Revista Idelcoop nº 237 - Julio 2022 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Experiencias y Prácticas

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

 

Transformaciones productivas e impactos en el territorio de la Cooperativa Agropecuaria de La Paz, Entre Ríos (1995-2009)[1]

 

Cristian Jorge Wilson[2]

 

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal indagar cómo fue el impacto de las transformaciones productivas en la Cooperativa Agrícola de La Paz (CALP), ubicada en el norte de la provincia de Entre Ríos, en el período 1995-2009, y cómo esta entidad logró persistir.

Hoy la CALP, creada en 1950 como “Cooperativa Ganadera La Paz”, luego de atravesar crisis importantes, ha llegado a ser una de las organizaciones más representativas del sector agrícola en el departamento La Paz, ya que provee a los y las socios/as y productores/as de la zona insumos agrícolas, asesoramiento técnico y acopio, sumando el servicio de embarque por el puerto de la ciudad cabecera.

Los procesos de agriculturización y expansión del cultivo de la soja, en el marco de las transformaciones producidas en el agro pampeano por los agronegocios, impactaron en la configuración territorial de la cooperativa. Aquí se exploran las acciones de dirigentes y sus estrategias de reconversión. Para ello se consultaron las Memorias y Balances de la CALP y las Actas de Asamblea, además de fuentes secundarias.  

 

Palabras clave: Cooperativa Agropecuaria de La Paz, transformaciones productivas, territorio, estrategias de expansión, conflicto agrario.

Introducción

            El objetivo de este trabajo es analizar los cambios productivos e institucionales de la Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltda. (CALP) y sus impactos sobre el territorio en un recorte temporal significativo como lo fue el de 1995-2009, en el cual importantes cambios se desarrollaron en la economía nacional y en el espacio agropecuario, particularmente en el territorio agropecuario entrerriano.

            El artículo se inscribe en el marco de los estudios cooperativos, particularmente de aquellos que analizan la dinámica de las cooperativas agropecuarias en Argentina hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

            Organizadas ante la necesidad de mejorar la capacidad de negociación de los y las productores/as pequeños/as y medianos/as para la actividad agropecuaria, las cooperativas agropecuarias de la región pampeana acompañaron la evolución social y económica de la mayoría de los pueblos y pequeñas ciudades del interior (Carricart, 2012). La CALP, surgida como cooperativa ganadera a mediados del siglo XX en el norte entrerriano, constituye un caso relevante en los análisis sobre el mundo cooperativo, dadas las características del suelo y productivas que la diferencian de la zona núcleo pampeana, tradicionalmente agrícola. 

            Las cooperativas han sido históricamente “un factor de enraizamiento de la economía en el territorio, un factor de desarrollo agrario y un referente social, económico y aún ideológico” (Lattuada y otros, 2011) en las comunidades rurales donde se han asentado y,  dada la heterogeneidad y el grado de diversidad existente en el espacio nacional, se requiere del estudio de casos concretos que puedan dar cuenta de las particularidades locales y las especificidades de las transformaciones productivas e institucionales que las han atravesado.

Carricart y Albaladejo (2019) señalan que las cooperativas agrícolas -conformadas por unidades de producción familiares, medianas, guiadas por una lógica solidaria-, sufrieron un intenso deterioro económico y social con el avance del neoliberalismo y los procesos de ajuste estructural, que impactaron negativamente en el movimiento cooperativista con la desaparición de gran parte de sus entidades y la gran inestabilidad sufrida por endeudamiento, integraciones y absorciones. Las cooperativas que subsistieron tuvieron que sobrellevar los procesos de concentración de las unidades de producción y de servicios y la alta competencia a la que se vieron y se ven sometidas.

 

Colavechia Gutiérrez (2016) añade que las transformaciones tecnológicas y productivas en la actividad agropecuaria originaron nuevos agentes cada vez más deslocalizados (pooles de siembra, empresas contratistas de maquinarias), compitiendo ventajosamente por tierras. Además, la privatización de puertos en los años ’90, la desregulación del negocio cerealero, la eliminación del precio sostén y el acceso al financiamiento en condiciones restrictivas, también fueron factores que impactaron fuertemente sobre este tipo de cooperativas ligadas a la comercialización de granos.

            En ese sentido, las cooperativas caracterizadas por la doble función de provisión de servicios y de producción para el mercado a partir del acopio de cereales, se han visto en el desafío de maximizar las ventajas para sus asociados y asociadas. De allí que el desafío de carácter empresarial ha ido en la dirección de “favorecer la disminución de los costos, ampliar la escala de producción y alcanzar mayor capacidad de negociación en los mercados, junto con la posibilidad de industrializar en origen las materias primas y funcionar en mejores condiciones de competitividad” (Verbeke, 2021), lo cual supuso y supone transformaciones de carácter institucional al modelo tradicional de desarrollo cooperativo (Obschatko, Basañes y Martini, 2011).           

            Partimos de las hipótesis que sostienen que la situación compleja para todo el movimiento cooperativo agropecuario nacional y para la CALP en particular, obligó a una reconversión productiva e institucional de carácter fuertemente empresarial. Además, el cultivo de la soja fue el motor de crecimiento, delineando su dirigencia una política de expansión y diversificación productivas, de carácter limitado a su área de influencia, a diferencia de otras cooperativas agrarias nacionales.

            Algunas preguntas orientaron la búsqueda de información: ¿cómo influyeron los agronegocios y la agriculturización sobre el movimiento cooperativo agrario nacional? ¿Cómo fue el impacto sobre la cooperativa de La Paz? ¿Qué estrategias y cambios productivos e institucionales delineó la cooperativa para motorizar un proceso de expansión? Y, finalmente, ¿cuál era la situación económica y financiera de la entidad y de los y las productores/as de la zona en la coyuntura de conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional? Esta última pregunta nos llevó a indagar acerca del posicionamiento de la cooperativa ante el conflicto agrario del año 2008.

Se utilizaron fuentes primarias como las Memorias y Balances y las Actas de Asamblea de la entidad, así como también el apoyo de algunas fuentes secundarias, como informes sobre la cooperativa y el departamento de La Paz, además de artículos académicos que analizaron a las cooperativas agropecuarias nacionales.

            Identificamos tres etapas claramente diferenciadas para esta cooperativa que intentamos profundizar a partir de nuestras hipótesis:

1. La CALP y la soja como motor de expansión agrícola en el marco de los agronegocios, la agriculturización y el modelo de convertibilidad (1995-2001).
2. Expansión territorial y diversificación productiva de la CALP en el marco del nuevo modelo de acumulación (2002-2005).
3. La CALP en el escenario de conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional kirchnerista (2006-2009).  

 

De la quiebra a la soja como motor de expansión productiva

La Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltda. (CALP) fue fundada en 1950 como “Cooperativa Ganadera La Paz”, por el impulso de “un grupo de visionarios productores que decidieron agruparse ante la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y comercialización de su producción”.[3] La cooperativa se sitúa en el departamento de La Paz, al noroeste de la provincia de Entre Ríos, territorio históricamente “destinado a la producción ganadera, principalmente vacuna, pero con una expansión lenta pero progresiva de la agricultura” (Ferreyra, 2021) durante el siglo XX.

 

La cooperativa adecuó su denominación en 1967 a la actual debido a que añadió las actividades de acopio y comercialización de cereales, lo que la obligó a realizar importantes inversiones en infraestructura (silos, elevadores y una terminal portuaria en la propia planta de la CALP). La quiebra de los grandes frigoríficos entrerrianos, de la cual era una de las grandes proveedoras de ganado, la colocó hacia fines de los años ’80 en un momento crítico.

 La entidad es fundadora y está adherida a CAFER (Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos); pertenece a FEDECO (Federación de Cooperativas Entrerrianas) y por ello también pertenece a la CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). En el año 2018 se concretó la adhesión a ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).

Las cooperativas agrarias se han constituido (y constituyen) como un actor social significativo por sus aportes a la economía, al comercio agropecuario, al empleo y al desarrollo regional, además por su valor institucional y político de defensa de los derechos de las familias productoras (Obschatko, 2011). Uno de los objetivos del movimiento cooperativo agropecuario es el de la colocación de los granos en condiciones de mercado favorables para los y las pequeños/as y medianos/as productores/as, con lo cual el agrupamiento de éstos en instancias como las federaciones de cooperativas les ha permitido negociar volúmenes y precios con las grandes empresas industriales, de servicios y exportadoras.

Pero el movimiento cooperativista ha atravesado situaciones de crisis que lo han impactado fuertemente. 

Desde el proceso de agriculturización y, más específicamente, a partir de la reforma financiera de 1977, comenzaron las manifestaciones de la crisis del cooperativismo agropecuario. Una serie de cambios macroeconómicos y sectoriales impactaron en el accionar de estas empresas asociativas: 1) reducción de las pequeñas y medianas explotaciones, que eran el sustento del sistema comercial cooperativo; 2) aparición de nuevas formas de organización de la producción a través de los pools de siembra y fondos de inversión directa; 3) privatización y desregulación de puertos y actividades conexas, como los servicios de carga ferroviaria; 4) concentración y centralización del capital comercial en un reducido grupo de empresas, en su mayoría filiales de firmas multinacionales del agrocomercio; 5) aparición de cadenas de super e hipermercados que desplazaron a las cooperativas en el aprovisionamiento de la familia rural. Frente a este panorama desaparecieron numerosas entidades cooperativas. (Mateo y Bageneta, 2010)

Así, una primera etapa de crisis se vivió en la década de 1980 debido a restricciones crediticias y endeudamientos de los y las productores/as hacia las cooperativas, situación que se trasladó a las entidades de segundo grado. Mientras que en una segunda etapa en la década de 1990 muchas quebraron o se fusionaron con otras entidades en el marco del modelo de convertibilidad, iniciando procesos de inversión y modernización tecnológica (instalaciones de acopio) a partir de financiamiento bancario, con importantes cambios en sus estructuras organizativas y en los principios doctrinales fundacionales. Por ello, “ante el nuevo contexto, las cooperativas emprendieron una reconversión de su organización institucional, adoptando prácticas y discursos vinculados a la lógica empresarial que ha priorizado los criterios de rentabilidad económica sobre el principio cooperativo de la solidaridad” (Mateo y Bageneta, 2010: 28).

Tal como se señaló, el declive ganadero y la difícil situación económica de sus asociados/ asociadas y de la institución general, obligó a sus dirigentes a una reconversión de las actividades, profundizando la sección de comercialización de cereales y oleaginosas, favorecida por el financiamiento a partir del apoyo estatal.

La sección ganadera de la institución pionera de La Paz fue progresivamente decayendo ante la caída de la demanda y luego del precio del kilo vivo de la hacienda. Dependientes casi totalmente de la venta de semillas y oleaginosas, la cooperativa comenzó a tener problemas para afrontar los servicios bancarios solicitados para solventar las campañas de sus asociados. Una mala cosecha dejaría al descubierto la fragilidad del sistema productivo. Y eso fue lo que ocurrió. La mala cosecha de la campaña 1991/1992 llevó a que la cooperativa entrara en concurso preventivo y sus libros estuvieron bajo caución en el Juzgado Civil Comercial provincial a cargo del Dr. Ramón Alberto Serrano. Esta situación duró hasta noviembre de 1994 en que mediante un préstamo del “Programa para el desarrollo productivo de Entre Ríos” y acuerdos crediticios con el Banco Nación con un plan de pagos a cinco años (garantizados por los bienes de la cooperativa) comenzaron a revertir la problemática y la institución volvió a la normalidad hasta finales de siglo (Ferreyra, 2021: 160-161).

La expansión de los agronegocios y la producción de soja a partir de mediados de los ‘90 relanzaron a la CALP luego de la quiebra (convocatoria de acreedores) y caída de la capacidad de acopio, comenzando así un período de crecimiento, lo que llevó a la cooperativa a situarse como la única empresa en pie en la zona para la comercialización de cereales.

El cultivo de la soja había cobrado impulso en esta provincia. La utilización del sistema de siembra directa y la introducción del paquete tecnológico (fertilizantes, herbicidas y semillas RR resistentes al herbicida Round Up), provocaron esta expansión de la frontera agrícola hacia tierras menos aptas, desplazando a la ganadería hacia zonas insulares (Engler, Vicente y Cancio, 2007). Esta combinación tecnológica “representa una innovación radical según la cual se cambian absolutamente todas las reglas de producción, comercialización y estructuración del espacio social, dando a luz el modelo agrario entrerriano que se venía gestando desde 1964” (Truffer, Saluso y Nolla, 2016: 47).

El impacto de la sojización experimentada a partir de la segunda mitad de los ’90 se hizo sentir en Entre Ríos: la mayor cantidad de hectáreas cultivadas se destinó a oleaginosas (casi el 70%, siendo la soja la que explica gran parte del porcentaje) y cereales (el 30%). Si bien la participación en la producción de soja entrerriana a nivel nacional ha sido del 7,16% promedio entre 2000/2001 y 2006/2007, ésta fue una de las provincias que ha vivido con más fuerza las transformaciones estructurales en el medio rural en las últimas dos décadas (Villanueva, 2014).

En palabras de la ingeniera Truffer (2016:15):

Quienes atravesamos las últimas décadas del siglo XX en contacto con el campo entrerriano vimos cómo se transformaba el paisaje. La constante fue el cambio, a veces invisible y cotidiano, otro explosivo y violento. Nuevos cultivos desplazando a los viejos, campos desalambrados, molinos inmovilizados por las enredaderas, casas de nuevos diseños arquitectónicos en el medio del potrero sembrado o en el pueblo (reemplazando las antiguas viviendas abandonadas) silos gigantescos, familias campesinas desplazadas a la vera del camino, desmonte, entre otros, fueron parte del remolino modernizador. Pero quizás la mayor fuerza transformadora vino desde la palabra, desde el concepto. Así nos encontramos, de pronto, con términos diferentes: cluster y cadenas, nuevos actores, commodities, nueva ruralidad, pooles, entre muchos otros, dando cuenta de un nuevo andamiaje lógico racional, para pensar la sociedad, la producción y el espacio.   

Esta situación produjo una mayor selección de los y las productores/as y de los establecimientos agropecuarios. Los y las productores/as más dinámicos/as, innovadores/as y con mayores recursos financieros pudieron permanecer en el sistema productivo, pero quienes estaban más endeudados y con escasa capitalización debieron abandonar la producción (Villanueva, 2014). Recordemos que entre el período que abarcan los censos agropecuarios de 1988 y 2002, desaparecieron en Entre Ríos 5.245 Explotaciones Agropecuarias Productivas (EAPs); EAPs menores de 200 hectáreas y 522 EAPs medianas de 200 a 500 hectáreas (Domínguez y Orsini, 2009).

 El cultivo de soja se presentó como la “alternativa productiva hegemónica” (Lauphan, González y Luján, 2016). Nuevos actores agrarios como los y las productores/as capitalizados expandidos,[4] los contratistas de maquinaria agrícola y los rentistas fueron cobrando relevancia en un contexto productivo en el cual ganaron la escena los contratos de arrendamiento a precios fijos (quintales de soja por hectárea de alquiler) y una competencia por ganar tierras y lograr mayor escala, sumados a una fuerte dependencia hacia los insumos agrícolas, provistos por las multinacionales de servicios.

Con la ley de convertibilidad instaurada a partir de 1991 durante el gobierno de Carlos Menem (política de no emisión monetaria, por la cual el circulante de pesos estaba en función de las reservas del Banco Central, fijado en 1 peso igual a 1 dólar) para frenar la inflación, comenzó a generarse un retraso cambiario que afectó a la rentabilidad de los y las productores/as, pese a la liberalización del comercio exterior y la eliminación de las retenciones. Esta situación empeoró con el encarecimiento de los costos de combustibles.

Pero este sector se vio beneficiado por políticas de créditos a partir de bancos públicos y privados, situación aprovechada por los y las productores/as para la incorporación de maquinaria e insumos; este proceso devino en el crecimiento del número de productores/as endeudados/as que no pudieron hacer frente a los vencimientos de los pagos. Según Barsky y Gelman (2009) la crisis de la agricultura pampeana hacia fines de los ’90 se produjo por tres factores: una caída de los precios internacionales; las subas de las tasas de interés; y, la suba del costo de vida, por lo que resultó en una concentración productiva y endeudamiento de productores (en el año 1996 se requería de 150 hectáreas para mantener una familia rural, mientras que en 1999 hacían falta 400).

Este era el nuevo escenario productivo para las cooperativas agrícolas de las provincias con tradición agropecuaria en general y para la CALP en particular. En la gráfica 1 sobre evolución del acopio de granos entre mediados de los ’90 y fines de 2000 se puede corroborar lo que sostenemos: el crecimiento de la CALP estuvo dado por la expansión agrícola. En la gráfica 2 sobre el total acumulado de granos en dicho período, se observa que ese crecimiento se basó fundamentalmente en el cultivo de la soja.  

 

 

 

Los esfuerzos de la cooperativa iban orientados a lograr mayores niveles de acopio, mejorar las instalaciones y la rehabilitación operacional de su puerto, posicionándose así desde lo comercial como una institución clave para el territorio paceño. Efectivamente en la campaña 1996/1997 la CALP casi duplicaba el volumen acopiado respecto a la anterior y el Consejo de Administración lo atribuía a “una importante expansión del área de siembra de la región”, la rehabilitación del Puerto de Cargas y las condiciones favorables en la compra de los insumos para sus asociados y asociadas (Memoria y Balance. Ejercicio Nº 47 1/10/1996 al 30/9/1997).

La campaña agrícola 1997/1998 continuó profundizando el crecimiento en el volumen acopiado a partir de una notable producción de soja. La Memoria y Balance remarcaba: “se logró acopiar un volumen inédito de soja”, aunque visualizaba una problemática vinculada directamente a las condiciones de su producción, esto es, los precios dolarizados de insumos básicos para el tratamiento de plagas y malezas para el cultivo de la soja:

… Merece atención el gran volumen de divisas que genera el movimiento de agroquímicos, semillas y fertilizantes en esta escala, por lo que se estudian medidas a los efectos de garantizar el cobro bajo todo tipo de condiciones de estos insumos, no generando riesgos para la institución (Memoria y Balance. Ejercicio Nº 48 1/10/1997 al 30/9/1998).

            Durante la campaña 1998/1999 la CALP no sería ajena a una situación paradójica para el sector agropecuario dentro de un contexto nacional que se encontraba experimentando la crisis del modelo económico de la convertibilidad. El aumento de la producción agraria por el crecimiento del área sembrada en la zona se daba en un marco de un incremento en los costos de producción, endeudamiento de los y las productores/as y dificultades de financiamiento, todo esto en un escenario mundial con caída de los precios internacionales de los granos. Así lo explicaban los y las protagonistas:

Se ha incrementado nuevamente en nuestra región el área destinada a la producción agrícola, lo que sumado a una mayor incorporación de tecnología se traduce en un fuerte incremento de producción en la zona. Sin embargo este incremento productivo se vio contrarrestado por una importante reducción de los precios de los cereales y las oleaginosas, lo que sumados al incremento de los precios de insumos como el gasoil, alta tasa de interés que se debe soportar, ha llevado al sector a una de las crisis más graves de las últimas décadas, disminuido sensiblemente los márgenes operativos llegándose en muchos casos a trabajar en condiciones de quebranto o pérdidas que condicionan seriamente las perspectivas futuras… La cooperativa como fiel reflejo de esta situación ha debido desarrollar sus actividades con muchos inconvenientes y adversidades, ya que en general los Bancos han vuelto más rígida su estructura de préstamos por lo que el sector se ha visto envuelto en una iliquidez que condiciona seriamente su funcionamiento (Memoria y Balance. Ejercicio Nº 49 1/10/1998 al 30/9/1999).

            La cosecha creciente de soja, y un volumen considerable de maíz, se daba en un marco de reducción del tiempo de cosecha ya que “el recambio tecnológico que se ha producido en las herramientas destinadas a levantar los sembrados hace que en muy pocos días la mayor parte de la cosecha esté en condiciones de ser entregada para su acondicionamiento”, según la Memoria y Balance del Ejercicio Nº 49. Esto era observado por las autoridades como una tendencia de los últimos años y obligaba a la CALP a realizar inversiones tecnológicas para recibir y acelerar la descarga de granos, con la adquisición de dos plataformas y un elevador en la planta para manipular un mayor tonelaje, así como también una balanza aérea de mayor capacidad y cintas transportadoras hasta el espigón de carga para las barcazas en el puerto.

            Otra de las problemáticas ya señaladas en relación a los insumos agrícolas nuevamente llamaba la atención, dado que:

Se ha tornado significativamente importante el movimiento financiero que esta operatoria genera, debiendo la Cooperativa respaldar toda la compra de insumos con valores y garantías propias debiendo hacer frente en sus vencimientos a sumas importantes, que muchas veces por demoras en el proceso de cosecha o por fracasos en las mismas no son cubiertas en tiempo por los productores. Esto ha incrementado sensiblemente los saldos de cuentas corrientes (Memoria y Balance. Ejercicio Nº 49 1/10/1998 al 30/9/1999).

Como se ha mencionado, las federaciones de cooperativas les han permitido negociar volúmenes y precios en condiciones favorables a los y las pequeños/as y medianos/as productores. En 1999 a la CALP se le comunicó que FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias), entidad de segundo grado a la cual pertenecía como afiliada, dejaba de existir, ya que no podía efectuar los pagos de los contratos, por lo que el Consejo de Administración revocó el poder de cobro que tenía dicha federación, recibiendo directamente los pagos de los exportadores. Rápidamente, tanto la CALP como otras cooperativas agropecuarias entrerrianas fundaron Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER):

Ante la necesidad de seguir comercializando la producción las Cooperativas de Entre Ríos iniciaron gestiones para conformar una nueva Federación, que permita continuar realizando las operaciones comerciales y el 5 de octubre del ’99 se concretó el acta fundacional de una Cooperativa de 2º grado: CAFER Ltda. iniciando las operaciones comerciales (Memoria y Balance. Ejercicio N° 49 1/10/1998 al 30/9/1999).

La cautela acerca de las futuras inversiones, el desarrollo de las actividades y la preocupación por mantener la estructura patrimonial de la entidad, manifestadas en las consideraciones finales de aquel Balance, fueron un anticipo del escenario de la campaña 1999/2000. En ésta hubo una reducción de la superficie sembrada y por ende una ligera caída en el acopio de granos (incluida la soja) respecto a la campaña anterior. Específicamente la cosecha fina se encontró afectada por una gran sequía durante la primavera de 1999.

Los problemas que incidieron en la campaña fueron el importante incremento del precio del gasoil y “los elevados montos de créditos que se solicitan para proveer de los insumos necesarios para la siembra y control de los cultivos”, aunque destacaban la realización de “un acuerdo con la firma Cargill SACI para ser depositarios de Fertilizantes y de esta manera poder facturar por cuenta y orden de esta empresa” (Memoria y Balance. Ejercicio N° 50 1/10/1999 al 30/9/2000), lo que les permitía reducir los stocks de mercadería comprando en función de las ventas.

La campaña 2000/2001 encontró a la CALP en un escenario complejo, de incertidumbre, a nivel nacional y provincial. Al respecto afirmaban que se encontraban con una

…difícil situación económica que está atravesando la actividad productiva en nuestro País, y particularmente el sector agropecuario. Este, debe desarrollar sus actividades con un alto nivel de endeudamiento y con muy bajos niveles de rentabilidad. Sin duda, esto afecta mucho el desenvolvimiento de nuestra institución que no solamente debe ocuparse de lograr las mejores condiciones de compra de insumos y venta de producción, sino que, en muchos casos, también debe brindar al productor asistencia de tipo financiera, para que pueda desarrollar las actividades pertinentes (Memoria y Balance. Ejercicio N° 51 1/10/2000 al 30/9/2001).

 

            Pese a la situación descripta, tanto el incremento en el área sembrada como el acopio récord de soja (más de 40.000 toneladas) colocaba a la cooperativa en un lugar de influencia importante en el territorio del departamento La Paz: su condición económica y patrimonial había mejorado, se incorporaban empleados y empleadas, y se accedió a un crédito con el Banco de la Nación Argentina para la dotación de Capital de Trabajo. Asimismo, se concretaba la sociedad con el Criadero de Semilla Santa Rosa para la multiplicación de semillas (fundamentalmente de soja).

Es de destacar que en la Memoria y Balance de dicha campaña se incorporan dos nuevas Secciones que evidencian la estrategia de expansión: 1) la de Venta de combustibles y lubricantes, a través de un contrato por cinco años con la empresa YPF S.A. para ser distribuidores diesel en la zona de influencia, y; 2) Relaciones Institucionales, con el objetivo de afianzar la relación con CAFER, proveedores, corredores, exportadores e instituciones bancarias.

 

La CALP en el nuevo modelo económico a partir de 2002. Diversificación y expansión productivas

La crisis económica, social y política de 2001 terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa. El gobierno de transición de Eduardo Duhalde en 2002 generó políticas económicas que beneficiaron a los sectores productivos ligados a la exportación. La devaluación del peso (1,40 pesos: 1 dólar en 2002), que ya en 2003 triplicó su valor (3 pesos: 1 dólar), significó una gran transferencia de recursos hacia los sectores vinculados a la exportación, entre ellos los agroexportadores.

Esto fue compensado con las retenciones a las exportaciones impuestas por el Decreto 310/02 el 4 de marzo de 2002 y anunciadas por el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov: 13,5% para soja y girasol, 10% para otros productos primarios y 5% para carnes, lácteos, harinas y aceites de soja y girasol. El ministro las justificó porque aportarían 1400 millones de dólares y servirían para financiar planes sociales y de obra pública, aliviando el cronograma de futuros vencimientos de deuda. El 5 de abril del mismo año el gobierno las reajustó: las retenciones a la soja y girasol llegaron al 23,5%, para los productos primarios al 20% y la leche al 15%, con la finalidad de moderar el aumento del tipo de cambio en los precios internos y mejorar la situación de las finanzas públicas para sostener y ampliar los programas de carácter social, al generar un incremento de 1000 millones de dólares en la recaudación fiscal.

Las retenciones significaron un aporte de ingresos importante para las obligaciones fiscales de un Estado quebrado y endeudado, no sólo financieramente por la deuda externa, sino internamente con grandes capas sociales sumergidas en la pobreza, la indigencia y la desocupación.

 La campaña 2001/2002 estuvo atravesada por la crisis económica, social y política de la Argentina. En palabras de los dirigentes de la cooperativa:

Dentro de este período tuvo lugar la crisis político-institucional más importante que ha tenido nuestro país en los últimos años, con las ya conocidas consecuencias que trajo para la población en general y para el sector agropecuario en particular. En el plano económico sin dudas que los cambios más relevantes fueron la salida de la convertibilidad de nuestra moneda y la pesificación de las deudas, exceptuando las derivadas de insumos agropecuarios. Estas medidas provocaron en la economía en general un clima de inseguridad y una marcada volatilidad de las variables económicas, obligando a la Cooperativa a realizar un constante seguimiento de estas variables, fundamentalmente de la inflación a los efectos de bajar la exposición a la misma (Memoria y Balance. Ejercicio N° 52 1/10/2001 al 30/9/2002).

            Aunque la producción de soja fue afectada por factores climáticos, el crecimiento del área sembrada estuvo cerca de los niveles del ejercicio anterior, con un importante incremento en el acopio de maíz y de sorgo. Asimismo, los y las productores/as llamaban la atención acerca de incentivar la producción de lino, cuyo precio había mejorado sensiblemente.

            La devaluación del peso afectó en principio a los y las productores/as por el incremento de los precios de los insumos, teniendo que refinanciar las deudas y la CALP solicitar refinanciación a los proveedores. Desde CAFER había comenzado a funcionar una Oficina de Compras permitiendo nuclear las compras de las cooperativas y se trabajaba en la formación de un fondo fiduciario para atender posibles problemas climáticos y poder brindar respaldo a la financiación de insumos a los y las productores/as.

            En relación al convenio con YPF el desafío para la CALP era incorporar nuevos depósitos, provisión de surtidores y las obras civiles necesarias para el servicio. Además, “se iniciaron ante la Dirección General de Aduanas los trámites para inscribir a la Cooperativa como Exportador e Importador ante incipientes posibilidades de realizar en el futuro operaciones de comercio exterior” (Memoria y Balance. Ejercicio N° 52 1/10/2001 al 30/9/2002).

            La campaña 2002/2003 se caracterizó por el gran incremento en el volumen de acopio, motorizado por la expansión y altos rindes de la soja, seguido por una buena cosecha de maíz (entre ambos cultivos casi 70.000 toneladas) encontrándose la CALP con el problema de la expansión, ya que precisaban la ampliación de las instalaciones para el acopio. Por ello cubrieron almacenaje alquilando espacios fuera de las instalaciones de la cooperativa, aunque adquirieron un inmueble en intersección de rutas 1 y 12 destinado al montaje de una planta de acopio, carga de combustible y oficinas comerciales. Esta campaña se inscribía en:

(Un) período de gran crecimiento del sector agropecuario en general, ayudado por los cambios que a nivel macroeconómico se fueron consolidando en la economía del país a partir de la salida de la convertibilidad y las buenas condiciones externas…  también se caracterizó por los conflictos sociales, sobre todo en sectores marginados, que se vieron todavía más perjudicados con los cambios económicos. Estas situaciones estuvieron presentes en todo el proceso de renovación política que se dio en el país y trajeron aparejado también medidas que influyeron en el sector. Sin duda, las más importantes fueron el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones que configuran un aporte muy importante del sector agropecuario a la economía nacional (Memoria y Balance. Ejercicio N° 53 1/10/2002 al 30/9/2003).

Se señalaban así dos aspectos que formarían parte del imaginario de los y las dirigentes de las corporaciones agropecuarias y los y las productores/as durante la nueva etapa abierta por el modelo productivista basado en la devaluación: 1) la relevancia del sector agropecuario, generando las divisas necesarias para la recuperación económica de Argentina y; 2) la preocupación por las retenciones a las exportaciones que cobra el Estado nacional y su mantenimiento en el tiempo. En un contexto internacional de aumento de precios de cereales y oleaginosas a partir de 2002, favorable para las exportaciones agropecuarias de la Argentina, estimuladas a su vez por un tipo de cambio devaluado, se fue generando una autopercepción en el sector agropecuario por haber contribuido significativamente a superar la crisis a través de su aporte mediante las retenciones.

Por otro lado, remarcaban la preocupación por la sustentabilidad de la producción dada la problemática de desgaste del suelo por el monocultivo de soja: “creemos necesario en este aspecto hacer un llamado de atención respecto de la necesidad de encontrar un esquema productivo sostenible en el tiempo en lo económico y en lo agronómico, pensando fundamentalmente en la conservación de los recursos naturales” (Memoria y Balance. Ejercicio N° 53 1/10/2002 al 30/9/2003).

Y otra de las problemáticas, vinculada a los efectos de la hegemonía de los agronegocios y el proceso de expansión de la frontera agraria y la sojización, es señalada por los y las dirigentes de la CALP:

También en este sentido prestamos especial atención a la fuerte inserción que se está produciendo en nuestra zona de productores de zonas núcleos, que se desplazan hacia zonas menos desarrolladas, como la nuestra en busca de mayores extensiones de tierra, seducidos por las factibilidades técnicas de producción y los buenos precios que tiene principalmente la soja. En este sentido notamos un sostenido incremento en los arrendamientos de extensiones agrícolas. Esta situación obliga también a los productores locales a elevar las ofertas a los efectos de mantener las tierras que están cultivando, en algunos casos por encima de lo razonable, y que podrían traer complicaciones en caso de pérdidas importantes de rinde por cuestiones climáticas (Memoria y Balance. Ejercicio N° 53 1/10/2002 al 30/9/2003).

Observaban así la presencia competitiva de actores extra-locales que, por excesiva demanda de tierras en arrendamiento (que elevaban su precio), generaba dificultades a los y las productores/as locales alquilar las mismas tierras para continuar con su producción. Actores externos que, remarcaban, ingresan a la zona con insumos propios, sin comprarle a la cooperativa y sin ser agentes de desarrollo territorial.

El crecimiento de la CALP y del sector agropecuario en general se refleja en los números de volumen de acopio en la campaña 2003/2004. Los factores que coadyuvaron a ello son expresados así por los y las protagonistas:

Los buenos precios internacionales, sumado al lento reacomodamiento de los precios internos de servicios y otros insumos, configuraron una ecuación con buena rentabilidad, que motorizó las economías regionales… Esto posibilitó que muchos productores tuvieran excedentes, mejorando la situación económica y patrimonial… un importante recambio de maquinarias y herramientas, incrementando la capacidad operativa (Memoria y Balance. Ejercicio N° 54 1/10/2003 al 30/9/2004).

 

El acopio total de 86.000 toneladas de granos (60.000 fueron sólo de soja) impulsó a la cooperativa a construir una nueva planta en el Parque Industrial de la ciudad de La Paz, elemento que muestra la expansión territorial de la entidad, fortaleciéndose en el área de influencia, con silos para almacenar 5000 toneladas de cereales, un galpón para almacenamiento de semillas e insumos de 2000 m², balanza y una playa de estacionamiento para camiones. Una obra que impactaba sobre el territorio al mejorar los caminos internos y el acceso desde la ruta provincial N° 1.

En la campaña anterior se había incorporado un nuevo ingeniero agrónomo para hacer seguimiento de la evolución de variedades de semillas, uso de agroquímicos y control de cultivos, junto con la adquisición de equipamiento para mediciones de lotes. Como servicio brindado a los y las asociados/as, la CALP inició el monitoreo integral de lotes, un seguimiento que va desde la siembra hasta la madurez del cultivo.

Particularmente en la campaña 2003/2004 esta cuestión era central, ya que en el país desde el 2001 se estaba en alerta por la aparición de la Roya Asiática de la Soja, una enfermedad que provoca un hongo a esa planta, que históricamente afectó a los cultivos de Asia y que había ingresado en América del Sur a algunas zonas de Paraguay, Brasil y Bolivia (Formento y de Souza, 2007). La detección en cultivos maduros en el departamento La Paz en abril de 2004 nucleó a distintas instituciones entrerrianas para iniciar acciones en vista de evitar su propagación.[5] El equipo técnico de la cooperativa asistió a capacitaciones a partir de un convenio entre CAFER, INTA y FAA, viajando a Bolivia para recorrer lotes con esa enfermedad y observar las prácticas utilizadas para combatirla.

Si bien el presente económico de la CALP era favorable, manifestaban preocupación por la rentabilidad sostenible del sector:

Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación porque el escenario futuro no refleja una buena perspectiva para la cotización de los cereales y oleaginosas. Si a esta situación le sumamos que las retenciones a las exportaciones se mantienen sobre dichos productos y que algunos insumos importantes han incrementado sus precios sustancialmente, la rentabilidad del sector se verá seriamente afectada para próximas campañas y tenemos experiencias no muy lejanas de falta de rentabilidad y las consecuencias nefastas que ello conlleva (Memoria y Balance. Ejercicio N° 54 1/10/2003 al 30/9/2004).

 

            Tal es así que el crecimiento del acopio en la campaña 2004/2005 fue modesto, por la falta de lluvias para los granos de la cosecha gruesa. Para aliviar la congestión en el momento de alta cosecha la CALP formalizó un convenio con Cargill SACI para la entrega de 8000 toneladas de soja en Puerto Buey-Santa Elena, además de alquilar la planta del Molino Arrocero Aguador con una capacidad de 2800 toneladas, sumando a esto el embolsado de 3000 toneladas de granos en silo bolsas en el predio de la nueva planta del Parque Industrial. Como parte de la estrategia de expansión, que da cuenta también de la diversificación productiva planteada por la dirigencia, la cooperativa adquirió una Planta de Alimento balanceado que era de la Cooperativa Agrícola Ganadera Aranguren Ltda., con el fin de producir alimentos para abastecer distintos emprendimientos del departamento de La Paz y su zona de influencia (Memoria y Balance. Ejercicio N° 55 1/10/2004 al 30/9/2005).

 

La CALP en el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional   

 

Según Rapoport (2010), el modelo de acumulación en la Argentina entre 2003 y 2007 está caracterizado como productivo, de recuperación económica e inclusión social; a través de sus políticas se fue revirtiendo y desarticulando un modelo de acumulación de valorización financiera que había predominado en el país desde mediados de los años de 1970 y profundizado durante la década de 1990. El aspecto productivo estaba vinculado al desarrollo de actividades industriales ligadas al mercado interno y a la revalorización del sector agropecuario, específicamente el sector agroindustrial exportador.  

El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) optó por un modelo heterodoxo en la política monetaria preservando un tipo de cambio competitivo y no centrado en las metas de inflación. Afirma Kulfas (2016:18):

Una vez consolidada la recuperación económica y encaminada la resolución de los problemas más acuciantes de la crisis (reestructuración de la deuda, desdolarización, rescate de cuasimonedas, saneamiento del sistema financiero), la agenda económica se multiplicó para incluir nuevos desafíos. La reaparición de la inflación en 2005 (cuando alcanzó el 12,3%) suscitó nuevos debates y el gobierno se inclinó hacia una resolución basada en acuerdos de precios antes que en esquemas tradicionales de política monetaria y fiscal. Esto conllevó un conjunto de intervenciones de mercado, sobre todo en la industria de la carne vacuna. Poco a poco comenzaron a emerger herramientas que perseguían objetivos múltiples, pero la búsqueda de instrumentos de contención inflacionaria colisionó con los objetivos de desarrollo productivo, incremento de los salarios reales e inclusión social, situación que tendería a intensificarse en períodos posteriores.

 

La gran relevancia que adquirieron las retenciones a partir de la devaluación las convirtieron en un instrumento central de la política económica durante el gobierno kirchnerista que, según Barsky y Dávila (2009: 144), con la suba de los precios internacionales “explican por sí solos el superávit fiscal”, siendo de cobro inmediato y automático, claves para coyunturas de ahogo fiscal.

Otra campaña agrícola buena para la CALP fue la de 2005/2006, pero levemente superior a la anterior, en un marco de crecimiento económico nacional y del sector agropecuario. En un escenario de recuperación de los precios internacionales de los granos, el Estado nacional había comenzado a delinear políticas económicas que apuntaban a consolidar el mercado interno y el sector industrial, el consumo y la recomposición del poder adquisitivo de los sectores asalariados. Se abría así un período conflictivo entre el gobierno nacional y el sector agropecuario en torno a la liberación de cupos y precios de productos agrarios exportables y la inflación.

En ese sentido, la CALP se posicionó a favor de sostener un margen de rentabilidad para la producción y en contra de la política de retenciones. El diagnóstico planteado por el Consejo de Administración señalaba:

Un período de sostenido crecimiento de la economía argentina. También se han registrado actualizaciones salariales producto de negociaciones colectivas que tuvieron lugar a principios del 2006 con incrementos promedio del orden del 20%. Otro dato de importancia para la economía del país, es que producto de su política cambiaria el gobierno ha incrementado el dinero circulante en manos de los consumidores. Dichos elementos, sumados a otros de menor importancia, han generado una tracción alcista de los precios internos de la economía argentina. Esto es lo que ha volcado al gobierno a llevar adelante una activa política de control de la inflación como uno de los objetivos estratégicos de su política económica. Los precios internacionales de cereales y oleaginosas iniciaron una marcada recuperación, razón por la cual se han tomado medidas que neutralizan dicha suba, fundamentalmente en el caso del Maíz y el Trigo, disminuyendo de esta manera el valor final que los productores pueden percibir, afectando el margen de rentabilidad que se vislumbraba en una primera instancia (Memoria y Balance N° 56 1/10/2005 al 30/9/2006).

 

La campaña agrícola 2006/2007 cerró con un acopio récord para la cooperativa con 150.000 toneladas comercializadas. Superada aún por la de 2007/2008 con las más de 200.000 toneladas (ya señaladas en la Gráfica 1).

            Volviendo al plano nacional, otro incremento en los derechos de exportación se impuso en el gobierno de Néstor Kirchner el 11 de enero de 2007, por medio de la Resolución N° 10/07 del Ministerio de Economía y Producción a cargo de Felisa Miceli, en un contexto de suba de los precios internacionales, cuando fueron llevadas las retenciones a la soja al 27,5% y al 24% para subproductos. Con la misma, también se anunció una reasignación de recursos a través de los cuales se subsidiaría a las industrias elaboradoras de productos de la canasta de bienes básicos, preservando así el salario de los y las argentinos/as y el valor de esos bienes. La Federación Agraria Argentina rechazó en un comunicado el aumento considerándolo una “provocación” y argumentó estar en defensa de los bienes básicos, pero que dicha defensa se podía realizar sin nuevas retenciones, además de manifestar que al entrar en vigencia cuatro días después del anuncio, daría tiempo a las multinacionales exportadoras para realizar operaciones sin incluir el 4% de aumento.

            Hacia finales de año y a pocos días del triunfo electoral, el 7 de noviembre de 2007 el Ministerio de Economía nacional a cargo de Miguel Peirano anunció una suba en las retenciones en algunos granos. Los argumentos de la medida daban cuenta que traerían “estabilidad de precios, crecimiento de las inversiones, mantenimiento de un equilibrio entre mercado externo e interno y fortaleza de la economía en su conjunto”. Se establecieron retenciones a la soja del 35%, girasol el 32%, trigo el 28%, maíz el 25%, harinas, aceites y pellets de soja el 32% y las de girasol el 30%. La decisión del nuevo incremento de las retenciones quedaba así asociada al gobierno saliente.  Pese al descontento de las entidades agropecuarias y de los y las productores/as, más allá de algunas declaraciones e intentos de protesta, no hubo paros agropecuarios ni movilizaciones contra la nueva medida. Los precios internacionales siguieron subiendo vertiginosamente: la soja, 305 dólares en junio de 2007 a 411 dólares en noviembre; en marzo de 2008 llegó a 590 dólares (Barsky y Gelman, 2009: 514).

Esta bonanza y crecimiento de todo el sector agropecuario en general, en el marco de precios favorables y demanda sostenida, se dio paradójicamente en un escenario complejo para la CALP a inicios de 2008: la crisis financiera mundial y el conflicto del sector con el gobierno nacional que intentó imponer el sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja y girasol.

El Ministerio de Economía nacional publicó el 10 de marzo de 2008 la Resolución N° 125/08. La fórmula de la alícuota de derecho de exportación se compondría en función del precio FOB (free on board)  de los granos de manera móvil, teniendo cada grano una alícuota que implicaba que si el valor internacional de ese grano se incrementaba lo mismo sucedía con la retención que se debía pagar al Estado en concepto de derecho de exportación. Así, la alícuota para el girasol y la soja se elevarían entre 7 y 9 puntos, mientras que habría una rebaja para el trigo y el maíz de 1 punto; con los valores de ese momento, la soja pasaría a pagar del 35% al 44% de retenciones y el girasol de 32% al 39%. La reacción inmediata fue la formación de la “Mesa de Enlace Agropecuaria” (MEA) el día 12, conformada por las organizaciones corporativas del sector agropecuario: Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), la cual respondió con un paro agropecuario por 48 horas.

Según la dirigencia de la cooperativa: “en su afán de mantener los precios internos de la economía, asegurándose los ingresos necesarios para mantener el superávit fiscal”, por lo cual “ante estas circunstancias, el sector agropecuario en su conjunto, a través de las instituciones que representan a los distintos alineamientos procuró la defensa de los derechos y la razón de ser de la empresa agropecuaria” (Memoria y Balance N° 58 1/10/2007 al 30/9/2008).

Una de las mayores debilidades de la resolución 125 fue la de no haber distinguido entre productores grandes, medianos y pequeños, así como tampoco entre la zona núcleo de la Pampa Húmeda (donde se concentran los mayores niveles de productividad por hectárea cultivada) respecto de aquellas zonas marginales o extrapampeanas con menores rindes promedio que la pampeana. Es decir, el gobierno no tuvo en cuenta las heterogeneidades productivas de la estructura agropecuaria argentina.

La provincia de Entre Ríos, con las particularidades de su estructura agraria y social, se convertiría así en uno de los epicentros de uno de los mayores conflictos agrarios de la historia argentina, prolongado durante cuatro meses. La formación de una “Mesa de Enlace provincial” (compuesta por: Federación Agraria Argentina Distrito Entre Ríos, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Cooperativas y Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos) y el accionar de los y las productores/autoconvocados con los cortes de rutas y movilizaciones fueron cruciales en el rechazo a la nueva medida, desde el inicio mismo del conflicto (Wilson, 2020).

Una crónica periodística cubrió una manifestación en la ciudad de La Paz el día 31 de marzo de 2008 y el secretario de la CALP realizó unas declaraciones de apoyo a las movilizaciones ruralistas:

En La Paz, cientos de personas se manifestaron por las calles de la ciudad el domingo a la tarde para pedir a los gobiernos local, provincial y nacional que permitan sostener el crecimiento económico de las actividades agroindustriales, de las cuales consideran depende la vida de la comunidad en general… Enzo Cardozo, dirigente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de E.R. (Cafer): “de esta manera sólo los grandes productores van a poder seguir produciendo en agricultura o ganadería y este nuevo éxodo de empresarios afecta a todas las pequeñas comunidades que dependen de los ingresos de los trabajadores del campo. Queremos un espacio para debatir y acordar medidas que sean beneficiosas para la población en su conjunto. Justamente en este momento de buenos precios internacionales es cuando se debería dejar crecer a los productores pequeños y es justo ahora cuando nos quieren retener el 50% de los ingresos”, “nos gusta quedarnos donde nacimos, crecimos y desarrollamos nuestro trabajo, en el campo. Donde deberíamos contar con excelentes caminos para sacar lo que producimos sin contratiempos, donde deberían existir escuelas que funcionen correctamente para que se eduquen nuestros hijos y permanecer aquí, donde tenemos las mejores posibilidades de crecer”.[6]

 

Con el alquiler de plantas de acopio y las inversiones realizadas en la ampliación de las propias, el escenario conflictivo los encontró con paro de comercialización y retención de granos, sin salida a los puertos, sumado a “reglamentaciones nuevas que afectaron el normal desarrollo de los negocios y con la desaparición de los mercados a futuro a partir del mes de marzo” (Memoria y Balance N° 58 1/10/2007 al 30/9/2008), con lo cual los costos se incrementaron por las tareas de embolsado y los fletes de movimiento interno, además del incremento en los costos de los insumos.

Sobre el final de ese período las condiciones de sequía afectaron la cosecha de granos finos. Ya para la campaña 2008/2009 esa falta de lluvias afectó también la campaña gruesa, con una reducción importante del área sembrada. Como se puede apreciar en la gráfica 1, el acopio tuvo una gran retracción llegando a disminuir hasta 100.000 toneladas, fundamentalmente de soja, maíz y sorgo. La dirigencia señalaba la difícil situación de sus asociados y asociadas por los altos costos de implantación y las nuevas reglamentaciones introducidas por el gobierno (nuevas cartas de porte y código de trazabilidad de granos, la implementación de los ROE VERDE -un sistema de reglamentación y control de permisos para exportar-) como otros factores que incidieron en ello.

La noticia positiva para la CALP fue el acopio de 18000 toneladas de arroz en conjunto con la Cooperativa de Arroceros de Villa Elisa, la consolidación de la planta de Alimentos balanceados y el financiamiento obtenido del Banco Patagonia y un crédito especial con el Banco Nación por $10.000.000 para provisión de insumos destinados a la siembra, en conjunto con otras cooperativas y en marco de un acuerdo con el gobierno de Entre Ríos.   

 

Algunas conclusiones

En este trabajo realizamos una aproximación a un período en la historia de la entidad que ya tiene más de 70 años. Además de comprender las vicisitudes que atravesó la CALP nos permitió acercarnos desde una escala micro a los problemas económicos, políticos y sociales nacionales, los que a su vez la influían.

Las tres etapas diferenciadas nos permiten afirmar que el período 1995-2009 fue de profundos cambios para los y las dirigentes y asociados/as: quiebra, crisis y endeudamiento como aspectos negativos; impulso decidido de sus dirigentes, expansión y diversificación productivas como alternativas superadoras para dar respuesta a diferentes problemas de la cooperativa y a las distintas coyunturas nacionales y locales.

Para la primera etapa sostuvimos que el crecimiento de la CALP se dio en un marco de crisis para todo el movimiento cooperativo agropecuario y, a la vez, en un contexto de avance de los agronegocios y la agriculturización, que generó la expansión agrícola que se desarrolló en el agro pampeano y nacional, particularmente en la provincia de Entre Ríos a partir de la segunda mitad de la década de 1990, y que ese crecimiento se basó fundamentalmente en el cultivo de la soja.

Los incrementos en los niveles de acopio de granos y la estabilización financiera y económica a partir de superar la quiebra y el endeudamiento, motivó a la dirigencia a encarar procesos de reconversión institucional con una lógica empresarial. A la sección de comercialización de cereales y oleaginosas se agregaron nuevas: la de venta de combustibles y lubricantes y la de Relaciones Institucionales. La primera en consonancia con las características del modelo agrario dependiente de insumos agrícolas, la segunda, para el reforzamiento de las relaciones institucionales para la capacidad de negociación de volúmenes de acopio y precios, por un lado, y con las instituciones económicas y educativas de la comunidad de la ciudad y el departamento, por otro.  

Respecto a la segunda etapa iniciada luego de la crisis de la convertibilidad de 2001, y ya en el marco de un modelo de acumulación productivista basado en la devaluación que mejoró la situación económica para el sector agropecuario y exportador en general, la CALP emprende estrategias de expansión productiva a partir de obras de ampliación con la construcción de una nueva planta en el Parque Industrial, con silos y galpones, la incorporación de nuevos y nuevas empleados/as en plantas y oficinas e ingenieros/as para monitoreo de lotes, laboratorio de semillas, además de incursionar en líneas de diversificación productiva a partir de la adquisición de una planta de alimentos balanceados.

Fue en esa etapa donde los y las dirigentes remarcaron su preocupación por tres temas relevantes: los riesgos del monocultivo de soja (la falta de rotación de cultivos) sobre la sustentabilidad productiva; la incursión de actores extra-locales, tomadores de tierras, en competencia con los y las socios/as de la cooperativa por los precios de los arrendamientos; y, el efecto de las retenciones a las exportaciones (además de la suba constante en los costos de insumos) sobre los márgenes de rentabilidad para los y las productores/as y la cooperativa.

En un contexto de crecimiento económico del sector agropecuario, agroindustrial y exportador, con precios internacionales de granos favorables, en particular para la CALP (campañas 2006/2007 y 2007/2008 de mayores acopios de granos hasta el momento en la historia de la entidad) se produjo en la tercera etapa el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno kirchnerista por medidas de intervención de los mercados.

Esta situación se agravó con el intento gubernamental por imponer las retenciones móviles en 2008, que generó las acciones colectivas de protesta ruralistas. La dirigencia de la CALP participó de las movilizaciones argumentando la pérdida de rentabilidad para sus asociados/as y vinculó el modelo agrario con el desarrollo económico de la comunidad, para frenar la concentración y el éxodo rural que venía afectando a los y las productores/as del territorio en las últimas décadas. Es que la defensa de la soja era la defensa del motor que había impulsado la producción y la persistencia de la CALP.   

 

Fuentes consultadas

-Memorias y Balances de la CALP.

-Actas de Asambleas.

-El Diario de Paraná

-http://www.cafer.com.ar

 

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