Declaración del IMFC por el 42° aniversario del golpe cívico militar 1976 - 24 de Marzo - 2018

NUNCA MÁS

El ejercicio de la memoria es una práctica indispensable para comprender el pasado y, sobre todo, para evitar que los errores y horrores cometidos se vuelvan a repetir.

A medida que transcurre el tiempo histórico y nuevas generaciones se incorporan a la vida ciudadana, muchos de los acontecimientos que ocurrieron en los años precedentes pueden borrarse de los recuerdos o bien distorsionarse por falta de información, o debido a la carencia de una cultura política democrática. En particular, para que no prosperen las posturas negacionistas como las que surgieron recientemente.

Transcurridos 42 años desde el fatídico golpe cívico militar que instauró la última dictadura, es necesario hacer un recorrido breve pero contundente sobre aquellos hechos luctuosos y sus consecuencias, no solo en términos de las vidas humanas masacradas por el terrorismo de Estado –que fueron 30 mil– sino también por los efectos económicos, sociales y culturales, muchos de los cuales han perdurado hasta el presente. Hagamos memoria, entonces.

El 24 de marzo de 1976 el diario Clarín titulaba en su tapa “Nuevo gobierno”. Por su parte, el matutino La Nación reproducía en su edición del 25 de marzo de ese año la proclama de la Junta de Comandantes, bajo el título “Las Fuerzas Armadas y su determinación”.

El texto en cuestión reproduce muchos de los lugares comunes que utilizaron los golpistas desde la primera asonada del 6 de septiembre de 1930, cuando derrocaron al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. En efecto, el manifiesto destituyente del 76 comenzaba diciendo: “Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso, por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro”.

Más adelante expresaba: “Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la Nación una actitud distinta a la adoptada. Es una decisión por la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno”.

Obviamente, no había referencia alguna al nefasto Plan Cóndor, del que participaron las fuerzas represivas de todo el Cono Sur, bajo la supervisión del Departamento de Estado de los EE.UU. de Norteamérica.

Pero el sentido profundo del avasallamiento de las libertades públicas y el genocidio perpetrado por los dictadores se puso de manifiesto a los pocos días del golpe, cuando el ministro de Economía del gobierno de facto anunció su plan, el 2 de abril de 1976.

Ese día, José Alfredo Martínez de Hoz puso en marcha un conjunto de medidas cuyo eslogan lo explicaba todo claramente: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Así, con el argumento de favorecer el crecimiento industrial y agropecuario sin las trabas que representaban los reclamos sindicales, contener la inflación, estimular la venida de capitales extranjeros, atacar el déficit fiscal y terminar con un aparato burocrático estatal sobredimensionado, según su visión, se congelaron los sueldos de los trabajadores, al punto que sus ingresos cayeron un 40 por ciento entre 1976 y 1980. Se favoreció el ingreso de productos importados con el argumento de mejorar la industria nacional por la vía de la competencia, pero con el objetivo oculto de destruir el aparato productivo y eliminar por igual a las PyMEs y a los trabajadores de ese vasto sector.

También se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones, a la vez que se inauguró el pedido de créditos a organismos internacionales. Comenzó el  endeudamiento gigantesco de nuestro país, generando un factor condicionante para toda la política económica local subordinada a los acreedores externos, representados por el Fondo Monetario Internacional.

Y para completar este paquete demoledor del perfil económico y social de la Argentina, se creó un instrumento letal mediante la Ley de Entidades Financieras número 21.526. Una norma nefasta que lleva la firma de Videla y Martínez de Hoz y que no fue derogada luego de los 34 años transcurridos desde la recuperación de la democracia.

El 2 de abril de 1977, a pocos días del primer aniversario del golpe cívico militar, el diario La Nación publicaba su editorial bajo el título “Una paz que merece ser vivida”.

En un tono complaciente y hasta edulcorado, la “Tribuna de doctrina” fundada por Bartolomé Mitre en 1870, terminaba diciendo “Esa Argentina habrá de florecer en una paz que merezca ser vivida, para repetir las palabras exactas del Presidente (se refiere a Jorge Rafael Videla). No es la paz de los cementerios. Es la paz en la cual la dignidad humana, la recompensa del esfuerzo y la seguridad de las existencias tendrán que desarrollarse dentro del espíritu forjado por esa democracia profunda, cuyo punto de partida está en el espíritu de sus ciudadanos, más que en la fachada de las instituciones”.

Unos días antes, el 24 de marzo de 1977, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, de cuyo asesinato por las fuerzas de tareas de la ESMA se cumplen cuarenta y un años, escribía con admirable valentía, consciente del riesgo que corría su vida, la célebre “Carta abierta a la Junta Militar”.

Con rigurosidad profesional y mirada premonitoria, Walsh afirmaba en este documento, luego de detallar los actos criminales de los represores, que: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en los que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 por ciento, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30 por ciento, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 por ciento y prometiendo aumentarla con 300 mil nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno –sigue diciendo Walsh– el consumo de alimentos ha disminuido el 40 por ciento, el de ropa más del 50 por ciento, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30 por ciento, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, la parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la «racionalización». Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de diez millones de habitantes”.

La dictadura, a través de su aparato comunicacional, con la colaboración de los medios afines y en base al terror, produjo una gravísima ruptura en el tejido social de nuestro pueblo. “Cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro”, fue la consigna instalada durante la Guerra de las Malvinas.

La transcripción textual de las fuentes mencionadas tiene un propósito didáctico, tanto para ubicar en el tiempo y el espacio las causas y las consecuencias de los problemas que nos aquejan, como para no confundirse a la hora de analizar el presente a través de la óptica del ideario cooperativo.

Como dijimos al comienzo, la ciudadanía debe ejercitar la memoria, cultivar el pensamiento crítico y participar en la tarea inconclusa hasta ahora de construir una Argentina con más democracia y equidad distributiva.

“La solidaridad, uno de los pilares fundamentales del cooperativismo –decía Floreal Gorini en la primera versión de la Propuesta para enfrentar la emergencia, en febrero de 2002−, se ha convertido en una de las herramientas más potentes para el cambio, una actitud refractaria del mundo individualista y egoísta que nos quieren imponer. La solidaridad, un preciado bien que está al alcance de todos, debe ser cultivado, desarrollado, a través de la participación de los individuos en la sociedad. Uno de los fertilizantes más potentes es la educación, la discusión de los proyectos de cambio y el involucramiento desde las distintas instancias de lo social, lo político, lo institucional, lo productivo, especialmente desde la economía social”.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2018