Criterios para la institucionalidad de las políticas de promoción de las cooperativas y mutuales

Por Cooperar[1]

En la última reunión de Consejo de Administración de Cooperar se aprobó un documento en el que Cooperar fija su posición sobre la estructura que debe tener el Estado para encarar una política de democratización de la economía en todos los sectores y territorios.

A través del documento titulado Criterios para la institucionalidad de las políticas de promoción de las cooperativas y mutuales, se pronunció por un Inaes jerarquizado, dependiendo de Presidencia de la Nación, con capacidad para articular con todos los ministerios, que esté cogestionado por el Estado, las cooperativas y las mutuales, y con un profundo sentido federal.

Dicho documento fue aprobado en la última reunión de Consejo de Administración y recoge los consensos alcanzados durante un debate interno realizado el 13 y 14 de agosto de 2015.

DOCUMENTO

Las 35.000 empresas cooperativas y mutuales constituyen la principal expresión de democracia en la economía argentina. Se trata de empresas democráticamente gestionadas por sus propios usuarios, sean ellos consumidores, trabajadores o productores, al servicio de las necesidades de sus miembros, sus familias y sus comunidades, y no al servicio del capital.

Su presencia en todo el territorio nacional y en todos los sectores de la economía, exige una articulación amplia e inteligente con todas las instancias de política pública, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.

Así ha sido consensuado por casi todos los países del mundo, ya que las cooperativas constituyen un medio adecuado para “contribuir a la economía con un elemento más amplio de control democrático de la actividad económica y de distribución equitativa de excedentes” (Recomendación OIT nº 127), por lo que los Gobiernos deben “crear un entorno propicio al desarrollo de las cooperativas” (Resolución de la ONU 64/136).

El Papa Francisco, en su carácter de líder espiritual y en diálogo con todas las creencias y prácticas sociales, ha expresado la centralidad del cooperativismo para cumplir lo que define como la primer tarea: poner la economía al servicio de los pueblos. Resultó muy claro al respecto el discurso que dirigió en Roma al cooperativismo italiano el 28 de febrero de 2015, así como el discurso que pronunció ante los movimientos populares en Bolivia pocos meses después en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (9/7/2015).

Este consenso en el ámbito internacional también se ha visto reflejado en nuestro país en las expresiones de las fuerzas políticas mayoritarias.

Resulta oportuno entonces, en tiempos de recambio en la conducción política y a la luz de la experiencia acumulada en las primeras tres décadas del retorno a la democracia,  discutir los mecanismos institucionales concretos que permitan articular la tarea de las cooperativas y de las mutuales como expresión principal de la economía solidaria, con las distintas instancias de la política pública.

A tal efecto se propone consensuar los siguientes criterios:

1. La promoción de las cooperativas y mutuales debe formar parte orgánica del conjunto de las políticas públicas.

La democratización de la economía, la participación efectiva de los consumidores, usuarios, trabajadores y productores a través de sus cooperativas y mutuales no pude ser responsabilidad sólo de una agencia de gobierno. Ello sería poner la promoción de las cooperativas y mutuales en un gueto, en un corralito bien intencionado pero alejado de los ámbitos donde se discuten e implementan las políticas públicas centrales. Algunos ejemplos para aclarar el concepto:

Sistema financiero: Es necesario que el Ministerio de Economía y el BCRA incorporen al cooperativismo de ahorro y crédito como una herramienta para garantizar que las distintas comunidades y regiones puedan captar sus propios ahorros y gestionarlos al servicio de las necesidades del desarrollo local, confrontando con la concentración financiera y la especulación.

Medios de comunicación: Debe garantizarse que la AFSCA, la AFCTIC y el resto de las áreas de gobierno vinculadas a la comunicación y su convergencia con las nuevas tecnologías, promuevan la participación de los usuarios de los distintos servicios y medios a través de cooperativas y mutuales, como respuesta a la necesidad de democratizar la palabra y el acceso a los servicios por parte de todos los sectores, territorios y comunidades, garantizando la soberanía tecnológica.

Desarrollo agropecuario: El Ministerio de Agricultura y todas las áreas vinculadas al desarrollo agrario, deben incorporar políticas activas vinculadas a la consolidación de las cooperativas, empresas controladas por los pequeños y medianos productores, trabajando para ampliar su participación en la exportación de los productos centrales de nuestra balanza comercial, así como en el desarrollo y ampliación de las empresas agroindustriales que generen trabajo y riqueza en cada una de las economías regionales, garantizando la defensa de la producción ante la concentración monopólica e insertando al agricultor familiar en forma sustentable e inclusiva.

Defensa del consumidor: Las políticas de defensa del consumidor deben incorporar como una de sus prioridades la organización de empresas de distribución minorista controladas por los consumidores, a través de cooperativas de consumo o de proveedurías mutuales. La concentración del comercio minorista debe ser contrarrestada con la organización empresaria de los consumidores.

Servicios públicos: El acceso a los servicios por parte de todos los sectores sociales y en todos los territorios debe tener como principal aliado a las empresas controladas por los propios usuarios. Esto requiere una política específica por parte del Ministerio de Infraestructura y Planificación, y de los correspondientes organismos nacionales, provinciales y municipales, focalizada en las cooperativas que desarrollan su actividad en la provisión de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, telefonía, gas y otros servicios públicos.

Inclusión social: En nuestra sociedad continúa existiendo un importante sector de trabajadores que requieren políticas públicas de inclusión. Caracterizados habitualmente como parte de la economía popular, se trata de trabajadores sin derechos ni protección, que cuentan con medios de producción precarios en el marco de unidades económicas mayoritariamente informales y que se organizan de distintas maneras (cuentapropismo de subsistencia, unidades económicas informales no asociativas, y formas asociativas, incluyendo cooperativas). La promoción de las formas empresarias de la economía solidaria, es decir las cooperativas y mutuales en sus distintas modalidades, ha sido y debe continuar siendo una política central para la inclusión definitiva de este sector, promoviendo un sujeto social que logre cambiar en forma sustentable su articulación con el resto del entramado productivo.

Derechos del trabajo: La promoción de los derechos del trabajo debe incluir la consolidación de la cooperativa de trabajo como instancia alternativa e incluso superadora del trabajo asalariado o del trabajo autónomo. Para esto es necesaria una fuerte articulación en las tareas de promoción con el Ministerio de Trabajo y otras áreas vinculadas a la temática, como el propio ANSES. De igual manera, las cooperativas de todo tipo pueden ser un aliado fundamental para las distintas agencias del Estado en la creación de empleo con todos sus derechos y protecciones.

Educación: Es necesario fortalecer los vínculos entre la educación y el mundo de la producción, incluyendo el sector de las cooperativas y mutuales. Nuestros estudiantes, en todos los niveles, deben conocer que existe una  alternativa para cumplir sus sueños y objetivos, y para esto es necesario un trabajo conjunto del movimiento cooperativo y mutual con el Ministerio de Educación de la Nación, con las Universidades y con las autoridades educativas de cada provincia.

Juventud: En todas las políticas dirigidas a la juventud, incluyendo aquellas desarrolladas desde la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social y ámbitos afines, debe incluir la promoción de cooperativas de jóvenes, afirmando esta alternativa de inserción social, que resulta superadora porque garantiza más y mejor democracia en la organización de nuestra economía.

Género: Las políticas públicas vinculadas a las temáticas del género deben incluir una firme alianza con las organizaciones cooperativas y mutuales, para que estas empresas constituyan herramientas para la inserción en condiciones de equidad.

Seguros: La consolidación de un sistema de seguros que responda a las necesidades e intereses nacionales requiere fortalecer el protagonismo de las aseguradoras cooperativas y mutuales, lo que demanda una mayor articulación entre estas empresas y las autoridades vinculadas al sector.

Vivienda: Deben desarrollarse  programas orientados a reducir el déficit habitacional, y en este campo la organización cooperativa garantiza la mayor transparencia así como su adecuación a las necesidades de las comunidades. Para construir hábitat en forma participativa, evitando la especulación inmobiliaria y la usura financiera, resulta indispensable la mayor articulación con el Ministerio de Infraestructura y Planificación y con los respectivos organismos provinciales.

Turismo: las políticas de promoción del turismo deben incluir al cooperativismo y el mutualismo. La comunidad organizada en forma cooperativa o mutual ha demostrado en todo el territorio su potencialidad en el desarrollo del turismo emisivo y del turismo receptivo, con una perspectiva solidaria, comprometida con el medio ambiente, y de gestión democrática.

Pymes: Las políticas de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa deben incorporar en forma central la promoción de cooperativas como estrategia asociativa empresarial en todos los ámbitos, desde la producción de software hasta las carpinterías, desde la pesca hasta la industria farmacéutica.

Salud: Es necesario que en las políticas de salud las cooperativas y mutuales sean incorporadas como una herramienta complementaria a la salud pública, articulando espacios de promoción a la provisión de servicios de salud en forma autogestionaria. La mejor alternativa para que el sistema de salud no sea un negocio, es que esté gestionado por sus propios usuarios, en forma articulada con el Estado. Esto requiere la mayor complementación de políticas con las autoridades nacionales, provinciales y municipales del sector.

2. La articulación de todas las políticas de promoción de las cooperativas y mutuales requiere jerarquizar la autoridad de aplicación de la legislación cooperativa y mutual

La autoridad de aplicación de las leyes 20.337 y 20.321 debe depender directamente de Presidencia de la Nación, a los efectos de poder estar en condiciones de articular con todas las áreas de gobierno que requieren consolidar sus políticas de promoción de las cooperativas y mutuales.

La clave es lograr un adecuado equilibrio entre la promoción de las cooperativas y mutuales en forma orgánica en cada uno de los sectores, y su convergencia en una política integral dirigida a la democratización de la economía en todos los espacios.

Esta jerarquización requiere que el funcionamiento del actual INAES sea regido por una ley nacional, que recoja la experiencia acumulada por este organismo. La aprobación de una “carta orgánica” de este Instituto le dará mayor consolidación institucional y previsibilidad en su relación con el resto del Estado y con los distintos actores de la economía nacional.

3. Debe consolidarse y ampliarse la cogestión de las políticas de registro, fiscalización y promoción de las cooperativas y mutuales.

A lo largo de las últimas décadas de democracia se ha mostrado la conveniencia de que el INAES se constituya en un espacio de coordinación entre el Estado y las cooperativas y mutuales. Ello se traduce en una conducción colegiada integrada por los funcionarios públicos y los representantes del cooperativismo y del mutualismo.

En dicho sentido entendemos que debe sostenerse esta experiencia, incluyendo una ampliación de esa participación para que posibilite una mejor representación de una realidad cada vez más diversa. Para ello resulta conveniente que el Directorio, hoy integrado por tres representantes del Estado, dos del cooperativismo y dos del mutualismo, amplíe la representación cooperativa incorporando un delegado más, atendiendo al fuerte crecimiento que ha tenido este sector, en particular las cooperativas de trabajo.

Todos los representantes del cooperativismo y el mutualismo deben ser designados por el Poder Ejecutivo entre ternas de candidatos que propongan sus confederaciones más representativas.

4. Las políticas nacionales de registro, fiscalización y promoción de las cooperativas y mutuales deben ser articuladas en forma federal con cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro de la organización del INAES –como se dijo, reconocido por ley– debe incluirse la creación de un Consejo Federal integrado por la autoridad nacional de aplicación de la legislación cooperativa y mutual y los órganos locales competentes, con una reunión mensual obligatoria, para armonizar las políticas de promoción, registro y fiscalización.

En tal sentido es necesario lograr el fortalecimiento de los órganos locales competentes, para lo cual estos deben estar conformados como organismos autárquicos, y ser conducidos con la participación de representantes de las cooperativas y mutuales, a semejanza del organismo nacional, y así poder garantizar que los fondos originados en la ley 23.427 tengan efectivamente como destino la educación y promoción cooperativa.

Buenos Aires, septiembre de 2015