Revista Idelcoop, nº 231. Julio 2020 - ISSN 0327-1919 / Sección Experiencias y Prácticas
Experiencias de la economía popular en el contexto de la pandemia COVID-19 en Argentina: Abordaje de casos en Córdoba Capital y la ciudad de Santiago del Estero, ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Agustina Molina [1] y Eliana Gabriela Sayago Peralta.[2]
Artículo arbitrado
Fecha de recepción: 17/04/2020
Fecha de aprobación: 02/06/2020
Resumen
Este trabajo tiene por objetivo analizar a través de las experiencias de la economía popular las condiciones socioeconómicas y desigualdades que se ponen de manifiesto en este sector en Argentina, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio causado por el COVID-19. Realizaremos un recorrido desde el contexto de surgimiento del sector hasta las condiciones actuales que implican una reorganización del trabajo en su interior. Para abordarlo, recurrimos a un abordaje cualitativo basado en la investigación socioantropológica militante, que encuentra en la etnografía una forma de conocimiento que privilegia la experiencia y que nos posiciona ante problemas y preguntas de valor antropológico y sociológico. Nos centraremos en el análisis de los casos del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad capital de Santiago del Estero, y en cooperativas integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en la ciudad Córdoba Capital en la actualidad.
Palabras clave: economía popular, organización, sectores populares, aislamiento social, COVID-19.
Summary
Through the analysis of the experiences of people who take part of the called “Economía Popular” (that can be traduced as “Popular Economy”), this paper aims to describe the socioeconomic conditions and the social inequalities that are made explicit in this sector in Argentina in the social isolation context consequence of the COVID-19 pandemic. First, we will make an analysis of the context of emergence of the sector and then we will move forward to its current conditions which involved a reorganization of people's work in it. For this, we will use a qualitative approach based on militant research which finds in ethnography a form of knowledge that privileges experience and that reveals some problems and questions with anthropological and sociological value. We will focus the analysis on the case of the Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) in the capital city of Santiago del Estero, and on the case of some cooperatives that take part of the Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) in the capital city of Córdoba in the present.
Key words: popular economy, organization, popular sectors, social isolation, COVID- 19.
Introducción
En diciembre del año 2019 en la ciudad china de Wuhan se detectó una enfermedad infecciosa que recibió el nombre de COVID-19, también denominada “coronavirus”. El desenvolvimiento del sistema capitalista mundial parecía desarrollarse bajo sus estándares de normalidad, hasta que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad con el carácter de pandemia por haber llegado a más de 100 territorios y tras haber afectado a miles de personas del continente asiático y europeo. La expansión de la misma fue tal, que desde enero, febrero y marzo los casos afectados se trasladaron al resto de los continentes provocando una situación crítica en el sistema de salud a nivel mundial que se creía lejana desde las tierras americanas en ese entonces. Las pandemias que histórica y trágicamente arrasaron con grandes partes de la población tales como la viruela, difteria, tuberculosis, peste negra, cólera, ébola, etc. exigieron a los Estados involucrados tomar medidas de contención que evitaran la propagación de las mismas o, en el mejor de los casos, que garanticen a la población las condiciones materiales mínimas de existencia.
En el contexto internacional las economías se paralizaron, los mercados financieros están sufriendo un derrumbe inesperado, se estancó la productividad y la generación de riqueza, sin embargo, según informes de diversos economistas, esta situación no es el disparador atenuante de la crisis económica a nivel mundial, si no que fue a partir de la pandemia que se puso en evidencia la inestabilidad de la economía mundial que no pudo recomponerse luego de la crisis del 2008. Se considera entonces que, si analizamos la historia del capitalismo mundial, la crisis económica que estamos atravesando es la más intensa en términos de velocidad, mayor que la del 2008 y equiparable a la de 1930.
En términos de Wharen (2020):
Asistimos al derrumbe más acelerado de la Bolsa de Estados Unidos de la historia. Es decir, nunca en tan pocos días el precio de las acciones cayó tanto como en la actualidad. El desplome del mercado financiero estadounidense se contagió a nivel internacional y tiene como resultado la salida de capitales de empresas y de países, lo cual agrava los problemas ya generados por el parate económico. A nivel empresarial, esta dinámica genera cierres y despidos y, se refleja en devaluaciones que erosionan el poder adquisitivo de la población y retraen aún más la actividad económica.[3]
Desde el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) consideran que esta situación tiene un agravante ya que “hasta el propio FMI alertaba al respecto del sobreendeudamiento de las empresas y los países pobres y emergentes desde la salida de la crisis de 2008’’[4]. Esto representa que un conjunto importante de empresas y países pasaron a depender de capitales especulativos para financiarse, pero lo que antes financiaba ahora desfinancia y, como plantea Yanis Varoufakis (2015), la crisis del 2008 nunca se terminó. Particularmente, la situación en Argentina después de haber sido presidida por cuatro años bajo el mandato de Mauricio Macri, es crítica y se caracteriza por sus altos índices de pobreza, desempleo, fuerte recesión productiva y sobreendeudamiento.[5] A pesar de ese contexto el actual presidente Alberto Fernández, ordenó bajo decreto nacional el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a partir del 20 de marzo de 2020 en todo el territorio nacional, debido a que el Covid-19 hasta esa fecha afectó a más de 213.254 personas en el mundo, causando la muerte de 8.843 personas en más de 158 países. El decreto por su parte declara, la emergencia pública en materia de sanidad establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de un año en virtud de la pandemia declarada.[6]
En este marco, el presidente de la nación argentina declaró públicamente la extensión de la cuarentena y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 12 de abril del 2020, justificando esta decisión ante la necesidad de priorizar la salud de los argentinos y argentinas por sobre la economía. Esta voluntad política del mandatario, puede evidenciarse en una de las frases destacadas en su discurso: “De la economía se vuelve. De las muertes no”.
La decisión involucra la toma de medidas oportunas y consensuadas entre los diferentes Ministerios del gobierno nacional, y de les representantes de las provincias a través de sus gobernadores/as, municipios, comisionados locales etc. Por ejemplo, una de las medidas consensuadas radicó en la habilitación de permisos para el desarrollo de actividades consideradas esenciales y claves para las economías locales. Sin embargo, y considerando nuevamente que con “el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo”.[7]
En especial queremos detenernos sobre este último punto, para reflexionar sobre las implicancias que tiene para el desarrollo de la economía popular “la abstención de concurrencia a los lugares de trabajo”. Esto nos permitirá analizar a través de las experiencias de la economía popular las condiciones socioeconómicas y las desigualdades existentes en contextos de vulnerabilidad social. A su vez, pretendemos identificar ¿de qué manera se reorganiza el trabajo que realizan las personas que pertenecen al sector de la economía popular ante la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio?[8]
Hagman (2020) sostiene que aproximadamente el 50% de la población laboral de este país no cuenta con un ingreso fijo porque se encuentra en condiciones precarias o es cuentapropista. Esto demuestra la existencia de un conjunto creciente de la población que realiza actividades de subsistencia, y sus experiencias se organizan bajo lo que se denomina Economía popular. Bertellotti (2019: 2) sostiene que:
…a partir de la instauración del modelo neoliberal en Argentina a mediados de la década de los setenta, se inició un proceso de heterogeneización de la clase obrera en el país. Este proceso, que implicó una importante precarización de las condiciones del mercado laboral, generó un incremento de las tasas de desempleo, subempleo e informalidad y tuvo como expresión más extrema la emergencia de una porción creciente de la población que no lograba integrarse en el mercado laboral (ya sea formal o informal).
Este autor define a la Economía Popular (EP)[9] como:
un conjunto de actividades de comercialización y producción de bienes y servicios sumamente diverso, como ser la recolección de residuos urbanos, la agricultura familiar, la comercialización informal en la vía pública y medios de transporte, la producción y venta de artesanías y muchas otras de distintas ramas de actividad.[10]
Una gran mayoría de las actividades vinculadas a la EP se realizan en la vía pública, entendida como un espacio de circulación masiva propicia para garantizar las ventas de sus productos. Otras se desarrollan en el sector rural, y se caracterizan por ser de muy baja escala y productividad, realizadas en forma autogestiva y sin patrones.
Lo que predomina en este tipo de economía es, en términos de Coraggio (2014), la lógica de la reproducción de la vida, por sobre la acumulación de riquezas, y está centrada en el trabajo. Las Unidades Domésticas (UD)[11] son la forma prototípica de organización de la EP que orienta el uso de su fondo de trabajo y otras prácticas económicas, de modo de lograr la reproducción de sus miembros en las mejores condiciones a su alcance. Estas UD tienen diversos recursos (tierra o suelo, vivienda, maquinarias, herramientas, utensilios) pero sobre todo su fondo de trabajo (las energías, capacidades, habilidades y destrezas de sus miembros) y formas de realización que incluyen: el trabajo mercantil por cuenta propia, individual, familiar o asociado, el trabajo mercantil asalariado, el trabajo de producción de bienes y servicios para el autoconsumo de la UD, el trabajo de producción solidaria de bienes y servicios para el consumo conjunto de una comunidad y el trabajo de formación y capacitación.
Suárez (2017) sostiene que existe un problema relativo al encuadramiento legal de los trabajadores de la EP; porque no se trataría de trabajadores comprendidos por la Ley de Contratos de Trabajo fundamentalmente porque no existe una relación laboral típica en la que un trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo, a cambio de recibir una contraprestación a cargo del empleador como remuneración. La Resolución 32/2016 del Ministerio de Trabajo excluye expresamente la aplicación de la Ley de Contratos de Trabajo, al expresar que: “Queda entendido que la definición de trabajo y trabajadores utilizada en esta norma refiere a la actividad creadora y productiva realizada en sí en la Economía Popular, situación no prevista por la legislación vigente sobre contrato de trabajo y por lo tanto no implica sometimiento a dicha ley”. Se podría argumentar entonces que son trabajadores y trabajadoras autónomes o por cuenta propia, es decir, aquellos que realizan una actividad económica en forma independiente y directa, sin estar sujetos a un contrato de trabajo y que, por lo tanto, deben contribuir al Sistema Único de la Seguridad Social y gestionar su incorporación al sistema previsional. Pero esto no es así, ya que sólo son trabajadores y trabajadoras que únicamente tienen por capital su fuerza de trabajo, que no son monotributistas, y que por el contrario se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social y en los márgenes de la economía formal.
Se hace comprensible que en el marco de la pandemia que azota a nivel mundial, pueda priorizarse la salud por sobre la estabilidad o productividad económica. Ahora bien, podríamos preguntarnos a qué economía se está haciendo referencia y si es posible en la contemporaneidad plantear de manera separada y dicotómica aquello que consideramos salud, economía, política, entre otras esferas plausibles de ser reconocidas en el entramado social. Tal como lo plantean Caroline Dufy y Florence Weber en su libro Más allá de La Gran División. Sociología, economía y etnografía (2009) y Bruno Latour en sus libros Reensamblar lo social: Una introducción a la teoría del actor-red (2008) y Nunca Fuimos Modernos (2007 [1991]), la trama social se encuentra entrelazada y el desarrollo del pensamiento científico cartesiano occidental se ha encargado de plantearlas como estamentos separados. Resulta necesario integrar a la madeja social la interrelación inherente que existe entre salud, economía, política, entre otras disciplinas.
Seguramente el enunciado presidencial hace alusión a una economía de los grandes mercados nacionales e internacionales, a los valores de la bolsa y los niveles de productividad. Sin embargo, en el caso de las personas que integran la EP[1] , las posibilidades de reducir los riesgos de contagio de COVID-19 mediante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio tiene estrechas implicancias en sus economías ya que, en la mayoría de los casos viven de los ingresos económicos diarios y no cuentan con fuentes de ahorro. Esta se configura como otra de las características centrales de la EP, dado que el trabajo diario es el único que garantiza la conformación de sus ingresos económicos. Por ende, no sólo su salud se ve afectada y vinculada a la exposición y contagio del virus, sino también a las posibilidades de garantizar la alimentación propia y las de sus familias, la garantía de cuidado se ve estrechamente limitada a las posibilidades de reproducción económica para la sostenibilidad de la vida.
En el presente artículo, lejos de brindar respuestas a esta situación acuciante, buscamos describir algunas experiencias vividas por quienes integran la EP, para analizar a través de las mismas las condiciones socioeconómicas y las desigualdades que se ponen de manifiesto. El abordaje de este objetivo conlleva necesariamente a realizar un recorrido desde el contexto de surgimiento del sector, hasta las condiciones actuales de (re) organización del trabajo; de modo tal que sirvan como elementos para analizar la situación de manera integral ante la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina.
Aspectos metodológicos
El recorrido que trazamos en el presente artículo forma parte de las investigaciones que aún nos encontramos elaborando, y en ambos casos nos interpelan objetivos transversales que tienen en el centro de indagación a la EP, sus dinámicas, expresiones y funcionamiento. Una de ellas tiene que ver con una experiencia de investigación para la presentación de un trabajo final de grado, en donde la autora en su rol de investigadora indagó acerca de las estrategias de reproducción social de un grupo de mujeres feriantes de la ciudad capital de Santiago del Estero, desde el año 2017. A partir de ese vínculo, se generó una organización de feriantes vinculada a la militancia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en el que se reivindican y nuclean demandas como trabajadoras de la economía popular. Los relatos que se presentan a continuación, son construidos por la autora que acompaña el proceso de organización de mujeres feriantes hacia el interior del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la ciudad capital de Santiago del Estero.
Por su parte, la otra investigación busca analizar el hacer en la economía popular: relaciones, trayectorias y experiencias de mujeres trabajadoras en cooperativas integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en la ciudad de Córdoba en la actualidad. Según Everardo (2012) al partir desde una perspectiva interpretativa y crítica de la realidad, resulta pertinente trabajar desde un abordaje cualitativo; que permite una mayor profundidad con un menor número de casos, se logra un mayor acercamiento a cada une de les participantes de la investigación y se mueven emociones y afectos entre elles. En ese sentido, toda investigación que pretenda abordar la realidad a partir de la expresión de determinados fenómenos sociales, deberá tener en cuenta su carácter complejo, contradictorio y en permanente movimiento y transformación. Necesariamente, en términos de Rojas Soriano (2012) el abordaje de esa realidad debe atenerse a un proceso dialéctico de investigación: en el que se abandonen etapas mecanicistas y modelos rígidos de construcción de conocimiento. Para el presente estudio adoptaremos una lógica de investigación que nos permita “dialectizar permanentemente los referentes conceptuales con la información empírica”. [12]
En ese sentido pretendemos incorporar debates de distintes autores de disciplinas como economía, derecho, filosofía, trabajo social, entre otras. Tal como sostienen Fernández Moujan, y Maldovan Bonelli, Ynoub (2018), el abordaje interdisciplinar como elección metodológica se configura como una necesidad científica al momento de generar conocimiento acerca de la EP. Sobre todo, considerando que las implicancias que puedan establecer los distintos estudios relacionados con la misma pueden incidir en nutrir el diseño de políticas públicas que abran camino a nuevas regulaciones formuladas con y desde les trabajadores como principales protagonistas en los procesos sociales.
En este sentido, el enfoque desde el cual nos posicionamos, corresponde al de la investigación militante. En consonancia con los planteos de Hurtado (2017) y Rodrigues Ramalho (2013), la militancia, concebida como una experiencia comprometida y reflexiva, implica presencia y movimiento en espacios definidos como social y políticamente significativos, nos posiciona ante problemas y preguntas de valor antropológico. Según Das y Poole “(…) la etnografía es una forma de conocimiento que privilegia la experiencia, lo que le permite introducirse en los dominios de lo social que no son de fácil acceso si se siguen los protocolos formales de los que se sirven otras disciplinas”[13]. A partir de esta perspectiva, proponemos considerar a la militancia como un modo de participación con les interlocutores con quienes trabajamos, que permite abordar dimensiones cognitivas que complementan y nutren la práctica etnográfica.
Para ser más precisas, nos encontramos realizando trabajo de campo etnográfico en el marco de la sociología y la antropología social respectivamente. Resulta un desafío teórico-práctico poner en palabras las situaciones que atravesamos en los contextos en los que nos encontramos militando y acompañando procesos de organización de la EP. En este sentido, la investigación o perspectiva militante se redefine constantemente de acuerdo con las necesidades y demandas que surgen en el seno de los espacios en los que participamos, atravesados por vínculos personales construidos a través del tiempo (como sucede en la mayoría de experiencias etnográficas independientemente de las formas de involucramiento, ya que trabajamos con otras personas), desde la sensibilidad humana y los afectos que guían nuestra intervención y construcción política que describiremos a continuación.
En este caso, las dos formamos parte de una organización política que desde el año 2015 integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en la que confluyen variadas organizaciones. Actualmente, esta organización recibe la denominación de Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en carácter de sindicato, y abarca tanto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Santiago del Estero y las cooperativas en la ciudad de Córdoba. Fue a partir de la pertenencia activa a esta organización y de nuestras experiencias militantes insertas en ella que surgieron los interrogantes y las preguntas analíticas que buscamos abordar en calidad de investigadoras.[14] La participación en instancias de planificación, movilizaciones y negociaciones como así también en la cotidianeidad de las jornadas de producción de los espacios cooperativos que integran les trabajadores de la EP, hacen que el trabajo de campo esté integrado con la experiencia transitada como militantes. De esta manera, se busca valorar la cercanía, complicidad y colaboración como recursos para la investigación etnográfica. [15]
Podemos decir que las relaciones establecidas en este marco se consolidaron como aspectos cruciales para realizar nuestras investigaciones al permitirnos acceder al territorio y visibilizar problemáticas definidas como políticamente relevantes por un conjunto de actores de múltiples pertenencias.[16] De este modo, explicitar nuestro posicionamiento como investigadoras en tanto personas situadas en un flujo de relaciones anteriores definidas por la experiencia militante, nos permite reponer parte del sentido que orienta nuestros intereses y posibilidades. La actividad militante abre un espacio de experiencias comunes dentro de la realidad estudiada –la relación etnógrafe-informante incorpora la relación militante-militante–, en la cual le etnógrafe también es actor social. “A su vez, la actividad militante supone necesariamente la posibilidad del cambio hacia la recomposición social –o, por lo menos, de resistencia a la descomposición–, por lo que cualquier propuesta de investigación enraizada en la militancia llevará implícita esta dimensión de interpretación de la realidad social’’. [17]
Ante ello, consideramos a la militancia política como práctica susceptible de producir experiencias asimilables por la práctica etnográfica, sin pérdida de la eficacia cognitiva sino validándola como recurso para forjar modos y perspectivas de acceso a un tipo de experiencia etnográfica. Poner en diálogo la propia militancia con nuestra formación significa también atrevernos a interrogar en sentido inverso nuestra militancia desde nuestra formación profesional, en articulación con el saber académico. De la misma forma, significa atrevernos a interpelar ese saber social, institucional y políticamente legitimado que es el saber académico, reflexionar sobre/con/desde el mismo, su contextualidad y, si fuera necesario, reformularlo a partir de la valoración de la cotidianeidad que vivenciamos en nuestros ámbitos de militancia como recurso con estatus cognitivo.
En este marco consideramos que reconocer nuestra actividad militante y producción académica como prácticas convergentes de agentes situadas en procesos políticos, económicos y sociales, puede contribuir a definir agendas de investigación que estén en estrecha vinculación con las agendas de los territorios en sus diferentes niveles y alcances.
A partir de la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, hemos realizado diversas tareas que podrían concebirse dentro de la labor militante pero que indefectiblemente también nutren, redefinen e interpelan las investigaciones en curso, las cuales son desarrolladas en la ciudad capital de Santiago del Estero y en la ciudad de Córdoba Capital. De este modo, nos remitiremos a establecer una relación teórica con las recientes experiencias etnográficas vividas en cada contexto y valiéndonos de testimonios de actores de los territorios. Sin ánimos de establecer generalizaciones, situaremos de manera específica cada experiencia para poder luego vincularla con el marco socioeconómico más amplio.
Análisis de las experiencias.
En primer lugar describimos el surgimiento y la conformación del sector que representa la economía popular en Argentina. Es decir, lo que ofrecemos a continuación es una especie de recorrido por CTEP- UTEP. En segundo lugar, analizamos las condiciones actuales y la reorganización del trabajo en el sector de la economía popular a partir de experiencias vividas por integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la ciudad capital de Santiago del Estero, y de las cooperativas de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en la ciudad de Córdoba en la actualidad. Estas experiencias, nos permiten analizar y poner en tensión las condiciones socioeconómicas y desigualdades manifiestas en Argentina en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a causa del COVID-19.
La CTEP se conformó en el año 2011 a partir de la confluencia de un heterogéneo conjunto de organizaciones sociales y políticas, algunas de las cuales tienen una prolongada trayectoria que se remonta al menos a la década de 1990, momento de apogeo de las llamadas políticas neoliberales.
Tal como lo postula Fernández Álvarez,
El proceso de formación de esta organización debe entenderse a la luz de las transformaciones sociales, económicas y políticas producidas en Argentina en las últimas décadas y su impacto en la recomposición de la clase trabajadora. En efecto, los indicadores sociales y laborales fuertemente deteriorados desde la década de 1970 lograron una significativa recuperación entre 2003 y 2015 como resultado de la implementación de una serie de políticas de promoción del mercado interno, reactivación industrial y redistribución del ingreso. Sin embargo, un porcentaje significativo de la clase trabajadora, lejos de ser reabsorbido como parte del mercado de trabajo por medio de un empleo asalariado, pasó a engrosar las filas del denominado sector “informal” de la economía; se insertó en circuitos de tercerización, accediendo a empleos precarios, o bien pasó a integrar cooperativas de trabajo impulsadas desde el Estado.[18]
Sin embargo, con la asunción del gobierno de Cambiemos en diciembre del 2015, se han puesto en práctica un conjunto de medidas de corte fuertemente neoliberal que han agravado notablemente la situación socioeconómica de las grandes mayorías populares del país. Según los datos oficiales brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)[19] la inflación pasó de ser de un 27% en 2015 a 55,9% en 2019, y la pobreza de un 28,3% a un 35%, resultando en este período un total aproximado de 4.200.000 personas nuevas que ingresan en la pobreza y 1.200.000 a la condición de indigencia.
Por otro lado, según el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE)[20], la inflación acumulada desde que asumió Mauricio Macri fue de 202,2% y el precio del dólar aumentó un 230%. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA)[21] las facturas residenciales de electricidad aumentaron 3343%, las de gas 1718% y las de agua y cloacas 832%. Finalmente, según los datos oficiales del gobierno, en estos años se produjeron 237.079 despidos y los alimentos aumentaron un 60,8% en el último año de su mandato. Otras fuentes indican que hubo más de 400.000 despidos en total entre el sector privado, el sector industrial y el sector estatal. Como resultado de estas políticas, el INDEC informó que al primer semestre de 2019 la pobreza llegó al 35,4% y la indigencia de 7,7%. En 2015 el 30,1% de la gente era pobre y el 5,9% era indigente. A su vez, la desocupación representaba el 5,9%. En el 2019 representaba el 10,1%. Esto significa que el gobierno de Macri aumentó la pobreza (más indigencia) en 7 puntos porcentuales y el desempleo a prácticamente el doble.
Los números son contundentes, sin embargo, lo que nos interesa en esta oportunidad es dar cuenta de cómo todas estas cifras se tornan cuerpo en la ciudadanía y terminaron generando una ampliación de la marginalidad. Esto, aumentó el espectro de expansión de la EP y, por lo tanto, ha incrementado las posibilidades y necesidades organizativas de este sector. De allí, en parte, se pueda explicar el nacimiento y crecimiento de la CTEP porque consideramos que la experiencia de la organización es inseparable del contexto. En su texto fundacional, el que han compartido públicamente después del encuentro del 1° de mayo del año 2011 en el Teatro Verdi, se expresa una caracterización de la situación general del país; y se plantean elementos centrales de la situación de la estructura de clase en Argentina, las dinámicas políticas, las consecuencias subjetivas y materiales en los sectores marginados. Estas líneas fueron luego la base sobre la cual se resolvieron ciertas definiciones, las mismas que sostienen a continuación Grabois y Pérsico:
1. Promover la conformación de una organización de naturaleza puramente social, independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias.
2. Promover, sobre la base de las organizaciones presentes y convocando a las existentes, la conformación de las siguientes ramas: Reciclado, Empresas Recuperadas, Textil e indumentaria, Vendedores Ambulantes, Ferias Populares, Artesanos, Cooperativistas de Infraestructura Social, Campesinos y todas aquellas actividades susceptibles de adoptar formas organizativas comunitarias o autónomas.
3. Darle a dicha organización el carácter de confederal e incorporarla dentro del movimiento obrero organizado, solicitando a la Confederación General del Trabajo (CGT) su admisión dentro de su estructura orgánica.[22]
De esta forma, en tanto organización que busca ser sindicato de les trabajadores de la economía popular, es decir, de aquellas personas que desarrollan su actividad sin relación de dependencia respecto de un patrón, con escaso capital y con la particularidad de contar con los medios de producción en sus manos a pesar de las condiciones precarias existentes, aparecen diversos componentes que quisiéramos compartir.
En primer lugar, podemos decir que en la creación de la CTEP se ha elegido la forma de organización cooperativa de tercer grado, en la que se federaron, por ejemplo, distintas cooperativas beneficiarias del Programa Argentina Trabaja y Programa de Trabajo Autogestionado. Desde el año 2006 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había simplificado los requisitos para constituir cooperativas de trabajo que tuvieran como objeto ser parte de programas sociales, dando origen a las llamadas Cooperativas 3026 (por el número de resolución que lo disponía). Esto representó un paso adelante porque permitió dar una estructura mayor a las experiencias que ya estaban produciendo paulatinamente en los diferentes territorios.
En segundo lugar, se destaca la importancia de la unidad que sintetiza y ha logrado la CTEP. Este espacio no solo ha conseguido unir a personas que desarrollan diversas actividades, sino que también tienen trayectorias políticas disímiles.
En tercer lugar, podríamos destacar cómo a lo largo del país, la Confederación empezó a estructurarse, pero de una manera desigual y combinada. En Córdoba, por ejemplo, CTEP se constituyó en septiembre de 2013 con la instalación de la mesa promotora de la que participaban organizaciones sociales como Movimiento Evita, Encuentro de Organizaciones, Movimiento Campesino de Córdoba, Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Comisión Provincial de Tierras. Sin embargo, Santiago del Estero comenzó a ser parte del proceso de consolidación del gremio a partir de diciembre del año 2016, y el MTE pasó a integrar la “Mesa provincial de la CTEP” con ciertas “desventajas políticas” en relación al resto de las organizaciones locales que tienen que ver con la conformación de cooperativas, constitución de personerías jurídicas departamentales, entre otros recursos indispensables que garantizan el funcionamiento y permanencia del movimiento.
En cuarto lugar, previo a la asunción presidencial de Alberto Fernández, se podría afirmar que, a pesar del giro político de corte derechista de los últimos años, el que, entre otras cosas, implicó un mayor desprecio hacia los sectores populares, la CTEP continuó avanzando y conquistando derechos, sobre todo a través de masivas movilizaciones y jornadas de reclamo. Se considera que el gran triunfo de este periodo (nos referimos al transcurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, años 2015 - 2019) fue la obtención de la Ley de Emergencia Social (LES)[23] en diciembre del año 2015. En dicha ley se estipula como objeto de la norma lo siguiente:
La presente ley tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional.[24]
En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bajo la resolución 1727/15, aprobó uno de los pedidos que impulsó esta organización en el marco para obtener la personería social, dictando un régimen de agremiación compatible con el modelo sindical de Argentina. Sin embargo, la norma no fue publicada en el Boletín Oficial por lo que se creó otra resolución 32/2016 en la que se crea el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Auto gestionadas que permitirá inscribir a cualquier entidad que se desempeñe en la economía popular. En términos legales, otorga reconocimiento a les trabajadores que de forma independiente realizan su trabajo, pero carecen de otros beneficios sociales contundentes que se pueden otorgar en carácter de ley, como por ejemplo la instancia de negociaciones paritarias.
A pesar de ello, queremos evidenciar el sentido y el carácter de la lucha por la LES y su efectiva implementación en el país, donde la CTEP estimuló un espacio tripartito junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie (BP). De esta manera, y articulando con otros actores sociales, políticos y sindicales, se logró construir una importante relación de fuerzas en favor de la ley. Si bien el bloque oficialista del macrismo en ese entonces se había expresado previamente en contra, terminó votando a favor de la sanción de la ley. Como resultado de ese proceso, se logró la aprobación de la ley casi por unanimidad en el Congreso de la Nación (todos los votos a favor y sólo una abstención). Posteriormente, el gremio se ocupó de la lucha por la implementación de la LES, la cual derivó en múltiples beneficios para les trabajadores del sector. Bajo la reglamentación de la ley N° 27.345 y su artículo 3°, se creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (SSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Entre los acuerdos reglamentados en la misma, queremos destacar el artículo 6° que establece que:
El consejo de la economía popular y el salario social complementario elaborará una propuesta que establezca los criterios y mecanismos operativos de funcionamiento, inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el registro nacional de la economía popular, priorizando aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres. [25]
Esta normativa transformó cualitativamente a las organizaciones sociales, ya que se estima que al día de hoy en el país hay más de 400.000 beneficiares de dichos SSC que se otorgan a cambio de contraprestaciones realizadas en diferentes unidades productivas, aunque resulta complicado poder contar con números más exactos y fiables.[26]
Finalmente, en diciembre del 2019 nació en carácter de sindicato que representa la fuerza de los movimientos populares, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) conformado por organizaciones que integraban la CTEP, la CCC, Barrios de Pie y también el Frente Popular Darío Santillán. Uno de los objetivos centrales del sector en la actualidad tiene que ver con lograr el ingreso a la Confederación General del Trabajo (CGT) para aunar esfuerzos y colectivizar reclamos junto con el movimiento obrero organizado. Entre los reclamos históricos que siguen vigentes desde el sector, se encuentran: el acceso al salario social complementario, la cobertura de salud, la protección familiar, la cobertura ART, los aportes jubilatorios, habilitación para trabajos de obras públicas o la exigencia de compras estatales para los productos que generen les trabajadores de la EP.
Luego de haber realizado una caracterización del proceso de surgimiento y conformación de la organización que nos convoca, porque entendemos el carácter multicausal de todo fenómeno social, pasamos al análisis de las condiciones actuales en las que se encuentra la reorganización del trabajo en el sector de la EP: a partir de los casos del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la ciudad capital de Santiago del Estero, y de las cooperativas integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en la ciudad de Córdoba en la actualidad. Es decir, buscaremos compartir algunas experiencias de nuestro trabajo de campo que consideramos significativas en el sentido de habilitar reflexiones centrales para abordar las actividades de la EP en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Como venimos expresando, el presente artículo y los objetivos de nuestras investigaciones, conllevan un especial interés por comprender el mundo social en tanto mundo vivido, construido y dinamizado por sus propios actores.[27] A continuación, nos remitiremos a esbozar brevemente experiencias suscitadas durante nuestros trabajos de campo etnográficos, con el fin de explicitar a través de las prácticas cotidianas que tienen lugar en contextos cooperativos enmarcados en la CTEP y de las unidades productivas del MTE, las implicancias vívidas de las condiciones en las cuales se llevan adelante las labores que conciernen a inventarse el trabajo como insignia privilegiada de la EP.
En relación con las experiencias del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad capital de Santiago del Estero ante el COVID-19, lejos de redundar sobre aspectos contextuales ya desarrollados, en este apartado, queremos caracterizar algunos elementos que conducen a la situación actual que implicó la reorganización de sus unidades productivas ante el COVID-19. El MTE es un movimiento social que agrupa a les trabajadores de la EP, nació en la década del 2000 como respuesta a la crisis económica que sufrió nuestro país, durante la cual muchos desocupades se vieron obligades a inventar nuevas formas de trabajo. Este movimiento se fue consolidando y reconociendo como una organización que reclama el acompañamiento del Estado y la implementación de políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables.
Fue recién en el año 2015, que se produjo un punto de inflexión para el trabajo territorial de tipo “voluntario” que veníamos desarrollando en un barrio periférico de nuestra provincia, debido al contacto con referentes del MTE y de otras organizaciones sociales y políticas (nacionales y provinciales) que nos aportaron herramientas teórico-prácticas para repensar nuestra intervención en la realidad santiagueña. Esa lectura posibilitó el reconocimiento de ciertos límites de nuestra intervención territorial en el barrio “La Católica”, ante lo que decidimos complementar las actividades que veníamos desarrollando (como talleres y apoyo escolar para niños/as) con otras formas de organización colectiva-comunitaria más complejas. Ante la necesidad de garantizar el acceso a la Tierra, el Techo y el Trabajo, desde el año 2015 fuimos expandiendo y consolidando fuertemente nuestros espacios en diferentes barrios, tales como: La Católica, Belén, Reconquista, Siglo XXI (sector 750 viviendas) y en el Puestito de San Antonio. Durante el año 2019, se produjo la extensión de la organización hacia las localidades de Frías, y Villa “La Punta” debido a que la situación económica y social de los barrios en los que trabajamos desde el MTE no está exenta de una realidad signada por la precarización laboral que afecta a un número considerable de personas y, como organización popular, establecimos líneas de trabajo que den respuesta a demandas puntuales que hoy se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres. Desde sus inicios el MTE estuvo compuesto de estudiantes de nivel terciario, universitario, y trabajadores y trabajadoras de la economía popular produciendo esto un salto cualitativo para la organización debido a que las personas que trabajaban voluntariamente en los diferentes barrios, comenzaron a ser beneficiarios/as del SSC realizando una contraprestación en alguna de las unidades o ramas productivas del MTE.
Son estas últimas las que están sufriendo modificaciones en su funcionamiento y dinámica diaria en un contexto de crisis sanitaria que alarma ante la difusión de los primeros casos de contagio del COVID 19 en la provincia, y queremos describir de qué manera cambió desde la logística hasta los sentires de las personas trabajadoras de la economía popular.
En primer lugar, la “rama socio comunitaria”: abarca fundamentalmente el trabajo realizado en merenderos y comedores, y una multiplicidad de actividades complementarias a esas dos centrales destinadas sobre todo a niñes.[28]
Hasta el 20 de marzo del 2020, día en el que el presidente declaró bajo decreto nacional el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional, la rama socio comunitaria funcionó con normalidad garantizando, sobre todo, el almuerzo, merienda y cena de más de 100 niñes que asisten en algunos casos, acompañades de personas adultas[2] . Es decir, el alcance de esta rama se extiende a más de cien familias en cada uno de los barrios en los que se encuentra, y su característica central se vincula con la presencia física y asistencia de sus trabajadores que realizan diferentes tareas: que abarcan desde la cocina, preparación y acondicionamiento de cada uno de los espacios, hasta la ejecución de diversos talleres formativos y de recreación. Sin embargo, todas estas actividades se encuentran actualmente imposibilitadas de realizarse con la logística y dinámica de funcionamiento utilizadas hasta ahora, ya que ante todo prima la necesidad de cumplir con la medida de aislamiento. En consecuencia, según el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas se “coloca al hogar o unidad doméstica (casa, barrio o comunidad) en el centro de la escena” lo que nos conduce a pensar ¿quiénes sostienen y cómo los espacios que habitamos en esta nueva normalidad que denominamos cuarentena?
Se trata de un debate en construcción que habita y afecta todas las esferas de la vida social, económica y política. Lo interesante es considerar la manera en que se visibiliza el trabajo realizado históricamente en la economía popular en este contexto, y las situaciones de precariedad que atraviesa el sector. En ese sentido, también se pone en tensión la predominancia de mujeres e identidades feminizadas en los espacios socio comunitarios, en los que se concentran gran parte de las tareas y responsabilidades que actúan como una extensión de las tareas no remuneradas que realizan hacia el interior de sus hogares, incluyendo las de cuidado. Por su parte, esta situación hace visible la necesidad de construir políticas públicas orientadas al reconocimiento de las mismas, en el mismo sentido que Fernández Álvarez, Pacífico y Señorans (2020) destacan que el Estado es vital para contrarrestar los efectos recesivos del aislamiento.
La rama socio comunitaria es el único espacio de nuestra organización que se encuentra funcionando para garantizar un plato de comida a las familias que asistían a los comedores y merenderos semanalmente, en los cinco barrios mencionados de la ciudad capital de Santiago del Estero. De esta manera, fuimos improvisando lo que denominamos “protocolo” de trabajo ante el coronavirus, como una manera de contener las nuevas urgencias y demandas por parte de las diferentes unidades productivas del MTE, considerando el contexto nacional y provincial ante las nuevas medidas del aislamiento. El protocolo de trabajo interno general, se propuso:
- Brindar información verídica y chequeada, proveniente de medios de comunicación oficiales (tales como declaraciones, comunicados, decretos) del gobierno nacional, provincial, municipal y de sus diferentes ministerios y secretarías, para evitar la difusión de información errónea y confusa que circula en los diferentes medios y redes sociales acerca de la pandemia y su expansión.
- Trabajar en la prevención y socializar las recomendaciones y hábitos de higiene como medidas de seguridad necesarias para evitar contraer el virus y la propagación del dengue.
- Informar acerca de los síntomas de cada una de estas enfermedades para poder diferenciarlas, con el fin de evitar la automedicación.
- Reorganizar la cantidad de recursos alimenticios y de higiene: es decir, calcular nuevamente la mercadería proveniente de las reparticiones estatales para luego, poder distribuir equitativamente en los diferentes comedores y merenderos (considerando, sobre todo, el aumento de raciones de comida en cada uno de los espacios, ya que es considerable el número de familias que recurren a los espacios).
- Establecer un nuevo cronograma de asistencia de trabajadores y trabajadoras de la rama socio comunitaria para evitar la aglomeración y concurrencia masiva según lo establecido en las recomendaciones básicas para la población en general desde el Ministerio de Salud de la Nación. Los espacios de comedores y merenderos ya no se encuentran abiertos, la estrategia empleada para atender la emergencia alimentaria fue la del retiro de viandas para cientos de familias. Cuando asisten a retirarlas se solicita que se respeten los siguientes puntos: distanciamiento social (mantener un metro de distancia entre personas), lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel, al toser o estornudar se realiza sobre el pliegue del codo o utilizan pañuelos descartables, no llevar las manos a la cara, etcétera.
- Garantizar las condiciones de higiene y seguridad mínimas en la rama sociocomunitaria, brindando algunos de los elementos imprescindibles en su labor, tales como: los guantes protectores, barbijos (mascarillas), alcohol y la desinfección de los objetos que se usan con frecuencia considerando, sobre todo, la manipulación de alimentos.
- Gestionar permisos y declaraciones juradas que habilitan la circulación y exceptúan de la restricción establecida en el decreto N° 297/2020 para las personas que trabajan en la rama socio comunitaria.
- Establecer estrategias de acción e innovar en la creación de recursos y acompañamiento a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia o conviviendo con su agresor durante el transcurso de la cuarentena, así como también construir espacios de escucha para denunciar abusos de las fuerzas policiales y sus autoridades.
- Iniciar las solicitudes para la obtención del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinado a trabajadores informales o monotributistas de las primeras categorías lanzado por ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) en el marco de la emergencia sanitaria.
- Organizar las donaciones y distribuirlas en los espacios con mayor demanda, reforzando a su vez, relaciones institucionales.
Es importante aclarar nuevamente que, de manera consensuada y por decisión colectiva, sólo el espacio socio comunitario y les trabajadores se encuentran desempeñando su labor aún bajo las restricciones que venimos describiendo; dado que, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social, durante la cuarentena las personas que asisten a comedores y merenderos pasaron de ocho a once millones. El resto de las unidades productivas presenta sus limitaciones que afectan negativamente a su funcionamiento.
La rama de huerta tiene desde sus inicios el objetivo de mantener un espacio que permita autoabastecer a las familias que pertenecen a la organización mediante la producción de verduras, desde una visión agroecológica y de autoabastecimiento, generando una conciencia colectiva de consumo responsable de nuestros alimentos. Sin embargo, depende exclusivamente de la articulación con instituciones[29] que proveen de insumos y posibilitan la producción de alimentos, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumándose de esta forma a la lista de actividades imposibles de ser realizadas en tiempos de cuarentena. La rama textil es un espacio relativamente nuevo en comparación con el socio comunitario. Fue pensada estratégicamente como un espacio más de trabajo que les permite a las integrantes crear diferentes productos textiles útiles a las familias y posibles de comercializar, para generar un ingreso extra al del SSC.[30] Sin embargo, en la actualidad, su producción e ingresos considerados “extras” se vieron afectados ante el aislamiento, impidiendo la asistencia al lugar de trabajo, las ventas y ejecución de diferentes proyectos y capacitaciones en el oficio.
El testimonio de su referente, Mónica, es clave para dimensionar de qué manera afecta el aislamiento a la unidad productiva textil:
Lo primero que puedo decir sobre esto es que es triste. Es una situación en la que la gente está muriendo de este virus, y mucha gente está pasando muchas necesidades por el hecho de que no tiene ni siquiera un plato de comida. Para nosotros, que somos trabajadores de la economía popular, también se nos complica mucho porque nos impide poder juntarnos a trabajar y vender, dadas las circunstancias (...) Veníamos trabajando bien, haciendo las ventas y en este tiempo estamos todas paradas. [31]
El mercado de trabajo en Santiago del Estero
…se caracteriza por una alta tasa de informalidad entre sus trabajadores, llegando en 2015 a casi el 50%. Este panorama no es nuevo, sino que históricamente la provincia ha demostrado los niveles más altos de informalidad y más bajos en salarios de todo el país y se va a acentuar por una fuerte segregación genérica en el mismo (…) donde la participación de trabajadores varones supera ampliamente a la participación femenina. [32]
Por su parte, la rama de construcción está compuesta actualmente en su mayoría por varones cis que realizan diferentes tareas de mantenimiento edilicio de los diferentes espacios de trabajo del movimiento. Son quienes construyen los hornos para nuestros comedores y merenderos y garantizan el techo a los espacios socio comunitarios, atravesados actualmente por limitaciones de tipo económicas para efectivizar la compra de materiales para la construcción y la adquisición de herramientas y máquinas de trabajo necesarias. La adhesión al Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social, sigue siendo una tarea pendiente para este espacio y sus integrantes. Sin embargo, a principios del 2020 esta gestión se tornó viable en relación con una fuente posible de financiamiento estatal que, al día de hoy, se encuentra estancada ante la emergencia sanitaria.
Según estudios del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC, 2020) “en situaciones de crisis, estancamiento económico o en situaciones sociales de excepción como la suscitada por la pandemia de la COVID-19, las personas que trabajan en la informalidad se ven mucho más expuestas”. En este contexto, se afirma que “las mujeres se emplean en mayor medida en trabajos más precarios en tiempos de estancamiento económico”. En ese sentido, dentro del movimiento funciona la rama de feriantes con la particularidad de reunir en su gran mayoría a mujeres trabajadoras de una feria popular consolidada hace más de 20 años, conocida como “La Saladita” ubicada en una plaza del barrio Reconquista de la ciudad capital. Es considerada un espacio de comercialización que funciona los días sábados, domingos y feriados, en donde se ofrecen productos –que abarcan desde: prendas nuevas y usadas, calzados, artículos para el hogar, plantas, frutas y verduras, etc.- de diferentes rubros estableciendo de esa manera una especie de “mercado popular” que abastece a una gran parte de la población. Si consideramos la cantidad de personas trabajando en la feria, podemos afirmar que 8 de cada 10 puestos son atendidos por mujeres, un dato que alerta sobre la predominancia del género. A su vez, la mayoría de las trabajadoras asisten acompañadas por hijes y en algunos casos, por nietes. Arese (2014) afirma que: “las mujeres suelen estar excesivamente representadas en la economía informal, dato que merece especial atención desde la planificación de políticas públicas”. A partir de la medida de aislamiento se evidencian las condiciones de trabajo de este sector sumamente precarizado y se visibilizan algunos tipos de desigualdades que vivencian las mujeres y se entiende al género, como una categoría social estructural y complementaria que explica el fenómeno.
A continuación, exponemos los testimonios de dos feriantes coordinadoras que expresan de qué manera viven esta situación. En primer lugar, Anita relata:
La verdad que son momentos re difíciles, desde que empezó la cuarentena por el coronavirus. Al no poder haber aglomeración de gente nos impide trabajar. Personalmente como feriante, y muchos que vivimos el día a día dependemos de nuestras ventas, con lo poco o mucho que hacemos. Yo pienso que hay gente que trabaja de manera informal, por su propia cuenta, los changarines, que tampoco pueden trabajar y que nos afectó muchísimo, y me incluyo. [33]
Por otro lado, María, sostiene:
Estos días no son fáciles porque cuesta un poco el encierro. Y bueno, también el tema de que una estaba acostumbrada a trabajar, hoy por ejemplo día sábado, y domingos tenemos nuestra feria aquí. Y cuesta porque estábamos acostumbradas a tener nuestra entrada y ahora no podemos asistir a nuestro lugar de trabajo porque es un lugar público, es un lugar abierto, es una plaza donde hacemos feria y no podemos trabajar por el tema de la cuarentena. Tampoco podemos trabajar porque no es un lugar seguro en higiene, una piensa que va a hacer una después a la vuelta, o cuando se volverá, si es que se podrá volver en las condiciones en las que nosotras estábamos trabajando no eran muy buenas. Sobre todo, para la gente que es mantera y no tiene las carpas o tablones como tienen algunos, no va a ser fácil cuando se vuelva. Una tiene que pensar en el tema higiene y por nuestra salud también. [34]
Sus testimonios nos permiten seguir indagando acerca de una de las características centrales de la EP, dado que el trabajo diario es el único que garantiza la conformación de sus ingresos económicos y sostiene sus redes de sociabilidad; de manera que se encuentran amenazados no sólo derechos económicos y de trabajo, sino especialmente las posibilidades de obtener la alimentación propia y las de sus familias que garantizan la sostenibilidad de la vida. Tal y como sostienen Fernández Álvarez, Pacífico y Señorans (2020) cuatro millones de personas que forman parte la economía popular enfrentan un problema: si pierden la calle, no pueden trabajar; si no trabajan, no comen. La pandemia no solo ataca la salud pública, también refuerza desigualdades históricas y torna aún más precaria la vida en los barrios.
Sin embargo, es importante mencionar que las políticas sociales adoptadas ante la emergencia de la pandemia por el gobierno nacional fueron emergiendo dado el contexto sanitario crítico. Es decir, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Ministerio de Economía, entre otras reparticiones del Estado, se diseñaron algunas medidas urgentes para paliar la crisis económica entre las que se destacan: políticas alimentarias -con la tarjeta “Alimentar” destinada a abastecer de alimentos a comedores escolares y comunitarios-, políticas de cuidado destinadas a niñes y adolescentes y sus progenitores o personas a cargo, como así también a personas mayores, discapacitades o dependientes. Políticas económicas, entre las que se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aumentos progresivos a pensiones, jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (AUH), subsidios y créditos a cooperativas, empresas, monotributistas, trabajadores autónomos, etc. Al respecto, queremos señalar que estas medidas se redefinen constantemente dada la situación de emergencia social que atravesamos y que tienen como objetivo principal mitigar la caída de los ingresos monetarios de gran parte de la población que se encuentra exceptuada de asistir a sus lugares de trabajo o enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Fotografía tomada en el Barrio “Almirante Brown”, en la ciudad Capital de Santiago del Estero. Registrada por Eliana Sayago.
Por su parte, en la experiencia referida a la Provincia de Córdoba, el MTE se consolidó en la Capital de esa provincia en el año 2015. Las primeras experiencias cooperativas estuvieron enmarcadas en el rubro textil a través de la conformación de polos textiles en diversos barrios de la ciudad, en el rubro de construcción y el rubro socio comunitario, que, como fue mencionado anteriormente, está enfocado en el desarrollo de comedores, merenderos y cooperativas de alimentos.
Hacia el año 2018 comenzó a consolidarse el rubro rural, integrado por trabajadores y trabajadoras que cultivan y comercializan alimentos. Pueblo a Pueblo, es el nombre de la cooperativa que acerca a productores y consumidores para apostar a la agricultura familiar y campesina a través del comercio justo. Se trata de un proyecto que se viene desarrollando, desde principios de 2016, en otros lugares del país, impulsado por la Rama Rural del MTE. A través de la distribución de bolsones de verduras de estación, la iniciativa busca, además, favorecer la agroecología, la soberanía alimentaria y la EP. En Córdoba, participan aproximadamente 300 productores de Malvinas Argentinas, Camino a 60 cuadras y Río Primero, a quienes se suman apicultores de La Dormida, en el norte cordobés. Todos ellos son pequeños emprendimientos de agricultura familiar y campesina, y, mientras que algunes trabajan ya desde la agroecología, otres realizan agricultura convencional y se encuentran en transición hacia la producción sin agroquímicos. La propuesta surge con el objetivo de que les productores del cinturón hortícola puedan hacer una venta directa a les consumidores con un precio justo para ambes, sin todes les intermediaries de la cadena convencional, se busca generar que a les productores le paguen un poco más y les consumidores paguen un poco menos. Ahora bien, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la provincia de Córdoba la cooperativa Pueblo a Pueblo sigue trabajando, sobre todo a través de la entrega de bolsones de verduras, habiendo entregado al día de la fecha 2000 kg de verdura producida por familias que cultivan en el cinturón verde de la ciudad.
Respecto a los otros rubros de trabajo cooperativo en la ciudad de Córdoba, las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio tuvieron impactos diferenciales. Asimismo, en esta instancia quisiéramos remitirnos a reconstruir y recuperar las experiencias de los recorridos en los cuales se inscriben nuestras investigaciones en curso ya que al día de hoy nos excede la posibilidad de contar con la información sobre las particularidades y transformaciones que asumió el trabajo en la totalidad de unidades productivas y cooperativas de los distintos sectores, textiles, de construcción y socio comunitarios. En la ciudad de Córdoba, el trabajo de investigación y militancia está situado particularmente en una de las cooperativas textiles que funciona a partir del año 2018 en barrio Observatorio. Quienes integramos la cooperativa somos siete mujeres, en su mayoría madres solteras, y que tenemos a cargo personas que son consideradas población en riesgo ante las posibilidades de contagio de COVID-19. Durante el mes de febrero y marzo hemos elaborado las producciones textiles orientadas exclusivamente a ser comercializadas en una feria que iba a tener lugar en una de las principales avenidas céntricas de la ciudad. Un amplio entramado social fue el que pudo sostener y dar lugar a nuestras producciones como cooperativa. Particularmente, talleres de formación respecto al uso de maquinarias textiles brindados por diversas fundaciones sin fines de lucro, como así también, a las redes que se tejieron a través de los espacios socio comunitarios barriales que habilitaron lugares de comercialización, como lo son las ferias populares. Para el 21 de marzo de 2020 estaba prevista la realización de una Feria Provincial de Economía Social y Popular, promovida por el Programa de Ferias Populares de la Ciudad de Córdoba, dependiente de la Dirección de Economía Social y Popular de la Municipalidad de Córdoba.
Antes del anuncio de la puesta en vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el grupo de Whatsapp que habíamos conformado entre quienes íbamos a feriar ese día y entre sectores integrantes de la Municipalidad de Córdoba, empezamos a intercambiar mensajes respecto a la posible suspensión de tal evento, hacia el cual muchas unidades productivas habíamos destinado nuestras producciones. A través de ese grupo comenzaron a circular mensajes de incertidumbre, preguntas y pedidos de sugerencias para saber cómo operar ante un escenario que inevitablemente se avecinaba. Cerca de la fecha de su realización, dicha Feria que prefiguraba ser un gran ícono en el escenario céntrico cordobés, tuvo que suspenderse. Y, puntualmente como cooperativa textil nos preguntamos qué hacer con lo que habíamos producido para la feria, sobre todo, qué hacer en este momento donde las instancias donde comercializamos nuestras producciones (ferias, ventas por catálogo y encuentros personales) se ven suspendidas.
Esta pregunta no solo recorre este trabajo, sino la situación acuciante que vivimos en la contemporaneidad, y es por eso que como trabajadoras de las ciencias sociales consideramos que no podemos brindar respuestas al respecto, sino más bien motivar a preguntas que inviten a diversas reflexiones. Considerando que como humanidad estamos en el epicentro de esta problemática, siguiendo a Edward Said (2001) nos preguntamos, ¿quiénes serán capaces de capturar las narrativas sobre las problemáticas que estamos atravesando?, ¿incluirán los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos?, ¿consolidarán propuestas transformadoras? Y si bien sabemos que todas esas preguntas implican necesariamente respuestas situadas, no dejamos de entrever nuestro rol con estudiantes, investigadoras, militantes y por ello nos resulta acuciante indagar cómo serán incorporadas y atendidas las experiencias de los sectores más desfavorecidos ante esta situación de aislamiento.
Meli, una de las trabajadoras de la cooperativa textil de la ciudad de Córdoba, nos dice que no sabe cómo hacer. Es madre soltera y los ingresos económicos de su hogar dependen de ella. Tres personas en su casa son población en riesgo, su mamá, mayor de setenta años, su hija diabética y su hijo de 10 años que desde su nacimiento tiene una enfermedad denominada mielomeningocele, lo cual, entre otras cosas, implica que su movilización sea en silla de ruedas y que esté obligado al uso de pañales sanitarios. Durante una conversación telefónica que tuvo lugar el 16 de abril del 2020, Meli decía:
Pasan los días y más apremia la necesidad, no puedo trabajar y se nota muchísimo ya. La verdad es que necesito trabajar, pero no quiero exponerme a tener mucho contacto con gente, para cuidar sobre todo a mi mamá y a los chicos, que son de alto riesgo. No sé cómo voy hacer, aparte no es sólo eso sino también la policía. Por acá anda gendarmería también, es todo un tema... me rompo la cabeza pensando cómo puedo hacer. [35]
Por otro lado, Rosa, madre de cinco hijes, se ve imposibilitada de producir en marcos cooperativos dado que una de sus hijas también tiene mielomeningocele y hace tres meses es madre de una niña que nació con enfermedades cardiovasculares y síndrome de Down. Hemos considerado hacer barbijos dada la demanda creciente de los mismos, aunque aún no lo hemos realizado ya que, si bien las compañeras están atravesando situaciones económicas muy desfavorables, apuntamos a priorizar los cuidados y precauciones sanitarias en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En este sentido, recuperamos lo desarrollado anteriormente en referencia al enunciado presidencial que apunta a priorizar la salud por sobre la economía y, a partir de los relatos y experiencias de las mujeres que integran la EP, buscamos particularizar las formas que asumen dichos cuidados y los efectos en sus economías. En particular, en esta cooperativa textil sólo dos de las mujeres trabajadoras cobran SSC, los cuales siguen en vigencia durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, pero las que no cobran dependen sólo del ingreso económico producido por las ventas que realizamos mensualmente.[36] El dinero obtenido a partir de la comercialización de las producciones textiles es repartido equitativamente entre las cinco trabajadoras de la cooperativa, no así entre las otras dos mujeres que participamos como militantes y en mi caso como investigadora. Cabe resaltar que el trabajo textil, si bien presenta variaciones significativas entre las diferentes cooperativas que conforman este rubro de la economía popular, asume particularidades específicas en relación con las condiciones de producción, las herramientas de trabajo con las que contamos y las dificultades que se presentan a partir de la competencia con los precios de la industria textil.[37]
La tarea de poner precios a los productos se ve afectada fuertemente por la comercialización de productos industriales que circulan en el mercado y muchas veces al contemplar el proceso de producción de manera integral, las horas trabajadas y el costo de la materia prima, terminamos estableciendo precios muy bajos ya que de otro modo se haría muy difícil vender las producciones.
Es posible también reconocer cómo las tareas de cuidado no remuneradas, comúnmente no consideradas como trabajo, configuran también parte del trabajo que se establece en el marco cooperativo. Siendo la mayoría de sus integrantes madres solteras, jefas de hogar y principales encargadas del sustento económico, realizan diversos trabajos que se llevan adelante de manera superpuesta y discontinua, alternando las posibilidades que se les presentan. Por ejemplo, la venta de productos por catálogo, la elaboración y venta de comidas, el cuidado de autos, producciones textiles por fuera del marco cooperativo, cuidado de personas mayores, entre otros. Si bien estos temas han sido desarrollados en profundidad en otros artículos de nuestra autoría, aquí quisiéramos remarcar cómo el acceso a trabajos considerados formales se ve restringido ya que deben realizar múltiples labores correspondientes a los cuidados familiares. A la vez, ninguna de las trabajadoras de la cooperativa pudo finalizar los estudios secundarios (condición solicitada al momento de ser contratadas en diversos trabajos formales) y en algunos casos tampoco los primarios ya que debieron salir a trabajar durante su adolescencia para aportar a los ingresos económicos de sus familias.
Durante una de las jornadas de producción en la cooperativa, una de las mujeres comentaba que estaba muy contenta de que hubiese llegado el día en el que nos reunimos.[38] Decía que para ella ese espacio de trabajo era un respiro. Su expresión quedó resonando y nos llevó a preguntamos, ¿un respiro ante qué? De manera inmediata pasó a detallarnos el recorrido de sus actividades durante los días anteriores, actividades concernientes a aquello que se considera trabajo de cuidados familiares, que involucran una dedicación a tiempo completo. Resulta paradójico considerar que un espacio de trabajo como el de la cooperativa, en donde realizamos tareas que implican mucho esfuerzo, configure una atmósfera que pueda ser considerada como un respiro. De este modo queremos resaltar la importancia que adquiere el reconocimiento de otras labores que suelen ser invisibilizadas dada la histórica división sexual del trabajo que conforma la sociedad capitalista de las que somos parte.
En este sentido cobra una relevante importancia el reconocimiento a los trabajos de cuidado, sobre todo, en el marco del aislamiento social y particularmente los modos en el que se ven afectadas las trabajadoras teniendo que sustentar a sus familias sin poder comercializar sus producciones.
En este contexto, en la ciudad de Córdoba y en distintas partes del país, hemos llevado adelante una campaña de donaciones de alimentos perecederos y no perecederos, de elementos de higiene y productos repelentes, que tiene como objetivo distribuir bolsones compuestos por dichos productos, destinados a trabajadoras/es/os de la economía popular que se ven impedides de llevar adelante sus labores, como así también al abastecimiento de comedores y merenderos insertos en la rama socio comunitaria del MTE, los cuales, como mencionamos anteriormente, han multiplicado la demanda de raciones. Tal como decía Juan Grabois, referente de la CTEP, en una transmisión en vivo reproducida en la red social Instagram el 31 de marzo del 2020, en los barrios populares la perspectiva más urgente es el hambre.
Los días en los que llevamos adelante la tarea de comprar las mercaderías a partir de las donaciones recibidas y armar los bolsones para les trabajadores de la economía popular y para los merenderos y comedores, sucedió que se acercaron muchas personas de diversas procedencias a decirnos, por ejemplo, que a la vuelta del lugar donde estábamos había una mujer que se tuvo que ir de su casa por violencia de género, y que estaba sola con dos hijos, si les podíamos entregar un bolsón. Como organización teníamos meticulosamente armados los bolsones y mercadería para les trabajadores, comedores y merenderos previamente contabilizados. Así como este pedido recientemente mencionado, ocurrieron otros pedidos de urgencia, como lo fue a través de una trabajadora del hospital pediátrico de la ciudad de Córdoba, quien le preguntó a un compañero que es médico, que milita en la organización, si en la campaña de donaciones podíamos contemplar a las personas con discapacidad que están fuertemente vulneradas en este contexto y así sucesivos pedidos tuvieron lugar… todas estas situaciones nos disparan distintas problemáticas, que al día de hoy se presentan difusas, quizás inabarcables, pero las exponemos a los fines de que sean consideradas teórica y analíticamente, en este contexto emergente, para que en el conjunto de la comunidad de estudiantes e investigadores las podamos incorporar.
Ahora bien, ponderando ante esta situación emergente los relatos de nuestres principales interlocutores, al respecto, Andrea que es la encargada del desenvolvimiento del comedor y del merendero Saloncito Esperanza Popular de Villa el Chaparral, nos decía:
En el Chapa se está ahí con esta situación de Coronavirus, hay muchos infectados con el dengue, porque todo el mundo habla del coronavirus pero nadie habla del dengue y acá hay varios infectados ya… y así, mutuamente... pero decí que es leve, solamente fiebre y dolor de cuerpo, pero ya están todos acá en el chapa… por la situación económica la gente está pasando momentos críticos porque la mayoría de acá todos trabajan y laburan el día a día y ahora con esto no sabés cómo está, se nota que la gente está alterada (…) que salís a la calle así sea a comprar y no te dejan, pero con razón… porque la situación está así. Ojalá que no se empeore todo esto porque si no, no sé... Los más afectados acá son los de la villa porque el día a día viven esta situación, así esperando un comedor para poder comer, esperando un comedor para poder vivir, la mayoría de acá tienen un montón de niños o viven de un plan pero que no alcanza. Por eso esperan un merendero para poder comer. Están esperando a ver si le dan algo a la gente pobre porque la verdad que esa es la situación que se vive en una villa, esa es la dura realidad, que pasan hambre. Gracias a que vienen a ayudar, que le han dado off, que se pueden cuidar. Que le han dado alcohol, que le han regalado un barbijo, así es la única forma porque la gente comprar no pueden comprar, esperando a un merendero para que le den de comer y así... esta es la vida que se vive en el Chapa, la dura realidad, es esta. Que esto nos está afectando mal, no solamente de no salir si no del hambre, la gente está pasando en estos momentos bastante hambre.[39]
De acuerdo con el relevamiento que lleva de manera semanal el Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Córdoba, en el periodo comprendido entre 28 de julio de 2019 y el 15 de abril de este año se confirmaron en total 3.000 casos de dengue. La problemática se recrudece en barrios como Villa El Chaparral, por donde atraviesa un canal de agua y hay diversos focos de estancamiento, factores que propician el cultivo de este mosquito. Tal como lo remarca Andrea, hasta el día de la fecha en Villa El Chaparral, no se registran contagios de COVID-19, pero sí de dengue, hecho que recrudece las condiciones de salud de les vecines.
Reflexiones finales
Si bien los debates que encaran soluciones para afrontar el COVID-19 se están construyendo y reformulando constantemente, hay un sector de la sociedad que tiene una vasta trayectoria en el diseño de estrategias de reproducción social para afrontar crisis económicas. Este sector históricamente, tal y como lo describimos a lo largo del artículo, lo constituyó la economía popular. Tal y como sostienen Fernández Álvarez, Pacífico y Señorans (2020), el valor económico y social que producen trabajadores y trabajadoras de sectores populares va mucho más allá de lo que alcanzan a ver los análisis ortodoxos. Es decir, la resignificación de posicionamientos acerca de la economía popular es una constante en la investigación de las ciencias sociales, especialmente en la sociología, la antropología, la economía y la política. Sin embargo, lo que pretendemos destacar, es su carácter eminentemente político. Este carácter, según sostienen Cabrera y Vio (2014) se encuentra ligado a las maneras de posicionarnos cuando investigamos el mundo social, como así también a las maneras que elegimos de ver ese mundo y desde qué contextos y perspectivas lo hacemos. En ese sentido, como estudiantes e investigadoras de las ciencias sociales y como militantes políticas, nos preguntamos por los modos en los que podemos colaborar para que, tanto en discursos futuros como en esfuerzos actuales, estén presentes las realidades de los sectores socioeconómicamente más afectados, como lo son los de la EP. De este modo, en el presente trabajo, buscamos visibilizar la situación acuciante que viven les trabajadores de la economía popular, a los fines de poder aportar estos debates en el ámbito académico.
La experiencia del sector visualiza que, además de la organización colectiva de quienes habitan la economía popular, uno de los ejes centrales que garantiza la salida es la presencia del Estado, y en este momento histórico resulta vital para contrarrestar los efectos recesivos del aislamiento. Como mencionamos anteriormente, desde el gobierno nacional, se han implementado un conjunto de medidas económicas paliativas destinadas a los sectores desfavorecidos socioeconómicamente: por un lado, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas; un bono adicional de 3.000 pesos para los más de 500.0000 trabajadores que perciben planes sociales y un bono equivalente a una asignación para quienes perciben la AUH y la asignación por embarazo. Se reforzó la entrega de alimentos a comedores escolares, comunitarios y merenderos; se congelaron los alquileres; se suspendieron los desalojos de viviendas por falta de pago; y se pospondrá el pago de los créditos de ANSES de los meses de abril y mayo. Sin embargo, esto no es suficiente porque no sólo debemos considerar el rol del Estado ante los efectos económicos negativos para les trabajadores de la EP, sino también, considerar de qué manera se abordan las desigualdades generadas al interior de los hogares.
Según el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (2020) el trabajo doméstico y de cuidado -no remunerado- ha aumentado como resultado de las consecuencias del brote de COVID-19, por el cuidado de personas enfermas en casa, la suspensión de clases, el cuidado de personas adultas mayores y la cuarentena obligatoria; y según muestran las estadísticas, además de la doble jornada laboral son las mujeres quienes enfrentan peores condiciones como informalidad, falta de derechos de seguridad social y desocupación. Entonces, el trabajo no remunerado sigue siendo una fuente central de desigualdad no sólo por la distribución de las actividades según el género de integrantes de cada unidad doméstica, sino porque encarece totalmente la vida de las mujeres. Esto afirma que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se vivencia de maneras desiguales en relación con los diversos sectores sociales, hecho que pone en evidencia y recrudece las desigualdades estructurales socioeconómicas que tienen lugar históricamente en nuestro país.
Del mismo modo, un debate que se torna central, como mencionamos anteriormente, es considerar quiénes llevan adelante las tareas de cuidados familiares y socio comunitarios. En consonancia con los enunciados del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (2020), es posible decir, que, si para las clases medias y altas el aislamiento preventivo recluye la vida a las casas, en los barrios populares se implementa un aislamiento barrial con centralidad en los comedores y merenderos, sostenidos principalmente por mujeres. Como indicó el Ministerio de Desarrollo Social a medios de comunicación, la demanda alimentaria de los comedores de emergencia aumentó en un 40% en todo el país desde el inicio de la cuarentena: pasó de 8 millones a 11 millones de personas. Durante la pandemia, las mujeres en situación de pobreza se verán más impactadas por el aumento de trabajo de cuidados, la pérdida de ingresos si están en la informalidad y por las propias condiciones materiales de infraestructura en sus hogares, barrios y comunidades.
Finalmente, consideramos que, ante un presente y futuro fortuitos, quedan abiertas las preguntas sobre los modos en que esta problemática afectará al devenir de la EP en su conjunto, los desafíos que implicará, las maneras mediante las cuales se podrán revitalizar las redes solitarias y socio comunitarias en contextos de distanciamiento social y, sobre todo, cómo se podrán garantizar las necesidades más urgentes.
Bibliografía
Achilli, E. (2005). Investigar en antropología social. Laborde, Argentina: Laborde libros.
Arese, C. (2014). Trabajadores precarios y de economía popular: sindicalización, negociación y conflictos. Córdoba, Argentina.
Bertellotti, A. (2019). Estimación cuantitativa de la economía popular. Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP). Buenos Aires, Argentina.
Carenzo, S. y Fernández Álvarez, M. I. (2012) “El asociativismo como ejercicio de gubernamentalidad: “cartoneros/as” en la metrópolis de Buenos Aires”. En Argumentos, vol. 24, N° 65, pp. 171-193.
Coraggio, J.L. (2014). La economía social desde la periferia. Contribuciones latinoamericanas. Buenos Aires, Argentina: UNGS Ediciones.
Das, V. y Poole, D. (2008). “El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”. En Cuadernos de Antropología Social, Núm. 27. pp. 19.
Dufy, C; Weber F. (2009). Más allá de la Gran División. Sociología, economía y etnografía. Buenos Aires, Editorial Antropofagia.
Eberardo, M. (2012). “Metodología de las ciencias sociales y perspectiva de género”, en Blázquez Graf, N, Flores Palacios, F, Ríos Everardo, M. Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales. UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias: Facultad de Psicología. México.
Fernández Álvarez, M. I. (2019). “Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular”. En Ciudadanías Nº 4. UNTREF. Buenos Aires. Disponible en http://ciudadanias.untref.edu.ar//n4_dossier_art5.php
Fernández Álvarez, M. I (2018). “Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina”. En Iconos, Revista de Ciencias Sociales Nº 62. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50957390002
Fernández Álvarez, M. I. (2017). La política afectada. Experiencia, trabajo y vida cotidiana en Brukman recuperada. Prohistoria Editorial Rosario.
Fernández Álvarez, M. I. (ed.) (2016). Hacer juntos(as): dinámicas, contornos y relieves de la política colectiva. Buenos Aires: Biblos.
Fernández Mouján, L.; Maldovan Bonelli, J.; Ynoub, E. (2018). Debates, alcances, encrucijadas de la organización de los sectores populares: la CTEP, una nueva experiencia sindical. UMET. CABA.
Grabois, J; Pérsico, E. (2014). Cuadernos de formación para trabajadores, militantes, delegados y dirigentes de organizaciones populares. Buenos Aires, Argentina: Cooperativa gráfica Punto Sur.
Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
Hurtado, S. (2016). "Investigación y militancia: una propuesta de antropología enraizada". ¿En Quehaceres? N° 3, 2016, pp. 82-95.
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social–una introducción a la teoría del actor red. Buenos Aires: Manantial.
Latour, B. (2007), (1991). Nunca Fuimos Modernos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Quirós, J. (2014). “Etnografiar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, escritura y enseñanza en antropología”. Publicar, N° XVII, año XII, pp. 47-65.
Rodríguez Enríquez, C. (2010). “Análisis económico para la equidad: los aportes de la economía feminista”. En Saberes. Revista de Ciencias Económicas y Estadística Nº 2.
Rodríguez Enríquez, C. (2012). “La cuestión del cuidado: ¿el eslabón perdido del análisis económico?” En Revista de la Cepal. N° 106, 4/2012.
Rodríguez Enríquez, C y Pautassi. L (2014). La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina. Buenos Aires: ela / ciepp / adc. 136.
Rodrigues, Ramalho, R. (2013). “Contribución a la propuesta de una etnografía militante”. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Rojas Soriano, R. (2012). Métodos para la investigación social. Una proposición dialéctica. Ciudad de México: Plaza y Valdés Editores.
Said, E. (2001) Crónicas Palestinas. Barcelona, Grijalbo.
Suárez, F. (2017). Los trabajadores de la economía popular y la garantía de sus derechos laborales. Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
Torres, L. (2018). “Trayectorias laborales y desigualdades. El caso de las empleadas del servicio doméstico en Santiago del Estero”. Revista Trabajo y Sociedad, N° 32. Santiago del Estero, Argentina.
Varoufakis, Y. (2015). El minotauro global. Grupo Planeta, España.
Material tomado de Internet: “Coronavirus y género: apuntes sobre la pandemia y los cuidados’’, https://www.observatoriodegeneros.com/ 6 de abril 2020.
Material tomado de Internet: “La pandemia y la pobreza’’, en https://www.cippec.org/ 2 de abril 2020.
Material tomado de Internet: “Parar la olla durante la pandemia’’, en http://revistaanfibia.com/ abril 2020.
Material tomado de Internet: Informe N° 3, “La economía está desnuda, ¿y ahora qué?’’, en https://www.ocepp.com/ 28 de marzo de 2020.
Material tomado de Internet: “Coronavirus una oportunidad para democratizar la Argentina’’, en https://www.perfil.com/ 25 de marzo 2020.
Material tomado de Internet: “Evolución económica 2016/2019’’, en http://www.ub.edu.ar/centros-de-estudios-ub/centros-de-estudio-cene 27 de septiembre 2019.
Material tomado de Internet: “Pobreza e indigencia afectan crecientemente a los hogares argentinos’’, en http://www.centrocifra.org.ar/ agosto 2019.
Entrevistas:
- Mónica (13 de abril del 2020), referenta a nivel provincial del MTE, y coordinadora de la rama textil de la Ciudad Capital. Entrevista realizada en Santiago del Estero. Entrevistadora y transcriptora: Eliana Sayago.
- Ana (11 de abril del 2020), feriante de “La Saladita” del Barrio Reconquista de la Ciudad Capital. Entrevista realizada en Santiago del Estero. Entrevistadora y transcriptora: Eliana Sayago.
- María (11 de abril del 2020), feriante de “La Saladita” del Barrio Reconquista de la Ciudad Capital. Entrevista realizada en Santiago del Estero. Entrevistadora y transcriptora: Eliana Sayago.
- Meli (15 de abril de 2020), integrante de la cooperativa textil La Macacha. (Córdoba Capital) Entrevista telefónica realizada en Córdoba Capital. Entrevistadora y transcriptora: Agustina Molina.
- Andrea (10 de abril del 2020) encargada del comedor que funciona en el Saloncito Esperanza Popular, en Villa El Chaparral, Córdoba Capital. Entrevistadora y transcriptora: Agustina Molina.
[1] Becaria doctoral en CONICET, investigadora en CIFFYH, FFYH- UNC. Correo electrónico: agusmolina89@hotmail.com
[2] Becaria en CIN. Pertenencia institucional: INDES/FHCSYS/UNSE. Correo electrónico: elianagabrielasayago@gmail.com
[4] Wharen (2020).
[5] Hagman (2020).
[6] Dadas las características del contexto inédito que vivimos a nivel mundial a causa del COVID-19 y considerando el ritmo con el que fueron ocurriendo diversos cambios sociales en su integralidad, queremos aclarar que el presente artículo fue escrito en el transcurso de los días 2 y 17 de abril, fecha en la que fue enviado para la correspondiente evaluación del comité editorial de la revista.
[7] Decreto 297/2020, Boletín oficial de la República Argentina. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
[8] El presente artículo está escrito en lenguaje inclusivo y no sexista, reemplazando el uso de los plurales masculinos para hacer referencia grupos mixtos, por la letra “e’’’. Entendemos que lo que no se nombra no se visibiliza, y deja afuera de representaciones y discursos a mujeres y personas del colectivo LGTTTBIQ+ (lesbianas, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, intersex y queer). Esta decisión pretende no imponer categorías heteronormativas, dando lugar a otros modos de ejercer el lenguaje, por fuera del pensamiento binario. En las citas bibliográficas y en los fragmentos de entrevistas y testimonios, se respetará las formas en las que han sido enunciadas.
[9] A continuación, denominaremos a la Economía Popular, con la abreviatura (EP).
[10] Bertellotti (2019).
[11] A continuación, denominaremos a las Unidades Domésticas, con la abreviatura (UD).
[12] Achilli (2005: 40).
[13] Das y Poole (2008: 20).
[14] Consideramos necesario aclarar que nuestra participación en las cooperativas y en la economía popular en general está definida por las investigaciones en curso como también por nuestra militancia social y política en el sector. En ambos casos, las autoras nos encontramos involucradas en los espacios de trabajo y realizamos diversas tareas en conjunto con las trabajadoras: asumimos tareas operativas -compra de insumos, producción de los productos que se comercializan, transporte de mercadería-, participamos y organizamos encuentros de formación sobre el trabajo cooperativo, participamos en la realización de ollas populares, campañas de donación, nos formamos y discutimos política con elles, entre otras actividades. Sin embargo, es propicio a los fines del presente artículo reconocer diferencias respecto a las trabajadoras con quienes compartimos diversas instancias y establecimos vínculos de amistad, se hace necesario remarcar un recorrido diferencial en tanto posibilidades socioeconómicas que nos diferencian.
[15] Carenzo, Fernández Álvarez (2012).
[16] Hurtado (2017).
[17] Ídem, (2017: 8).
[18] Fernández Álvarez (2019: 123 – 124).
[22] Grabois y Pérsico (2015: 206).
[25] Ley N° 27.345, artículo 3°.
[26] Al día de la fecha (abril, 2020) los SCC se estipulan aproximadamente en $8500 (126 USD) porque representan el 50% del salario mínimo vital y móvil en Argentina para personas sin familiares a cargo, que actualmente oscila los $16.000.
[27] Guber (2001); Quirós (2014).
[28] Esta rama se encuentra consolidada en los barrios: La Católica, Belén, Siglo XXI sector 750 viviendas y en el Puestito de San Antonio, sostenida por les trabajadores, estudiantes y vecines voluntaries. Es una de las ramas que impulsa el vínculo entre “Universidad y Territorio” especialmente con la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, mediante la ejecución de diferentes proyectos de alcance territorial. La articulación persiste en la actualidad a través de la conformación de Centros de Prácticas para los y las estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Trabajo Social; así como también este vínculo se materializa a través de un sistema de Becas otorgado por la UNSE, para que les trabajadores del MTE puedan acceder a los diferentes cursos que ofrece la Escuela de Arte y Oficios, sobre todo, aquellos referidos a “Herramientas para el Desarrollo de la Economía Social”.
[29] El Movimiento de Trabajadores Excluidos articula además con instituciones tanto nacionales como provinciales, con el objetivo de vincular el diseño de políticas micro y macro sociales que consideren la realidad de los territorios que habitamos. Entre las instituciones provinciales podemos mencionar las siguientes: Ministerio de Trabajo de la provincia, Dirección de género, Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF), Hogar de protección a las mujeres víctimas de violencia, Secretaría de Derechos Humanos y, como dijimos, con la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) junto con las diferentes facultades que la componen.
[30] El desarrollo de esta unidad productiva encuentra sus limitaciones en las herramientas de trabajo, en los recursos económicos y en el espacio físico que posibiliten una mejora en el tipo de producción. Sus integrantes son las principales beneficiadas por el sistema de becas otorgado por la Escuela de Arte y Oficios- UNSE, mediante las capacitaciones referidas al sector textil.
[31] Entrevista realizada el 13 de abril de 2020 a Mónica. Referenta a nivel provincial del MTE y coordinadora de la rama textil. Ciudad Capital, provincia de Santiago del Estero. Entrevistadora y transcriptora: Eliana Sayago.
[32] Torres (2018:55).
[33] Entrevista realizada el 11 de abril de 2020. Ana, feriante de “La Saladita” del Barrio Reconquista. (Ciudad Capital, provincia de Santiago del Estero) Entrevista realizada en Santiago del Estero. Entrevistadora y transcriptora: Eliana Sayago.
[34] Entrevista realizada el 11 de abril de 2020 a María. Feriante de “La Saladita” del Barrio Reconquista. (Ciudad Capital, provincia de Santiago del Estero). Entrevista realizada en Santiago del Estero. Entrevistadora y transcriptora: Eliana Sayago.
[35] Entrevista realizada el 15 de abril de 2020 a Meli, integrante de la cooperativa textil La Macacha. (Córdoba Capital) Entrevista telefónica realizada en Córdoba Capital. Entrevistadora y transcriptora: Agustina Molina.
[36] Es preciso aclarar que las trabajadoras que cumplen con los requisitos para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia, lo han solicitado y están aguardando el cobro del mismo. Del mismo modo, cabe resaltar que se presentan complejidades por ejemplo, respecto a una de las mujeres quien no cobra SSC y tampoco puede inscribirse para recibir el IFE ya que si bien está separada, aún no ha tramitado el divorcio y su ex marido tiene trabajo en blanco. Estas particularidades, entre muchas otras, llevan a repensar el modo en el que se registra a les destinataries de las políticas de Estado, para poder aportar en ese sentido como investigadoras y militantes.
[37] Al día de la fecha contamos con una máquina de coser familiar y trabajamos en el hogar de una de las integrantes de la cooperativa. Cuando necesitamos hacer trabajos de remallado o utilizar botoneras nos dirigimos a un banco de telas en el que nos alquilan por hora la maquinaria.
[38] Las jornadas de producción son de cuatro horas aproximadamente y tienen lugar dos veces a la semana. Generalmente, cada 15 días realizamos la compra de insumos necesarios y acudimos a talleres de formación gratuitos impartidos por una fundación sin fines de lucro, donde aprendemos a usar máquinas de coser industriales y moldería. A su vez, dos veces al mes participamos de ferias barriales con el objetivo de comercializar los productos, sumado a los itinerarios diarios donde difundimos e intentamos vender las producciones en distintos circuitos presenciales y virtuales.
[39] Entrevista realizada el 10 de abril de 2020 a Andrea, encargada del comedor que funciona en el Saloncito Esperanza Popular, en Villa El Chaparral. Entrevista realizada en Córdoba Capital. Entrevistadora y transcriptora: Agustina Molina.