Revista Idelcoop nº 244 - Noviembre 2024 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Experiencias y Prácticas

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

 

 

Propuesta de Modelo Básico de Balance Social para las Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria de Ecuador

 

Javier Caicedo Salcán[1]

Resumen

En vista de que las asociaciones, cooperativas, sector comunitario y unidades económicas populares de Ecuador mantienen un interés respecto de informar sobre temas de índole social y ambiental, el presente artículo tiene por objetivo presentar una propuesta de modelo básico de balance social para las asociaciones de la Economía Popular y Solidaria de Ecuador. Para la elaboración del balance social, se tiene como punto de partida analizar al sector asociativo desde un contexto teórico. Luego, se desarrolla la metodología del modelo de balance social el cual contiene siete principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), catorce dimensiones y cincuenta aspectos a medir (indicadores). El modelo busca responder a criterios básicos relacionados con el cumplimiento de los principios de la Ley, preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural.

 Además, debemos recordar que, en el año 2014, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria elaboró el primer modelo de balance social cooperativo el cual fue aplicado al conjunto de las cooperativas de Ecuador. Sin embargo, ante la falta de una metodología de balance social para las asociaciones, la entidad púbica dejó abierta la posibilidad para que investigadores/as externos/as realicen los balances basándose en la realidad de las organizaciones del sector real de la economía popular y solidaria.

Palabras clave: asociaciones, balance social, economía popular y solidaria, principios, aspectos a medir.

 

Introducción

En octubre de 2008, la sociedad ecuatoriana aprobó una nueva Constitución de la República en el cual según el artículo 283, el sistema económico es social y solidario. Este sistema está conformado por los sectores: público, privado, mixto, y el popular y solidario.

Con respecto a este último sector, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de 2011 (en adelante LOEPS), lo define como: “una forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad cooperación y reciprocidad” (Ediciones Legales, 2011).

 El sector popular y solidario se compone de cuatro actores sociales que son: asociaciones, cooperativas, sector comunitario y las unidades económicas populares. Estos actores, de acuerdo a su objeto social, deben contribuir a la lucha contra la pobreza mediante la generación de empleo, además de preservar su identidad como parte de un ecosistema empresarial más humano y solidario, a incidir positivamente en el desarrollo social y comunitario, a mitigar el impacto ambiental producto de sus actividades económicas, y a generar una cultura de formación en relación a la economía popular y solidaria.

Lo manifestado en el párrafo anterior, es un resumen de la información que las organizaciones de la economía popular y solidaria deben por mandato de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (en adelante SEPS) mediante un Balance Social (en adelante BS). Para cumplir esta disposición legal, la Superintendencia en el año 2014 elaboró una metodología de BS cooperativo que fue aplicado solo al sector cooperativo (Páez, 2014 y 2023). Lo paradójico del modelo fue que se aplicó una sola vez y hasta el momento actual no se volvió a aplicar.

Ahora, según la Superintendencia, el modelo de balance social cooperativo marca el inicio para que posteriormente se elaboren otros modelos de acuerdo a la realidad, por ejemplo, de las asociaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Por tal motivo, este documento tiene como objetivo presentar un modelo básico de balance social para las asociaciones de la EPS. El balance social está diseñado con los siete principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), catorce dimensiones y cincuenta aspectos a medir (indicadores) de tipo porcentual, numérico y dicotómicas.

1. El contexto teórico y la configuración social de las asociaciones

En Ecuador, los vínculos y la interacción social generados por familias, amigos y vecinos en comunidades de personas se desarrollaron en el núcleo de las sociedades antiguas y se fortalecieron en las sociedades modernas. Su conformación es producto de la imperante necesidad para hacer frente a las constantes desigualdades económicas y sociales que se crearon en poblaciones y sectores menos favorecidos por la falta de atención del gobierno central y seccional. Ahora bien, su unificación en asociaciones también se debe a que buscan recrear dentro de los grupos sociales de comunidades procesos de actividades productivas y colaborativas, logrando de esta manera encadenar una serie de factores clave como la generación de empleo mediante emprendimientos con el fin de conseguir un bienestar familiar para toda la comunidad.

En cuanto a la interacción social, Cohen et al., (2000) manifiestan que esta acción humana con los y las miembros y organizaciones de la comunidad constituye una potencial fuente de apoyo para las personas.[2] A partir de estas relaciones no solo se pueden obtener importantes recursos, información y ayuda, sino también se deriva un sentimiento de pertenencia y de integración a una comunidad más amplia con importantes implicaciones para el bienestar individual y social (García y Herrero, 2006: 328).

Benjamin Gottlieb (1981) en cambio nos habla sobre el concepto de apoyo social, desde tres niveles de análisis: “los niveles macro (integración y participación social), meso (redes sociales) y micro (relaciones íntimas)”.

Por su parte, Nam Lin (1986) plantea que el vínculo de una persona con el entorno social puede representarse asimismo en tres niveles distintos: la comunidad, las redes sociales y las relaciones íntimas y de confianza. Estos tres niveles son parecidos a lo que plantea Benjamin Gottlieb, pero Nam Lin se decanta porque el vínculo fuerte para llevarnos a conformar una asociación tiene su punto de partida en las relaciones íntimas y de confianza que existan dentro de los núcleos familiares y comunitarios, que, a su vez, son el engranaje central en el que giran los demás factores. 

 

 

La relación social que se genera en el centro-periferia de una organización, asociación o comunidad, tiene por principio el establecimiento de la confianza entre todos, todas y cada uno/a de quienes conforman la entidad. Ésta, a su vez, produce un sentimiento de compromiso del centro a la periferia, logrando vincular a las personas que están en condiciones de aislamiento con lo cual se amplía la comunidad y con ello el sentimiento de pertenencia. Para Sarason (1974), la percepción de pertenecer a una comunidad, el sentimiento de que se es parte de una estructura estable en la que confiar, el sentimiento de compromiso mutuo que vincula a las y los individuos en una asociación es un elemento importante del bienestar individual (García y Herrero, 2006: 330).

Otros aspectos para tener en cuenta dentro de la configuración de una asociación es el grado de coalición comunitaria, entendida desde el punto de vista de que las personas agrupadas en comunidades diseñan e implementan diferentes acciones encaminadas a resolver problemas y alcanzar objetivos con el fin de que se produzcan cambios positivos (sociales, ambientales, culturales, políticos) dentro de la comunidad.

2. Los inicios de las asociaciones de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador

Las asociaciones, al menos en el caso ecuatoriano, no tienen un origen especifico, mucho menos un concepto acabado. La literatura sobre este tema nos dice que, es en las comunidades donde se conciben las asociaciones con el objetivo de solucionar sus problemas básicos, a través de prácticas sociales en las que las familias actúan mediante relacionamientos bidireccionales (Martínez V. L., 2002).

En cuanto a la comunidad, se concibe como un espacio plural en el cual coexisten varias organizaciones de base social dispuestas a ayudarse mutuamente. Es así que, en este lugar no solo están presentes las asociaciones, también hay cooperativas y comunas, que en los inicios del siglo XX fueron la forma en que se empezó a estructurar este sector.

Cada organización ha luchado para sobrevivir en un espacio donde las fuerzas externas han querido modificarlas de acuerdo con la política gubernamental de turno. Por ejemplo, en los años treinta del siglo pasado se empezaron a crear leyes que de cierta forma apoyaban e impulsaban a los sectores antes citados, pero sobre todo al sector cooperativo. Así se publicó la Ley de Organización y Régimen de las Comunas (1937) y la primera Ley de Cooperativas (1966); pero, en ningún momento hubo específicamente una Ley de Asociaciones que ayudara a organizar, reconocer y fomentar al sector asociativo productivo más allá del Código Civil (1861) que les reconocía personalidad jurídica.

Recordemos que la Ley de Régimen de Comunas tenía como objetivo reconocer a todo centro poblado que no tuviera la categoría de parroquia, sea que se encuentre en las periferias de una ciudad o en las zonas rurales. Así es cómo la comuna se convirtió en la forma de organización predominante entre los grupos indígenas, especialmente de la región Sierra (Jácome, 2019: 109). Asimismo, para constituir una comuna era indispensable que, en el lugar radicasen habitualmente una cantidad no menor de cincuenta personas. Esto les permitía poseer bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, industrias, acequias, herramientas, semovientes, establecimientos educacionales, etc. 

Más tarde, la Ley de Desarrollo Agrario (2004), se creó para el fortalecimiento organizacional de las cooperativas, comunas, asociaciones y otras organizaciones empresariales.[3] Esta norma permitió que la población campesina participara en la elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario (art. 33 de la Ley) y para reforzar las áreas administrativas, la Ley ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería crear un servicio permanente de asesoría legal, contable y técnica a las organizaciones campesinas y a sus empresas asociadas con el fin de “impulsar su consolidación y desarrollo empresarial de autogestión” (art. 35).  

Así pues, lo manifestado en la normativa antes citada ayudó a que se crearan nuevas organizaciones populares y solidarias vinculadas a actividades económicas. Desde que se empezó a contabilizar el número de organizaciones sociales productivas en Ecuador, los datos resultaban muy irregulares, como reflejó en su momento Zamosc (1995).

Según la Tabla 1, la composición de las organizaciones sociales tiene su mayor crecimiento en la década del setenta. A principios de siglo, el sector que mayor presencia tiene dentro del área de población mestiza es el de las comunas con el 61,34%,[4] seguido por las cooperativas con el 24,1%. Volviendo a la época de 1970, el crecimiento de las organizaciones empieza a tomar otras cifras, por ejemplo: en las áreas de población mestiza crece el porcentaje de cooperativas para luego ir descendiendo al final del periodo del noventa. No sucede lo mismo con las asociaciones, en este sector vemos un vertiginoso crecimiento en términos relativos en la misma época de los años setenta, inclusive termina creciendo al 96,77% al finalizar el año 1992. En el caso de la comuna sucede todo lo contrario.

Las razones que pueden explicar la variación porcentual de estos sectores sociales son de orden político y también por los extensos y engorrosos trámites burocráticos que tenía que realizar el común de la ciudadanía (personas, familias, comunidades) que deseaban emprender algún tipo de organización con fines productivos-económicos y sociales. 

Si bien en los setenta el sector cooperativo creció en ambas áreas de la población mestiza e indígena, este crecimiento se produjo debido a la reforma agraria que hubo en aquella época. Sin embargo, se ha considerado que tal crecimiento de sociedades cooperativas fue ficticio ya que quienes se estaban beneficiando de la distribución de tierras, ayudas económicas y demás beneficios fiscales otorgadas por el gobierno, fueron personas de clase media y media alta que valiéndose de información privilegiada (asimetría de información) se hicieron con el negocio, creando falsas cooperativas (Ortiz, 1975: 99; citado en Da Ros, 2007).

Tanto Zamocs (1995: 60) como Martínez V. L., (1998: 5), sostienen que lo acontecido en aquellos años no hizo más que fortalecer al sector de las asociaciones, las causas, son las mismas que hemos anotado, inclusive ambos autores manifiestan que “estos datos permiten afirmar que los grupos que actualmente se organizan en la Sierra tienden a dar menos importancia a la opción comunal, ignoran casi por completo la alternativa cooperativista, y abrazan con entusiasmo el modelo de las asociaciones que es más flexible y que implica menores compromisos por parte de los miembros”.

3. Las asociaciones en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria

3.1. Conceptualización jurídica del sector asociativo según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria

Las asociaciones han sido consideradas como una de las formas de organización social más antiguas del mundo, en la cual predomina la participación libre y voluntaria de hombres y mujeres con el fin de proponer ideas y propuestas para la solución de problemas dentro de su entorno social y comunitario.

El concepto del sector asociativo está descrito en la LOEPS de 2011 de la siguiente manera: “es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objetivo de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley” (art. 18). (Ediciones Legales, 2011).

La asociación, si bien corresponde a una agrupación de personas con fines comunes, puede organizarse y actuar dependiendo de las circunstancias, el tiempo y el espacio. Asimismo, muchos cientistas sociales la categorizan y conceptualizan acorde a las necesidades que prestan. Por ejemplo, las asociaciones vistas desde el enfoque anglosajón pertenecen a todas aquellas personas naturales o jurídicas que se han unido para realizar actividades en las cuales predomina el interés social, es decir asociaciones que brindan ayuda aquellas personas que más necesiten.

Para el caso de Ecuador, el sector asociativo de la economía popular y solidaria es aún materia de discusión desde diferentes enfoques, ya sea desde lo sociológico, lo económico, lo organizacional, y hasta político. Por último, de todas estas áreas, las discusiones políticas han llevado a la Asamblea Nacional a formular reformas a la LOEPS de 2011.

La reforma al menos en lo referente al concepto de sector asociativo, no tiene mayor cambio ni afectación positiva al sector. Podríamos decir que es la misma definición que está escrita en la LOEPS de 2011. Lo que si hacen es añadir un segundo párrafo, que creemos va a tener un impacto negativo en el sector cuando dice que las asociaciones una vez que superen los requisitos con los cuales se crean, “deberán transformarse, obligatoriamente, en cooperativas”.  Esta medida ha generado malestar en todo el sector asociativo.  

4. Conceptualización del balance social

En la actualidad, el balance social está considerado como un instrumento que sirve para informar sobre varios aspectos positivos que afectan a las y los miembros de una empresa u organización de la economía social y solidaria. Asimismo, debemos entender que el balance social «per se» no solo se enfoca en esclarecer y poner ante los ojos del mundo la forma en la que se desenvuelven los integrantes de una empresa, sino que, también cumple el propósito de generar cierta información con respecto al cuidado, la protección y las posibles medidas de remediación al medio ambiente generadas por las actividades económicas de la organización. 

Pero, ¿dónde tuvo origen el balance social? Según el Dr. Dante Cracogna (1980) citado en Fernández (et. al., 2018), dicho instrumento surge en la década del 60 en Estados Unidos y no como una investigación teórica vinculada al ámbito académico sino por la propia iniciativa de las y los empresarios que veían en este instrumento la vía de información para dar a conocer a la sociedad sobre su actuación en el medio social. Luego el estudio y la aplicación del balance social traspasó la frontera y se trasladó a Canadá, país que cuenta con una amplia experiencia en la medición del impacto social de la empresa.

En Europa la divulgación científica en cuanto al significado de lo que es el balance social proviene de varias vertientes. Así, el Dr. Santiago García Echeverría menciona que “el balance social es un instrumento contable que sirve para el cierre de las cuentas de la contabilidad social de la empresa en un enfoque patrimonialista” (Fernández, et al, 2018: 20).

Por su parte Aitziber Mugarra Elorriaga en un artículo publicado en el año 1995a con título “Modelos de Balance Social: Criterios clasificatorios”, realiza una explicación de lo que es un balance social con base en varias fuentes bibliográficas.   

Para empezar, Aitziber Mugarra comparte junto con Keller Rebellon el hecho de que el balance social se debe considerar “como un fenómeno social-empresarial más que como una técnica concreta”. En cuanto a las técnicas, Mugarra sostiene que existen numerosas de ellas las cuales poseen un denominador común que es informar a la sociedad sobre la responsabilidad social empresarial. Pero más allá de la aplicación de una u otra técnica o método, lo indispensable es que las “empresas rindan cuentas de su actuación social con la misma regularidad y la misma apariencia de precisión con la que ahora informan sobre su actuación financiera” (Bauer y Fenn, 1973, citado en Mugarra 1995a: 2).

En todo caso, creemos que el balance social es un documento que informa sobre varios puntos críticos del quehacer empresarial y representa una radiografía de la convivencia social de las y los trabajadores y trabajadoras de una empresa; incluso no debe compararse con los balances financieros y aunque ambos sirven para rendir cuentas, en ocasiones se los pueden utilizar como carta de presentación ante un público que demanda transparencia en la información.

5. Desarrollo metodológico

5.1. Las asociaciones de la economía popular y solidaria, principales interesadas en aplicar un balance social

El modelo básico de balance social está pensado para que, posterior a su validación mediante los métodos y técnicas adecuadas, las asociaciones de la economía popular y solidaria puedan aplicarlo masivamente en un futuro próximo.[5] Este modelo está diseñado para que tanto las asociaciones de consumo, de producción y de servicios puedan ejecutarlo dentro de sus organizaciones. En principio, se tenía pensado que el modelo de balance social fuera aplicado sólo para aquellas organizaciones que estén obligadas a llevar contabilidad, pero, al ser un modelo con variables de tipo social y ambiental básicos, resulta que, todas las asociaciones que estén o no obligadas a llevar a contabilidad, pueden elaborar el balance social de forma manual dada la facilidad de entendimiento con que está elaborado dicho instrumento.

La correspondiente Tabla 2, nos muestra la composición por tipo de asociaciones que existen actualmente en Ecuador.

 

7. Estructura del modelo básico de balance social para las asociaciones de la economía popular y solidaria [6]

Entonces, de los ocho principios que tiene la LOEPS (2011),[7] solo siete intervienen en la construcción del BS para las asociaciones de la EPS. Luego, de los mismos siete principios se obtienen las dimensiones, y estas no son más que la división de los principios originales de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Finalmente, a partir de las definiciones de las dimensiones, se formulan los aspectos a medir (AM).

Con respecto al principio uno que manifiesta “La búsqueda del buen vivir y del bien común”, no será elegido como variable para el diseño del modelo básico de balance social, pues, tiene una connotación transversal que abarca a los demás principios. Es decir, las personas, las familias que forman parte de una organización popular y solidaria tendrán que sobreponer el interés colectivo por el individual con la finalidad de que todas y todos estén de acuerdo en realizar una comercialización justa de sus productos y/o servicios, una distribución equitativa y solidaria de los excedentes y mantener una equidad de género en todos los aspectos, etc. Por su parte, el Estado como segundo interesado en que estas organizaciones crezcan y se fortalezcan, tendrá la obligación de generar adecuadas políticas públicas que conduzcan a alcanzar el buen vivir.

7.1. Definición de las dimensiones

7.1.1. Prelación del trabajo sobre el capital

El trabajo es una acción que conduce a la realización de cualquier tipo de actividad económica que realizan las personas, ya sea por obligación y/o necesidad,  [a1] para satisfacer las necesidades para reproducir su ciclo de vida. Las formas de trabajo están concebidas al menos para este sector desde dos enfoques:

Trabajo mercantil

Representa todas aquellas actividades productivas que realizan las y los trabajadores/as para obtener un beneficio económico. Es decir, que estas personas trabajarán para la propia empresa con el fin último de que su fuerza de trabajo se intercambie por una remuneración.

Trabajo por autogestión

Esta modalidad está concebida desde el momento en que las y los asociados deciden unirse mediante un grupo de personas o de familias para gestionar las actividades a realizar. El trabajo por autogestión asociativa rompe con el modelo tradicional de las empresas de capital donde la/s persona/s propietaria/s de la empresa toma/n las decisiones sobre cómo debería realizarse un trabajo. En cambio, en una asociación de la EPS, el trabajo es planificado y consensuado por todas las personas asociadas, teniendo en cuenta el principio de equidad de género. Asimismo, al darle más valor a la opinión de las y los asociados en cuanto a la planificación del trabajo, tienen la libertad de proponer medidas innovadoras para que la actividad productiva sea más competitiva frente a otros tipos de empresas de capital.

Dicho esto, la definición para esta dimensión queda establecida como: aquellas prácticas que deben ser si o si establecidas dentro de las asociaciones de la EPS bajo un marco de respeto y colaboración mutua. La creación de empleo se sustentará en precautelar los intereses de las personas (asociadas/os-trabajadoras/es) por sobre la acumulación del capital y la retribución por el capital aportado, ya que, al hacer esta distinción, se propenderá hacia una economía del trabajo que garantice una mejor calidad de vida de las personas y potencie sus relaciones fraternas y de compañerismo dentro de la asociación.

 

7.1.2. Prelación de intereses colectivos sobre los individuales

La economía popular y solidaria es un sector que se caracteriza por mantener la unidad en la adversidad, de ahí que, bajo esta premisa la definición para esta dimensión queda establecida como: el conjunto de personas que se han unido en solidaridad para buscar la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales presentes y futuras de todos quienes forman parte de la asociación de la EPS a través de un mismo interés colectivo. Así también, cada asociada/o buscará alcanzar la satisfacción de su propio interés una vez que la asociación haya cumplido su fin.

 

7.1.3. Comercio justo

En la Constitución de 2008 en la parte que hace referencia a la “Política Comercial”, se dice que el Estado tendrá como uno de los objetivos principales impulsar el comercio justo. Esto, debemos entender que contribuirá a que haya unas relaciones de intercambio más justas en la que productor/a y consumidor/a se ponen de acuerdo para fijar un precio por los productos y servicios que ofertan sobre todo las organizaciones de la economía popular y solidaria y, en especial las asociaciones de la EPS. Pero, el comercio justo va mucho más allá de lo que se establece en la Constitución y las leyes secundarias existentes.

En este caso para profundizar en lo que es el comercio justo, hemos visto la necesidad de tomar la definición del Manual práctico sobre Comercio Justo y Contratación Pública Responsable. Esta dice que:

 

El Comercio Justo es un movimiento internacional en crecimiento que viene a demandar un sistema económico y de relación comercial más respetuoso con las personas y con el medio ambiente, sobre todo, a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los/ as campesinos/as y artesanos/as de países en vías de desarrollo. Se asienta sobre la promoción de un desarrollo sostenible mediante la incorporación de criterios éticos, sociales y ambientales a las pautas de comercio internacional de manera sistemática y con el acuerdo de las partes interesadas, al objeto de beneficiar a todos los agentes que participan en la cadena de suministro, incluido los/as consumidores/as. (p.13)

 

La definición que acabamos de citar lo hemos tomado para la dimensión que lleva por título «Comercio Justo», pues, su contenido abarca lo que las asociaciones de la EPS deben tener en cuenta.

 

7.1.4. Consumo ético y responsable

El modelo de consumo actual es un problema que está afectando tanto al medioambiente cuanto a la propia sociedad. La afectación al medioambiente se relaciona directamente con la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables por parte de las grandes empresas capitalistas que producen bienes y/o productos necesarios y no tan necesarios. Y, a través de campañas de marketing persuasivo, [a1] la población es inducida al consumismo y al deseo desmedido de adquirir cada vez más productos superfluos y baratos. Ahora, lo que se busca es generar un sentimiento de corresponsabilidad para pasar a un modelo de consumo ético y responsable donde las industrias capitalistas produzcan lo necesario y las personas consuman lo que realmente les genere bienestar individual y colectivo.

De ahí que, “un consumo ético sería el que se ejerce cuando se valoran las opciones como más justas, solidarias o ecológicas y se consume de acuerdo con esos valores y no solo en función del beneficio personal”,[8] y empresarial. Asimismo, estos valores no tendrían por qué disminuir la calidad de vida de la población, sino todo lo contrario, ayudarían a equilibrar las relaciones producción-consumo-desperdicio.

En todo caso, creemos que la producción de cualquier bien o producto debe estar en función del consumo que hagan las personas (sociedad en general); ya que, al traspasar la frontera de posibilidades de producción se generan impactos nocivos tanto a la biota como al ser humano.

 

7.1.5. Equidad de género

Las mujeres siempre han cumplido un papel fundamental en la sociedad, haciéndose natural su rol como “cuidadoras” en el seno familiar; en las últimas décadas han trascendido hacia otros espacios públicos y privados donde el predominio sigue siendo ocupado por el sexo opuesto.

Romper este predominio aún sigue siendo duro para para las mujeres, más aún cuando no cuentan con igualdad de oportunidades para ocupar lugares que se naturalizan como masculinos. De ahí que se debe propender a generar políticas públicas con las que se termine por equiparar las responsabilidades dentro y fuera del hogar.

Por tanto, para definir esta dimensión decimos que: tan responsable es el hombre como la mujer cuando de cuidar a la familia se trata; pero, si la responsabilidad está fuera de casa, la mujer también puede realizar trabajos que el hombre ejerce, en este caso hablamos de: administrar una empresa, dirigir una corporación, liderar un equipo de trabajo, hacer uso de su fuerza física para realizar trabajos en una industria de cualquier tipo, inclusive labrar el campo. Asimismo, tanto la mujer como el hombre tienen el derecho a vincularse voluntariamente a cualquier empresa y más aún si se trata de una asociación de la EPS.

 

7.1.6. Respeto a la identidad cultural

La identidad es propia de una persona o grupo de personas con lo cual se diferencian de las demás. Asimismo, al igual que los individuos, también los pueblos tienen nombre e identidad. La identidad es el alma de una sociedad, es su riqueza y su característica. Gracias a la identidad los pueblos se diferencian unos de otros y afirman su derecho a existir de manera distinta (Tibán, 2009: 3).

En cambio, la cultura es aquello que las comunidades desde tiempos muy remotos han ido adquiriendo por generaciones: los conocimientos, el idioma, las creencias, el arte, los valores, las normas, las costumbres, las formas de organización, hábitos y actitudes.De ahí que, por ejemplo, para el caso de Ecuador el objetivo de las organizaciones populares y solidarias es que se respete y se apoye sus formas de organización, idioma, costumbres, valores y la aplicación de los conocimientos en cuanto a la forma de la producción agrícola.

En cuanto a la definición de esta dimensión, tenemos que: las asociaciones de la economía popular y solidaria deben propender a la defensa de todo cuanto las identifica como personas y como organización, rescatando, fortaleciendo y defendiendo lo que para su ser representa su identidad cultural basada en sus principios, valores, costumbres y conocimientos.

 

7.1.7. Autonomía

Las asociaciones de la economía popular y solidaria son organizaciones conformadas por personas naturales que se autogestionan en base a una democracia participativa; además, deciden por ellas mismas sobre los acuerdos que tenga la organización con otras entidades públicas o privadas, incluso de existir un aumento de capital debido al financiamiento externo, lo harán con arreglo a condiciones que permitan a sus asociadas/os conservar el control de manera democrática, preservando ygarantizando la autonomía de la asociación.

 

7.1.8. Desarrollo de las capacidades de las y los asociados para la gestión

El fortalecimiento de las capacidades de las y los asociados es fundamental si se quiere que estas organizaciones crezcan y se vuelvan más resilientes a los impactos económicos y ambientales internos y externos. Un alto nivel de capacitación y, a su vez, un grado elevado de educación ayuda de sobremanera a que las y los asociados se adapten rápidamente a los cambios tecnológicos y aprovechen las oportunidades de negocios que les pueden resultar de beneficio para la asociación.

La capacitación de las asociaciones deberá ir desde lo más simple que es cómo administrar y operar una organización hasta conocer la norma jurídica que las regula y controla. Pero, creemos también necesario que las asociaciones se nutran de información relacionada con el mundo exterior; porque, en algún momento tendrán que salir de su zona de confort para experimentar nuevos relacionamientos de comercio en el mercado mundial.

Por tanto, y para definir esta dimensión, decimos que: la educación y la formación es uno de los pilares fundamentales que permite a las asociaciones de la EPS no solo alcanzar sus objetivos propuestos; sino que, al aumentar sus capacidades cognitivas relacionadas con la EPS y el mundo exterior, las ayudará a empoderarse aún más de sus creencias, principios y valores dando como resultado un mejoramiento en su nivel de vida y bienestar colectivo.

 

7.1.9. Gestión y control democrático por las y los asociados y asociadas.

La gestión implica el proceso sistemático de un conjunto de actividades que conducen al logro de los objetivos deseados. En este proceso, se ven implicadas personas y en sí recursos que deben ser gestionados con criterios de eficiencia, transparencia y control democrático. En el mundo existen empresas sociales que cumplen con estos y otros criterios, incluso presentan informes con contenido social y ambiental.

En Ecuador, las y los asociados son la razón de ser de una asociación, es por ello que, en función de su participación democrática, han de llegar a acuerdos que les permitan crecer sosteniblemente en el tiempo. Pero, para tener un crecimiento económico y un desarrollo social sostenible la asociación de la EPS por intermedio del órgano directivo tendrá que realizar una gestión eficiente de las áreas administrativa y operativa. Asimismo, como una forma de demostrar la gestión eficiente del área administrativa, las y los responsables de dirigir la asociación deben aprovechar la particularidad que la Constitución de 2008 les otorga. Esta particularidad se refiere a que se priorizará la compra de productos y servicios de las organizaciones de la EPS. Sin duda, a las asociaciones de la EPS, ampliar su mercado les permitirá diversificar sus fuentes de ingresos y de esta manera seguir creando riqueza para sus asociadas/os.

En cuanto a la definición de esta dimensión, esta nos dice que, las asociaciones de la EPS en cumplimiento con el principio de autogestión, han de mantener un autocontrol de todo lo actuado en las asambleas ordinarias y extraordinarias; asimismo, mediante la participación directa y democrática de las y los asociados, podrán proponer políticas sobre la gestión de la asociación para crecer de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente.

 

7.1.10. Responsabilidad social y ambiental

Actualmente, existe una variedad de conceptos sobre la responsabilidad social y ambiental; sin embargo, para el caso de las asociaciones de la EPS la responsabilidad social y ambiental es parte intrínseca de la organización. En este tipo de organizaciones, su responsabilidad la tiene tanto con las y los sujetos que integran la asociación cuanto con las personas y/o familias que habitan en la zona de influencia. Asimismo, su preocupación por el medioambiente las hace actuar de manera más responsable en cuanto a la explotación de los recursos naturales, pues, al ser asociaciones productivas muy pequeñas, generan un impacto menor en la biota en comparación con las grandes y medianas empresas tradicionales.

 

7.1.11. Solidaridad externa (alianzas y acuerdos) con asociaciones y demás entidades de la EPS

 

Los planteamientos teóricos acerca del concepto de solidaridad hacen referencia a que, si bien las prácticas solidarias [a1] nacen del interior de las personas asociadas como un sentimiento puro y sincero capaz de traspasar el interés individualista, también necesitan transcender las fronteras internas de la organización. Es preciso establecer lazos (mediante alianzas y acuerdos) que ayuden al progreso, no solo de la propia asociación, sino de todas aquellas formas de organización de la economía popular y solidaria.

 

En todo caso, y para definir esta dimensión, debemos reconocer que la solidaridad practicada por cada /os y de las asociaciones per se, ayuda a resolver problemas que no se resolverían individualmente; incluso, de llegarse a consolidar los lazos de fraternidad, esto impactaría positivamente al fortalecimiento de todas las entidades de la economía popular y solidaria.  

 

7.1.12. Solidaridad interna entre asociados/as

En el punto 7.1.11, ya hemos enunciado el significado de lo es que la solidaridad y esto ha sido posible gracias a los aportes de autores como: Coraggio, Guerra, Martínez, Razeto, Singer, entre otras/os, quienes desde la visión latinoamericana dan a conocer que la solidaridad nace en el seno de las comunidades pobres y esta se fortalece gracias a los valores como la cooperación, la equidad, la participación, la ayuda mutua, etc.

Entonces, la solidaridad interna entre personas asociadas queda definida como: aquellas actuaciones con carácter valórico que nacen de la fraternidad humana y tienen el propósito de enfrentar los problemas de forma compartida.

 

7.1.13. Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es el proceso democrático en el cual la asociación por medio de su órgano directivo informa a todas las personas asociadas del resultado económico, social y ambiental que ha tenido la organización durante un periodo de tiempo, por lo general un año.

Además, al ser la rendición de cuentas un acto público, es fundamental que lo que se vaya a informar esté basado en lo que realmente ha sucedido dentro de la asociación, y esto deberá ser presentado tanto en los informes financieros como en otro tipo de informes no financieros sobreel bienestar de las y los asociados y de la comunidad.

Por lo manifestado en los párrafos anteriores esta dimensión queda definida como: el derecho que tienen las y los asociados a participar y a ser informados/as de todo cuanto ha ocurrido en lo económico, social y ambiental dentro de la asociación en un periodo de tiempo.

 

7.1.14. Reparto de los resultados

Según la LOEPS (2023), las organizaciones de la EPS pueden obtener excedentes y/o utilidades. Los primeros serán el resultado de las operaciones mediante el acto solidario; y, las segundas, se obtendrá de las operaciones comerciales que las organizaciones populares y solidarias realicen con terceros. Para el caso de las asociaciones de la EPS, los excedentes irán a formar parte del fondo social; mientras que, las utilidades en caso de generarse tienen dos vías: i) se reparten entre los y las asociados;[9] pero, según la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento deberán pagar el respectivo impuesto a la renta por los ingresos recibidos; y, ii) las reinvierten en la asociación y quedan exentas del pago del impuesto a la renta. En todo caso, será el órgano de gobierno y el órgano directivo quienes decidan qué hacer con los excedentes y/o utilidades.

Por tanto, la definición de esta dimensión se ajustará al cumplimiento de la LOEPS, estableciendo que: “la distribución de las utilidades y/o excedentes se realizará de acuerdo a lo que dispone la Ley, en este caso los excedentes se destinarán al fondo social, y las utilidades a lo que resuelva el órgano de gobierno, y en caso de repartición se hará observando los criterios de equidad y solidaridad”.

 

8. Identificación de los aspectos a medir

Los aspectos a medir propuestos en el modelo básico de balance social son una construcción sistemática que inicia con las definiciones de cada dimensión. Dentro de estas definiciones se identifican si los indicadores son de tipo porcentual, numéricos, nominal y/o dicotómicos (Cecchini, 2005: 13-17). Además, se observa que los parámetros de utilidad y facilidad de implementación para las asociaciones de la EPS son los idóneos.

 

9. Validación de los aspectos a medir

La validación es un paso previo e importante para la aplicación de los aspectos a medir en las asociaciones de la EPS. Para este proceso se seleccionó a un grupo de veinticinco profesionales () de Ecuador y México en temas de balance social y/o responsabilidad social empresarial (método Delphi) (Landeta, 2002: 54-64). El envío del formulario del balance social con los respectivos aspectos a medir se hizo mediante: i) formato de Google forms; y ii) formato físico. El objetivo fue que los especialistas valoraran mediante una escala de Likert:[10] la «utilidad» y la «facilidad de implementación» de los aspectos a medir.

 

 

 

 

 

10. Resultados de la valoración del modelo de balance social

La valoración de cada una de las personas expertas se consolidó en una hoja de Excel; luego se pasó al sistema software SPSS 26[11] para determinar la frecuencia de las respuestas de las y los profesionales, así como los porcentajes válidos y acumulados. A continuación, se presenta un ejemplo del Aspecto a Medir 1 -AM1:

Principio 1: Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales

Dimensión 1: Prelación del trabajo sobre el capital

[a2] 

 

Se puede observar que tanto en la utilidad como en la implementación las puntuaciones de valor 4 y 5 son las más frecuentes, 22 para la utilidad y 22 para la implementación (en total).

Se toma el valor de 5 pues es el máximo valor dado a un indicador. En adelante se utiliza la misma metodología para los demás indicadores.

En resumen, podemos decir que la mayoría de los aspectos a medir tanto en la utilidad como en la facilidad de implementación tienen una valoración promedio de 4 y 5 de la calificación de las y los expertos. Esto prácticamente nos indica que los indicadores son muy amigables y fáciles comprender. 

A más de medir las frecuencias de cada uno de los aspectos a medir, se procedió a otorgarles una calificación. Para ello, se comparó el máximo valor que se puede obtener tanto en las opciones de utilidad como de implementación con los resultados obtenidos, luego se tomó el promedio como medida representativa del indicador y finalmente fueron clasificados de acuerdo a la siguiente tabla:

 

Los resultados sostienen que, para las personas encuestadas en promedio los aspectos a medir son buenos o excelentes tanto por su utilidad como por su implementación.

 

 

Como podemos observar en la Tabla 6, todos los indicadores según la valoración de los y las expertos/as son buenos y excelentes. La calificación de los mismos tiene un promedio del 85%, eso quiere decir que los aspectos a medir cumplen con el propósito para lo cual fueron creados.

11. Resultados de la aplicación del modelo básico de balance social en las asociaciones de la EPS

Para la aplicación del formato de balance social, se tomó una muestra de 193 asociaciones de la EPS ubicadas en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. De total de organizaciones, se procedió a seleccionar a un grupo de 75 asociaciones dedicadas a las actividades agropecuarias, 33 asociaciones que proporcionan servicios de alimentación, 54 asociaciones que prestan servicios de limpieza y mantenimiento, y 31 asociaciones dedicadas a la actividad textil.

Antes de aplicar el modelo de balance social, lo primero que se realizó fue:

• Capacitar a los y las representantes directivos de las asociaciones en lo referente a: conceptos, estructura y características de un balance social. La primera capacitación se realizó el 10, 11, 17 y 18 de febrero de 2024. La segunda se efectuó el 2, 3, 9 y 10 de marzo del presente año.      
•  Al final de la segunda capacitación efectuada en marzo, se puso en conocimiento de los y las asistentes el modelo de BS que en su momento tenían que aplicar, y, como una prueba piloto, se pidió a las y los representantes que llenaran el formato de balance social.

El resultado de esta primera prueba nos muestra que del total de las asociaciones: 30 asociaciones dedicadas a las actividades agropecuarias completaron el balance social, mientras las 45 restantes solo llenaron la mitad de los aspectos a medir. Con respecto a las asociaciones que prestan servicios de alimentación, 20 organizaciones completaron el modelo, las demás entregaron a medio llenar. En el caso de las asociaciones de limpieza y mantenimiento, 42 organizaciones llenaron el modelo, los 12 restantes entregaron con menos del 50% de los aspectos a medir llenos. Por último, de las 31 asociaciones textiles, 25 completaron el modelo, mientras 6 llenaron el formato en un 75%.

Debemos tener en cuenta que, si no se realizaba la capacitación, los resultados no hubiesen sido positivos. Incluso, cuando se efectuó la primera inducción, la mayor parte de las y los directivos desconocían lo que es un balance social. Más aún, no sabían que el balance social tiene que ser aplicado de forma obligatoria porque así lo determina la LOEPS de 2011.

Como habíamos mencionado anteriormente, la primera aplicación fue una prueba piloto para conocer si los aspectos a medir aprobados por las y los expertos son útiles y fáciles de implementar. La muestra nos indica que la prueba superó las expectativas. Es por ello que, en una segunda y definitiva ronda efectuada el 22 de marzo de 2024, se envió a las y los representantes de las asociaciones un correo electrónico con el formato de balance social para que lo volvieran a cumplimentar. Esta vez, el nivel de respuesta de los aspectos a medir fue más alto. De las 193 asociaciones, el 79% enviaron completo el formulario, 16% llenaron el formato en un 70%, y el 5% con menos del 50% de los aspectos a medir llenos.  

Como se puede evidenciar, las asociaciones han demostrado interés por presentar un balance social; sin embargo, los y las directivos han manifestado que aún les hace falta capacitación para entender más ampliamente lo que es un balance social. Además, solicitan apoyo tecnológico para crear páginas web en donde se pueda publicar el balance social y otra información de interés para las asociaciones. 

 

Conclusiones

En el mundo existen una variedad de metodologías para elaborar un balance social; sin embargo, cada una de estas poseen características diferentes que muchas de las veces no logran encajar en las empresas sociales de cada país. Aunque hubiésemos elegido una mezcla de indicadores de los modelos de balance social antes citados y aplicarlos a las asociaciones de la EPS de Ecuador, decidimos elaborar nuevos aspectos a medir acorde con las particularidades de estas organizaciones. Además, el modelo propuesto recoge elementos esenciales que permiten cumplir con los principios de la LOEPS, lo cual ayuda a preservar la identidad de las asociaciones de base comunitaria y/o urbana.

Ciertamente, el modelo de balance social que presentamos en este documento, es uno básico, pero, su composición contiene los principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011). Estos principios engloban aspectos tan sensibles como la prelación del trabajo sobre el capital, el comercio justo, la equidad de género, el respeto a la identidad cultural, la protección del medio ambiente, y la distribución equitativa de excedentes. El modelo además cuenta con catorce dimensiones que son la base para formular los aspectos a medir. Las dimensiones están definidas conforme la idiosincrasia de las asociaciones de la EPS.

Metodológicamente, el balance social fue aprobado por un grupo de personas expertas que valoraron al instrumento como útil y fácil de implementar. Esta aprobación fue corroborada en el momento que se pidió a los y las responsables de las asociaciones de la EPS que procedieran a cumplimentarlo, logrando alcanzar una tasa éxito de casi el 80% del total de todas las asociaciones que participaron. Sin embargo, hay que mencionar que este porcentaje no se hubiese logrado sin la capacitación correspondiente; inclusive, para tener un elevado aserto de repuestas en el BS, a los y las dirigentes se les instruyó sobre el manejo adecuado de la información que poseen las organizaciones.

 Anexo

 

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