Cooperativismo latinoamericano en el siglo XXI: el caso de Costa Rica

 

Freddy Giovanni Esquivel Corella^[1].

 

Artículo arbitrado

Fecha de recepción: 03/02/2020

Fecha de aprobación: 04/06/2020

 

Resumen

Este artículo expone datos históricos, contextuales y coyunturales acerca del desarrollo del cooperativismo en América Latina, en especial, de la situación de dicho movimiento social en Costa Rica en el siglo XXI.

 

Palabras clave: Cooperativismo, América Latina, Costa Rica, historia, siglo XXI.

 

Latin American cooperatives in the 21st century: the case of Costa Rica

 

Summary

 This article provides information about the development of cooperatives in Latin America and Costa Rica in the 21st century.

 

Keywords: Cooperatives, Latin America, Costa Rica, history, 21st century.

 

 

 

Introducción

El objetivo del presente artículo radica en exponer las condiciones actuales del cooperativismo de Costa Rica en el contexto latinoamericano del siglo XXI, así como la identificación de cierta agenda prioritaria de debates según la coyuntura coetánea de esas entidades.

Dicho movimiento social se concatena con las históricas formas de organización de la clase trabajadora de la región en articulación con las formas de vida de un país con una larga trayectoria agroexportadora^[2], que en la actualidad está más determinada por una economía de servicios^[3], en el escenario capitalista financiero y especulativo.

La investigación bibliográfica fue la base en la que se desarrolló la argumentación de este ensayo, recurriendo a textos históricos y teóricos, así como a recursos hemerográficos y cibergráficos, que brindaron sustento al análisis expuesto, tanto de lo que ha ocurrido históricamente con el cooperativismo en la región, como en la singularidad costarricense actual.

 

Una perspectiva global del cooperativismo coetáneo

 

Para el año 2015, las 300 cooperativas más importantes del mundo operaban en los siguientes sectores: seguros (41%), agricultura (30%), comercio mayorista y minorista (19%), servicios bancarios y financieros (6%), industria y servicios públicos (1%), salud, educación y asistencia social (1%) y otros servicios (1%).^[4]

Por su parte, en el año 2018, se afirmaba que en el mundo 1.217 millones de personas estaban involucradas en este tipo de organizaciones. El número de cooperativas en todo el mundo fue de 2,94 millones, esto significa que el movimiento estaba compuesto por uno de cada seis habitantes del planeta, así mismo, el empleo en el marco cooperativista, abarcaba al menos a 279,4 millones de personas, es decir, 9,46% de la población ocupada mundial; de ellas, 27,2 millones trabajaban en estas entidades, incluyendo alrededor de 16 millones de empleadas/os  y 11,1 millones de asociadas/os. El empleo integrado principalmente por productores/as independientes, involucraba a más de 252,2 millones de personas, la gran mayoría en la agricultura.^[5]

Huelga señalar que en América Latina este movimiento ha tenido presencia significativa, impulsado históricamente por la llegada de migrantes europeos/as, que engrosaron las poblaciones obreras, principalmente en el cono sur, durante el siglo XIX; además la difusión de la doctrina social de la iglesia católica aportó a las nociones de atender la “cuestión social”, por medio de la articulación proletaria que evitara los impulsos comunistas y revolucionarios, junto al paulatino papel que fueron estableciendo los gobiernos de turno en la configuración de instituciones, mecanismos y partidas presupuestarias para fundar cooperativas en el campo agrícola, de comercialización, vivienda y ahorro; el Estado fue el principal promotor del cooperativismo latinoamericano, ampliando a su vez por este medio, sus estrategias de control al campesinado y poblaciones proletarias en los diferentes países.^[6] A ello también se agrega:

 

En América Latina surgieron los primeros emprendimientos cooperativos durante la primera mitad del siglo XIX, principalmente en Argentina, Brasil, México y Venezuela. A partir de las primeras décadas del siglo XX, el cooperativismo se fue desarrollando gradualmente en el resto de los países de la región, según diferentes influencias, como es el caso de inmigrantes europeos principalmente en el Cono Sur, que promovieron las cooperativas de consumo, financieras y cajas de socorro mutuo. La Iglesia católica promovió el modelo cooperativo en los países de la región andina, México y Centroamérica. Una tercera influencia fueron los gobiernos nacionales que han promovido cooperativas de trabajo asociado, agrarias, de comercialización y otros servicios, así como cooperativas de vivienda en Chile, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Nicaragua, entre otros. Finalmente, las organizaciones sindicales también tuvieron una influencia y un papel importante en la promoción de las cooperativas para los trabajadores y sus familias en países como Chile, Uruguay y Costa Rica. El cooperativismo se ha desarrollado de diferentes maneras en todos los países de América Latina, en unos con mayor fuerza y apoyo que en otros, pero en todos los casos el modelo ha tenido un fuerte impacto económico y social.^[7]

 

Por lo expuesto, es evidente que las cooperativas se institucionalizaron en América Latina como un espacio de sociabilidad vigente para el siglo XXI, con un arraigo en las dinámicas de la explotación del trabajo y el desarrollo de la economía capitalista contemporánea.

Lo anterior se ilustra en la cantidad de trabajos directos e indirectos que procura en bastantes países, sin dejar de recordar, las propias transformaciones de precarización, flexibilización y degradación del empleo en las actuales crisis del capitalismo.^[8]

Por otra parte se trata de un movimiento social que demuestra amplias estructuras regionales, nacionales y continentales, lo que le vigoriza en el intercambio corporativo de experiencias, ideas productivas y articulaciones políticas (Cooperativa de las Américas, 2019 y Cooperativa de las Américas, 2019 b).

Ello incluye la necesidad de subrayar que el movimiento cooperativista ha agendado temas determinantes en los foros internacionales que abarcan la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres, el manejo de desechos y su tratamiento, así como el uso de energías limpias y los derechos humanos.

Es válido situar que en América Latina por su historia de economías periféricas y proveedoras de materias primas, el cooperativismo tenga una concatenación con el sector primario de la producción (donde destaca la visibilidad para la exportación), con un tradicional lugar en el campo de los ahorros, pero a su vez, repuntando en los servicios y con más preponderancia en los últimos años, en las dinámicas crediticias y financieras, propias del capitalismo especulativo.^[9]

Finalmente cabe anotar, que las cooperativas, igual que el resto de entidades que se vinculan a las dinámicas del capitalismo, se vieron enfrentadas a una economía regional que cerró el 2019 con un enjuto crecimiento del 0,1 por ciento, siendo la peor situación en las últimas siete décadas.^[10]

A su vez, en este marco histórico de crisis estructural, se ha recurrido al cooperativismo, asociándolo con la llamada “economía social solidaria”, dándole un lugar en la plataforma ideológica y política con la que los organismos financieros internacionales y las clases capitalistas políticas dominantes han tratado de aminorar las devastaciones del neoliberalismo.^[11]   

Sin embargo, ello descoloca el histórico lugar del cooperativismo, que emergió en el seno del capitalismo industrial;^[12]  en segundo lugar, este tipo de planteamientos, recorta su comprensión histórica, para adecuarlo funcionalmente, a las propuestas en que se trata de instrumentalizar el acervo de trabajo colectivo de las clases más pauperizadas, para disimular las crisis coetáneas; un ejemplo de sus particularidades, singularidades y condicionamientos históricos y actuales, se explica de seguido en el caso de Costa Rica.

 

Cooperativismo en Costa Rica

La particularidad del cooperativismo en Costa Rica poco se aleja de los rasgos más amplios de América Latina, lo que reitera el asiduo papel del Estado en su institucionalización, en especial en la era de la socialdemocracia, referente político que marcó a dicho país desde la mitad del siglo XX.^[13]

A su vez, la presencia de este movimiento social también muestra en la actualidad un robusto marco institucional y de adhesión de cooperativistas, sin dejar de subrayar situaciones de supuesta corrupción, malversación de fondos públicos y prácticas cuestionadas en relación con sus responsabilidades fiscales y de obligaciones con pagos establecidos por leyes nacionales.

La historia del movimiento cooperativista costarricense se inicia en 1907 con la Sociedad Obrera Cooperativa en San José, cuya finalidad era la comercialización de bienes de consumo para mejorar las condiciones de vida de sus asociados (as) y evitar los abusos de los (as) comerciantes; en 1917, personas asalariadas del taller del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, establecieron la Sociedad Cooperativa de Consumos, Ahorros y Socorros Mutuos, coincidiendo con otros grupos que constituyeron entidades semejantes; en un lapso de 35 años, entre 1907 y 1942, se localizaron 25 proyectos cooperativos, dentro de los cuales, predominaron 10 cooperativas de consumo, siguiéndoles las de crédito, construcción de vivienda y en menor medida las de tipo cafetalero.^[14]

Dentro de algunos antecedentes del cooperativismo se cita también lo siguiente:

Fue con motivo de la promulgación de la legislación social en 1943, que se dictó el Código de Trabajo, y en el tercer capítulo se refiere expresamente a las cooperativas. Es esta la primera vez que se hace un intento serio en ese sentido. (…) El 14 de octubre de 1961 se promulga la Ley de Tierras y Colonización, la cual está fuertemente integrada al movimiento cooperativista, (…) artículo 1. Inciso 6 (…) El Estado por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficacia de la gran empresa (…) Artículo 4. Inciso 1). El Estado está obligado a dar todo su apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural y, de manera especial, al fomento de las cooperativas agrícolas, a efecto de que lleguen a ser estables, eficaces y determinantes en la política agraria del mismo. (…) En fin, creo innecesario insistir en las numerosas citas de nuestras leyes en favor de las cooperativas y queda claro, que, 20 años después de enunciadas y promulgadas las leyes sociales de Costa Rica y superados los escollos de carácter político que atrasaron el movimiento cooperativista, el Estado hace un esfuerzo y se empeña en asociar en forma preferente y con trato especial a las cooperativas con los programas de reforma agraria.^[15]

 

La anterior fuente indica además que el Estado en dicho país, tuvo que intervenir para potenciar las cooperativas agrícolas en razón de la impericia del campesinado y la vorágine de las empresas capitalistas agrícolas y extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses.

El papel estatal fue tan determinante en el establecimiento de este movimiento en dicha nación, que desde el sistema bancario (Banco Nacional de Costa Rica), es de donde se brindó el soporte para edificar la primera cooperativa del país (Cooperativa Victoria R.L., Alajuela) centrada en la producción e industrialización de café y caña de azúcar^[16]; lo anterior dio la plataforma para ampliar la estructura que acogió este tipo de entidades bajo la rectoría pública, léase:

 

Me tocó como Presidente de la Asamblea Legislativa, crear el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), y trasladar hacia él a aquel grupo de funcionarios especializados y con experiencia que se había formado en el Banco Nacional. Después como Presidente de la República, me tocó aprobar la última legislación sobre cooperativas (…) Inspirados en la doctrina social de la Iglesia (…) la experiencia escandinava y la inglesa que, por la literatura que nos llegó fueron las que más nos entusiasmaron entonces.^[17]

El lugar del cooperativismo es tan arraigado en los instrumentos legales de Costa Rica, que incluso tiene rango constitucional, a saber: “Artículo 64. El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores.”^[18]

Junto hasta lo ahora expuesto, la ley específica que las regula en el país es la número 4.179, la cual argumenta:

Artículo 1º.- Declarase de conveniencia y utilidad pública y de interés social, la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático de los habitantes del país.  Artículo 2º.- Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. Artículo 3º.- Todas las cooperativas del país deberán ajustarse estrictamente a los siguientes principios y normas: a) Libre adhesión y retiro voluntario de los asociados. b) Derecho de voz y un solo voto por asociado. c) Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común. d) Pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital social. e) Neutralidad racial, religiosa y política e igualdad de derechos y obligaciones de todos los asociados. f) Fomento de la integración cooperativa. g) Fomento de la educación y del bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y sus familias. h) Duración indefinida, capital variable e ilimitado, y número ilimitado de asociados. i) Responsabilidad limitada. j) Irrepartibilidad entre los asociados de las reservas establecidas por ley y de excedentes producidos por las operaciones con personas que, sin ser asociados, hubieran usado los servicios de la cooperativa y de los ingresos no provenientes de la función social de la cooperativa, y k) Autonomía en su gobierno y administración con excepción de las limitaciones que establece la presente ley.^[19]

 

Los preceptos cooperativos también se filtraron de forma obligatoria en los planes de estudio escolar (públicos y privados), a partir de lo que dictaminó la ley número 6.437, la que, a su vez, estimuló la organización de cooperativas escolares.^[20]

La comprensión de la naturaleza y funcionalidad de las cooperativas, en tanto su perfil de empresas, fue definido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la cual dictó lo siguiente:

Se observa con claridad que la naturaleza de la función de las cooperativas, sus métodos de trabajo, así como los fines y objetivos que les rigen son diferentes de las asociaciones y sociedades con fines de lucro. Es de fundamental importancia reconocer la asociación cooperativa como una forma especial de ejercicio de la empresa, poniendo de manifiesto aspectos que afectan su propia eficacia social, a la vez que se subrayan aquellas exigencias que lleva implícita su actuación en el tráfico económico-jurídico propio de una actividad de empresa. A esta visión debe unirse la orientación social del movimiento cooperativo a fin de que no se convierta la sociedad cooperativa en una técnica jurídica más al servicio de motivaciones muy distintas de las que determinaron su origen. No puede, en efecto desconocerse que la sociedad cooperativa, si bien ha de considerarse como una empresa económica con las técnicas propias de este tipo de actividad, tiene también características peculiares que determinan su naturaleza antiespeculativa y acapitalista. La sociedad cooperativa, sólo será tal, en la medida en que represente una asociación de personas que regulan de un modo determinado sus relaciones sociales, en atención a una mejor distribución de la riqueza y de formas avanzadas de participación responsable y democrática de sus miembros.^[21]

 

Para el año 2019^[22], se identificaban alrededor de 900.000 personas cooperativistas en el país, inscritas en 2.500 asociaciones de esta naturaleza (dicha cantidad representa el 21% de los y las habitantes), empero, se argumenta que solamente 600 de ellas están activas^[23]; para el año 2020, se afirma que 376 cooperativas costarricenses se encuentran relacionadas con actividades tales como ahorro y crédito, electrificación, producción de lácteos, transporte, café, azúcar, salud y educación.^[24]

Aunado a lo anterior, este tipo de entidades, están asociadas a un 40% de la población económicamente activa, procurando 21.632 empleos directos^[25], sin embargo, en estas entidades se destacan asimetrías entre géneros, por ejemplo, las cooperativas de mujeres en un 45% son autogestionarias, es decir, aquellas en donde las asociadas tienen el control de los medios de producción en su doble papel de propietarias y trabajadoras. Sin embargo, la mayoría tienen características de subsistencia y no reúnen las condiciones de trabajo de ley (salarios mínimos, seguridad social y cotización para pensiones); a nivel de puestos en toma de decisiones, los hombres están ocupando el 61,5% y las mujeres el 38,5% de todos los cuerpos directivos; a su vez sólo un 30% de las gerencias son ocupadas por mujeres y solo un 22,1% tienen el puesto de presidencias de los consejos de administración[M1] .^[26]

Por su parte, el 36% de la producción cafetalera del país proviene de las cooperativas, así como el 16% de la producción de caña y azúcar, sumado a que 418 millones de litros de leche se producen desde estas organizaciones. Más de 700.000 personas, fundamentalmente en zonas rurales, consumen servicios eléctricos producidos y distribuidos por empresas de este tipo, y las de ahorro y crédito, tienen un peso del 8,5% en activos del sistema financiero nacional.^[27] En términos generales, el cooperativismo aporta el 5% del producto interno bruto del país.^[28]

A pesar de esta robusta situación que se ha mostrado, desde años atrás, se han denunciado situaciones de corrupción y malversación de fondos en las cooperativas^[29], léase:

Lamentablemente, desde hace unas décadas se han presentado hechos que han conducido a la quiebra de algunas cooperativas, en especial las de ahorro y préstamo. Entre las razones están, malas decisiones financieras (gastos innecesarios, inversiones riesgosas) así como actos de corrupción o desfalcos (recordemos las quiebras de Coopesantarosa R.L y Coopeguadalupe R.L.), para citar dos ejemplos.^[30]

 

A su vez, en la prensa nacional se ha denunciado lo siguiente:

Durante un periodo de casi 10 años, Infocoop fue gobernado por un mismo grupo de dirigentes cooperativos, el cual es señalado como el responsable de que se diera la fuga y el uso irregular de los recursos. Las cifras millonarias se movieron a través de crédito, transferencias de capital, contratación administrativa, donaciones ilegales, inversiones y viajes al exterior.^[31]

El INFOCOOP (Instituto de Fomento Cooperativo), también ha sido expuesto en esas denuncias^[32] ya que recibe, según ley de la República, dinero estatal, por medio de un  10% de las utilidades que generan los bancos públicos (Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y Banco Central de Costa Rica)^[33], entre el año 2017 y 2018, se le suplió a esta institución $6,316,800.00 (a un tipo de cambio de quinientos sesenta colones por dólar); así,  esta entidad presta parte de ese dinero a otras cooperativas a un porcentaje entre el ocho y el quince por ciento, según la línea de crédito, logrando obtener dividendos a partir de la intermediación financiera; por su lado, también se ha cuestionado supuesto tráfico de influencias para la concesión de empréstitos^[34] de preferencia a familiares de personas en puestos de dirección.^[35]

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) también ha considerado que esos millones de dólares que le transfiere el pueblo de Costa Rica al cooperativismo, se han desvirtuado en su propósito.^[36]

Otro de los ejemplos más cuestionados ha sido el de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., la cual, al parecer, ha evadido responsabilidades fiscales y de aportaciones a la seguridad social obligatoria y fondos solidarios de pensiones, ingeniando mecanismos de pagos a sus altos jerarcas en el extranjero, por lo que se llegó a establecer una denuncia en la fiscalía de delitos económicos del sistema judicial de este país, con antecedentes de prácticas de esta naturaleza desde el año 2008.^[37]

Aunado a ello, ante la declaratoria de crisis fiscal que se ha generado en el país, se ha promulgado un proyecto de ley que procura gravar las ganancias de las cooperativas, lo que a su vez, ha derivado en reacciones adversas desde esas entidades, teniendo como alegato la existencia previa de otros gravámenes fiscales en sus diferentes actividades; dicha propuesta establece dos tramos del 10% y del 20% para los excedentes de las cooperativas que superen los $441.000 y el $1.325.000 aproximadamente^[38] (tipo de cambio quinientos sesenta y seis colones por dólar).

Actualmente, las cooperativas no pagan tributos sobre sus excedentes, en razón de que se mantienen libres del impuesto sobre la renta (el 30% que pagan las empresas sobre sus utilidades), un beneficio que reciben a partir de la Ley de Asociaciones Cooperativas^[39], representando un incremento del 150% en ese rubro.^[40]

En el caso de la sociedad costarricense en el siglo XXI, el cooperativismo ha adquirido arraigo, legitimidad, institucionalización y un lugar dentro del modo de vida capitalista que se asentó en el país, siendo un mecanismo de articulación inicial para las poblaciones agrícolas, posteriormente de clase media y luego de grupos que establecieron capacidad demostrada de tenencia y explotación de medios de producción; los sectores lecheros, azucareros y de producción eléctrica son un ejemplo de ello.

 

Conclusiones

El cooperativismo es un movimiento planetario, complejo, diverso y que ha superado distintas coyunturas desde su surgimiento en América Latina, donde el Estado ha sido uno de los propulsores más determinantes de su desarrollo.

Dichos rasgos también se refractan en las formas en que se ha configurado en Costa Rica, donde es posible afirmar que en definitiva se instauró como parte de las fuerzas sociales que dialécticamente se configuran en ese país.

A su vez, la tendencia política partidaria socialdemócrata, aún con reductos en la agenda electoral costarricense, fue su principal pivote de institucionalidad desde el siglo XX, incluso, alcanzando rango constitucional y toda una arquitectura legal y reglamentaria, derivada principalmente de los gobiernos adscritos a esos preceptos.

Lo anterior, también le ha resguardado validez en los fallos otorgados por la justicia de dicho país, en especial, destacando su singular naturaleza y lugar en las relaciones sociales y económicas de esta nación.

Del erario público, el cooperativismo también se aseguró recibir un determinado presupuesto, así mismo, de la hacienda nacional un conjunto de exoneraciones que le incrementan su capital social y le aminoran sus erogaciones, lo cual genera importantes expectativas de sus aportaciones a las necesidades de sus habitantes.

Junto a lo anterior, también es meritorio subrayar que su aporte al campo de la economía nacional, para nada es minúsculo, así como a la generación de empleos, a pesar de la precariedad y crisis coetánea; valga anotar que conforme la economía se va alterando en áreas de desarrollo, por ejemplo, pasando del campo agro exportador al de servicios, el sector cooperativista también va articulándose a esos nichos de inversión y procura de ganancias; en absoluto se muestra como un movimiento que se fosiliza.

Sin embargo, a ello se asocia una de las agendas de preocupación como lo es la corrupción, que, al parecer, también ha tomado lugar en las filas del cooperativismo costarricense, comprometiendo el capital de diferentes entidades de esta naturaleza, junto al aporte que la sociedad le provee, aunado a su legitimidad como mecanismo que alega aminorar las devastaciones capitalistas bajo un ideario reformista.

Las maneras en que actualmente se reproduce dicho sector demanda sostener su legitimidad en la sociedad, libre de cuestionamientos acerca de la participación efectiva de quienes componen sus asambleas generales y puestos de representación, lo que conlleva a un compromiso con la eliminación de la corrupción, la evasión de responsabilidades con los sistemas de seguridad social y tributaria, así como la necesidad de repensar el uso de los recursos públicos que provienen de quienes generan la riqueza, entiéndase: la clase trabajadora que habita en dicho país.

 

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