos, tales como el rechazo a toda forma de racismo, discriminación y xenofobia, al igual que a las dominaciones coloniales e imperialistas.

 

Miles de ciudadanas y ciudadanos se han volcado a las calles en todo el mundo, en defensa de las democracias y contra toda forma de dependencia y de injusticia social.

 

En todos los casos, como se ha visto últimamente en Chile, Ecuador y Bolivia, las mujeres ocupan un lugar creciente en las luchas populares, afrontando la represión con enorme valentía, frente a los brutales métodos de disciplinamiento social que se vienen utilizando por parte de las fuerzas de seguridad.

 

Desde el cooperativismo y la economía solidaria en general, asumimos nuestro papel como herramientas de vital importancia para la construcción de sociedades humanistas, con justicia social y respeto irrestricto por los derechos humanos, tal como lo expresa la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, la doctora Graciela Fernández.

 

Asimismo, desde el Comité de Equidad de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), adherimos a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la que se reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la Paz de los Pueblos.

 

Nosotras, mujeres cooperativistas, hemos asumido la necesidad de actuar con urgencia promoviendo el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, instrumento por el cual las entidades cooperativas –tanto las de primer grado, como las federaciones y confederaciones─ se comprometen a sensibilizar y a condenar la violencia de género. Un Pacto destinado a prevenir y actuar en los casos aberrantes que nos ocupan, cuyo propósito trascendente es el de contribuir al trabajo mancomunado entre varones y mujeres, más identidades auto percibidas o no binarias, única garantía para construir un mundo mejor y aportar eficazmente al cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible fijados por la ONU en su agenda 2030.