Revista Idelcoop nº 243 - Julio 2024 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Historia del Cooperativismo

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

 

Evolución histórica de la participación del Estado en el cooperativismo chileno

 

Francisco de Borja García García,[1] María del Carmen Pérez González,[2] Socorro Montoya Sánchez,[3] Elba Lucia Filgueira Muñoz[4]

 

 

Introducción.

La participación del Estado en el cooperativismo chileno ha sido un aspecto crucial a lo largo de su evolución histórica, reflejando una interacción compleja entre las políticas gubernamentales y las dinámicas sociales y económicas del país (Radrigán, 2018). Desde los tiempos de las civilizaciones precolombinas, donde se observaban formas incipientes de asociatividad en los pueblos andinos, hasta los períodos de colonización europea y descolonización, donde surgieron los primeros movimientos sociales auspiciados por la Iglesia, el cooperativismo ha estado presente como una manifestación de organización comunitaria y solidaria. La creación del Estado chileno en el siglo XIX y el surgimiento de sindicatos obreros marcaron un punto de inflexión en la historia del cooperativismo en Chile, culminando con la aparición de la Cooperativa La Esmeralda y la promulgación de la primera Ley de Cooperativas en 1924. Sin embargo, fue durante el período de la reforma agraria liderada por el gobierno de Frei Montalva en la década de 1960 cuando el Estado comenzó a utilizar las cooperativas como herramienta para el apoyo a grupos campesinos, estableciendo una estrecha relación entre el Estado y el movimiento cooperativo. El gobierno de Allende vio un aumento significativo en el número de cooperativas en Chile, aunque también estuvo marcado por la desconfianza y el recelo hacia estas organizaciones. La dictadura militar de Pinochet, por otro lado, trajo consigo la intervención militar en las cooperativas y una drástica reducción en su número. Desde el retorno a la democracia en 1991, el movimiento cooperativo ha experimentado un resurgimiento significativo, impulsado por cambios legislativos como la creación de la nueva ley de cooperativas (DFL N^o5, 2003) y su modificación en 2016 (Ley N^o 20.881, 2016). Además, se han establecido nuevos organismos estatales destinados a promover y regular el sector, como la División de Asociatividad y Economía Social en 2016 o la División de Asociatividad y Cooperativas en 2024. De esta manera, el papel del Estado en el cooperativismo chileno ha sido variable a lo largo del tiempo, reflejando tanto momentos de apoyo como de intervención y desconfianza, evidenciando la compleja interacción entre el Estado y la sociedad civil en la promoción del desarrollo económico y social del país (Correa, 2022).

Por ello, en el presente artículo se analiza cómo los movimientos cooperativos chilenos han sido intervenidos o promovidos por el Estado hasta la actualidad. Este análisis puede contribuir a una mejor comprensión de la situación actual de estos movimientos y ofrecer una perspectiva sobre sus futuras proyecciones.           

Las empresas asociativas chilenas. Historia de las Cooperativas chilenas

Las empresas asociativas en Chile han evolucionado paralelamente de acuerdo con la transformación de la sociedad chilena. Para entender la realidad de las Cooperativas en la actualidad, se analiza la evolución histórica en las diferentes etapas del movimiento cooperativo chileno (Tabla 1).

 

 

 

Se considera que los inicios de la Economía Social europea surgen en una época temprana de la Edad Moderna dentro de las cofradías de socorro de la Edad Media y, más tarde, en los movimientos sindicalistas de la Revolución Industrial (Chaves & Monzón, 2008; Díaz-Foncea et al., 2012; Martínez-Charterina, 1995; Monreal & Orellana, 2019; Monzón, 2003).  Este origen difiere del concepto de Economía Social sudamericano, donde la identidad social latinoamericana estuvo influenciada desde sus albores por las culturas precolombinas y sus sistemas sociales y económicos (CEPAL, 1989; Correa, 2022; Merino-Hernández, 2005; Mogrovejo et al., 2012; Monzón et al., 2010; Radrigán et al., 1998; Ramírez-Díaz et al., 2016).

En América, con la llegada de Colón en 1492 y la posterior colonización europea, se modificaron de forma sustancial los modelos de vida de las sociedades sudamericanas. Hubo una ruptura de la vida cívica de los pueblos precolombinos, debido al fuerte impacto que la cultura europea provocó en el continente, sobre todo en cuestiones esenciales como el lenguaje y sus modelos productivos y económicos (CEPAL, 1989). Estas corrientes sociales reportadas desde Europa también afectaron a los movimientos asociativos del Chile precolonial (CEPAL, 1989; Mogrovejo et al., 2012).

Los pueblos indígenas chilenos contaban con unos modelos cívicos básicos de asociación y estructuras sociales, económicas y estamentales que dificultaban la aplicación de los valores taxativos de la Economía Social y del concepto moderno de Estado procedente de Europa (CEPAL, 1989; Monzón et al., 2010). Los modelos de Estado traídos desde el viejo continente ejercieron un impacto cultural directo, convirtiéndose en parte importante del proceso de construcción de la actual identidad cultural de la República de Chile, por lo que resulta necesario realizar un análisis de los comportamientos y roles sociales para entender el concepto de asociatividad chileno.

 

 

 

 

Los y las indígenas de la zona norte del país (Mapa 2.1), denominados/as aymaras, atacameños y coyas, se encontraban en la zona de dominación del Imperio Inca a la llegada de los conquistadores (Gundermann & González, 2009). Estos pueblos de la zona norte del país contaban con una estructura social y económica bastante consolidada, con organizaciones económicas y sociales que les permitieron sobrevivir y desarrollarse (Gundermann & González, 2009). Su estructura social estaba basada en el sistema de reciprocidad andina (De la Torre & Sandoval, 2004), conformado por una serie de prestaciones y contraprestaciones entre linajes, los cuales se organizaban territorialmente en las comunidades. Este modelo andino solidario tiene mayor énfasis con la comunidad, no existiendo grandes diferencias entre las clases sociales (De la Torre & Sandoval, 2004).

Los pueblos indígenas de la zona centro-sur del país, conformados por los y las mapuche, huilliches y picunches, fueron pueblos nómadas que basaban su economía en la caza y la horticultura, y con la llegada de las migraciones europeas cambiaron su actividad por la agricultura y ganadería, convirtiéndose en pueblos campesinos (Bengoa, 2000). Mostraron una gran tenacidad al resistir la colonización en la guerra de Arauco,[5] retrasando la ocupación española (Donoso, 2012; Toledo-Llancaqueo, 2001). De hecho, en la zona de la Araucanía,[6] todavía existen poblaciones mapuche que exigen al Estado una legislación específica por sus problemáticas territoriales (Bengoa, 2000; Boccara & Seguel-Boccara, 1999). Los y las indígenas de la zona centro-sur tienen una gran tradición patriarcal, fundamentada en la cooperación de sus miembros para alcanzar una mayor estabilidad, y tienden a la pertenencia cultural, alejándose de la actitud occidentalizada con respecto a la propiedad, ya que consideran a la tierra como un todo que es quien les nutre, y que no tiene propietario (Bengoa, 2000; Toledo-Llancaqueo, 2001).

La Isla de Pascua está habitada por los y las Rapa Nui, y fue descubierta por los conquistadores españoles en el año 1777. Lo cierto es que la cultura de la Isla de Pascua no ha influido en la sociedad chilena como los pueblos anteriormente mencionados, al existir una separación de unos 6.000 kilómetros entre la isla y el continente (Vargas et al., 2006).

El impacto cultural sobre los pueblos indígenas chilenos, especialmente al sur del país, no fue tan intenso, ya que no sufrieron una colonización directa europea al no haber sido nunca conquistados/as, bien fuera por su combativa militar como el caso de los pueblos mapuche, o bien por la inaccesibilidad de sus territorios, como los Rapa Nui (Vargas et al., 2006). La entrada de la cultura colonizadora no fue repentina, sino que se fue desarrollando de una manera más estacionaria y paulatina, a diferencia de otros países de Sudamérica (Cano & Soffia, 2009; Cristino & Fuentes, 2011).

Las primeras experiencias Cooperativas en la República de Chile (1811 – 1964)

Tras la colonización española, aparecen nuevas instituciones para la administración de las colonias, con un fuerte carácter imperialista (Miranda-Lorenzo, 2011). Se inicia un proceso de aproximación al modelo productivo europeo, donde las actividades sin fines de lucro o de beneficencia eran llevadas a cabo por la Iglesia Católica (Boccara & Seguel-Boccara, 1999; Miranda-Lorenzo, 2011). Tras la independencia de Chile, en los primeros años de la República, se mantiene una continuidad del modelo productivo colonial (Monzón et al., 2010).

Las bases del Estado moderno chileno solo aparecen cuando se inicia la industrialización de la República, entre los años 1851 y 1924 (Ducoing, 2016; Yáñez & Jofré, 2011). Dicha industrialización trajo consigo un acercamiento a la lógica de mercado capitalista de las corrientes económicas de Smith (1776) y Ricardo (1817). En estos años, la estructura productiva chilena se aproxima a la europea y se crean grupos sindicales surgidos del activismo obrero y social, contexto en el que se origina la Economía Social en Chile, al igual que ocurriese con las primeras formas de Economía Social, como las de Inglaterra de la Segunda Revolución Industrial (Boeninger, 1997; Farías, 2019).

De manera oficial, el movimiento cooperativo en Chile nació en 1887 en la ciudad de Valparaíso, con la Cooperativa La Esmeralda; refiriéndose a la misma en los siguientes términos en una publicación de la época:

Una idea que en países más adelantados que el nuestro ha dado esplendidos resultados y que desearíamos ver implementada cuanto antes por las clases obreras, nos referimos a la formación de una sociedad anónima en que los accionistas serán los mismos consumidores y obtendrán, por consiguiente, las utilidades que esta clase de negocios deja. Dicha sociedad llevará el nombre de Sociedad Cooperativa de Valparaíso, tendrá por ahora un capital de 30.000 pesos divididos en 600 acciones de a 50 pesos cada una, cuyo pago se hará por cuotas mensuales (El Mercurio, 6 de julio de 1887).[7]

La Esmeralda era una cooperativa de consumo con patrones similares a la Rochdale de Inglaterra. No obstante, la entidad inglesa tenía una misión más integradora para las bajas clases sociales, especialmente trabajadores, trabajadoras y proletariado; mientras que La Esmeralda se caracterizó por agrupar a personajes de la clase alta chilena y con un gran peso en la política de la época, como Juan José de la Torre,[8] Carlos Condell de la Hoz,[9] Luis Uribe Orrego,[10] Eduardo de la Barra Lastarria,[11] Carlos Van Buren[12] y Jorge Montt Álvarez[13] (Bastidas-Delgado et al., 2007; Radrigán, 2018).

El surgimiento del sector cooperativo chileno tomará mayor importancia entre los grupos de inmigrantes europeos/as, especialmente provenientes de Alemania, España e Italia, que encontrarán en las cooperativas un método para financiarse o bien acceder a bienes básicos como electricidad y vivienda (Bastidas-Delgado et al., 2007; Radrigán, 2018).

Entre 1904 y 1924 se constituyen unas cuarenta cooperativas, fundamentalmente de consumo, servicios, ahorro y crédito, eléctricas y agrícolas (Mogrovejo et al., 2012). Ello da lugar a que en el año 1924 se promulgue la primera Ley de Cooperativas (Radrigán et al., 1998), y que en el año 1927 se cree el Departamento de Cooperativas dependiente del Ministerio de Fomento, otorgando un marco jurídico válido a las entidades que, hasta el momento y en su gran mayoría, se habían constituido como sociedades por acciones (Radrigán, 2018).   

En esta etapa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la labor de las cooperativas fue facilitar la integración y la coordinación de grupos de agricultores/as o trabajadores/as, lo que ayudó a que el Estado pudiese fomentar políticas públicas. (Bastidas-Delgado et al., 2007).

A partir de esta lógica, en el año 1938 se crea la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO),[14] con el fin de sentar las bases de la industrialización chilena, creando las grandes empresas del país, como Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) y la Industria Azucarera Nacional (IANSA) (Guerrero & Valdes, 1988). A través de planes especiales de desarrollo, CORFO dio un fuerte impulso a actividades como la minería y la electrificación del país, y fomentó el cooperativismo en el medio rural, especialmente en los subsectores pesqueros, vitivinícolas y lecheros. De esta forma, CORFO encontró en las cooperativas un método para aunar la dispersión de las poblaciones rurales y facilitar la aplicación de sus políticas (Labarca, 2016; Santoni et al., 2023).

Al margen de los organismos paraestatales, los sindicatos de la clase media comenzaron a formar sus propios proyectos cooperativos en zonas urbanas, especialmente en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, más industrializadas, creando empresas facilitadoras de consumo y copiando los modelos cooperativos de King (1828). A finales de la década de los años cincuenta del siglo XX, comienzan a surgir un mayor número de cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito (Radrigán, 2018). Fruto de este auge cooperativo surgen las Federaciones, cuya existencia legal comienza en el año 1954. Posteriormente se crean las Instituciones Auxiliares de Cooperativas, como ICECOOP e INVICA, encaminadas a controlar la actividad cooperativa de consumo y finanzas, al ser consideradas las cooperativas como empresas en las que el Estado podía delegar externalidades sociales (CEPAL, 1989). Sin embargo, y a pesar de este supuesto control estatal, la espontaneidad fue el elemento que caracterizó al cooperativismo chileno hasta finales de la década de los años cincuenta del siglo XX (Bastidas-Delgado et al., 2007; Radrigán, 2018).

 

El cooperativismo como proyecto de desarrollo en la reforma de Frei Montalva y en el gobierno de Salvador Allende (1964 – 1973)

En la década de 1960, aparece una importante presión por parte de la ciudadanía, respaldada por la Iglesia Católica, en busca de una nueva reforma agraria que permitiese el acceso a la tierra de los y las pequeños/as agricultores/as, erradicando el modelo de latifundios. Como consecuencia de las demandas de la ciudadanía, en el año 1962 el gobierno de Jorge Alessandri promulga la primera Ley de Reforma Agraria,[15] que permitió redistribuir las tierras estatales entre las y los campesinos, y autorizó la instauración de reformas fiscales para administrar su función en el campo (Guerrero & Valdes, 1988). Sin embargo, la reforma agraria del año 1962 generó problemas de administración y producción en los distintos predios agrícolas, al no tener capacidad para aunarlos o trabajar con ellos de forma conjunta (Boccara & Seguel-Boccara, 1999; FAO, 1994; INDAP, 2016).

En el año 1964, el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) impulsó la Segunda Ley de Reforma Agraria que va a permitir la sindicalización campesina. Fruto de los cambios generados por esta Ley, se organizaron 400 cooperativas agrícolas, sumando más de 100.000 campesinos y campesinas. El cooperativismo recibió un gran estímulo al considerarlo como una herramienta que permitía integrar los modelos de gestión y producción entre los  y las nuevos/as propietarios/as de las tierras (Radrigán, 2018). A pesar de ello, la creación de cooperativas que colaborasen con la administración en la implementación de estas medidas socialmente revolucionarias, no vino acompañada de un proyecto cooperativo profundo, sino que fue resultado de un ajuste no previsto dentro de la organización estatal (Bastidas-Delgado & Richer, 2001; Radrigán, 2018).

En este período, se expande el número de cooperativas agrícolas, campesinas, de servicios, de trabajo directo y de vivienda, aumentando considerablemente el número de socios y socias en las cooperativas de Ahorro y Crédito (CEPAL, 1989; DAES, 2015). La principal característica de esta etapa radica en que prácticamente todo el cooperativismo está controlado o influenciado por el Estado, llevando a la politización de las cooperativas y, de esta manera, a secundar las reformas estatales[a1]  (DAES, 2015; FAO, 1994; Radrigán, 2018).

En 1970 Salvador Allende fue elegido presidente de la República, y entre sus proyectos figuraba una reforma económica y social para mitigar las desigualdades sociales del país. Su gobierno tuvo una fuerte influencia socialista, con medidas políticas de gran controversia nacional (Nyssens, 1997). La implementación de estas medidas provocó que Estados Unidos dispusiera de la Central Intelligence Agency (CIA) para que interviniera en Chile, dificultando la administración de Allende  a través de paros gremiales y acaparamiento de productos básicos que generaron desabastecimiento y grandes penurias en el país [a2] (CEPAL, 1989; Nyssens, 1997).

Gran parte de las cooperativas creadas en el gobierno de Frei Montalva fueron fruto de las políticas del Partido Demócrata Cristiano, y se caracterizaron por un alto grado de politización, posicionándose en contra de las reformas socialistas de Allende, y provocando en él un sentimiento de sospecha e inquietud (Labarca, 2016; Radrigán, 2018). El cooperativismo en ese momento deja de ser una cuestión prioritaria para el Estado y comienza una etapa continuista, gracias a un acuerdo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, donde no se suspenderían los fondos para las cooperativas, pero tampoco aumentarían (Boccara & Seguel-Boccara, 1999; INDAP, 2016). Así, en este período se llega al máximo de número de cooperativas registradas hasta la fecha con 3.947 asociaciones (DAES, 2015), creándose 597 cooperativas nuevas entre 1970 y 1973 y sólo disolviéndose 29 (INDAP, 2016).

 

La etapa de crisis del movimiento cooperativo durante la Dictadura Militar (1973 – 1989)

A partir de 1973, con la implantación de la dictadura militar, el cooperativismo chileno inicia la etapa más difícil de su historia. Las cooperativas fueron intervenidas en sus procesos democráticos internos, siendo las de sectores populares urbanos y rurales las más afectadas (Mogrovejo et al., 2012; Monzón et al., 2010).

La gran crisis económica de principios de los años ochenta, provocada por los primeros efectos del modelo económico neoliberal implantado, tuvo un impacto directo en el sector cooperativo, produciéndose múltiples quiebras. La suma de estos factores se refleja en la disolución de 1.258 Cooperativas entre los años 1975 y 1989 (DAES, 2015, 2018), y la reducción de las instituciones de integración cooperativa, de 45 en el año 1976 a 22 en el año 1980 (Bastidas-Delgado & Richer, 2001; DAES, 2015). Esto condujo a que algunos sectores cooperativos se autodefinieran como perseguidos, y mantuvieran discursos reivindicativos que los llevará a transformarse en guettos alternativos.

La labor de herramienta estatal de las cooperativas se pierde, ya que el levantamiento militar trajo consigo una reestructuración y un control estatal más fuerte de las cooperativas, y su supervivencia va a depender de su capacidad para competir en el mercado, al no contar con ayudas del Estado (Chaves & Monzón, 2008; Morales, 2008). Las cooperativas con mayor capacidad de subsistencia fueron las dedicadas al sector servicios, como CODESUR, o las grandes empresas agrícolas, como COLUN, Cooperativa agrícola de la Región de los Ríos, o CAPEL, Cooperativa pisquera en la Región de Coquimbo (Ríos et al., 2018).

 

Reinicio del cooperativismo con el retorno de la Democracia (1990 – 2019)

El entorno político y económico de la sociedad chilena cambió en la década de los años 90, fruto del retorno de la democracia y el resurgimiento del movimiento cooperativo chileno (DAES, 2015; Radrigán, 2018). En los primeros años de gobierno democrático, la nueva estrategia de desarrollo socioeconómico no consideró prioritario al cooperativismo como parte de su estrategia para el desarrollo nacional, por lo que el modelo asociativo se reinició de forma lenta y con poca prioridad para el Estado, al considerarlo ajeno a su modelo económico neoliberal (DAES, 2015, 2018; Radrigán, 2018).

A partir de la necesidad de paliar la desigualdad social y ayudar a personas en riesgo de exclusión, el Estado chileno decidió incentivar nuevamente el modelo de cooperativas. Así, en 2014, se creó la División de Asociatividad y Economía Social (DAES) para fortalecer la gobernanza y transparencia en el sector, fomentar la innovación social y el emprendimiento colectivo, y atender las crecientes demandas de la sociedad civil por un respaldo estatal efectivo. La creación de DAES también respondió a lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas, que subrayaba la necesidad de fortalecer el sector cooperativo y de la economía social para fomentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Esto incluyó la modernización del marco legislativo y regulatorio, requiriendo una entidad que pudiera supervisar, regular y apoyar adecuadamente al sector cooperativo. El gobierno también reconoció la importancia de la asociatividad y la cooperación como herramientas para el desarrollo social y económico, especialmente en sectores vulnerables y comunidades locales. Se buscaba promover nuevas formas de organización y producción que pudieran responder mejor a las necesidades de la sociedad, fomentando la innovación social y el emprendimiento colectivo. En 2019, DAES se consolidó como un objetivo principal dentro de las políticas de fomento, reflejando el compromiso del gobierno con un desarrollo inclusivo y sostenible.

Chile es un Estado que ha logrado posicionarse con altas cuotas de desarrollo en el contexto latinoamericano (CEPAL, 2018) y que goza de cierta estabilidad financiera gracias a la exportación de cobre (OCDE, 2015, 2018, 2021). Sin embargo, alberga serias contradicciones estructurales en el ámbito económico y social, que se han visto recientemente plasmadas en las manifestaciones y protestas del país. Esta situación de descontento social en una economía que parecía pujante, ha suscitado el debate desde entidades internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Internacional Cooperative Alliance (ICA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); así como organizaciones de carácter nacional, destacando el Fondo para la Innovación Agraria (FIA), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Programa de Asociatividad Económica (PAE) y el Programa de Gestión y Soporte Organizacional (PROGYSO).

Tanto organismos chilenos como internacionales consideran que el objetivo del país debe ser conseguir una mejora social, acompañada de un crecimiento macroeconómico estable, e instan a buscar soluciones para paliar dicha problemática fomentando la asociatividad, basados en diversos diagnósticos de la situación chilena (Tabla 2).

 

 

En los diagnósticos realizados por las distintas instituciones nacionales e internacionales (Tabla 2), se plantea la necesidad de un crecimiento con desarrollo sostenible, inclusivo y constante enfocado a la asociatividad. Se destaca la necesidad de encontrar fórmulas económicas que rebajen la desigualdad social y mejoren un reparto equitativo.

Para poder atender las demandas sociales de la sociedad civil chilena, el nuevo cooperativismo debe estar enfocado a satisfacer sus necesidades. Por ello, desde 2014, el Ministerio de Economía ha adoptado una política de apoyo, especialmente enfocada en la industria agroalimentaria y en las cooperativas agrícolas, para que sean capaces de adaptarse al actual sistema, logrando que sean resistentes a las crisis económicas, promoviendo la innovación, fortaleciendo su competitividad y el acceso a los mercados (DAES, 2018). Al mismo tiempo, para la mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadores y trabajadoras cooperativistas, se reformó la Ley de Cooperativas en 2016, trayendo importantes cambios como la obligación de las cooperativas de crear Fondos de Reserva Obligatoria, o disminuyendo el número de socios y socias necesarios/as para constituir una cooperativa, en cinco.

Sin embargo, la situación de Chile en los últimos años sigue siendo inestable por los escasos logros en materia social alcanzados, generando un descontento generalizado de la ciudadanía que ha ido en aumento, explotando en las revueltas sociales del año 2019 (Güell, 2019).

El cooperativismo en Chile ha fluctuado a lo largo de su historia. En esta revisión se pudo apreciar que Chile, en el contexto latinoamericano, ha sido un país pionero en la implementación del modelo cooperativo. La primera cooperativa, conocida como La Esmeralda, se constituyó en 1884, dando origen al surgimiento del modelo cooperativo especialmente desarrollado entre los y las inmigrantes provenientes de Europa, en sus primeros años.

Durante la primera mitad del Siglo XX, el cooperativismo, en términos generales, prosperó tanto en zonas urbanas, permitiendo la creación de asociaciones de consumidores y consumidoras o grupos sindicales, como en las zonas rurales, facilitando la cooperación campesina. El máximo fomento al cooperativismo se experimentó tras la reforma agraria de Frei Montalva continuado por el gobierno de Allende, donde llegaron a existir más de 3.000 Cooperativas (1972). Sin embargo, tras el golpe militar, el cooperativismo fue perseguido y bloqueado, ya que el régimen de Pinochet consideraba a estas empresas como movimientos populares. Con la llegada de la Democracia, especialmente durante la década de los años 90 del siglo XX, el cooperativismo quedó en suspensión, no teniendo mucha relevancia en el modelo productivo salvo por las cooperativas de Ahorro y Crédito, y por grandes cooperativas agrícolas, como CAPEL en el Valle del Elqui en la Región de Coquimbo, y COLUN, en la región de Los Ríos.

En este trabajo se concluye que la influencia de la participación estatal, sumada a la falta de una política continuada para fomentar los emprendimientos en cooperativas, ha derivado a que la población desconfíe en el modelo cooperativo.

En esta línea, Chile está viviendo un momento de su historia en el que necesita reforzar su cooperativismo. Esta afirmación se justifica por diversas razones.

En primer lugar, desde octubre de 2019 hasta la actualidad, mediados de 2024, Chile ha experimentado una revuelta social que ha derivado en la creación de una Asamblea Constituyente. Las razones que han motivado este descontento social son, entre otras, el bajo nivel adquisitivo de la población media baja en relación con el alto nivel de vida, la baja valoración ciudadana de tener un Estado poco subsidiario y la falta de cobertura social entre la población más envejecida o vulnerable. En segundo lugar, diversos organismos internacionales han identificado la necesidad que existe en Chile de crear modelos productivos basados en la asociatividad. Y, en último lugar, diversos informes nacionales han identificado la necesidad de mejorar la Economía Social y solidaria en general, y reforzar el cooperativismo en particular.

Para subsanar esta situación, el gobierno de la República de Chile, tras el diagnóstico que realizó el DECOOP en 2014, tomó una serie de medidas para mejorar el cooperativismo a nivel nacional. Entre las medidas tomadas, destacan la reforma de la Ley/21344 de Cooperativas en 2016, la creación de la División de Asociatividad y Economía Social -DAES- y la creación de fondos públicos para apoyar a este tipo de empresas. El impacto de estas medidas ha tenido una repercusión en el cooperativismo nacional.

En primer lugar, los emprendimientos en cooperativas han seguido una dinámica positiva, teniendo una tasa promedio de aumento anual cercana al 11%. Las razones que explican el aumento de los emprendimientos cooperativos son varias, como un entorno económico favorable, un aumento de los apoyos públicos, el incremento de los emprendimientos nacionales y el cambio legislativo de 2016. En este sentido las motivaciones de emprender en cooperativas en Chile están determinadas por las facilidades que ha dado el entorno institucional. Sin embargo, el porcentaje de emprendimientos asociativos respecto al total de emprendimientos nacionales no superó el 0,8% en ninguno de los años estudiados.

En segundo lugar, la inclusión de mujeres trabajadoras en cooperativas ha aumentado de manera constante durante el periodo de estudio. Los análisis practicados confirman que la inclusión de nuevas socias en cooperativas ha estado ligada a los nuevos emprendimientos, siendo ambos factores favorables para rebajar los índices de desigualdad de género en el ámbito laboral. En 2022 el 51% de las socias en cooperativas eran mujeres. Los estudios también corroboran que el aumento de mujeres trabajadoras en cooperativas favorece el desarrollo sustentable del territorio chileno en general, y beneficia la situación laboral de sus socias, en particular. No obstante, el número de mujeres empleadas en cooperativas, a pesar de que haya aumentado considerablemente, todavía es marginal, no superando el 5% del total de mujeres empleadas en Chile.

En último lugar, también se determinó que, a pesar de este nuevo auge del cooperativismo reflejado en el aumento sostenido de emprendimientos y el aumento de la cantidad de socios y socias, existe una alta tasa de cooperativas inactivas (más del 60% en 2020) indicando que estas empresas deben fortalecerse, lo que sugiere que todavía no están consolidadas en el país.

En este contexto, cabe destacar que históricamente la participación del Estado ha sido fundamental para el desarrollo del cooperativismo en el país. Actualmente, se percibe un esfuerzo estatal por fomentar estas empresas. La modificación de la ley, que ha permitido reducir el número requerido de socios y socias para constituir una cooperativa y que ha otorgado beneficios fiscales, podría ser una de las razones detrás del aumento de estos emprendimientos. Además, según el portal de transparencia, entre 2014 y 2024 se habrían invertido más de 21.643 millones de pesos en 526 proyectos estatales llevados a cabo por organizaciones como CORFO, INDAP, FIA y SERCOTEC. Sin embargo, en Chile, la mayoría de los y las socios y socias se concentran en cooperativas bancarias y de servicios, representando a 2.055.012 personas, lo que equivale a más del 95% del total de socios y socias en el país.

Según García (2024), la consolidación de cooperativas de reciente creación ha sido lenta. Aunque el número de cooperativas aumentó de 1702 a 1908 entre enero de 2023 y abril de 2024, el número de socios/as activos/as disminuyó de 2.165.582 a 2.156.482. Además, ha aumentado el número de cooperativas inactivas. Esto podría explicarse por una política más enfocada en promover nuevos emprendimientos que en consolidar empresas con modelos de negocios capaces de atraer integrantes. Por lo tanto, se sugiere que futuras investigaciones profundicen en las causas de esta situación y examinen las consecuencias actuales de la intervención estatal en el cooperativismo.

 

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