Revista Idelcoop nº 244 - Noviembre 2024 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Reflexiones y Debates

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

Economías Populares y Trabajo Autogestivo en perspectiva situada. Una aproximación teórico-metodológica para el análisis del caso de la provincia de San Luis

 

Rolfi, María Belén[1][a1] [B2] 

 

Cortiñas, Verónica[2]

 

Gaiani, María Soledad[3]

 

Gil, Claudia Alejandra[4]

 

Álvarez Gimena Celeste[5]

 

 

 

Resumen

 

En este artículo se plantea, en primera instancia, un breve recorrido por nociones teóricas que ponen en tensión supuestos epistemológicos y controversias políticas en torno a categorías vinculadas y hasta consideradas sinonímicas referidas a economías alternativas y relaciones de trabajo situadas. Tales aportes teórico-conceptuales fueron puestos en contexto al analizar las características socio-económicas -principalmente socio-ocupacionales- y la historia reciente de las intervenciones gubernamentales provinciales. A partir de dicha reconstrucción y de la identificación provisoria del universo empírico en cuestión, se avanza en el diseño metodológico de la propuesta investigativa en el que se interseccionan dimensiones que guiarán la búsqueda para la constitución de un registro que incluye potenciales sectores de trabajo autogestionado de la provincia de San Luis. Hacia el final, se presentan conclusiones preliminares acerca de la importancia de “mapear”, en términos agregados, un universo en permanente construcción y reconfiguración, aunque parcialmente invisibilizado.

Palabras clave: economías populares, trabajo autogestivo, perspectiva situada, propuesta teórico-metodológica.

 

Introducción

En el presente artículo se propone problematizar, desde una perspectiva crítica, la relación entre economías populares y formas autogestionadas de trabajo en el contexto del capitalismo contemporáneo. Este primer acercamiento al fenómeno en cuestión, se enmarca en una línea de investigación,^[6] cuyo propósito es analizar comprensivamente experiencias de economía popular en las que se desarrollen prácticas autogestivas vinculadas al trabajo colectivo y a la organización político-societal. Planteamos para ello dos niveles de indagación: uno en clave socio-estructural que estará orientado al registro, clasificación y caracterización de las experiencias, y otro de carácter simbólico-cultural donde prevalecerán los sentidos y las narrativas de los casos seleccionados.  Algunos de los interrogantes que sustentan el primer nivel de estudio son: ¿de qué manera emergen estos espacios y cómo construir una genealogía posible para pensarlos situadamente?, ¿qué características presentan los territorios donde se asientan las principales actividades productivas/reproductivas relevadas?, ¿qué objetivos se proponen estas grupalidades?, ¿qué tipo de relaciones de trabajo, de intercambio y de socialización política tienen lugar en el marco de estas experiencias?, ¿qué posiciones asumen en lo que respecta a la institucionalidad estatal y a sus diferentes niveles?

Para ello se desarrolla el siguiente hilo argumental. 1) Se incluye un breve recorrido por las nociones teóricas que ponen en tensión supuestos epistemológicos y controversias políticas en torno a categorías vinculadas y hasta consideradas sinonímicas (economía social, solidaria, popular, emprendedurismo) referidas a economías alternativas y relaciones de trabajo en contexto. Tal recorrido reconoce pujas que operan como “dislocaciones semánticas” que deben leerse en clave conceptual, pero sobre todo fenoménica. 2) Los aportes teórico analíticos serán revisados tomando en consideración las características socio-económicas -principalmente socio-ocupacionales- y la historia reciente de las intervenciones estatales provinciales. 3) Seguidamente, teniendo en cuenta tales disquisiciones, y a partir de una primera aproximación exploratoria al universo en cuestión, presentamos el diseño metodológico de la propuesta investigativa en el que se interseccionan dimensiones que guiarán la búsqueda para la constitución de un registro que incluye potenciales sectores de trabajo autogestionado de la provincia. La sistematización en curso espera abonar a la comprensión multiforme de procesos plurales, enriqueciendo la caracterización y análisis de las economías populares en territorio. Adicionalmente, tiene como horizonte su transferencia al medio, aportando insumos analíticos y caracterizaciones concretas para su consideración en procesos de política pública, así como en instancias de formación académica, construcción de redes de trabajo y dispositivos de educación popular.

Cabe destacar que el presente trabajo se escribió de manera procesual y durante su elaboración el contexto socio-político argentino se transformó radicalmente, a partir del triunfo electoral de una fuerza política de derecha con rasgos libertarios y anarco-capitalistas. Su ideario se sustenta en la “desaparición” del Estado y para ello ha asumido una apuesta por el desmantelamiento del mismo, que incluye despidos masivos, cierres totales, parciales o desactivación de reparticiones públicas caracterizadas por una fuerte impronta territorial o por su compromiso con la soberanía nacional. Todo ello pone en jaque, entre tantos otros, al sector de las economías populares. Se delinea, así, una época de crisis estructural que insta a la organización y a la recreación de colectivos instituyentes.

 

Categorías analíticas y dislocaciones semánticas. Economías alternativas ¿siempre?

En este primer apartado se presenta un ejercicio de delimitación conceptual como parte de la construcción de un marco teórico-metodológico capaz de definir los contornos de un universo empírico, cuyas transformaciones y redefiniciones responden a los cambios sustanciales en el mundo del trabajo y en sus estructuras de representación y lucha ante las “subjetividades de la crisis” (Manduca y de la Puente, 2021). Para ello se recuperan algunos de los conceptos trabajados por Evelina Dagnino (2004), pertinentes al momento de analizar las confluencias y distancias que podemos encontrar respecto de la economía social, la economía solidaria, la economía popular y el emprendedurismo. Según la autora, las dislocaciones de significado dan lugar a un proceso de ocultamiento de las divergencias a través del uso de un vocabulario común y de procedimientos y mecanismos institucionales que guardan una similitud atendible, aunque abonen proyectos políticos y sociales, incluso, antagónicos.

En un intento de análisis del concepto economía social, nos encontramos con ciertas miradas que advierten que el término resulta redundante, ya que la economía es, por definición, social, en el sentido de que dicho campo se relaciona de manera directa con diversos aspectos de la vida cotidiana de las comunidades, como la política o la cultura (Ciolli, 2010). En la misma línea, Coraggio y Loritz (2022) afirman que la economía es parte de la sociedad; sin embargo, resulta necesario aclararlo para diferenciarla de la economía ortodoxa hegemónica, que considera que el sistema de mercados es separable del entramado societal. Asimismo, otros/as autores/as observan en el término una doble funcionalidad, destacando que esta denominación compuesta alerta sobre el hecho que el mundo económico no puede pensarse desarraigado, a la vez que advierten que la actividad económica debe estar subordinada a las necesidades de las personas, y no a la maximización de beneficios estrictamente materiales (Moreira Slepoy, 2018). En este sentido, la economía social plantea la necesidad de controlar las tendencias a la competencia individualista, a través del desarrollo y fortalecimiento de relaciones solidarias (Coraggio & Loritz, 2022). 

Es decir, que la economía social y solidaria mantiene una lógica social, anclándose en el seno de la sociedad civil, en articulación con el mercado, pero alejada de la política y el Estado, con el objetivo de evitar cualquier proceso de dominación, colonización e instrumentalización que pudiese surgir a expensas de éste, y se caracteriza por una lógica de reciprocidad, en contraposición a la lógica jerárquica del Estado y a la lógica competitiva del mercado. De esta forma, la economía social y solidaria refleja un imaginario democratizador centrado en la sociedad, promoviendo y aceptando la pluralidad de sistemas en el campo de la economía y la producción, e intentando construir subjetividades alternativas a las de su campo hegemónico, transformando así los conceptos vinculados al mundo del trabajo (Moreira Slepoy, 2018).

Singer (2004) historiza el recorrido de la economía solidaria, de la mano del cooperativismo obrero surgido de las luchas de resistencia contra la Revolución Industrial, pasando por los Pioneros Equitativos de Rochdale (1844) y el complejo cooperativo de Mondragón (1956), hasta las experiencias de fines del siglo XX, como las de uso de moneda social en la década de 1980 en Canadá, y en la de 1990 en Argentina (clubes de trueque). En este recorrido no puede obviarse la existencia de otras prácticas de producción e intercambio, tal es el caso de las de los pueblos originarios americanos, los cuales mediante formaciones sociales comunitarias crearon instituciones basadas en la reciprocidad, la cooperación y la redistribución del excedente. Mecanismos que lejos de ser parte de una pieza museológica se recrean en su lucha por el territorio-cuerpo y el territorio-tierra (Gutiérrez Aguilar, 2020).

Entre los años 80 y 90 la economía solidaria reaparece luego de un intervalo histórico de conquistas de derechos por parte de la clase obrera, en respuesta al estrangulamiento financiero del desarrollo, a la desregulación de la economía y a la liberación de los movimientos del capital. Dichos procesos generan en diferentes latitudes cierre de empresas, aumento de las tasas de desempleo y marginalización social, encontrando sus principales damnificados/as en el campo de la economía solidaria aquellas respuestas que los Estados son incapaces de brindar de manera creciente. De esta forma, las dinámicas de trabajo se instituyen como mecanismos de integración social y acceso a medios de vida digna, dando lugar a la reproducción ampliada de la vida, como contrapunto a la reproducción ampliada del capital (Coraggio & Loritz,  2022).

Tales consideraciones recuperan implícitamente nociones historizantes sobre el trabajo como fenómeno antropológico, cuyo discurrir capitalista lo transforma en términos abstractos, aunque en nuestro subcontinente dicho proceso resulta desigual y combinado y nos devuelve una economía subterránea y abigarrada que hunde sus raíces en un pasado colonial que lejos de redimir formas de trabajo pretéritas (esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil, reciprocidad y salario) las dinamizó en tanto formas de control y explotación histórica y sociológicamente nuevas (Quijano, 2014). En esta línea, el  universo de las economías sociales -devenidas en economías populares- está compuesto por una masa trabajadora que se encuentra estructuralmente desplazada del mercado laboral formal, aunque no por ello podría considerarse “excluida” del sistema, sino que forma parte de éste de manera subordinada, y es justamente en las experiencias con mayor “espesor” político donde dicha condición es puesta en cuestión con argumentos políticos y organizativos que amplían no sólo la noción de trabajo, sino también las ideas de política y estatalidad. Las economías populares como apuestas alternativas resignifican en términos prácticos las relaciones laborales y las propias prácticas económicas, actualizando las nociones de trabajo vivo y trabajo concreto propuestas por Marx.^[7] Ya que la intencionalidad de sus formas de organización se orienta a la producción de bienes de uso, materiales e inmateriales, y en muchos casos lo hacen de manera colectiva y/o comunitaria, lo que supone recuperar y poner de manifiesto el carácter social del excedente. Siguiendo tal perspectiva, el trabajo, según Marx, es un proceso que media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza y deviene, así, en una actividad humana fundamental, ya que, en su desarrollo, las personas no sólo transforman su entorno, sino que se transforman a sí mismas. Antunes (2005) reconoce en esta dialéctica “la ontología singularmente humana del trabajo” (p. 6).

En contraposición a estas lecturas, Giavedoni (2014) indica que todas las formas de trabajo, incluyendo las fundadas en valores y relaciones solidarias, forman parte de los procesos de reproducción del capital. La economía social sería una modalidad de gestión del conflicto producto de la reorganización del trabajo, y contribuiría a la generación de plusvalía relativa proveniente de la reducción del trabajo no pago. Las experiencias de economía social son leídas como modalidades de gestión de la fuerza de trabajo, al contribuir a la reproducción del capital sin costo para éste, ya que la responsabilidad de su ampliación recae en sus propios protagonistas. Distanciándose de la mirada que expresa que la economía social posee un potencial transformador para el género humano, Giavedoni advierte que la emancipación no puede pensarse de la mano de un tipo de trabajo, ya que para lograr el objetivo emancipador es necesaria la eliminación del trabajo como mediador social, siendo éste -en cualquiera de sus formas- el elemento que subsume las actividades humanas a la producción de mercancías y a la organización de la sociedad. Estos análisis se repiten a la hora de pensar las economías populares al advertir que la emergencia de éstas, lejos de pensarse como alternativas y externas al sistema capitalista, contribuyen a generar una redistribución del costo de subsistencia al interior de la clase trabajadora (Mazzeo y Stratta, 2021). No obstante, los últimos autores citados relativizan aquella afirmación al considerar que las experiencias en cuestión no admiten constructos analíticos cerrados.

Tal como se referenció acerca de la economía solidaria, el protagonismo de las organizaciones populares emerge ante escenarios de crisis socioeconómicas, a través de la generación de modalidades de abastecimiento para sectores populares postergados en el acceso al consumo, ejerciendo formas de protección, control y participación ciudadana ante un Estado en franco retroceso (Tassi et. al., 2013, en Gago, Cielo, Tassi, 2023). De esta forma, comienza a delinearse una economía de los sectores populares, cuyas prácticas son similares a las de la economía social, aunque sus protagonistas fueron delimitando el campo de lo popular e identificándose con el mismo (Ruggeri, 2016, en Moreira Slepoy, 2018). En nuestro país, confluyeron en dicha identificación varios factores, entre los cuales cabe destacar el surgimiento y la consolidación de la Confederación de Trabajadores de la Economía  Popular (CTEP).^[8] Desde su surgimiento, la CTEP buscó equiparar los derechos de quienes son parte de la economía popular a los del resto de la clase trabajadora, que se articularon con un conjunto más amplio de demandas vinculadas a la obtención de una vida digna y de bienestar colectivo (Fernández Álvarez y Rebón, 2022). Dicha organización define a la economía popular como “los procesos económicos inmersos en la cultura popular, basados en medios de trabajo accesibles y al trabajo desprotegido” (Grabois y Pérsico, 2015:19 en Moreira Slepoy, 2018). De esta forma, las economías populares constituyen las realidades socioeconómicas de los sectores populares de nuestra región, comprendiendo una intersección de economías físicas, afectivas, identitarias, productivas y colectivas y, por ello, de producción política. En este sentido, el uso del plural para referir a estas economías resulta clave, en tanto surge de la empiria de sus múltiples manifestaciones, así como de la multiplicidad de rasgos que las caracterizan (Gago, Cielo y Tassi, 2023). Sumado a ello, su presencia reivindicativa pone en tensión la idea extendida sobre su condición excluyente al reactivar su fuerza habilitante y considerarse parte acreedora ante una deuda histórica estructural y sistémica.

Pensar en torno al potencial transformador de las economías populares no implica posicionar su “naturaleza” a distancia del capital y su lógica. Más bien, representan una heterogeneización del mundo del trabajo y una ampliación de la clase-que-vive-del-trabajo (Antunes, 2013) si bien sus relaciones son comparables a formas capitalistas, sus formas específicas redefinen los territorios del conflicto social y de las subjetividades de los y las trabajadoras (Arango, Chena y Roig, 2017, en Pegoraro, 2022). Similarmente a lo analizado por Giavedoni respecto de la economía social como una modalidad de gestión de la fuerza de trabajo en el sistema capitalista, no es posible afirmar la autonomía de las economías populares respecto del capital en base a su mayor o menor lejanía de los núcleos de producción de las cadenas de valor, sino que es necesario considerar las capacidades metabólicas del capital como relación social y, por tanto, a las economías populares como un terreno pasible de ser metabolizado por él. En efecto, el capital pretende integrar y subordinar a las economías populares a su lógica de acumulación, con múltiples objetivos: beneficiarse del intercambio de mercancías, contar con mano de obra más barata, contener la conflictividad social y ampliar las bases hegemónicas con bajos costos (Mazzeo & Stratta, 2021). En esta línea, Mazzeo retoma a Paul Singer y define a las economías populares como “economías no capitalistas desarrolladas en medio del capitalismo, pero anticipando una forma futura de producción no capitalista” (Canal Universidad Abierta de Recoleta, 2023 ).^[9]

Las organizaciones populares desarrollan economías autogestivas, comunitarias, solidarias y organizadas; conceptos que se ven reflejados en su quehacer diario, en cuanto a su modo de trabajar sin patrón, en la propiedad común de los medios de producción, en la reconstrucción de vínculos que a través de ella se generan, y en el diseño de una comunidad organizada como proyecto político, respectivamente. Dichos atributos no comportan solamente principios de cooperación  social; antes bien, son formas de producción, generación de valor, apropiación de la producción y comercialización colectivos que sus trabajadores y trabajadoras desarrollan  ante las dinámicas de precarización del mercado, la pobreza estructural y la dependencia de la asistencia estatal a las cuales se ven sometidos/as; prácticas a través de las cuales se cuela lo popular, en una forma anticapitalista, desmercantilizadora y radicalmente democrática (Avalle, Ferrero & Ciuffolini, 2023; Mazzeo & Stratta , 2021). A diferencia de ciertos enfoques economicistas que vinculan estas formas de economía con la marginalidad y las estrategias de supervivencia, la mirada que inspira este artículo y es de interés aquí compartir es aquélla que entiende que es imposible considerar a las economías populares como marginales por múltiples razones: su extensión creciente, las espacialidades en las cuales se sustentan, no limitándose a lugares locales, periféricos o invisibilizados, como así también su capacidad de ensamblaje a múltiples escalas y su persistencia en el tiempo, discutiendo con aquellos posicionamientos que la circunscriben  a momentos de crisis y emergencia económicas y mostrando su capacidad para desarrollarse en contextos versátiles (Gago, Cielo y Tassi, 2023; Mazzeo, 2023).

De manera que podríamos sostener que la diferenciación entre las economías sociales y las populares no se fundamenta necesariamente a partir de sus referentes empíricos, del tipo de actividades desarrolladas, ni de las características de este quehacer, sino más bien con una cuestión clasista (Ciolli, 2010) y simbólica relacionada con el campo de la economía donde se sitúa cada actor. Los trabajadores y trabajadoras de las economías populares desarrollan un imaginario confrontativo que, muy diferente del imaginario democratizador de la economía social, promueve la construcción política de una subjetividad económica popular que se vincula a la tradición del trabajo asalariado, aunque a instancias de su reconocimiento como personas trabajadoras de las economías populares; identidad que surge en contraposición a las ideas de carencia de recursos, derechos y capacidades. Es decir, reivindicando una noción afirmativa de su universo de existencia, condensada en su condición productiva (Moreira Slepoy, 2018; Fernández Álvarez y Rebón, 2022).

En esta clave, mientras la economía social entiende que sus acciones y agentes son susceptibles de “sectorizarse”, las economías populares enfatizan su inmersión en tramas sociales más amplias, en tanto espacios liminales de interacción y conflicto, problematizando, así, las relaciones de poder y sus múltiples efectos.^[10] La construcción de una economía propia de las clases populares visibiliza el carácter plebeyo de éstas, que conlleva un componente de desobediencia o desplazamiento respecto de las formas instituidas por el Estado y el mercado, poniendo de relieve el carácter abigarrado de los sectores populares latinoamericanos y constituyendo un conjunto de estrategias de subsistencia subalternas  que presuponen la centralidad de la vida y no del capital. Esto supone una visión sustitucionista,^[11] es decir, plantea una alternativa orgánica al sistema capitalista, donde las instituciones mercantiles y estatales serían capaces de asumir un vínculo-otro, específico y particular con las economías populares (Avalle, Ferrero y Ciuffolini, 2022; Mazzeo, 2023).

“Las formas de (ganarse) la vida” (Fernández Álvarez y Perelman, 2020) se entienden como acciones conscientes que se conectan con el hacer, con modelar, reivindicando aquello que es económico, aunque no se transe en términos mercantiles, involucrando procesos organizativos e incluso afectivos. Implica “la humanización” de un valor social relacional –el económico– que suele presentarse como una institucionalidad ajena y experta. Se trata, entonces, de recuperar la dimensión reproductiva vital del trabajo y de aquella urdimbre que reúne lo político, lo económico y lo social como momentos co-constitutivos, capaces de dar cuenta del hacer colectivo como una práctica liberadora y de recuperación de la capacidad autonómica de los entramados comunitarios (Gutiérrez Aguilar y Salazar Lohman, 2009) o de sus partes comunes (Quirós, 2020). Claro que tales tendencias tienen lugar, como se viene sosteniendo, en el marco de procesos macro-estructurales, ya que el capital no es una cosa sino una relación social, cuyos componentes resultan inescindibles.

Finalmente, el emprendedurismo es una forma económica que, de un tiempo a esta parte, se ha venido consolidando de la mano de los discursos neoliberales y se ha recrudecido con la radicalización de las derechas latinoamericanas y globales. Lejos de reflejar ideas vinculadas a las economías sociales o populares, aborda imaginarios antagónicos, haciéndolo, sin embargo, a través de conceptos similares; cuestión por la cual creemos importante clarificar el término, y diferenciarlo de otras formas de hacer economía. Los orígenes de la teoría del emprendimiento se remontan al siglo XVIII de la mano de la teoría económica clásica, según la cual, las personas emprendedoras eran aquéllas que tomaban la iniciativa de desarrollar una empresa o negocio, asumiendo riesgos y enfrentando la incertidumbre de los resultados económicos que la actividad conlleva. Durante el siglo XX, el concepto de emprendedurismo asume nuevos sentidos, colocándose al servicio de la fase del capitalismo avanzado correspondiente a nuestra era actual, y sintetizando las categorías necesarias para absorber las características de los escenarios que habitamos, caracterizados por la articulación inestable y la interdependencia entre realidades económicas, políticas y sociales contemporáneas (Puello Socarrás, 2010). El discurso del emprendedurismo sintetiza un conjunto de ideas, propuestas y políticas sociales que nutren el imaginario capitalista y el individualismo racionalista en la población en general, y en ciertos grupos sociales, en particular (Moreira Slepoy, 2018). A través de este concepto, el capitalismo encontró la forma para que las personas asuman pacíficamente las consecuencias de las cíclicas crisis económicas y sociales y los impactos que las mismas tienen en el mundo del trabajo, ya que su subsistencia depende exclusivamente de sus capacidades individuales (Ferrer, 2020), o bien trasladando al mercado la responsabilidad de la garantía de los derechos de la ciudadanía que los Estados dejan de asumir de manera progresiva (Dagnino, 2004). [a3] 

Por medio del uso de una sociedad civil activa y propositiva, el emprendedurismo constituye un imaginario residual que subordina la figura del/la emprendedora, a la lógica del mercado, en contraposición al imaginario democratizador de la economía social, al imaginario confrontativo de las economías populares y a los proyectos democratizantes y participativos que las mismas representan (Moreira Slepoy, 2018; Dagnino, 2004). Tal sociedad civil es activa y propositiva, siempre que sea integrada por personas exitosas, laboriosas (incluso portadoras de activos financieros) y respetuosas de la propiedad privada, la vida y la seguridad en términos individualizantes. Siguiendo esta línea, es posible dar cuenta que en su retórica proponen una despolitización de los conceptos de los cuales se nutre. Por ello, es importante advertir que la coincidencia o similitud en el uso de nociones entre los distintos paradigmas económicos no implica la coincidencia de sus sentidos, sino al contrario: lo que nos indican estas dislocaciones de significado es que los proyectos aperturistas y meritocráticos operan con un modelo de Estado selectivamente reducido,^[12] pero también, con una noción minimalista de la política (Dagnino, 2004). El neoliberalismo en tanto compleja y abigarrada tecnología de gobierno (Moreira Slepoy, 2018) condiciona los propios procesos de subjetivación, ya que actúa en una multiplicidad de niveles y se combina de manera compleja y desigual con prácticas sociales que implican modos específicos de saber y de hacer, las cuales emergen como formas heterogéneas de disputa y resistencia a los gobiernos neoliberales (Gago, 2014).

 

La problemática del trabajo y la emergencia de las Economías Populares en perspectiva situada. El caso de la provincia de San Luis

En lo que sigue problematizamos el contexto local del fenómeno de las economías populares. Entendemos que esta lectura es necesaria para la caracterización del recorte espacial dispuesto en nuestra línea de investigación: nos referimos a la provincia de San Luis^[13] -un Estado subnacional que oficialmente trascendió por ser referente de una economía basada en el “pleno empleo”- aunque su cuadro general nos devuelve un gobierno con altos niveles de pobreza y un modelo de desarrollo que se presenta bienestarista, mientras lleva adelante múltiples estrategias privatizadoras en sectores socialmente sensibles, y asociados al mundo laboral, tal es el caso de su sistema educativo (Reta, Benítez y Ojeda, 2022).

Cuando se piensa en las economías populares, tan plurales como diversas y en expansión, se suelen abordar como alternativas marginales cuando no se las concibe como un sector sin horizonte de conjunto. Quienes “inventan” su propio trabajo parecen ser sujetos marginales que habitan la periferia interna de las sociedades globales. No obstante, una mirada atenta a las estadísticas disponibles y a las tendencias actuales parece poner en tensión tales afirmaciones, ya que la informalidad laboral, la discontinuidad del empleo y la importancia creciente de actividades esenciales basadas en la voluntad y la creatividad colectivas, son las que terminan por imponerse como datos de la realidad. De hecho, en Argentina conforme información publicada en 2022, el mercado laboral se caracteriza por su segmentación y una marcada heterogeneidad:

Una Población Económicamente Activa (PEA) de 21 millones, 12 millones de trabajadores registrados -de los que solamente seis son del sector privado-, nueve millones de trabajadores activos no registrados y una bajísima migración entre el sector formal y el informal. Dentro de este panorama, los “planes sociales” son la respuesta que da el Estado para contener a los trabajadores que se ven expulsados estructuralmente del mercado de trabajo formal, pero no están ni cerca de abarcar la totalidad de ellos: 1,3 millones de trabajadores están alcanzados por el Potenciar Trabajo, cuando el universo en condiciones de percibirlo es, como se mencionó, de aproximadamente 9 millones -en efecto, ese fue el número alcanzado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el 2020 (Audero y Di Tomas, 2022, Diario Perfil Digital).

 

Este cuadro de situación reviste especificidades en la provincia de San Luis; protagonista de un modelo productivo que combina un estado de opinión sobre el carácter extraordinario de su economía y un conjunto de condiciones poblacionales objetivas que funcionan como contrapunto mucho menos estridente y escasamente difundido.

Al intentar delinear las características que presenta la provincia de San Luis en términos de empleo, producción y bienestar social se ha considerado pertinente incluir aportes de especialistas que analizan la situación de la región en las últimas décadas. Por tal motivo, no podemos dejar de mencionar el impacto que han tenido las políticas de Promoción Industrial provincial. Este régimen fue establecido por la Ley 22702 (1982) del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.). Tuvo como propósito generar nuevas fuentes de trabajo y acumulación interna debido al aumento demográfico de la provincia con la intención de revertir el éxodo poblacional de la época. En esta línea, se señalan algunas de las políticas de promoción industrial llevadas a cabo, entre ellas, la disposición de determinados estímulos fiscales, el suministro de instalaciones, servicios y medios técnicos en parques industriales y la configuración de una zona franca. Como efecto de tales iniciativas se han producido variaciones en la estructuración productiva local, basada originalmente en el sector agropecuario (Informe Ministerio de Hacienda de la Nación, 2018).

En un artículo publicado por Olguín, Páez & Bussetti (2001) se especifican las variables que se han visto afectadas por las mencionadas políticas y se analizan en el período comprendido entre los años 1980 y 2000. Se indica que, en el lapso de tiempo detallado, San Luis ha presentado particularidades que la llevaron a distinguirse del resto del país, destacando que el régimen de promoción precipitó un significativo reordenamiento de su estructura productiva. Esto se evidencia en la participación de la industria que comenzó a sobrepasar considerablemente la incidencia agrícola que la precedió.

Aunque sus variables económicas principales, en una primera aproximación, parecían arrojar resultados positivos, como un Producto Bruto Geográfico (PBG) que cuadriplicó su valor durante la década de los ochenta (Olguín, Páez & Bussetti 2001) y una población relativamente baja que generaba un alto producto per cápita, otros valores evidencian un impacto negativo en las personas y las familias. Estos se relacionan con la desigualdad en la distribución del ingreso, la disminución del salario promedio en los sectores más desfavorecidos y el incremento de la desocupación:

El crecimiento de la brecha de ingreso entre 1990 y 1999 experimentado por San Luis alcanzaba el segundo lugar del país con un 94,3%, sólo superado por la ciudad de Buenos Aires que exhibía un 127% y se ubicaba bastante lejos del promedio nacional que alcanzaba un 57%. (López et al, 2000). El 10% más rico de San Luis pasaba de tener 10,6 veces más ingresos que el 10% más pobre en 1990 a 20,6 veces en 1999. Por otra parte, provincias más desiguales, con mayor brecha de ingresos como Chaco y Formosa, evolucionaban a un menor ritmo (43,2% y 30,1%, respectivamente) (Olguín, Vílchez y Rodríguez, 2011, p. 9).

A pesar de los avances en modernización y eficiencia económica, en San Luis el crecimiento económico no se ha traducido en una reducción significativa de la desigualdad social. El aumento del PBG no se ha reflejado en un incremento equivalente en el ingreso per cápita, lo que sugiere una distribución desigual del producto (Oguin, Páez y Busseti, 2001). Adicionalmente, este escenario supondría que “las numerosas radicaciones industriales atraídas por los planes de promoción, el sistema productivo sanluiseño no logró generar la cantidad de empleos necesaria para cubrir la oferta proveniente de los hogares” (Olguín, Bussetti y Páez, 2005, 6).

En el período señalado, la economía provincial dependía exclusivamente de la industria promocionada lo que planteaba un panorama desafiante al momento de su finalización. El análisis realizado demuestra que la creciente pobreza e indigencia registradas en la provincia durante estos años subrayan las debilidades del proceso de industrialización y desmitifican la percepción de éxito económico, resaltando la necesidad de que el crecimiento vaya de la mano del desarrollo equitativo para ser socialmente efectivo: 

En un estudio realizado por la Consultora Equis7, que compara la evolución de la brecha de ingresos entre 1990 y 1999 para los aglomerados urbanos que releva la EPH, San Luis presenta un crecimiento del 94,3%, -sólo superado por la ciudad de Buenos Aires, cuyas características particulares no la hacen comparable al resto de los aglomerados-, y muy distanciado del 57% que es el promedio del país. Esto indica un mayor nivel de deterioro y profundización de la desigualdad por parte la muestra que representa a la provincia de San Luis respecto del resto de los aglomerados relevados (Olguín, Páez, Bussetti, 2001, 8).

Por su parte Emilio Seveso (2023) señala que, en los informes productivos de la provincia de San Luis, se observa un cambio significativo en los últimos años y se centra particularmente en el programa denominado Plan de Inclusión Social (en adelante PIS) implementado a partir del 2003. Indica que el plan emerge en un contexto en el que la manufactura liviana e industrial había sido desplazada por la explotación agroindustrial. Esta tendencia hacia la reprimarización, junto con la creciente tecnificación y mecanización en un sector vinculado a los ciclos de la economía global, derivó en la reducción de costos variables y en el descenso de puestos de trabajo (con el consecuente deterioro del mercado laboral local). A pesar de que el turismo y las industrias culturales han ganado cierta relevancia en tiempos recientes, de acuerdo a datos recabados de informes del Ministerio de Hacienda de la Nación (2018), estos incrementos no han logrado compensar la disminución en la participación en la producción y la generación de empleo. Como consecuencia, la dinámica productiva ha reflejado altos niveles de desocupación y subocupación en la provincia, con una población excedentaria cada vez más numerosa:

(…) En octubre de 2002, de acuerdo a las mediciones de la EPH, se observa un importante incremento del desempleo llegando al 12,6%. Si se considera el período 1998-2002, se advierte que la tasa de desocupación se duplicó. Al mismo tiempo, puede señalarse un incremento importante de la tasa de subocupación, que en octubre de 2002 alcanza el 20,7%, superando los promedios nacionales (Olguín, Vílchez y Rodríguez, 2011, p. 4).

 

El Estado ha buscado atenuar los impactos negativos de estas condiciones a través de diversas estrategias, que van desde la asistencia directa y condicionada hasta iniciativas vinculadas con el emprendedurismo y el cooperativismo. Cabe destacar que la pandemia exacerbó esta situación, intensificando los niveles de exclusión social y multiplicando las iniciativas de ayuda.

Como se señaló en los párrafos precedentes, en el marco de este contexto, el Seveso (2023) analiza las políticas de inclusión laboral y transferencia condicionada en América Latina, tomando como caso de estudio el programa implementado en la provincia de San Luis denominado PIS y sostiene que estas estas políticas se expandieron junto con procesos de precarización y deterioro de los mercados de trabajo antes señalados. Si bien su retórica apela a conceptos como progreso individual y bienestar colectivo, su implementación está orientada por parámetros que, en definitiva, terminan promoviendo la mercantilización de las relaciones sociales y laborales. Su trabajo muestra cómo este programa funcionaliza las energías de los sujetos conforme a circuitos de acumulación de capital. Se concluye que estas políticas, si bien apelan a la inclusión social como meta, en los hechos terminan mercantilizando las vidas de sus destinatarios/as mediante su sujeción a circuitos de capitalización y despojo. Se tensionan así los ideales de trabajo y bienestar declarados discursivamente.[a4] 

Luego de analizar cómo se ha ido modificando la matriz productiva de la provincia es posible advertir que, si bien las políticas de promoción industrial generaron un aumento significativo del producto durante su implementación, la riqueza generada no se ha distribuido de manera equitativa entre los y las habitantes de la región. Esta situación demuestra que la pobreza y la indigencia se mantuvieron en el período y se acrecentaron cuando el régimen promocional se fue agotando. En los últimos años, es otra política gubernamental la que cobra protagonismo a partir de la implementación del PIS. Por lo expuesto, advertimos que la misma tampoco ha resuelto de manera genuina y definitiva la pobreza y la indigencia y la dependencia de las decisiones políticas sigue estando presente de manera exacerbada. No podemos dejar de mencionar, a su vez, la marcada incidencia que tiene el programa en los niveles de desocupación de la provincia. Esto se debe a que, en el mismo, se ha llegado a incorporar a 1,5 de cada 10 personas de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda (período 2017-2019). Esta puede ser una de las razones que expliquen los valores que arroja el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (en adelante ReNaTEP) (2022) en relación al escaso porcentaje de sanluiseños/as inscriptos/as en su base de datos (1,1%) (34.116 personas). Adicionalmente, la dinámica concreta de estos grupos no escapa a la pluriactividad, por lo cual no es excluyente la titularidad de ciertos programas de asistencia social y el desarrollo de actividades laborales propias del universo de las economías populares.

En síntesis, entendemos que nuestro caso de estudio reviste potencialidad analítica, teniendo en cuenta tanto aspectos histórico-estructurales como coyunturales. En cuanto a la justificación metodológica se considera de interés destacar el caso de una provincia con una marcada asimetría económico-social en su interior tanto en términos regionales como nacionales. La misma se caracteriza por haber convertido su perfil productivo a principios de la década del ochenta; por experimentar un proceso de reconfiguración del mismo a partir de una reducción del parque industrial generado mediante una Radicación Industrial presentada como un modo de reparación histórica y de formar parte de un área subsidiaria en términos de tierras disponibles para la siembra de cultivos como el maní y el avance del agronegocio en general. A lo que se agrega la presencia sostenida del Estado con una fuerte tendencia a la centralización y captación de las iniciativas societales. Un gobierno subnacional que desde 2003 lleva adelante un programa masivo de transferencia condicionada de ingresos que ha logrado mejoras estadísticas, sin modificar una estructura social provincial marcadamente desigual, cuyas principales fuentes laborales formales se concentran en el sector público, y en menor medida, en el ámbito privado, sin que ello suponga la cancelación de la precarización laboral.

 

Cartografías sociales y territorios de la investigación

 

Pensar en clave de experiencias autogestivas en el marco de iniciativas de economía popular, nos introduce en procesos que, si bien han sido estudiados de manera particular en la provincia (Pérez y Pincirolli, 2023; Rolfi, Cortiñas, Gaiani, Gil, 2023; Olguín, Figueroa,Verdier, Vannucci, 2017; Hidalgo, 2015; Hidalgo y Galende, 2023) aún no cuentan con un registro expandido[a4]  que nos permita analizar en términos agregados al sector, así como visibilizar su presencia en los territorios. Todo ello sin pretensiones de totalidad o exhaustividad, sino más bien con el propósito de generar un registro teóricamente intencionado, capaz de visibilizar la heterogeneidad intrínseca de las unidades productivas de corte autogestivo y ensayar una cronología sobre su emergencia, sus procesos organizativos y su devenir.

Bajo tales premisas, el diseño metodológico de la indagación pretende ser flexible, en el marco de una investigación de corte cualitativo que incluye la construcción de criterios de búsqueda que serán parte de un razonamiento inductivo donde se establecerán las principales categorías analíticas y sus articulaciones, sin desestimar técnicas cuantitativas que serán parte de las estrategias de triangulación tendientes a la consolidación y validación de los datos producidos. Siguiendo el ejercicio realizado en la primera parte de este artículo, tomaremos una definición operativa amplia para la delimitación de nuestra muestra. Entendemos por gestión colectiva del trabajo en el marco de las economías populares a aquellas que: no tienen patrón; comparten la propiedad de los medios de producción (propiedad común de los medios de producción); incluyen una organización horizontal del trabajo y su proceso de ejecución; presentan autonomía decisoria; distribuyen equitativamente los ingresos resultantes de su actividad; poseen un proyecto político común.

Esta definición se orienta a trazar los contornos del universo sin pretensiones de definir límites excluyentes ni aspirar a hallazgos modélicos. Teniendo en cuenta el carácter mudable del objeto de estudio se utilizarán dos tipos de muestreos: (1) el muestreo virtual online y (2) el muestreo por bola de nieve tradicional (Taylor y Bodgan, 1990). El primero de ellos se realizará mediante la búsqueda y mapeo a través de la web. Recordemos que este tipo de estrategia fue diseñada para los casos en que el tamaño del universo resulta desconocido y los y las miembros de la población de interés son difíciles de identificar (Marpsat & Razafindratsima, 2010). Es por ello que la información colectada considerará fuentes diversas entre las que se incluirán la disponible en sitios webs y redes sociales de colectivos de referencia, así como materiales publicados, entre ellos artículos, informes y boletines. Para el caso del muestreo por bola de nieve tradicional, se contactará a informantes clave que se prevé permitirán el acceso a experiencias que no hayan sido alcanzadas por la primera técnica mencionada. Para ello hemos propuesto la metáfora del mapa como guía, sin olvidar que “el mapa no es el territorio” y es por ello que en el presente estudio los propios hallazgos son los que habilitan nuevas búsquedas:

El mapa no es el territorio: es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear (Risler & Ares, 2013, 8).

El primer nivel de análisis pretende cuantificar y cualificar a los sectores y ramas de actividad seleccionados, para elaborar un mapeo que permita una entrada analítica más totalizante, cuyas implicancias interpretativas serán descriptas densamente mediante el recupero de narrativas o relatos de experiencias, cuya selección se realizará a partir de esta cartografía. Como recurso técnico intermedio se previó un cuestionario auto dirigido a las unidades de trabajo reconocidas.^[14] Dicho instrumento permitirá operacionalizar dimensiones consideradas relevantes en lo que respecta a las prácticas de trabajo autogestivo en clave social, económica, política y técnica, sumado a la información obtenida mediante fuentes secundarias. Siguiendo lo planteado por ReNaTEP, en relación a la organización del trabajo, existe una tendencia en las economías populares a la realización de tareas individuales y de manera creciente aquellas vinculadas con el cuidado personal u otros oficios.

No obstante, hemos seleccionado rubros en los que el trabajo colectivo resulta más frecuente y dentro de cada sector aquellos que tienen representatividad en la Provincia, conforme una primera búsqueda on line (Ver Cuadro 1). Un criterio que será excluyente, conjuntamente con la definición operativa elaborada sobre la noción de trabajo autogestionado, es que las experiencias a considerar deben presentar algún grado de colectivización. En este sentido, se presenta en el Cuadro 2 un núcleo de criterios que se han elaborado para la recopilación, clasificación y análisis preliminar de las experiencias. 

 

 

 

 

Conclusiones

El presente artículo pretendió problematizar la relación entre economías populares y formas autogestionadas de trabajo en el capitalismo contemporáneo, basándose para ello en el análisis de experiencias de economía popular en la provincia de San Luis. En esa línea, se propuso inicialmente delimitar los contornos conceptuales de los términos economía social, solidaria, popular, y emprendedora, con el objetivo de reconocer sus alcances, tanto categoriales como fenoménicos. En dicho apartado, se profundizó particularmente en la caracterización de las economías populares sobre las otras formas de economía, dado que éstas constituyen el principal objeto de análisis de la investigación, construido desde una determinada posicionalidad epistémica. Seguidamente, se recuperaron hitos de la historia económica y productiva reciente de San Luis para contextualizar y comprender la desigual distribución de riqueza en la región, y la presencia de economías populares locales en el marco de las tecnologías de gobierno provinciales. Dichos recortes orientan teóricamente el quehacer de la indagación y retroalimentan el diseño y justificación de las herramientas metodológicas seleccionadas en la construcción del estado del arte y la inmersión en el campo. Finalmente, se sistematizó el proceso en curso tendiente a la comprensión multiforme de procesos plurales, enriqueciendo la caracterización y análisis de las economías populares en territorio. Para ello, y tomando como referencia las propias características socio-productivas y socio-ocupacionales del universo bajo análisis, se estableció una definición provisoria y operativa del mismo, se seleccionaron sectores relevantes tomando como base el nomenclador propuesto por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) y se elaboraron criterios de localización, actividades, estructuras político-organizativas y vinculaciones con actores relevantes, tanto estatales como gremiales, para un primer reconocimiento de experiencias y colectivos. Tales criterios han permitido la construcción de un instrumento de recolección y producción de datos que ya ha sido puesto a prueba, revisado y distribuido entre las experiencias más cercanas al proyecto de investigación y a la indagación en curso. Entendemos que este ejercicio espiralado en el que la teoría y la práctica se entrelazan y retroalimentan para llevar adelante una metodología transdisciplinaria que amplía el diálogo entre campos de conocimientos y sujetos expertos en su propia práctica, reviste un desafío que reconoce la complejidad creciente del mundo social y la necesidad de co-producir saberes que pongan en tensión nuestras propias certezas analíticas, permitiendo deconstruir modelos teóricos para generar dispositivos con pretensiones interpretativas y heurísticas que no agoten las indagaciones, sino que sean puentes para lecturas articuladas, cuya analítica relacional concebimos en permanente recreación. 

 

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