Revista Idelcoop, nº 229. Noviembre 2019. ISSN 0327-1919 / Sección Experiencias y prácticas

IDELCOOP Fundación de Educación Cooperativa

La defensa de los puestos de trabajo como cultura política

Entrevista a Joaquín Escobar, director general de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de Avellaneda

Gabriel Fajn[1]

Resumen

En este artículo, a partir de una entrevista realizada a Joaquín Escobar (director general de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de Avellaneda), se rescata la experiencia de varias empresas cooperativas y recuperadas de esa localidad y el vínculo desde la gestión del Estado en la economía social.

Palabras clave: Avellaneda, empresas recuperadas, trabajadores, trabajadoras, autogestión

Joaquín Escobar es el director general de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de Avellaneda, un histórico militante de esa localidad que además fue concejal durante varios años. Conoce muy bien y participa activamente en el proceso de recuperación de empresas, conformación y fortalecimiento de las cooperativas de trabajo. El partido de Avellaneda, por su parte, está compuesto por siete localidades: Avellaneda Centro, Dock Sud, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, y cuenta en la actualidad con más de 400.000 habitantes. Fue uno de los emblemas industriales y supo contar con una concentración fabril numerosa y diversa (metalúrgicas, frigoríficos, etc.) que reunía a varios miles de trabajadores y trabajadoras que jugaron un papel clave en distintos momentos de la historia. En la presente entrevista, Escobar conjuga su experiencia en el sector y el vínculo de la gestión pública en la economía social.

¿Desde cuándo existe la Dirección General de Economía Social en Avellaneda?

La Dirección General se creó en mayo del 2011. Tiene por objeto atender todo lo atinente al cooperativismo de trabajo, especialmente a las empresas recuperadas por los trabajadores, y también a aquellas cooperativas que no son estrictamente recuperadas, pero que se conforman como tales como solución al tema del trabajo. Hoy en Avellaneda, estamos registrando veinte fábricas recuperadas, de distintos rubros, y una docena de cooperativas conformadas por los trabajadores con un rasgo común que es la autogestión. Así que, según nuestro punto de vista, la creación de la Dirección es un reconocimiento por parte del intendente municipal Jorge Ferraresi a la lucha de los trabajadores.

Uno de los principales lineamientos que nos hicimos fue entender que esta práctica es parte de la lucha gremial y política de los trabajadores. Si bien, la creación de la Dirección fue un hecho trascendente de todo este período, es a través del decreto Nº 1.427 que se establecen algunas directivas más generales, como el funcionamiento tipo mesa de trabajo, los foros de la economía social y solidaria, los lineamientos de capacitaciones y la asistencia permanente en todo lo que se refiere a una cooperativa de trabajo.

Entonces, es política común de todos los bloques políticos (incluido el Ejecutivo) que ante una situación planteada por los trabajadores en la cual la empresa está en crisis y los compañeros ocupan la planta –de manera pacífica– estamos presentes.

En lo personal, este proceso lo estoy viviendo desde el año 1996. En esa época registramos una de las primeras (de esa etapa) cooperativas metalúrgicas: La Unión. Era una empresa que fabricaba bulones, en la calle Villa Luján, en Sarandí. Esa cooperativa hoy se mantiene. Pasó momentos muy críticos, pero sigue trabajando. Y después vinieron otras… Otra que es prácticamente una de las experiencias iniciales fue la Cooperativa Unión y Fuerza. Ahí tuve una participación directa con trabajadores que son más amigos. Con esto quiero decir que el trabajo de la asistencia a estas experiencias siempre estuvo.

En ese momento era una reacción. Yo era concejal de Avellaneda, y habíamos definido entre nosotros una política de solidaridad con los trabajadores. Logramos mediante ese enfoque una actitud política del Concejo Deliberante de aprobar todo lo que fuera relacionado con la continuidad del trabajo y otros conflictos laborales, la tendencia general se fue dando (con debate, por supuesto), una actitud unánime de todo el bloque. Siempre con fuertes discusiones y esto se mantiene hasta la fecha.

Por ejemplo, hace un tiempo hicimos una sesión ordinaria del Concejo Deliberante, en la cual por segunda vez se pronunció en solidaridad y a favor de los trabajadores del Bauen, ante la situación de inseguridad y desalojo. En ese caso, los trabajadores fueron invitados a hablar. Federico Tonarelli hizo uso de la palabra y nos agradeció, y ahí se expresó todo el bloque, incluso Cambiemos, porque, en la voz del concejal Rubén Conde, expresó que, si bien no coincidía con algunas fundamentaciones, siempre fue una costumbre en Avellaneda votar a favor de los trabajadores. Más allá de las consideraciones que se puedan hacer, nosotros lo vemos como parte de una cultura política. Avellaneda tiene una fuerte impronta de haber sido una de las principales ciudades industriales. En los años 70 registrábamos alrededor de 90.000 trabajadores sindicalizados, organizados en 38 sindicatos. Entonces, pareciera ser que todo eso marcó a varias generaciones. El 17 de octubre levantaron el puente y la gente cruzó en bote el Riachuelo.

Una cultura política

La Cooperativa Cristal Avellaneda y SIAM son emblemas en la zona. ¿Qué podés contarnos de esos procesos?

Cristal Avellaneda (ex Cristalux)[2] se recuperó en el 2002 (ahí también tuvimos una participación muy fuerte). En su momento de apogeo de los años 70 llegó a tener 1.400 trabajadores. Hacia fines de los años 90 prácticamente entró en quiebra. Hubo una tratativa de dos años en la cual había un debate de tres propuestas cooperativas: una por el sindicato, otra que se oponía a que la gestionaran los trabajadores por sí mismos, y otra de la fábrica. Finalmente, la fábrica quebró y el juez ordenó el cierre de la planta. Así que fue una lucha bastante dura, en todo sentido, porque son cuatro manzanas y varios andaban atrás de ese terreno para habilitar algún tipo de hipermercado de zona sur. Sin embargo, los trabajadores volvieron, después de dos años, porque no había trabajo, hasta que tomaron la decisión de reflotar el proyecto de la cooperativa, y se ganó. Ellos están ahí desde el 2002. Iniciaron la lucha el 25 de mayo de ese año y la culminaron en julio, cuando la jueza autorizó la entrada a la fábrica. La cooperativa se inició con 130 trabajadores, y hoy hay alrededor de doscientos.

La otra es SIAM, en otra escala. Prácticamente están haciendo tareas de mantenimiento ahora. Hubo un convenio en su momento (que se cayó) entre Newsan,[3] que había comprado la expropiación, la quiebra y cedía en propiedad a los trabajadores la parte que les correspondía: un par de galpones y la parte administrativa. Ahí trabajan 45 obreros. Acordate que SIAM tenía 7.000, entre la planta de Villa Castellino y Monte Chingolo. Cuando se agravó la situación después del 2015, empezaron a importar termotanques. Y las multinacionales se van cuando no hay negocio, pero quedó la cooperativa. Tuvieron un par de luchas, los de Newsan les pagaron todo a los obreros y la gente se fue yendo. Por eso decía que, si bien el decreto precisa algunos lineamientos más generales, haría falta una mejor implementación de las políticas públicas, incluso presupuestadas, pero a ese nivel todavía no llegamos.

¿Tienen algunos programas en particular?

Una cuestión que ya está incorporada en la cultura política es la solidaridad con los trabajadores y la declaración de interés legislativo e interés municipal de los proyectos que presentan. Tener eso, cuando llegan a la instancia del parlamento provincial, es importante porque es un reconocimiento del intendente y de los concejales a una propuesta que tienen los trabajadores y que es viable para la zona, y por lo tanto acorta los plazos de planteamiento y la decisión de los diputados y senadores de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los temas que se debe resolver es el de las apropiaciones de las fábricas para el usufructo de los trabajadores, que deben ser aproximadamente veinte, y que algunas se están tramitando y deberían aprobarse con el nuevo Gobierno. Y después hay otras cosas que tienen que ver con nuestra capacidad de gestión, que fuimos adquiriendo durante todo este período, de no esperar que el Estado tenga un programa para poder actuar.

Fue variando el funcionamiento colectivo, desde una mesa de trabajo hasta un foro, o reuniones periódicas como estamos haciendo ahora, porque el tema central en las cooperativas es cómo cambiar el gobierno, porque por más que hablemos y ganemos, lo que podemos alcanzar es comida, si falta, y alguna gestión, que aun en las condiciones en las que vivimos se puede hacer.

Ustedes tienen un trabajo con las empresas cooperativas textiles, ¿cómo es ese acuerdo?

A veces veo en los programas que hay de distintas federaciones, donde piden al Estado que compre. Si uno hace los trámites para acceder como proveedor de la Municipalidad y califica se avanza. Ese fue el caso con la Red Textil.[4]

¿Tiene un carácter prioritario?

Sí, si se presentan con todo. A veces no alcanza la documentación, pero no es una limitación para poder asignar una situación. Por ejemplo, si en su momento había un corte de luz o había que resolver algún tema con alguna factura, se argumentaba, se le pedía al intendente, este tomaba una decisión y se resolvía. Hubo varios casos así. El entrenamiento nuestro tiene que ver con agudizar la capacidad de ingenio para poder resolver los problemas. También trabajamos con asesoramiento con respecto a los programas del Ministerio de Trabajo y se dedica mucho tiempo para poder ayudar a los compañeros. Yo siempre digo que son los propios obreros los que toman la decisión de hacer las cosas, pero si hace falta, hay que ayudarlos si se traban, porque eso profundiza su construcción como autogestores. Nosotros tenemos esa orientación de ayudar a los trabajadores cuando se traba la maquinaria, pero no suplantarlos, porque esto está supeditado a manejos políticos. En este sentido, hablo en esos términos con los compañeros: cuanto más logremos estar libres, mejor para ellos, porque mañana cambia el Gobierno y cambia todo, como les pasó a algunas cooperativas de algunos programas, que se cayeron abruptamente.

Acá, de todas las recuperadas, solamente dos cerraron las puertas: una porque no podía pagar el alquiler. Y el Astillero Navales Unidos tuvo un acuerdo con la Unión de Trabajadores. Fue una derrota para el movimiento cooperativo, porque llegaron a un convenio, les pagó una indemnización una multinacional de capitales indonesios. Se pusieron de acuerdo y le pagaron una plata importante a cada uno y se fueron.

Estamos viendo con el intendente y el Concejo Deliberante cómo asignar un porcentaje de nuestro presupuesto destinado a ayuda a los factores productivos. Después se abrirá el debate y veremos cómo es. Eso daría respuesta a un requerimiento que hay de un sector de institucionalizar una política del Estado a nivel Municipal que tenga en cuenta el presupuesto.

¿Cómo marcha el proceso de la Cooperativa Huesitos de Wilde?

Otro caso importante. Está planeado reinaugurar la cooperativa Huesitos Wilde. Esta cooperativa se formó en el 2007, trabajaban 33 obreros que quedaron (de los 240 empleados). Era una curtiembre y se dedica a la elaboración de entretenimientos – huesos de cuero vacuno– para mascotas. Ahí se dio un proceso muy interesante, y queremos culminar una etapa, no solo atinente a la cooperativa, sino al conjunto, porque hay varios factores que intervienen. Por ejemplo, en ese momento el Sindicato de Curtidores no entendía este tema, hubo unos conflictos bastante fuertes con los trabajadores que querían la cooperativa. Concretamente quedaron solos. Ahí estuvimos nosotros, los acompañamos hasta sacar la matrícula, en el mes de enero se hizo la asamblea constitutiva, y el 18 de octubre de ese año se inauguró la planta. Ahí hicimos una experiencia de articulación. Nos apoyó la Municipalidad, incluso en el acto de inauguración estuvo presente todo el gabinete. Hubo una docena de cooperativas recuperadas que vinieron a apoyar, la CTA de la zona. Fuimos a hablar con monseñor Frassia[5] con una delegación de obreros, a ver si se animaba a bendecir las máquinas. “Pero cómo no”, “mire que es una fábrica recuperada, está expropiada por ley” (ya habíamos logrado una media sanción de la Ley de Expropiación). Y concretamente se inauguró. Fue algo muy emocionante. Y empezaron a trabajar. Después vinieron algunos conflictos con el tema de ACUMAR,[6] y salieron de esa zona. Estuvieron clausurados un par de años, pero nunca abandonaron la fábrica. Eso es parte de la política, porque si nos atenemos estrictamente a la problemática burocrática, tenemos que clausurar y poner a la policía (pero el intendente nunca lo iba a hacer). Entonces, los fuimos acompañando hasta que hicieron todos los trámites. En el 2015, cambió el Gobierno y teníamos la media sanción de la Ley de Expropiación que estaba para renovarse, y quedamos en el aire, entonces todos los “buitres” vinieron por el galpón. La cooperativa estaba en quiebra, y salvamos un remate con una acción que hicimos en la sala de remates dos días antes, más la media sanción que estaba en trámite por parte del Senado, se logró. Todo verificaba que había un trámite en curso que no había culminado, por lo tanto el juez ordenó el levantamiento de la quiebra. El 2016 hubo una propuesta de inversión por parte de una inmobiliaria muy conocida en Avellaneda, en la cual proponía dividir el galpón (es cierto, 5.000 m² eran suficientes para la cooperativa, y con el 30% de la misma podía disponer e instalar todas las máquinas que estaban en las mesas de trabajo del lugar). Desde fines del 2015 hasta fines del 2017 fueron las gestiones para ponerse de acuerdo la cooperativa con el conjunto de asamblea, y después de la aprobación de los compañeros empezó un trámite. El juez ordenó continuar con el trámite de la subasta. La propuesta del empresario era dejar el 30% de la superficie para usufructo de la cooperativa.

Nosotros ayudamos a elaborar un proyecto para que el inversor presentase en el Juzgado un plan económico productivo, la viabilidad del proyecto, etc., mientras trataban de desestabilizarlo, incluso hubo supermercadistas que andaban horadando el terreno, todos querían comprar el galpón sin los obreros adentro. Este proponía quedarse con una parte del galpón y ceder en uso y en propiedad con todos los gastos pagos. Ya no estaba Cristina,[7] y tampoco ella iba a dar un crédito de cuatro millones de pesos para levantar la quiebra, hacer la obra, ni ningún banco. No califica una cooperativa para un crédito de esa magnitud. Por nuestra parte investigamos al inversor, y estaba todo bien. Finalmente llegamos a un acuerdo. Y a fines del 2017 el juez resolvió conceder la venta directa, haciendo una excepción, al único oferente que presentó, teniendo en cuenta la cooperativa y la continuidad de la fuente laboral. Se resolvió, nos pusimos a trabajar y finalmente la cooperativa se quedó con el 37%, con la subdivisión, los planos y todo eso. Ahora son catorce socios y unos veinte que acompañan, y son gente conocida de los compañeros de la cooperativa y del barrio que siempre los apoyó.

Antes mencionabas el tema de la dificultad del financiamiento para estas experiencias. En relación a eso, ¿el municipio tiene algún mecanismo para las cooperativas más chicas o para los emprendimientos nuevos en relación a alguna forma de préstamo, crédito, subsidio?

No, algunas cooperativas estaban conformadas como entidades de bien público sin fines de lucro, entonces eso (esto después se cortó con la gestión de Vidal)[8] permitía al intendente asignar directamente una partida de $20.000 para tales efectos, urgencias, etc. Hubo varios casos. Pero no, no tenemos expresamente una partida asignada, pero si el tema es de interés municipal, habilita al intendente a tomar una decisión, llegado el caso.

El otro tema son las habilitaciones, que es un problema, porque el principal requisito que plantea la habilitación, burocráticamente, es la propiedad, un título de propiedad, con un contrato de comodato, al menos, de alquiler. En su momento, a través de los compañeros del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas se logró hacer una ordenanza que habilitaba a la Municipalidad a traspasar la habilitación de la empresa anterior. No implicaba traspasar toda la deuda. Se podía concursar, cumpliendo todos los requisitos, que son bastante complicados. Lo que nos toca es acompañar a los compañeros hasta la resolución del problema. Nosotros ya tenemos la cultura y la instrucción de tomar el problema y ayudar a resolverlo hasta el fin, por sí o por no. En cambio, en el cumplimiento más general, la norma burocrática es una orden escrita: si no se cumple, un acta y una infracción. Cada vez que hay una confusión en este aspecto, tenemos que mediar nosotros y decir: “No corresponde el acta, si la gente no puede pagar la luz no va a pagar una multa”. Por eso siempre planteo en los plenarios generales que no solamente es educar a los soberanos, sino educarnos a nosotros mismos.

Y, en ese sentido, en los temas formativos, ¿cuáles te parecen que son las demandas más grandes que existen en estas experiencias?

La administración es un tema. Nosotros tenemos un grupo de siete compañeros que nos asisten profesionalmente ad honorem. Tenemos un contador para el tema de los balances. Él ya conoce muy bien estos temas.

¿Él brinda asesoramiento y también formación?

Nos ayuda en esa parte, a asistir contablemente. Tenemos también un abogado que está ayudando –actuó muy bien– no les cobra un peso, él trabaja de docente, en juicios y asiste casos puntuales en el tema cooperativo. Por ejemplo, cuando fue la andanada de reclamos de la luz y las tarifas, ayudó a armar los recursos de amparo. Ahora estamos tratando de resolver una situación de usurpación que hay en algunas cooperativas donde está tomado el edificio, pero no son fábricas recuperadas. Entonces, hay que ayudar a juntar todos los papeles y mostrar que los compañeros hace treinta años que están ahí y justificarlo con un proyecto de trabajo que es la cooperativa (se trata de una panadería artesanal). Ellos no quieren subsidio, sino que los dejen trabajar tranquilos. Eso a grandes rasgos. También hubo, en su momento, grandes tensiones por el tema del funcionamiento. Sin embargo, por el hecho de haber participado en una buena parte de los conflictos directamente la gente confía en la convocatoria.

Acá hay como ocho organizaciones: la Federación Gráfica, el Sindicato de Curtidores, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, la CTA, y otros, cada una con su manera. Si la gente nos requiere, tenemos que ir a resolver. Cuando estallan los conflictos políticos, nosotros ponemos en el primer escalón el tema del trabajo, la unidad de trabajadores en función de ese objetivo y la capacidad de hacer las gestiones con todo. Y eso nos da confianza, en este caso hacia nosotros, al convocar a reuniones plenarias y todos los movimientos que generalmente participan. En su momento, planteamos la convocatoria por temas específicos y periódicamente.

Mantenemos la asistencia individual y cada grupo organizado se reúne. Están intentando hacer una convocatoria de común acuerdo con todos los sectores políticos que dirigen esas federaciones. Por ejemplo, con los sindicatos curtidores, gráficos y metalúrgicos, cultivamos una excelente relación que este movimiento nos ayudó a la unidad de trabajadores más en general, y definimos que nuestros principales aliados son los trabajadores, más allá de que el sindicato esté o no a favor. Y cualquier movimiento que implique un reconocimiento del sindicalismo organizado con respecto a las cooperativas es bueno.

¿Estos sindicatos, en general, juegan favorablemente? Y los que no lo hacen, ¿qué pasa? ¿Tuvieron experiencias al respecto?

Sí, hay distintas experiencias. La última empresa que se está recuperando ahora (desde hace un año y medio) todavía no tiene ni matrícula pero estamos trabajando con ellos igual. Desde fines del 2017 se produce la toma pacífica del lugar de parte de los trabajadores. En 2018 les dije: “Muchachos, acá si no nos quedamos en la fábrica definitivamente y armamos la cooperativa, van a terminar sin cobrar la indemnización y sin nada”. Hasta que el patrón se va de la fábrica, ellos se quedan con la llave y ya con el argumento de permanencia pacífica para darle continuidad a la fuente laboral tenemos a la cooperativa de trabajo. Toda la materia prima disponible ahora era de los trabajadores. Todo lo que no esté inventariado hay que venderlo y es el primer recurso de capital.

Nadie les iba a dar un crédito. El intendente los recibió, les dio la bienvenida, eso también ayuda como difusión. Se mantuvo el diálogo con el sindicato mientras se avanzaba con el proyecto económico productivo, el pedido de la matrícula, el estatuto, el nombre de la cooperativa (que nos rechazaron porque había una causa penal que habían iniciado). En febrero del año pasado, empezaron a trabajar. Hubo que pagar luz y gas. A fines del 2018 se produjo una herida de muerte porque les cortaron el gas (se usa mucho gas para la tela plástica). Para habilitar el gas querían que la cooperativa pague una deuda de $6.000.000. Enseguida sonó la alarma solidaria y los compañeros de Cristalux pasaron el listado de proveedores. Luego hubo una reunión con Metrogas. Logramos ampliar el plazo, y presentar un proyecto, en justificación del funcionamiento de la cooperativa. Mientras tanto tuvimos que avanzar. Vinieron compañeros nuestros, ingenieros de la UTN. Nosotros hicimos la base para encarar un tubo de diecisiete metros de longitud, hubo que derribar una casa. En tres días hicieron todo. Invitamos a una de las Madres de la Plaza de Mayo, y fue una alegría y una emoción enorme. Mientras tanto, seguimos peleando el tema de la expropiación, ya que la idea es lograr una media sanción.

Quedan veinte recuperadas en Avellaneda. Huesitos se recuperó en los últimos años, la de tortillitas se conformó en el 2012. Una media docena se conformaron en este período. Nosotros, en la CTA establecemos el enfoque para que los obreros no se vayan de la fábrica. La fábrica que continúa es Vini Plast, en Sarandí. Y después hay una maderera, también, que resistió. Las otras fábricas, con otros conflictos, no resistieron. Todos estábamos ayudando, pero tiene que ser una decisión de los trabajadores. La orientación de quienes dirigen el conflicto es sindical y política.

¿Qué otras áreas del municipio trabajan con empresas o emprendimientos de economía social?

Específicamente yo atiendo a los autogestionados, pero hay también una feria de la economía social y solidaria declarada de interés municipal que funciona en Parque Domínico. Hay unos setenta emprendedores que están en la feria y tienen la obligación de asistir a las capacitaciones y a la evaluación todos los miércoles. Después están los de Argentina Trabaja y los movimientos.

Y de cara al futuro, en los próximos meses van a tener un Gobierno nacional, provincial y municipal en coincidencia, ¿en qué perspectiva te imaginás que pueden avanzar?

Estamos en mejores condiciones que en el 2003, a grandes rasgos. Hay una mayor organización, hay experiencia. La tendencia es a encontrarse. Si bien es cierto que el conflicto con los sindicatos no es menor, tenemos que tener una política y ahora está la posibilidad. Nosotros participamos del foro en Ferro.[9] Nos reunimos desde el municipio con varias cooperativas previamente y se propuso emitir una declaración donde adherimos a la convocatoria del foro y planteamos dos temas centrales: uno era que definitivamente las autoridades se hagan cargo y salir del enfoque de los organismos internacionales donde se entiende a la economía social como “economía de los pobres”. Hoy, todo el sector es asistido operativamente (desde el Estado y sus políticas) por el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, subsidian. Entonces, la aspiración es formalizar algo que aparece como informal y hay toda una campaña en este sentido: esta no es una “economía de los pobres”, es la capacidad de los trabajadores de mantener su trabajo. Y esto debe estar en toda propuesta y política económica.

Lo otro es la Ley de Expropiación, poniendo en discusión el tema de la función social de la propiedad, porque en todos los emprendimientos de esta economía, este principio rige, mal o bien, pero no hay un dueño de todo. En los sindicatos esto es un punto de conexión. Por ejemplo, en común acuerdo con el sindicato de gráficos empezamos a hablar de una propuesta intermedia que tiene que ver con la congestión, pero la mayoría de las pymes no tienen ni idea. Los sindicatos lo tienen más o menos claro, porque tienen la experiencia de algunas fábricas autogestionadas, después del peronismo. Una de ellas es Sasetru[10] que está acá. Estamos en la comisión con los empleados de Sasetru, y estamos proponiendo la reactivación bajo el principio de autogestión y la distribución del 10% de las ganancias a fin de año, así como la participación del directorio, hace falta una inversión para una planta de una envergadura que pueda darle trabajo a 2.000 personas en un trayecto de cuatro años, y estamos hablando, por lo menos, del 2010, que había habido un sí de un terreno en la parte industrial de la costa de Sarandí. Objetivamente, se podría desarrollar ese modelo como empresa pionera en la formación de precios, un sistema que incluye una propuesta de alojamiento a los choferes de los camiones y la implementación de un taller de reparaciones. Eso despertó el apoyo inusitado de los camioneros. Ahora vamos a hacer una presentación pública del proyecto.

¿Cómo fue la relación con las universidades?

Con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) hay una relación histórica y seguimos dos temas con ellos: la economía social y la industria naval, que es otro de nuestros objetivos que se plantea rescatar: la flota que perdimos en los años 90. Y había una relación con el decano y con algunos profesores de la parte industrial, en algunas de estas empresas que nos venían ayudando, y se formalizó cuando se creó la Dirección. Siempre hay uno o dos, ahora se reforzó: el director de Política Social de la UTN participa del grupo de colaboradores, y también el ingeniero Piñeyra que es el titular de esta pyme. En determinados casos de urgencia, como se presenta cuando hay un conflicto, rápidamente se acercan, por ejemplo, los convenios de asistencia tecnológica para acondicionar algunos mecanismos de producción, actualizarlos.

En el caso de la Universidad de Avellaneda, que se inauguró en el 2012, creo, yo fui personalmente y me puse a disposición del rector. Nosotros hicimos varias propuestas: habilitar una materia dentro de la carrera de Economía y finalmente, acordamos crear en el 2013 la cátedra de Economía Social y Solidaria.

En eso además hay mucha participación del sindicato, en el Movimiento de Recuperación de Empresas.

Cuando fuimos al Primer Encuentro de Fábricas Recuperadas, que se hizo en Venezuela ahí lo conocí a Amichetti.[11] “Esto vino a quedarse, Joaquín”, dijo. “Nosotros ahora vamos a volver y vamos a generar la Red de Gráfica, tenemos una idea política”, y un detalle, que es mantener la afiliación al sindicato y una obra social, que es fundamental. Todos los monotributistas tienen que pagar $1.100 ahora… Es un tema, dentro de la problemática más general, fundamental. Inauguramos el 26 de noviembre del 2013. Vinieron importantes representantes sindicales, de gráficos, curtidores, navales, nos apoyaron todos, el cura Paco. Inauguramos ahí y empezamos a transitar. Los primeros dos o tres años, en la medida en la que se fue agudizando el tema político y económico, tuvimos que ir readecuando, porque hay un programa que fuimos armándolo en base a todas estas recorridas con los compañeros. Entonces, sacamos algunos enfoques. Por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista de la formación, avanzamos hacia un enfoque histórico y social, no es que los obreros aprendieron a tomar fábricas en Argentina en los años 90, como se decía en los primeros años en los que aparecían fábricas tomadas. Acá, en el año 64 los obreros tomaban todas las fábricas. Estaban cortando a dos cuadras de la fábrica, y uno de los obreros dijo: “¿Qué hacemos acá? Vamos a la fábrica y nos quedamos ahí”. E hicieron eso. Mandaron a la policía, pero no pudieron hacer nada. Se puso en marcha el dispositivo solidario. Igual la lucha duró como tres meses. Eso es lo que estuvo pasando, se hizo todo ese programa en la Facultad, y hasta ahora lo mantenemos. A los últimos pedidos les dimos un sentido más de acciones de común acuerdo con los sindicatos, la inauguración, sobre todo. Porque antes eran seis encuentros, el tema de cómo se formó la economía social y solidaria en Argentina, conceptos clave. Después el tema contable y administrativo, el tema de derechos, la asistencia tecnológica (por parte de la UTN), el tema de la dinámica de psicología de grupo. Ahora fuimos reduciendo, hacemos una presentación más general y viene mucha gente. La primera experiencia era una novedad y antes de los dos años, de los doscientos que venían al acto inaugural, después quedaban cuarenta en la cursada, cada quince días. Y después se agotó el público. Participaron más de quinientas personas en encuentros. Ahora hicimos un relevamiento de todos los consejos administrativos, que son cien, y hacemos una acción dirigida a esto para poder precisar más. Y en la segunda clase del cuatrimestre anterior la hicimos en una fábrica.