Revista Idelcoop nº 233. Marzo 2021 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Reflexiones y debates

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

 

 

Las Cooperativas Sociales en Uruguay: tensiones y potencialidades

 

Clara Betty Weisz[1]

Artículo arbitrado

Fecha de recepción: 22/07/2020

 

Resumen:

En este trabajo se analiza la experiencia de las Cooperativas Sociales en Uruguay, articulando el contexto macrosocial de desigualdad social, con un plano meso correspondiente al reconfigurado papel del Estado durante los quince años de gobierno progresista, que retoma el legado estatal-proteccionista, y la trayectoria del movimiento cooperativo; y con el nivel micro social, donde la vivencia y la experiencia significativa, forma y transforma a quienes integran este dispositivo de la economía social, que combina políticas de inserción socio-laboral con el modelo cooperativo.

Desde metodologías cualitativas, se realizan entrevistas en profundidad, relevamiento documental, e historias de vida, a los efectos de abordar las tensiones entre la lucha por el reconocimiento y la ampliación de ciudadanía, respecto de las condiciones de posibilidad de pensamiento crítico y emancipatorio, que se actualizan en este momento de pandemia y de crisis socio-económica y pisco-simbólica.

 

Palabras clave: desigualdad, economía social, políticas sociales, cooperativas sociales, reconocimiento.

 

Resumo

 

Cooperativas sociais no Uruguai: tensões e potencialidades

 

Analisa-se a experiência das Cooperativas Sociais no Uruguai, articulando o contexto macrossocial de desigualdade, com um plano meso correspondente ao papel reconfigurado do Estado durante os quinze anos de governo progressista, que retoma o legado protecionista do Estado, e a trajetória do movimento cooperativo. ; e com o nível microssocial, onde a vivência e a vivência significativa moldam e transformam aqueles que compõem esse dispositivo da economia social, que articula políticas de inserção socioprofissional com o modelo cooperativo.

A partir de metodologias qualitativas, são realizadas entrevistas em profundidade, levantamento documental e histórias de vida, a fim de abordar as tensões entre a luta pelo reconhecimento e ampliação da cidadania, quanto às condições de possibilidade do pensamento crítico e emancipatório, que eles são atualizados neste momento de crise pandêmica e socioeconômica e pisco-simbólica.

 

Palavras-chave: desigualdade, economia social, políticas sociais, cooperativas sociais, reconhecimento.

 

Abstract

 

Social Cooperatives in Uruguay: tensions and potentialities

 

 

The experience of Social Cooperatives in Uruguay is analyzed, articulating the macrosocial context of today's inequalities of globalized capitalism; with a meso plan that addresses the reconfigured role of the State during the fifteen years of progressive government, which takes up the state-protectionist legacy, and the trajectory of the cooperative movement; together with the micro-social gaze, where significant experience shapes and transforms those who make up this device of the social economy, which combines socio-labor insertion policies with the cooperative model.

From qualitative methodologies, in-depth interviews, documentary survey, and life stories are carried out, in order to address the tensions in the struggle for the recognition and expansion of citizenship based on rights, which are updated at this time of pandemic and of socio-economic and pisco-symbolic crisis.

 

 

Keywords: inequality, social economy, social policies, social cooperatives, recognition.

Introducción

 

El artículo propone analizar las Cooperativas Sociales en Uruguay, en tanto formato inédito que combina el modelo cooperativo con políticas sociales de inserción socio-laboral. Este dispositivo generado en los inicios del primer gobierno progresista de centro-izquierda, a partir de la aprobación de la ley Nº 17.978 Cooperativas Sociales (2006), se destaca por ser la primer iniciativa legislada a modo de ruta de salida del Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES), con el objetivo de dar continuidad laboral a quienes ya hubieran transitado por otros programas de trabajo protegido. Esta figura jurídica que posteriormente fue incorporada a la ley N° 18.407, Ley General de Cooperativas (2008), se llevó a cabo a lo largo de los tres gobiernos del Frente Amplio (2005-2019) y continúa vigente, aunque las dificultades de pasar de Cooperativa Social a Cooperativa de Producción, deja al descubierto la vulnerabilidad de las mismas, y la desigualad del sistema social.

Producir conocimiento y reflexividad en torno a esta herramienta de la economía social permite resignificar experiencias que contienen componentes autogestionarios, colectivos y solidarios, que vuelven a resonar con fuerza en la actual crisis del sistema capitalista, la cual se ve acrecentada por la pandemia provocada por el COVID-19 y que acaba agudizando la ya existente estructura de desigualdad local, regional y global.

Se evidencia una vez más que las crisis operan como ventana de oportunidad[2] para el despliegue de estrategias de la economía social y solidaria. Las ollas populares de carácter territorial y comunitario, que rápidamente se desplegaron ante la emergencia sanitaria, están siendo sostenidas principalmente por quienes han transitado previamente experiencias de participación en espacios colectivos, ya sea que se trate de organizaciones sociales, sindicales, como de emprendimientos que forman parte del campo del cooperativismo y la economía social, solidaria y popular. Es entonces que, en la medida que se incrementa la desigualdad, se fortalecen los entramados territoriales, y se generan lazos socio-psíquicos, donde se prioriza la persona y la sostenibilidad de la vida, se privilegia la democracia y la horizontalidad en la toma de decisiones, se promueve la reproducción ampliada de la vida, el cuidado del medio ambiente, el consumo responsable y la soberanía alimentaria, entre otros[3].

En este marco se plantea por tanto la relevancia de profundizar acerca de la experiencia de las Cooperativas Sociales, desde un abordaje integral y complejo, para lo cual se requiere un nivel de análisis macro que las contextualiza en la estructura de desigualdad, producida por el modo que asume la acumulación capitalista en la actualidad; articulado con un plano meso, que las ubica y materializa dentro de la institucionalidad pública estatal -específicamente dentro Ministerio de Desarrollo Social-, creada en el marco de las políticas progresistas en la región para atender específicamente a la población en extrema pobreza y vulnerabilidad; y en sincronía con un nivel de análisis micro, donde los procesos de subjetivación acontecen en el interjuego entre la historia, entendida como aquellos componentes políticos, económicos y culturales que pesan y condicionan sobre los procesos individuales y grupales; y la historicidad, en tanto espacio de creación donde se generan los intersticios de libertad, y tienen lugar las transformaciones en las trayectorias biográficas, singulares y colectivas.

El análisis muestra que todos los actores sociales involucrados -responsables de las políticas públicas, representantes del movimiento cooperativo e integrantes de las Cooperativas Sociales-, afirman que son una herramienta válida y una ventana de oportunidad, sin desconocer los diversos campos en disputa y las múltiples tensiones que las atraviesan. De los relatos y testimonios se desprende que transitar por la experiencia aporta a la lucha por el reconocimiento, restituye derechos y amplía la ciudadanía. Asimismo, se identifica que son escasas las acciones que generan un horizonte amplio de transformación social.

Por su parte, desde el gobierno y desde la institucionalidad, se entiende que este dispositivo de la política social, constituye una estructura de oportunidad política, que procura revertir los efectos del neoliberalismo, sobre un sector de la población que ha sido históricamente excluido. Mientras que, por su lado, las organizaciones sociales plantean que se trata de una oportunidad de profundizar la fecunda historia del movimiento cooperativo, ampliando la base gremial, hacia los sectores menos favorecidos, dando lugar al 7º Principio, Compromiso con la comunidad, definido por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Y desde la voz de los/las propios/as participantes, se escucha que les resultó una oportunidad de trabajo formal muy valorada, que conforma un hito en sus trayectorias laborales, donde también adquirieron aprendizajes significativos en torno a la modalidad cooperativa, a la solidaridad, a la participación y al acceso a derechos.

 Luces y sombras, acompañan el proceso de construcción social de sentido que se construye en estas micro experiencias, que a pesar de sus limitantes, habilita la lucha en las tres esferas del reconocimiento:[4] la del derecho, la social y la del amor. Sin embargo, es necesario mantener una atenta vigilancia ante las tecnologías de gobierno que pueden conducir a la regulación de las poblaciones[5], y que por tanto, obturan el pensamiento crítico y el accionar de sujetos colectivos. En definitiva, junto a los condicionamientos y a las restricciones, existen márgenes de creación que se producen en el tránsito de la vivencia, y en la interrelación intersubjetiva entre los y las integrantes de cada cooperativa; y de ésta con la institucionalidad pública, con los movimientos sociales y con el entorno comunitario.

El artículo presenta entonces, parte de la discusión desarrollada en la Tesis de Doctorado titulada, “Construcción de Sentido en las Cooperativas Sociales”[6], en la que se llevó a cabo un amplio relevamiento documental, entrevistas en profundidad, e historias de vida en la modalidad de trayectoria socio-laboral. Por su parte el relevamiento documental incluyó el propio texto de la ley, el debate parlamentario en ambas cámaras, y en las comisiones parlamentarias involucradas, así como también se consideraron los informes, y las evaluaciones cuantitativas y cualitativas, realizadas a lo largo de más de una década, por parte de los equipos técnicos del Programa, de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del Ministerio de Desarrollo Social, y por parte de técnicos del área social de organizaciones de la sociedad civil, contratadas para realizar el seguimiento y la capacitación. Dicho material se trianguló con los insumos generados a partir de trece entrevistas en profundidad a actores con capacidad de decisión dentro de la institucionalidad pública, y a representantes de las organizaciones sociales del movimiento cooperativo.

Por último, pero no de menor relevancia, se destaca la realización de siete historias de vida, implementadas a través de la técnica gráfica y narrativa de la trayectoria sociolaboral, que dan voz a los y las propios protagonistas de la experiencia. Esta herramienta, tomada desde la epistemología y metodología de la Sociología Clínica[7], posibilita una escucha atenta y una la lectura diacrónica y sincrónica, multidimensional e interdisciplinaria, que, además de articular las dimensiones macrohistórica, meso institucional y organizacional, junto a los procesos intersubjetivos, permite considerar el peso de la historia que condiciona los procesos individuales y colectivos en interrelación con los márgenes de libertad y creación biográfica.

           

Las Cooperativas Sociales en el marco de la desigualdad social y de las políticas públicas

 

      La desigualdad y las inequidades atraviesan y transversalizan los sucesivos modos de producción hasta nuestros días, reconfigurando la cuestión social en función de condiciones materiales, lógicas culturales, avances tecnológicos, construcciones identitarias y procesos de subjetivación contextualizados. La desigualdad se expresa fundamentalmente en la segmentación territorial, en la fragmentación del mundo del trabajo, en la acumulación de riqueza, en la polarizada distribución del ingreso, en la distancia real y simbólica entre universos culturales. Dichas inequidades producen distinciones y exclusiones recíprocas,[8] que coexisten en el capitalismo mundial integrado[9] y dentro de un mismo espacio nación.

“La evolución socioeconómica y territorial de un pequeño país como Uruguay, está estrechamente ligada a los impactos de la integración regional y la globalización. La globalización envuelve la diversidad socio-económica y territorial, en la medida que las áreas locales están insertas en escenarios de desarrollo desigual y la consiguiente fragmentación, social y cultural”[10]. Es de este modo que, el sistema hegemónico posiciona a unos y unas pocos/as en la zona de integración[11] o polo managerial[12], mientras otros y otras transitan la zona de vulnerabilidad, el camino de la desinserción y de la desafiliación social, con un fuerte debilitamiento de la ciudadanía en tanto sujeto de derecho; siendo que en el último tramo se encuentra la zona de exclusión, donde opera el estigma,[13] entendido como la posesión de atributos discordantes, respecto de la presunción de un estereotipo que establece y delimita lo bueno, lo bello, lo normal, lo correcto o lo deseable. Las zonas y los polos dan cuenta de un sistema de dominación basado en jerarquías, donde la alteridad, la existencia del/la otro/a y la otredad, suponen aquello que caracteriza lo que no es propio. La desigualdad, por tanto, también se manifiesta con claridad en quienes integran las Cooperativas Sociales. En este sentido, la precarización del trabajo y la masificación de la pobreza no se circunscriben a aspectos coyunturales o pasajeros, sino que responden a las formas de acumulación del capital a nivel global y local. La nueva cuestión social replantea, por tanto, el lugar del Estado y el alcance de la democracia.[14]

De este modo, el nuevo Estado Social que predominó en el sur de América Latina durante la era progresista,[15] se propuso dar respuesta a los viejos y los nuevos riesgos sociales, al desplegar una batería de políticas sociales. A nivel regional, se reconstruyeron y diseñaron nuevas matrices de bienestar y protección social, para lo que se generó una nueva institucionalidad, a la que se le encargó el tratamiento especializado hacia la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social.[16] En este contexto, se crearon en 1999 las primeras Cooperativas Sociais en Brasil, donde siguiendo el modelo italiano, tienen un marcado componente antimanicomial. En segundo lugar, se aprobó en 2006 en Uruguay la ley que les da origen, ubicándolas en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, bajo el argumento que, dadas las restricciones a la empleabilidad, el estigma, el aislamiento, la incertidumbre y el desgaste que implica la informalidad en las ocupaciones autogeneradas individualmente,[17] se necesita promover modalidades colectivas y asociativas dentro del mundo del trabajo urbano y rural. Y en un tercer momento surgen en 2009 en Argentina las Cooperativas Sociales, formando parte de los planes y programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se ubicó el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, el Programa de Ingreso Social con Trabajo y el programa “Argentina Trabaja”, y se establece que se rigen por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Si bien hay similitudes entre los tres países de la región, en Brasil quedan ubicadas institucionalmente en el Departamento de Economía Social del Ministerio de Trabajo y dentro del Sistema de Información en Economía Solidaria, formando parte de este modo, de las políticas universales del mundo del trabajo; mientras que en Argentina y en Uruguay, quedan circunscriptas dentro las políticas focalizadas de los ministerios de desarrollo social. Sin embargo, existen importantes diferencias entre Uruguay y Argentina dado que en este último país cada titular recibe un monto fijo mensual que le es depositado en su cuenta personal, independiente de que se le haya asignado a la cooperativa alguna obra, servicio o producto;[18] mientras que en nuestro país la remuneración depende de haber firmado contratos de trabajo con las contrapartes. Dichos contratos han sido mayormente, renovables cada año, para realizar tareas de mantenimiento y limpieza, dentro de organismos públicos.

Por último, pero no de menor relevancia, una diferencia sustantiva entre los tres países refiere a que en Argentina y Brasil esta política social fue eliminada o cancelada, y en Uruguay aún sigue vigente dado que la figura jurídica fue incorporada en la Ley Nº 18.407 Ley General de Cooperativas.[19] Sin embargo, la histórica precariedad del sistema de contratación se hace cada vez más manifiesta, a partir del retorno de políticas con un fuerte componente neoliberal, que propician el retraimiento del papel del Estado. El peso del legado estatal-proteccionista, en comparación con el contexto latinoamericano,^[20] continúa incidiendo sobre el imaginario social[21] del Estado como agente de bienestar y protección. La condición de sociedad de las medianías y sociedad amortiguada, tal como la denominara el filósofo Real de Azúa a comienzos del siglo XX, que dio cabida a la ilusión desarrollista y llevó a “amortiguar la percepción ciudadana de las desigualdades”,[22]  mantiene cierta vigencia en la especificidad local, junto a una sostenida lucha de los movimientos sociales organizados, que vienen resistiendo el embate privatizador.  

 

Mi padre hizo changas toda la vida, y yo los otros trabajos que tuve antes eran re inestables, en cualquier momento te echaban o te decían que no, que te fueras nomás y ta, y arriba te destrataban horrible, por eso yo acá en la coope estoy re bien, y a veces sí nos ponemos un poco nerviosos cuando hay que volver a firmar los contratos, pero igual, estando acá trabajando para el Estado, nos sentimos seguros. [23]

 

Para quienes integran las Cooperativas Sociales es relevante la distinción entre políticas públicas y políticas sociales. Sin embargo, mientras que las primeras, se dirigen a lo que la matriz de bienestar y protección denomina “toda la población” o “población en general”, ocupándose de los clásicos riesgos sociales vinculados a la salud y el trabajo formal, las segundas se direccionan y focalizan hacia la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.[24] La distinción entre políticas universales y focalizadas ha dado lugar a un debate aún no saldado en torno a si de este modo se está reproduciendo la fragmentación, que reafirma el estigma y la otredad; o es necesario e inevitable atender específicamente ciertas problemáticas y sectores poblacionales, dados los niveles de pobreza, vulnerabilidad y vulneración de derechos.

Es así que la Ley Nº 17.978 dispone en el Artículo 1º (Definición y objeto) que:

 

 Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

 

Y en el mismo acto se designa que el programa se inscriba dentro del Ministerio de Desarrollo Social.

Cabe resaltar que, a pesar los períodos de crecimiento económico, las Cooperativas Sociales se incrementaron entre 2008 y 2018 en un 243%, “ascendiendo en 2019 a más de 350 grupos cooperativos en el marco de trabajo protegido y promovido por el Ministerio de Desarrollo Social”.[25] Los rubros de actividad con mayor frecuencia refieren a mantenimiento integral (75%), construcción (5%), servicios comunitarios y personales (4%), áreas verdes (3%), elaboración de alimentos (1%), clasificación de residuos (1%), artesanía (0,5%), confección de prendas (0,5%) y otros (10%). De lo que se desprende que predominan ampliamente aquellas que ofrecen servicios que requieren escasa calificación. La composición en términos de género ha sido de 64% mujeres, frente a un 36% de hombres;[26] mientras que 88% han firmado contratos de trabajo únicamente con organismos públicos. De este modo las cifras dan cuenta de varias debilidades y aspectos que hacen precaria y vulnerable la sustentabilidad y sustentabilidad de las mismas.

            Si bien para la mayoría de los y las involucrados/as la experiencia es vivida como una oportunidad, algunas voces levantan una mirada crítica acerca de lo transitado. Para estas las Cooperativas Sociales vendrían a configurar un estado de excepción,[27] donde el formato híbrido entre el modelo cooperativo y las políticas de inserción socio-laboral, acaba por configurar un no-lugar identitario, en tanto la labor se desarrolla dentro de la institucionalidad pública, lo que ha dado lugar a la confusión entre la condición de trabajador/a asalariado/a, la de empleada/o pública/o y la de integrante de una cooperativa.

 

Nosotros pensamos que si hace tiempo que estamos trabajando para (organismo público), y además somos los que hacemos las tareas que ellos no quieren hacer, y nosotros si las encaramos, entonces también somos como empleados públicos.[28]

 

Yo estoy acá y cumplo con mi trabajo, así que los de la directiva, tienen que cumplir con lo que reclamamos, no es tan así como nos dicen, que acá todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, no todos lo entienden así.[29]

 

Por su parte, quienes sostienen perspectivas críticas respecto del diseño y la implementación de esta herramienta de la Economía Social, enfatizan especialmente en las restricciones a la autonomía, principio fundamental del cooperativismo. Sin embargo, la tensión entre autonomía y Estado no es de recibo para quienes son protagonistas de la experiencia, signados por el desamparo y la precariedad vital. Dicha mirada crítica, que proviene principalmente de la academia, de los/as técnicos/as que trabajan en cercanía, de algunos/as referentes de las organizaciones sociales, y de algunos/as actores institucionales, resalta que, de esta manera se ven restringidas las posibilidades de emergencia de sujetos colectivos, quedando interpelado el sentido político emancipatorio del modelo cooperativo.

 

A mí esto me gusta, y me sirve, yo estoy mucho mejor que antes, pero si pudiéramos pasar a ser empleados públicos, ¡mucho mejor! Ser Cooperativa Social es algo complicado, y pasar a ser Cooperativa de Producción, es mucho más difícil. A mí con eso que tendríamos más autonomía no me convencen para nada.[30]

 

            De todos modos, a lo largo del trayecto transitado es posible constatar la existencia de procesos micropolíticos de formación y transformaciones singulares y colectivas, que politizan la existencia. En este sentido, el análisis crítico respecto de la dependencia estatal de las Cooperativas Sociales, no deriva en cuestionamientos a la protección social, sino que lo que se busca es tensionar la relación entre emancipación y seguridad, entre movilidad y estabilidad, entre libertad y solidaridad. “No hay protección social sin emancipación, ni sin alguna forma de reconocimiento a la libertad, y también podríamos aludir a la democracia participativa”.[31] Para quienes forman parte de las Cooperativas Sociales, la crítica a las fuentes estructurales de la vergüenza,[32] de la dominación y de todas las formas de injusticia social e inequidad, se conjugan con una concepción de emancipación que conlleva una mirada de cercanía y proximidad, en relación con las condiciones de posibilidad, de ir superando en la vida cotidiana, las diversas formas en que la desigualdad se expresa.

Por otro lado, uno de los principales nudos críticos identificados por la institucionalidad y por los/as representantes de las organizaciones sociales del sector cooperativo, refiere la imposibilidad de transitar el pasaje de Cooperativa Social a Cooperativa de Producción. Ambos actores sociales coinciden en que, los multidimensionales obstáculos requieren un abordaje integral, dado que, en definitiva, y más allá de dificultades puntuales, el mentado pasaje, condensa las fuentes estructurales de la desigualdad.

 

Nos piden que pasemos a cooperativa que no sea social, pero así tendríamos que competir con esas empresas tercerizadas que les pagan tres pesos a los empleados. Nosotros no podemos salir a competir así nomás al mercado, y tener resto para pagar todo lo que se precisa para poder licitar, comprar todos los insumos, y todo eso es un riesgo que es imposible para nosotros.[33]

 

Es paradojal que pasar a conformarse como Cooperativa de Producción implique aproximarse a las características propias del polo managerial, es decir, que se espera el desarrollo de competencias tales como excelencia en la gestión, eficiencia y eficiencia, competitividad, flexibilidad, iniciativa e innovación, tanto para organización interna, como en el vínculo con el mercado. Este mandato se desentiende de la incertidumbre, ansiedad y fragilidad identitaria que forma parte de las construcciones subjetivas de esta población. Es así que las subjetividades manageriales de la hipermodernidad[34] invaden con su lógica y su episteme. La razón instrumental como ideología hegemónica, también se ha ido introduciendo en el diseño de las políticas sociales. La pretensión de homogeneizar y unificar criterios con el paradigma managerial se vuelve cínica cuando se superpone la interseccionalidad de desigualdades, con el debilitamiento de la ciudadanía. La vara con la que se las evalúa, contrasta con sus biografías, así como también se contrapone a los valores y principios de la otra economía,[35] que específicamente prioriza la reproducción de la vida respecto de la reproducción del capital, la intercooperación y la solidaridad, respecto de la competencia y el utilitarismo; así como también se prioriza el consumo responsable, la equidad, la sustentabilidad y sostenibilidad social y medioambiental.

 

Experiencia significativa, reconocimiento y ampliación de ciudadanía

 

 Para quienes se integraron a una Cooperativa Social, la vivencia de la desigualdad abarca varias generaciones, generando sufrimiento psíquico. El estigma opera en una cultura que responsabiliza y culpabiliza al individuo, como si se tratara de un fenómeno excepcional y privado. La vivencia de la desigualdad deja huellas, marca la memoria y el olvido; se manifiesta en el inconsciente cultural,[36] en las cosmovisiones y en las prácticas cotidianas, donde se producen y reproducen los habitus,[37] en tanto estructuras estructurantes portadoras de sentido que orientan la acción. “La concentración de ventajas consolida espacios de inclusión privilegiada. Estamos ante exclusiones recíprocas, la privación y el privilegio dan cuenta de la coexistencia de mundo asilados”.[38]

 

Algunos dicen: “ahí van esos, los del Mides, esos, los de las Cooperativas Sociales, qué tienen que venir a hacer acá, con nosotros que somos empleados de toda la vida”.[39]

 

Estas expresiones marcan distancias, colocan al otro como otredad, y conllevan a la expulsión de lo distinto.[40] La acumulación de interseccionalidades y de desigualdades está cargada de significantes que acaban retroalimentando la práctica social. La identidad deteriorada[41] se vuelve sobre la situación reforzándola. En cada sociedad pueden identificarse prácticas y discursos particularmente eficientes en la modelación de la subjetividad estigmatizante.

 

Dentro de ese universo, la distinción opera entre los que se consideran trabajadores genuinos, respecto de quienes el estar ahí, surge de una política social de trabajo protegido; quedando así signados por algo así como la condición de trabajadores de segunda categoría.[42]

 

            En este contexto, formar parte de una Cooperativa Social, transforma los modos de percibir, sentir, pensar, habitar y actuar, y acaba afectando todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las transformaciones en la subjetividad que se producen en el devenir de la experiencia, desplazan al sujeto de su lugar precedente, habilitando espacios para la enunciación de nuevas representaciones sociales. El ejercicio de la solidaridad alienta prácticas colectivas de resiliencia, así como también la generación de vínculos secundarios con el Estado y con las organizaciones sociales son pasos hacia formar parte de la  polis, en tanto espacio de participación donde el sujeto deviene ciudadano, al intervenir en los asuntos públicos.

De este modo, la experiencia colectiva de llevar adelante la organización del trabajo en formato cooperativo constituye en un nivel micro una experiencia fáctica no prevista dentro de sus trayectorias biográficas; en un nivel meso tensiona la solidaridad en el campo de lo grupal y organizacional; a la vez que desafía en un nivel macro, a la democracia, entendida como modo de subjetivación de la acción política, que refiere no solamente a un modelo o tipo de organización y gestión, sino a la ampliación de ciudadanía en base a Derechos Humanos. El modelo cooperativo, opera en este caso habilitando formas de resistencia ante el vaciamiento de lo público y del individualismo exacerbado que predomina en la hipermodernidad actual.

En este particular modo de transitar las trayectorias biográficas tiene especial relevancia la pertenencia a una grupalidad. Así como también los múltiples cursos, talleres y encuentros forman y transforman, construyendo nuevos sentidos. Estos espacios que descentralizan la toma de decisiones, tensionan el modelo cultural hegemónico. El ejercicio de democracia directa promueve el proceso de socialización política, y promueve el acceso a los derechos políticos, que suelen quedar restringidos al tradicional sistema de representación parlamentaria. Revitalizar, desde la vivencia en las Cooperativas Sociales, el espacio público redobla el desafío republicano de deliberar sobre lo común, más aún, en el marco de la fragmentación social actual.

Pero es preciso mantener una continua vigilancia respecto del posible potencial innovador e instituyente de este tipo de dispositivos, dada la tendencia a privilegiar la formalización jurídica y el cumplimiento de los reglamentos, que puede traducirse en una suerte de falsa participación. La radicalización de la democracia, como proyecto de acción con participación en los asuntos públicos,[43] requiere de pensamiento autónomo y de reflexividad. Sin embargo, el pensamiento crítico se pone en riesgo cuando el diseño de la política pública y la relación con los/as técnicos/as que se disponen para el acompañamiento de los colectivos, se llevan adelante desde el lugar de saber-poder, a modo de verdad universal, a ser implementada y ejecutada por parte de los cooperativistas.

La libertad como razón humana y sentido de ser de la política,[44] es posible bajo ciertas condiciones de vida, que muchas veces se ven obturadas por la sujeción a la necesidad y al trabajo, entendido como labor, fatiga y sacrificio, cuyo fin culmina solamente en reproducir el ciclo vital. La biopolítica, la vida activa que posibilite nacer y renacer,[45] que ubique la acción en la esfera pública y política, es aún un desafío pendiente. El declive de la crítica, la tendencia a la adaptación pasiva y el conformismo,[46] son inhabilitantes para que los proyectos colectivos y asociativos puedan reconocerse formando parte de campo de la otra economía.

 

Consideraciones finales. Entre reproducción de la desigualdad y lucha por el reconocimiento.

 

            La estructura de la desigualdad, insiste en cada acontecimiento, constituyendo uno de los principales factores que condiciona la experiencia de las Cooperativas Sociales. Incluso desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se reconoce que, si bien la desigualdad en relación con la distribución del ingreso disminuyó en América Latina durante los años de predominio de los gobiernos progresistas debido a la prioridad que se les dio a los objetivos de desarrollo social, a través de las políticas tendientes a la formalización del trabajo, el aumento del salario mínimo y las transferencias monetarias, entre otras medidas, se advierte que, si se retrocede respecto de lo que los Estados destinan al denominado gasto social, se acabará reafirmando la histórica y estructural desigualdad de las sociedades de América Latina y el Caribe. Previenen que se pueda estar nuevamente ante una década pérdida en lo que refiere a indicadores, tanto económicos como sociales. Postulan que, si no se refuerzan el lugar de los Estados, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, no sería alcanzable.[47]Y que, aunque Uruguay registra menores niveles de desigualdad que el resto de América Latina, se constatan procesos de desacoplamiento, fragmentación y segregación social.

En el contexto nacional, tras los quince años de la era progresista y a partir del retorno de los partidos políticos fundacionales, que insisten en el retraimiento del lugar de lo público y del Estado a favor del sector privado y del mercado, reaparece en la agenda pública la disputa en torno a los alcances y los límites, la eficacia o el fracaso de las políticas sociales llevadas adelante durante la denominada era progresista.  

En esta coyuntura, es posible identificar diferentes intencionalidades, donde se encuentran desde discursos que buscan marcar perfil en el escenario de contienda electoral, hasta quienes expresan el interés en un análisis crítico y reflexivo en profundidad, con base empírica y fundamentos teóricos. De este modo, el horizonte de argumentos se extiende entre los que vaticinan el fracaso total de las políticas sociales, procurando el retraimiento del Estado, -salvo para algunas excepciones o situaciones extremas-, y que renuevan las políticas neoliberales de los años noventa en nuestro país; mientras otras voces resaltan la ausencia de transformaciones estructurales, en tanto condición necesaria para poner freno a la reproducción y al incremento de la desigualdad. Desde esta última perspectiva, la paradoja del Estado de Bienestar persiste en el Nuevo Estado Social, en la medida que no se incide sobre las élites y sobre los grupos de poder económico. Mientras que otra mirada surge de quienes integran las Cooperativas Sociales, siendo que celebran la presencia del Estado como garante de derechos y el despliegue de acciones focalizadas.

Finalmente, se puede afirmar que, la pertenencia a las cooperativas sociales, en tanto experiencia socio-laboral produce aprendizajes significativos y procesos resilientes, con cierta reparación en las tres esferas del reconocimiento:[48] la del derecho, la social y la del amor. El reconocimiento jurídico, deriva del hecho de ser una herramienta surgida a partir de una ley, enmarcada en una política pública. En la lucha por el reconocimiento, este ámbito conlleva el autorrespeto, dando lugar a la demanda por la ampliación de derechos. A su vez, el reconocimiento en la esfera social, reafirma la solidaridad, aporta a la valoración social y al desarrollo de la autoestima, componentes fundamentales de lo humano en su integralidad, y de todo proyecto cooperativo. Y la esfera del amor, centrada en el vínculo afectivo y emocional con el/la otro/a se traduce en autoconfianza, condición necesaria para una participación autónoma, en el ámbito grupal y en el espacio público.

Por su parte, existen ciertas especificidades en los respectivos actores sociales, en relación con la esfera del reconocimiento que prevalece: mientras los actores institucionales resaltan la esfera del derecho, los/las representantes de las organizaciones sociales, enfatizan en la esfera social, y quienes integran las Cooperativas Sociales, priorizan la esfera del amor, dado que es donde acontece la vida cotidiana y los vínculos solidarios de proximidad. Cabe preguntarse en este sentido si la preeminencia de esta esfera en los/las cooperativistas, no tiende a disminuir la politización de la experiencia. Es decir, de alguna manera se alcanza a reparar cierta ausencia de reconocimiento y sus consecuentes repercusiones sobre el autorrespeto, la autorrealización y la autoestima, pero las prácticas autonómicas en sí mismas, no llegan a producir acción histórica junto a otros/as actores sociales,[49] que procuran llevar adelante acciones de resistencia, ante el retroceso de los derechos conquistados.

Se puede decir que, transitar por una experiencia autogestionaria tiene parcialmente la potencia de fortalecer procesos de empoderamiento, de politizar la experiencia, de resistir lo existente, pero los condicionamientos obturantes se inscriben en los cuerpos. Si bien se promueven un conjunto de prácticas que llevan adelante el ejercicio democrático de la toma de decisiones compartidas e incentivan relaciones sociales de cooperación y la gestión horizontal de los bienes comunes, quienes son parte de estas experiencias, no llegan a conformarse como sujetos colectivos. Luces y sombras acompañan esta experiencia que llega a ampliar el espacio público, aunque sin interpelar las inequidades de fondo que se producen en las actuales democracias restringidas.

En este sentido, la construcción de sentido opera en el interjuego entre las condiciones materiales de existencia y la construcción de subjetividad, entre lo macro socio-histórico, lo meso institucional y grupal, y lo micro psicosimbólico, entre los márgenes de libertad y los condicionamientos que los sujetan, entre la historia y las historicidades que van generando nuevas relaciones entre política y vida cotidiana. En definitiva, se evalúa por parte de todos los actores involucrados, que se trata de una ventana de oportunidad válida que, si bien precisa ajustes y modificaciones, es positiva y necesaria, y más aún en estos tiempos de crisis sanitaria, económica, social y medioambiental.

 

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