Revista Idelcoop nº 241 - Noviembre 2023 - ISSN Electrónico 2451-5418 /  Sección Historia del Cooperativismo

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa

 

Desarrollo y consolidación del cooperativismo argentino (1926 / 1976)^[1]

Daniel Plotinsky^[2]

Introducción

El desarrollo de las cooperativas –en tanto empresas y movimientos sociales- está fuertemente ligado al contexto político-institucional y socioeconómico en el que deben desenvolverse; al mismo tiempo, y en tanto persiguen una función transformadora o reformadora de la sociedad en la que actúan, operan modificando esos contextos.

Por eso, cualquier análisis de su evolución histórica debe considerar las características de las diversas expresiones del cooperativismo, sus vertientes ideológicas y las formas organizativas que adquirieron; las peculiaridades económicas y normativas de cada uno de los sectores en que desarrollan su actividad; el papel de los agentes externos, especialmente del Estado; y las experiencias de coordinación e integración cooperativa. 

En este marco, se puede formular una periodización del cooperativismo argentino que intente dar cuenta de los cambios producidos a lo largo del tiempo a partir de esas variables: una etapa fundacional, desde mediados del siglo XIX hasta la sanción de la primera ley de cooperativas en 1926; otra en que se observa la consolidación y el crecimiento del movimiento cooperativo (1926/1976); una tercera, caracterizada por una retracción del sector en el marco del auge de las políticas neoliberales (1976/2001); y, finalmente, un período de reconfiguraciones, tensiones y nuevas perspectivas abierto a principios del siglo XXI.

Este trabajo se propone un primer análisis general del desarrollo del cooperativismo en el medio siglo que va de 1926 a 1976, entendiendo que es el período en que se conforma el habitualmente denominado “cooperativismo tradicional”. Lo hace intentando aportar una mirada global que vaya más allá de los estudios de caso, de las actividades económicas o de las regiones, y que -nutriéndose de esos trabajos- dialogue con ellos para generar una mirada más integral y abarcadora, que a su vez facilite y promueva nuevas investigaciones sobre la historia de diferentes sectores, empresas y experiencias cooperativas.

 

Cooperativismo y políticas públicas

La sanción en 1926 de la Ley 11.388 sobre el Régimen General de Sociedades Cooperativas fue una consecuencia del crecimiento experimentado por el cooperativismo argentino desde fines del siglo XIX. Les participantes de los dos primeros Congresos Argentinos de la Cooperación (CAC), celebrados en 1919 y 1921, pusieron particular énfasis en reclamar la sanción de una ley general de cooperativas, como también de una especial para las cooperativas agrarias.

A partir de 1915 se presentan varios proyectos, hasta que una comisión senatorial encabezada por el socialista Mario Bravo elaboró la norma aprobada. Si bien su texto no desarrolla una definición de cooperativa, expresaba un auténtico sentido doctrinario y reflejaba conocimiento de la experiencia argentina. Su artículo segundo, de carácter enumerativo, expresa fielmente los principios rochdaleanos. Señala, además, la forma de distribuir las utilidades entre les socies (Plotinsky, 2015).

Al mismo tiempo, la Ley abrió una nueva etapa que permitió la consolidación y desarrollo del movimiento cooperativo, que se fue ampliando a nuevas ramas, actividades y regiones del país. Sin embargo, la relación entre Estado y cooperativas fue cambiante en el tiempo, y tampoco fue homogénea en cada momento en su relación con las diferentes ramas cooperativas, por lo que su papel se analizará junto a la evolución de cada sector.

En cuanto a las políticas públicas hacia el sector, puede afirmarse que, en los veinte años posteriores a la sanción de la Ley, el progreso del cooperativismo se dará ante la casi total indiferencia del Estado que visualizaba a las cooperativas como algo ajeno a su incumbencia, sin que hubiera planificación o fomento estatal que lo contemple. Por lo tanto, las cooperativas se fueron extendiendo en el seno de la sociedad por la fuerza de su propia actividad económica y social (Cracogna, 1988).

Será recién durante las presidencias de Juan Domingo Perón que la acción estatal impactará activamente en el cooperativismo. El Primer Plan Quinquenal (1947/1952) menciona entre sus objetivos el fomento y creación de cooperativas agrarias y de consumo, las que fueron beneficiadas con una abundante oferta crediticia subsidiada y un papel protagónico en el comercio exterior (Scheinkerman, Basañez y Martini, 2011). El Segundo Plan (1952/1957) les dará continuidad a esos objetivos, avanzando en la necesidad de una organización total de les productores en un sistema nacional de cooperativas, aunque la coyuntura política y económica no permitió desarrollarlo y el golpe de Estado de 1955 terminó definitivamente con esos proyectos. Este activo rol del Estado estaba vinculado a la promoción de un modelo económico basado en la expansión del mercado interno y, al mismo tiempo, a las difíciles relaciones entre el gobierno y les grandes productores agropecuaries.

En el período 1956/1973, en el que Argentina transita entre dictaduras y democracias restringidas, no se observan políticas expresamente referidas al cooperativismo en general. Solo merecen señalarse el Plan de Desarrollo de 1965, que propone estimular al cooperativismo agrario, y el ataque a las cooperativas de crédito desplegado por el gobierno dictatorial a partir de 1966, que redujo significativamente su número y participación en el sistema financiero. Es esa misma dictadura, sin embargo, la que en el marco de objetivos de modernización de las estructuras institucionales sanciona en 1971 la Ley 19.219 que crea el Instituto Nacional de Acción Cooperativa INAC como organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social, conducido por un directorio y un consejo consultivo honorario integrado por representantes de diversos ministerios, y de COOPERAR y CONINAGRO en representación del cooperativismo. Poco después inicia un proceso que culminará en 1973 con una nueva legislación (Levin y Verbeke, 1997 y Plotinsky, 2018).

Según Gleizer (2009), hasta ese momento la fiscalización pública de las cooperativas en el ámbito nacional había ido mudando: recayó en la Inspección General de Justicia desde 1923 hasta que la Ley 11.388 estableció que correspondía al Ministerio de Agricultura, por lo que se creó la Sección Registro, Inspección y Fomento de Cooperativas en su Dirección General de Economía Rural y Estadística. En 1949, la Sección fue elevada a la jerarquía de Dirección Nacional de Cooperativas DNC, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

 

Consolidación y crecimiento

Los requisitos que imponía la Ley Nº 11.388 a las empresas que querían encuadrarse como cooperativas, produjeron una disminución inmediata del número de entidades. Lo que ocurrió, en realidad, es que la norma llevó a que una cantidad de seudo- cooperativas dejaran de operar, o blanquearan su real situación societaria adoptando otras formas organizativas.

Poco después, empiezan a observarse los efectos beneficiosos de la Ley. En 1928, a dos años de su sanción, se registra la existencia de 79 cooperativas urbanas en la ciudad y provincia de Buenos Aires y 143 rurales en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y territorios nacionales. 

La década de 1930 muestra un lento crecimiento general de la cantidad de cooperativas y de su operatoria. En 1935 se registran 440 entidades con 178.400 asociades, y en 1940 las cooperativas son 646, con 365.700 asociades. De ese total, 315 se dedicaban a actividades agropecuarias, 76 eran de consumo, 63 de créditos, 30 de seguros, 70 eléctricas y 73 figuraban en el rubro de “actividades varias”. Poco más de un tercio de les asociades lo eran a cooperativas eléctricas, seguido por las de consumo, que representaban la cuarta parte.

 

 

 

 

 

 

 

Lamentablemente, durante las décadas de 1940 y 1950 no se llevaron registros estadísticos completos y fiables, por lo que solo se puede retomar una visión panorámica y comparativa a partir de 1959. En términos generales, se observa que en los 16 años transcurridos entre 1943 y 1959, las cooperativas aumentaron un 417% y la cantidad de asociades un 534%, mientras que, en los 16 años siguientes, el crecimiento fue de 159% y 419%, respectivamente.

 

 

 

 

    

 

Cooperativismo eléctrico

En el marco de ese crecimiento general, las cooperativas de provisión de servicios de electricidad son las que muestran mayor expansión del número de miembros durante la década de 1930. Este sector representaba el 10% del total de las entidades, pero aportaba el 29% de les asociades en 1936/37 y el 35% en 1939/40.

Este tipo de cooperativas comienza a desarrollarse a fines de la década de 1920, cuando la distribución de energía estaba casi exclusivamente a cargo de empresas extranjeras y las pequeñas poblaciones, de escasa rentabilidad, quedaban libradas a la iniciativa de empresaries locales o grupos de vecines. La primera cooperativa se crea en 1926 en Punta Alta (Buenos Aires), en el marco del descontento generalizado por la abusiva aplicación de tarifas. Una asamblea vecinal constituye la Sociedad Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica e Industrias Anexas de Punta Alta Ltda. por iniciativa de obreros ferroviarios y de los arsenales navales, que tenían experiencia en el cooperativismo de consumo. El rápido crecimiento de la entidad, que en pocos meses logró reunir más de 1.500 asociades, provocó la reacción de esa empresa y del Estado provincial, que le quitó la personería a la cooperativa en 1929.

La experiencia de Punta Alta sirvió como modelo y estímulo para la fundación de numerosas cooperativas similares. En 1930 solo existían cuatro, en las localidades de Punta Alta y Olavarría (Buenos Aires), Canals (Córdoba) y Santa Rosa (La Pampa). En 1939 ya eran 70, y en 1943 existían 90.

  

 

 

La creciente importancia de estas cooperativas puso en guardia a las compañías extranjeras, que se enfrentaron al naciente cooperativismo eléctrico, y luego se sumaron al ataque los gobiernos nacional y bonaerense. La provincia de Buenos Aires ordenó cerrar entidades mediante distintos mecanismos desde 1929, y en 1939 promulgó una ley que prohibía la conformación de consorcios entre cooperativas y municipios y sólo autorizaba a las entidades solidarias a instalarse en zonas rurales, con el objetivo de terminar con el sector.

 

Como respuesta a esos ataques, en 1938 se celebró el Primer Congreso Argentino de Cooperativas Eléctricas, al que asistieron delegades de más de 100.000 asociades de cooperativas de Salta, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Río Negro y La Pampa. A su iniciativa se debe la creación, en 1939, de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos FACE.

El primer Plan Quinquenal presentado por el gobierno de J. D. Perón planteaba la nacionalización de diversos servicios públicos tales como el gas, los teléfonos y los ferrocarriles. El rubro eléctrico no sería ajeno a los cambios, pero con una diferencia significativa ya que las empresas privadas mantendrían su hegemonía en el sector. El objetivo del gobierno era aumentar la producción de electricidad, y esto se reflejó en el Plan Nacional de Energía confeccionado en 1946, que establecía el siguiente orden de prioridades: 1º organismo nacionales, provinciales y municipales, 2º cooperativas y 3º sociedades de economía mixta. El porcentaje de electricidad producida por cooperativas solo aumentó del 0,7% al 1,2% del total entre 1946 y 1951. Sin embargo, la cantidad de entidades creció de manera sustantiva: de 90 cooperativas en 1943, pasaron a 153 en 1947, 213 en 1952, 557 en 1962, y 649 en 1970. A partir de la década de 1960 gran parte de ese crecimiento está asociado a un activo proceso de electrificación rural (La Scaleia, 2006), particularmente en la provincia de Córdoba, donde van a contar con apoyo estatal desde 1957 a través de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica EPEC (Solveira, 2006).

Las cooperativas eléctricas fueron incorporando paulatinamente nuevas actividades, respondiendo a necesidades de sus asociades. Entre otras, servicios sanitarios, pavimentación, créditos, suministro de artefactos eléctricos y electrodomésticos, salud, telefonía y sepelios.

Simultáneamente se fueron creando cooperativas de provisión de otros servicios públicos: agua potable, cloacas y telefonía. Lamentablemente, existe muy poca información respecto a las primeras. El registro de 1970 señala que existían 82 cooperativas de provisión de agua con 11.108 asociades, y luego aparecen de manera irregular y parcial, porque generalmente se integran los rubros provisión o varios.

 

Cooperativismo telefónico 

La primera cooperativa telefónica se crea en San Genaro (Santa Fe) en 1959, promovida por dirigentes de la recientemente creada Caja de Créditos y con el aporte financiero de la misma. El objetivo era proveer una red telefónica destinada al servicio particular y público de esa pequeña localidad rural, en momentos en que el 70% del millón de abonades al servicio telefónico en Argentina residía en el área metropolitana de Buenos Aires.

La vinculación de la red local cooperativa con la nacional requería de un acuerdo inédito con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, lo que fue resuelto en 1960 a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que facultaba a la misma a autorizar la construcción de centrales y planteles telefónicos no previstos en su plan de obras “por cuenta de personas jurídicas públicas o privadas, y la conexión de estos a su red general”. En mayo de 1961, se inauguró la primera central telefónica del país construida por sus propies usuaries.

En 1965, cuando ya existían 22 entidades con 3.009 asociades en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, se creó la Federación de Cooperativas Telefónicas Ltda. FECOTEL, con sede en San Genaro (Ascheri, 1966). Cinco años después, existían 50 entidades con 7.239 asociades, y en 1975 ya eran 65 y 16.096.

 

 

 

 

 

Cooperativismo agropecuario

En este período se observa una importante expansión del cooperativismo agropecuario, expresado en la progresiva consolidación de las entidades existentes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa; su extensión al nordeste argentino y, más lentamente, a otras zonas del país. Entre 1937 y 1975 las cooperativas agroganaderas, granjeras y tamberas, instaladas fundamentalmente en la región pampeana, crecieron de 216 a 1.204, y la cantidad de socies de 36.450 a casi 400.000.

 

       

El cooperativismo tambero de Santa Fe y Córdoba, que había comenzado su actividad en 1918, es el que registra inicialmente los mayores índices de crecimiento. En 1928 se constituye en San Carlos (Santa Fe) una central que agrupó a gran parte de las entidades existentes: “Unión de Mantequerías de San Carlos Centro”, que poco después construye su propia fábrica de manteca.

A partir de este ejemplo, 16 cooperativas dedicadas a la elaboración de crema y caseína en la zona limítrofe entre Santa Fe y Córdoba se agrupan en 1938 para crear en Sunchales (Santa Fe), otra entidad de segundo grado, la “Fábrica de Manteca SanCor Cooperativas Unidas”. Su primera planta industrial comienza a funcionar en 1941, y ocho años después operaban tres, que procesaban la producción de 144 cooperativas. Grela (1965) afirma que los primeros directores le imprimieron una tónica antimonopolista, ya que en su casi totalidad eran socialistas, demócratas progresistas y comunistas. Sin embargo, esto va a cambiar progresivamente en el marco de su crecimiento, y la toma de decisiones pasa a manos de la gerencia mientras aumenta el papel de las asesorías técnico-administrativas. Esto coincide con la afirmación de Olivera (2020), respecto a que en el origen del cooperativismo agrario -ligado a pequeñes productores y arrendataries- existió relativa cercanía entre las prácticas, los discursos y los valores, pero esa primigenia comunión se fue desarticulando con el crecimiento de las cooperativas y su agrupamiento en organizaciones de segundo grado, para dar lugar a entidades en las cuales se valoraba fundamentalmente la obtención del beneficio económico, impregnando a los órganos de gestión y a les asociades de una cultura en la cual el éxito y la expansión prevalecían sobre la solidaridad.

En 1947 el capital social de SanCor representaba un 32,9 % del total de la agroindustria láctea. Sí desagregamos la producción, se observa que producía el 34,5 % de la manteca y el 23,5 % de la caseína fabricada en el país. Tomando al conjunto de las cooperativas del sector, nos acercamos al 50% y 40%, respectivamente. En la década de 1960, SanCor consolidó su crecimiento y diversificación productiva por el incremento en la demanda de leches pasteurizadas, descremadas y en polvo, cremas, quesos, dulce de leche y otros productos lácteos. Junto a la modernización tecnológica, la pasteurización de la leche y otros productos derivados tuvo una injerencia decisiva en este proceso, al permitir el transporte a mayores distancias sin que la descomposición los afectara. En 1966 se creó una usina pasteurizadora para el abastecimiento de la ciudad de Córdoba y, a principios de la década de 1970, otra en Santa Brígida, Buenos Aires (Olivera, 2022).

En cuanto a la producción cerealera, las primeras cooperativas nacieron en la provincia de Entre Ríos en los albores del siglo XX, y a fines de la década de 1920 se habían extendido a Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. En 1922 once cooperativas de Santa Fe y Córdoba crean la primera cooperativa de segundo grado del país, la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Centro, llamada Asociación de Cooperativas Argentina A.C.A desde 1926. (Bischoff e Ibaldi, 2022).

Ante la crítica situación económico-financiera generada por la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, el gobierno nacional instrumentó inicialmente una fuerte presencia del Estado y acordó con A.C.A promover la construcción de elevadores y puertos con garantía estatal. Durante 1930 y 1931 se construyeron varios elevadores, y en 1931 se inauguró la terminal del puerto de Rosario. En 1932 se produce la llamada restauración conservadora cuyo efecto, según Mateo (2004), es un corte en las políticas públicas para las cooperativas y la concesión a capitales privados en la construcción de elevadores y puertos. Se suprimió el fomento, y se acentuó el contralor sobre las cooperativas.

Paralelamente, A.C.A inauguró en 1930 el primer elevador de granos cooperativo en Leones (Córdoba) y constituyó el Pool Argentino de Granos, en el que la venta conjunta de les productores a través de sus cooperativas, y de éstas a través de su central, contando con el soporte infraestructural de los elevadores como servicio público que ellas construyeron, constituyó un ejemplo de integración económica vertical.

Durante la década de 1940, entre el 20% y el 30% de les productores agropecuaries de la región pampeana integraba una cooperativa (Yuri Izquierdo, 1972). En 1947, a la Asociación de Cooperativas Argentinas se sumó la Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias FACA, como continuidad de la acción gremial de la Federación Agraria Argentina. La entidad se constituyó en una asamblea de la que participaron 30 cooperativas, una federación y 14 representantes de cooperativas en formación, llegando a ser la organización cooperativa agraria más grande de la Argentina. La provisión de implementos agrícolas, la venta en común de la producción de sus asociades y su representación frente al Estado constituyen sus principales funciones. Hacia 1951, FACA contaba con 143 cooperativas adheridas y en 1955 representaba a 130.000 asociades y a las cooperativas integrantes (Lombardo y Tort, 2022).

El crecimiento en el número de cooperativas y asociades y en el volumen de su operatoria, continuó en la zona núcleo hasta mediados de la década de 1950, vinculado fundamentalmente a las favorables políticas desarrolladas por el gobierno peronista. La modificación de las condiciones sociales de producción para incentivar la movilidad social ascendente en el sector rural a partir de la sanción del Estatuto del peón en 1944, y de la Ley de arrendamiento rural en 1948, la abundante oferta de financiamiento subsidiado, la promoción estatal de la organización cooperativa -particularmente en la provincia de Buenos Aires- y su protagónico papel en el comercio exterior, resultaron condiciones favorables para el desarrollo del cooperativismo agropecuario, aún en un contexto de tensiones y conflictos propio de un período marcado por fuertes transformaciones sociales (Novick, 1986; Mateo, 2002 y Basañes, 2013).

El Estado peronista mantuvo relaciones con el cooperativismo del sector en dos niveles: en tanto representación de les productores agraries asociades, y en su función de fomento, supervisión y control de los intereses de la sociedad. El período 1946/1955 es el de mayor creación de cooperativas agropecuarias, con la formación de 113 entidades. Ese impulso se redujo a sólo 18 en la década siguiente (Carracedo, 1984).

Entre 1956 y 1976 el cooperativismo agropecuario tradicional mantuvo su importancia, pero fue perdiendo peso relativo dentro del movimiento cooperativo a partir de una evolución irregular y del crecimiento de otras ramas. Si bien no existen datos que permitan desagregar con precisión la evolución de las cooperativas asociadas a las diferentes zonas y tipos de producción, sabemos que el total de asociades al conjunto de cooperativas agropecuarias descendió del 29,6 % del total en 1954 al 20,1 en 1957; el 19,3 en 1959; y el 18,2 en 1964. Seguían, sin embargo, en el primer lugar en cuanto al número de entidades (45,1%), el capital (41,5%) y el importe bruto de las operaciones realizadas (57,5%).

Simultáneamente, se produce fuera de la zona núcleo un crecimiento significativo pero irregular de las cooperativas algodoneras, yerbateras y vitivinícolas.

En la provincia del Chaco se crea en 1905 la primera cooperativa algodonera, la Sociedad Cooperativa Familiar de Margarita Belén, continuadora de la Sociedad de Colonos Agricultores de Colonia Benítez y Margarita Belén, fundada en 1897 (Moglia, 2010), y en 1930 existían siete. A diferencia de otras producciones, la gran depresión de la década de 1930 no afectó mayormente al agro provincial.

En ese marco, la actividad de las cooperativas se consolidó con la fundación en Roque Sáenz Peña, en 1934, de la Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras Ltda. UCAL, entidad de segundo grado pionera en la exportación de algodón. Desde sus inicios, se orientó a la comercialización de la fibra de algodón desmotada por las cooperativas de base, y posteriormente al proceso de transformación de esta hacia el hilado, entre otros emprendimientos de diversificación económica.

Un año después, se creó la Junta Nacional del Algodón, que organizó una Comisión de Fomento y Tutela de Cooperativas Algodoneras. Como producto de estos factores endógenos y exógenos, se crearon 17 nuevas cooperativas hasta 1955. En 1961, UCAL llegó a contar con treinta cooperativas asociadas: veinte en Chaco, tres en Formosa, y siete en Santiago del Estero.

La eliminación luego del golpe de Estado de 1955 de las instituciones que regulaban el precio interno, la producción y la comercialización, y el progresivo agotamiento del suelo, en un contexto de desaceleración de la economía argentina, provocaron una crisis del algodón que, al ser monocultivo, generó desequilibrios en la economía chaqueña. En ese marco, el cooperativismo algodonero entró en una fase de estancamiento hasta 1970, y luego de franca crisis (Moglia, 2021).

Según Rodríguez (2021) la primera cooperativa yerbatera fue creada en 1926 en Misiones por colones alemanes e italianes, fundamentalmente para la comercialización en común de la producción. Luego de un período de lento crecimiento, entre 1943 y 1955 y en el marco de políticas públicas favorables para el sector, se quintuplicó el número de entidades y de productores asociades. A partir de 1955 la actividad se estancó, en el marco de una mayor diversificación productiva en la provincia, y del aumento de la diferenciación social agraria. Como resultado de esa nueva realidad, el cooperativismo se dividió: las entidades tradicionales se mantuvieron, pero aglutinando solo al sector de grandes productores, mientras que les pequeñes crearon nuevas cooperativas que en 1971 darán origen al Movimiento Agrario de Misiones.

El sector estaba integrado por 19 cooperativas en 1959, treinta en 1965 y 33 en 1975, y sus socies eran 13.747, 19.241 y 20.792, respectivamente.

El cooperativismo vitivinícola, según Cerdá (2021), se desarrolló hasta mediados de la década de 1950 en la periferia productiva, fuera de la zona núcleo de la actividad. En 1913 se constituye la primera cooperativa vitivinícola en Río Negro, llamada Cooperativa Limitada de la Colonia Roca, con sede en la localidad de Allen (Luorno, Miralles y Nasser, 2007), y durante las décadas de 1920 y 1930 se conformaron diez cooperativas en el Alto Valle y el Valle Medio del Río Negro, además de La Caroyense (Colonia Caroya, Córdoba) y La Rafaelense (San Rafael, Mendoza), promovidas por la Federación Agraria Argentina.

La expansión en Mendoza comenzó en 1953, con la creación del Departamento de Cooperativas provincial que promovió que en tres años se conformaran 30 cooperativas vitivinícolas. A eso se sumó una creciente participación reguladora del Estado provincial a través de Giol, la bodega más grande del país, de la que en 1954 compró el 51% de las acciones y en 1964 transformó en empresa estatal. En 1966 se crea la Unión de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza.

En San Juan, el movimiento cooperativista también comenzó a tener repercusión a partir de 1953, año en el que se fundaron varias entidades. En 1964, y con propósitos reguladores de la producción y el mercado, el gobierno provincial creó la Cooperativa Agroeconómica Vitivinícola, Industrial y Comercial CAVIC, a la que todes les viñateres estaban obligades a aportar el 5% de la venta de su producción para constituir el capital. En este sentido, CAVIC no es una cooperativa de bases rochdaleanas, ya que fue creada por el Estado, y les viñateres obligades a asociarse (Hernández, 2017).

Finalmente, a partir de la década de 1940 se desarrolla el sector cooperativo hortícola, cuya primera expresión es la cooperativa frutihortícola de Concordia (Entre Ríos), fundada en 1915. En 1951 se crea la Asociación de Cooperativas Hortícolas Bonaerenses Ltda., que en 1968 se transforma en Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina C.L. ACOHOFAR, que integra a entidades de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Misiones y Jujuy.

Las cooperativas hortícolas registradas eran veinte en 1959, 16 en 1965 y veinte en 1975, y sus socies 5.385, 7.020 y 7.320, respectivamente.

 

Integración del cooperativismo agropecuario

La expansión general del cooperativismo agropecuario tuvo su correlato en el afianzamiento de su integración a través de la creación de nuevas entidades de segundo grado, y de la creación de una cooperativa de tercer grado que representa hasta hoy al sector. 

En 1933 se constituye la Federación Entrerriana de Cooperativas y en 1946 la Federación Regional de Cooperativas de Río Negro y Neuquén, con sede en General Roca (Río Negro). En 1950 se funda la Asociación de Cooperativas Agrarias Bonaerenses ACAB con apoyo del gobernador y en el marco de la Primera Conferencia de Cooperativas Agrarias. Luego de la caída del peronismo cambia su denominación a Asociación de Cooperativas Agrarias Ltda. AdCA, y posteriormente a Unión de Cooperativas Agrarias. En 1954 se funda la Asociación de Cooperativas Agropecuarias “Rosafé”, en Rosario (Santa Fe).

En el marco de las políticas peronistas de fomento a la formación de entidades representativas de los diferentes sectores socioeconómicos, y también como señal de la importancia asignada al cooperativismo, el gobierno impulsó en 1953 la organización de una Comisión Consultiva del Cooperativismo Agropecuario para unificar la representación política del sector. Simultáneamente, algunas federaciones formaron el 24 de marzo el Consejo Intercooperativo Agrario de Coordinación y Arbitraje, cuyo Consejo Directivo Central -conformado por representantes de las entidades asociadas- se aprueba poco después en el mismo decreto gubernamental que crea una Comisión Consultiva de Cooperativas Agropecuarias.

Según Poggetti y Carini (2021), el Consejo, liderado por la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Coop. Ltda. FACA e integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas Ltda. ACA, la Asociación de Cooperativas Bonaerense Ltda. y la Unión de Cooperativas Agrícolas Chaqueñas Ltda. UCAL, se planteó como una entidad de transición cuya finalidad era organizar una confederación gremial de cooperativas de alcance nacional, al tiempo que habilitaba un espacio político-institucional donde se pudieran resolver las disputas entre las federaciones que representaban distintas vertientes del cooperativismo agropecuario: gremial, empresarial de servicios y gestión, y empresarial agroindustrial de producción y comercialización, encabezadas por la Federación Agraria Argentina, ACA y SanCor, respectivamente.  

Las divergencias entre las entidades no pudieron resolverse en ese momento, y el Consejo convocó en 1956 a la asamblea constitutiva de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria CONINAGRO, que quedó integrada por UCAL, Fraternidad Agraria (fundada en 1925 como Federación Agraria Israelita Argentina), las federaciones Entrerriana, de Misiones, Regional de Cooperativas de Río Negro y Neuquén y Argentina de Cooperativas Agrarias, y las asociaciones de Cooperativas Agrarias (que posteriormente cambia su nombre por La Unión) y de Cooperativas Agropecuarias “Rosafé”.

Dos años más tarde, en 1958, nace un nuevo organismo: la Junta Intercooperativa Agropecuaria, integrada por todas las entidades asociadas a CONINAGRO más algunas que aún no lo eran. En 1961 se produjo el ingreso a CONINAGRO de la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. ACA, y en 1963 el de SanCor, consolidándose de esa manera la unidad del movimiento cooperativo agrario. En 1967 se suma a la Confederación la Unión de Cooperativas Ganaderas Ltda., fundada en 1963 con sede en Rafaela (Santa Fe).

 

 

Cooperativismo de consumo 

El cooperativismo de consumo se consolidó numérica e institucionalmente luego de la sanción de la Ley 11.388. En 1932, veintiséis cooperativas que contaban con casi 40.000 asociades fueron convocadas por El Hogar Obrero (EHO) -fundado en 1905 como cooperativa de vivienda, pero que incorporó un sector de consumo a partir de 1911-, a constituir la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo FACC, generando la primera integración vertical del cooperativismo urbano argentino.

Esta desarrolló una amplia actividad que incluyó el aprovisionamiento en común de mercaderías a través de un almacén mayorista (1940/1979), al mismo tiempo que desplegó una importante tarea de educación cooperativa a través de su Escuela de Cooperación y de su propio sello editorial, ambos creados en 1938, junto con la publicación de la Revista de la Cooperación (1945/1982). Fue la primera federación argentina en adherir a la Alianza Cooperativa Internacional, en 1939.

Durante todo el período, la dirección de EHO -y en general, de la FACC- siguió vinculada a dirigentes del Partido Socialista, más allá de mantener una política de no asociar la cooperativa directamente al Partido, en particular a partir de su ruptura en 1958 en el Partido Socialista Argentino y el Partido Socialista Democrático.

El sector muestra un crecimiento constante a lo largo de las décadas de 1940 y 1950 en todos los rubros registrados. La cantidad de cooperativas se multiplica por 6,3 entre 1940 y 1960; la de asociades por 6,6; la de empleades por 4,6 y los locales de venta por 3,8. Esto indicaría que aumentó el número de pequeñas cooperativas, ya que la relación entre puntos de venta y cantidad de cooperativas bajó de 2,8 a 1,7 y la de empleades por cooperativa de 28 a 20.

        

 

            

Desde comienzos de la década de 1960 el número de entidades tiene leves variaciones, pero aumenta significativamente el número de asociades: entre 1960 y 1975 se produce una disminución del 12% de las entidades, pero les asociades aumentan un 136%. Claramente, esos índices se relacionan con el importante crecimiento de EHO, cuyos asociades representaban el 17% del total en 1960, el 44% en 1970 y el 56% en 1975. Entre 1964 y 1975 El Hogar Obrero incorpora por fusión a 11 antiguas cooperativas.

Otra entidad que tuvo un gran crecimiento es la Cooperativa Obrera, fundada en Bahía Blanca en 1920, que en 1959 tenía 10 sucursales y empleaba a 140 personas que atendían a 12.400 asociades. Estos habían ascendido a 38.750 en 1975, representando casi el 5% del total de asociades a cooperativas de consumo.

      

      

                

El crecimiento en la cantidad de asociades de EHO, y de su operatoria de consumo, está vinculado también a la creación de sus primeros supermercados, vinculados originalmente a la inauguración de importantes edificios colectivos. En 1955 la cooperativa termina de construir un edificio de 263 departamentos en cuya planta baja se instala una gran tienda en la cual el sector de alimentos y afines se organiza, por primera vez, por el sistema de autoservicio, no así el resto de los rubros que se exhiben y venden por el tradicional sistema departamental. A partir de ese momento la institución se incorpora a la historia del supermercadismo con técnicas operativas que revolucionan el sector comercial, ya que el auge de los supermercados recién tendría lugar en Argentina en la década de 1980. En 1966 se inauguró un nuevo supermercado en Remedios de Escalada, y en 1970 se estableció otro en el recientemente construido Barrio Autopista (La Matanza, Buenos Aires). A partir de ese momento, los supermercados pasan a llamarse “Supercoop”, de los cuales existían 23 en 1975: 9 en la ciudad de Buenos, 11 en el conurbano y tres en las únicas sucursales fuera del AMBA: La Plata, Junín y Mar del Plata (Repetto, 1976).

 

Cooperativismo de crédito

En 1936 las cajas de crédito, única presencia significativa en el sector, representaban el 8,12% del total de las cooperativas argentinas y el 7,8% de les asociades. Además, si se compara el capital social de las 63 entidades existentes con el que poseían las cooperativas de crédito en 1925, queda claro el impacto negativo que tuvo para el sector la transformación en sociedades anónimas de los 15 bancos cooperativos existentes antes de la sanción de la Ley 11.388.

Según Schujman (1979), el ascenso socioeconómico durante las décadas de 1940 y 1950 de los sectores que habían creado las Cajas aumentó su capacidad prestable, pero planteó a su vez la necesidad de contar con una operatoria que permitiera captar el dinero transaccional.

Como parte de un crecimiento institucional y operativo, en 1950 se crea la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. De las 14 cooperativas fundadoras, 11 operaban en la ciudad de Buenos Aires, una en el conurbano y dos en la ciudad de Santa Fe. En 1958 existían 197 cajas de crédito, de las cuales 124 actuaban en el ámbito del Gran Buenos Aires (Plotinsky, 2017).

El golpe de Estado de 1955 modificó las reglas de juego económico y financiero. En este contexto, un grupo de dirigentes se propuso dinamizar la función de las Cajas, convirtiéndolas en una especie de pequeños bancos populares locales que pudieran financiar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas nacionales y de las entidades cooperativas, y el consumo de les asalariades. La base de la nueva operatoria era la difusión de la orden de pago, que permitía generalizar el uso de cuentas a la vista cuasi bancarias sostenidas sobre ciertas lagunas de la legislación. El agente impulsor de esa transformación fue el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos IMFC, entidad de segundo grado creada por el Congreso Argentino de la Cooperación realizado en la ciudad de Rosario en 1958.

 

                

El objetivo inicial del IMFC de promover la formación de nuevas cooperativas de crédito se cumplió exitosamente, ya que las 197 entidades existentes en 1958 se habían triplicado siete años después. El crecimiento es más significativo si se considera la cantidad de asociades            –que pasaron de 207.000 a 937.000–, su capital y reservas, y el número de operaciones realizadas.

 

 

 

Sin embargo, el crecimiento real del sector fue aún mayor, ya que las nuevas entidades comenzaban a operar antes de completar el proceso de autorización estatal. El IMFC registraba la existencia de 974 cajas de crédito en junio de 1966, las que operaban en más de 300 localidades de diecisiete provincias.

Les militantes comunistas vinculades al trabajo político con las capas medias y la burguesía nacional jugaron un importante papel en este desarrollo, aunque el éxito excedió su ámbito de influencia política (Plotinsky, 2018).

El crecimiento de las Cajas se basaba en la expansión de los créditos otorgados. En cuanto a los depósitos -captados fundamentalmente a través de cuentas a la vista-, aumentaron más de doce veces entre 1960 y 1966, por lo que llegaron a representar entre el 10% y el 11% del total del sistema financiero. La relación entre las Cajas y sus asociades se basaba fundamentalmente en la mutua confianza generada por la proximidad territorial y el reconocimiento social de sus dirigentes, ya que los depósitos carecían de cualquier control o garantía estatal.

Otros factores determinantes del éxito de la nueva operatoria fueron el grado de integración cooperativa, -que permitía movilizar los fondos de las diferentes regiones del país al tiempo que generaba una disponibilidad monetaria que se canalizaba en créditos directos y redescuentos a las cooperativas asociadas-, y el papel de la cámara compensadora nacional de órdenes de pago creada en 1960 por el IMFC, con cabeceras en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y Córdoba.

Según Brauner (2007), en 1963 la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito crea su propia cámara, y en 1965 las dos entidades constituyen un Clearing Intercooperativo de Órdenes de Pago, creando una cámara común que permitió a más de 300 cooperativas participar de dos circuitos independientes en un mismo canje indiscriminado que funcionó eficientemente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Como expresión del crecimiento del sector, pero también para evitar las críticas que surgían desde los bancos, en 1964 el IMFC elabora un anteproyecto de ley para reglamentar específicamente a las cajas de crédito cooperativas.

El desarrollo del cooperativismo en un sector tan sensible como el financiero provocó la temprana oposición de la banca y de sectores de la gran burguesía. Además, generó un conflicto con el BCRA, que intentó incorporar las Cajas al sistema financiero oficial y limitar la circulación de las órdenes de pago. Por eso, casi simultáneamente con el inicio del proceso de expansión se produjo una reacción estatal destinada a debilitarlo o prohibirlo, la que no tuvo un carácter lineal, permanente ni unívoco.

La dictadura cívico-militar instalada en 1966 comenzó inmediatamente una serie de ataques: promovió una campaña difamatoria contra las autoridades del IMFC en los medios de prensa; detuvo a les integrantes de su Consejo de Administración por una falsa denuncia, con el objetivo de generar una crisis de confianza; intervino al Instituto y clausuró la operatoria de su cámara compensadora; estableció la jurisdicción del Banco Central sobre las cooperativas de crédito; y exigió su inscripción en un registro de entidades financieras no bancarias en un plazo de 96 horas. El cierre de la cámara compensadora provocó el ahogo del sistema, a lo que se sumó la interrupción de la operatoria cuasi bancaria y el comienzo de una nueva basada en la emisión de letras de cambio no a la orden. El resultado fue una sustancial reducción de la cantidad de cajas de crédito y de su participación en el sistema financiero, aunque las entidades más sólidas y en las que les asociades habían tenido siempre una presencia más activa en la gestión, pudieron sobrevivir.

En 1969 la dictadura sanciona la llamada “Ley” 18.061 de Entidades Financieras, que en el rubro “otras entidades financieras” reconocía a las “cajas de crédito” –denominación introducida normativamente por primera vez– bajo supervisión del BCRA y la Dirección Nacional de Cooperativas. La norma suprimía la posibilidad de captar dinero transaccional, y prohibía la compensación inter cooperativa. Por otra parte, una resolución ministerial creaba la figura de “cooperativas de crédito” solo reguladas por la DNC, que únicamente podían operar con fondos propios ya que se las encuadraba como entidades no financieras.

Recién en 1971 finaliza el proceso de análisis de las entidades por el BCRA, en el que se anularon 465 solicitudes de inscripción. De las 974 cajas de crédito que operaban en junio de 1966, solo pudieron sobrevivir 417. Su participación en el total de los depósitos del sistema financiero había descendido de más del 10%, a poco menos del 2%.  

Por otra parte, los registros de la Dirección Nacional de Cooperativas permiten deducir la existencia en 1973 de 218 cooperativas de crédito, pero no hay datos suficientes para saber cuántas correspondían a las Cajas no autorizadas a seguir operando como tales.

En paralelo a la evolución de las cajas de crédito, se desarrolló un pequeño sector de bancos cooperativos, autorizados por la Ley 12.156 de 1935. Según Spognardi (2016), luego de un proceso de transición, seis cajas quedaron formalmente constituidas en bancos hacia mediados de la década de 1940. En el marco de la nueva normativa impulsada para el sector financiero, entre 1966 y 1969 fueron autorizadas a transformarse en bancos, cinco cajas de crédito (Plotinsky, 2018).

Dos bancos cooperativos fueron creados desde el cooperativismo agropecuario. En 1961 comienza a funcionar en Sunchales (Santa Fe) el Banco Rural Cooperativo, fundado en 1958 por SanCor C.U.L. y Sancor Seguros, que luego debió cambiar su denominación por “Banco Rural (Sunchales) Coop. Ltdo.” por disposición del Banco Central. Un año después, la Asociación de Cooperativas Argentinas -con el apoyo de gran parte de las entidades agropecuarias- crea el Banco Cooperativo Agrario Argentino Ltdo., que comienza a operar en 1965 en la ciudad de Buenos Aires (Kaplan de Drimer y Drimer, 2017).

En 1973, las ocho entidades existentes crearon la Federación de Bancos Cooperativos de la República Argentina FEBANCOOP.

  

Cooperativismo de vivienda

El Hogar Obrero continuó siendo en este período la cooperativa más activa en la construcción de viviendas. Entre 1932 y 1944 inauguró tres edificios que conforman un complejo habitacional con casi 200 departamentos.

En 1945 concluye la edificación del barrio Villa Lugano en la ciudad de Buenos Aires, con 54 casas individuales y un centro comercial; y en 1955 inaugura el edificio Nicolás Repetto en el barrio porteño de Caballito. Se trata de una torre de 22 pisos con 263 departamentos y un centro comercial. El conjunto Villa del Parque (CABA), que se inauguró entre 1962 y 1968, cuenta con 836 departamentos y un centro comercial. Finalizando el período, entre 1968 y 1970 se inaugura el Conjunto Habitacional Barrio Autopista (Buenos Aires) que incluye 9 edificios de 4 plantas y 18 torres de 12 pisos, con 1032 departamentos, un centro comercial, jardín de infantes y una estación de servicios (Repetto, 1976).

Simultáneamente se va produciendo un paulatino crecimiento en el número de cooperativas que operan exclusivamente en la construcción de viviendas, en lo que influyó la positiva acción del Estado. En 1958 el Banco Hipotecario Nacional instauró una línea de financiación exclusiva para cooperativas, y en 1972 se creó el Fondo Nacional de Vivienda FONAVI, que incluía en sus lineamientos a las cooperativas que construyeran para sus asociades. (Guarco, 2013).

En 1963 se constituyó la Unión Argentina de Cooperativas de Vivienda.

                               

 

 

Cooperativismo de trabajo

En 1928 un grupo de obreres de la construcción crean la primera cooperativa de trabajo en Pergamino (Buenos Aires), que comienza a operar en 1931 con 12 trabajadores. Según Del Río (1966), en 1950 la integraban más de 170 trabajadores de todos los gremios de la construcción, y contaba con una fábrica de ladrillos y mosaicos de su propiedad.

Si bien en los años siguientes se crean otras cooperativas, la expansión del sector es moderada. En 1949 existen casi 100 cooperativas integradas por 2.483 asociades. De ellas, 62 eran de transporte automotor (Del Río, 1949).

Como en otras ramas, el gobierno peronista estimuló la constitución de nuevas cooperativas y facilitó distintos medios para su consolidación y desarrollo, aunque siguió siendo exiguo. En 1954 se crea la Asociación de Cooperativas de Trabajo de la Argentina ACTRA, con un fuerte vínculo con los sindicatos y el apoyo del gobierno. La asamblea constitutiva se realizó en la sede de la CGT, y en su cierre participó el presidente Juan Domingo Perón.

Simultáneamente comienzan a crearse las primeras cooperativas que surgen de la recuperación de las fuentes de trabajo, a partir de situaciones de crisis de empresas privadas. En 1966, Del Río registra la existencia de la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Producción y Consumo Ltda. C.I.T.A., constituida en La Plata (Buenos Aires) en 1952 por 600 ex trabajadores de la Fábrica SAISA S.A; la gráfica COGTAL e Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina IMPA, constituidas en la ciudad de Buenos Aires en 1957 y 1962; una metalmecánica en San Antonio Oeste (Buenos Aires); y dos plantas frigoríficas, una en Zárate (Buenos Aires) y otra en Córdoba. Casi todas ellas tuvieron apoyo sindical durante el proceso de recuperación.

También se constituyeron, a partir de 1966, cooperativas de trabajo en el sector agropecuario, principalmente en Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan.

En 1965, y en el marco de las Jornadas de Derecho y Administración Cooperativa organizadas por la Universidad Nacional del Litoral y el IMFC, ACTRA presentó un borrador de ley de cooperativas de trabajo, considerando las especificidades de estas.

 

                     

Cooperativismo de seguros

Las cooperativas de seguros se desarrollaron muy tempranamente, pero es difícil describir su evolución por la poca información existente. Hay registro de que en 1930 existían 5 entidades que asistían a 11.500 asociades, y que 30 años después eran 31 cooperativas con 622.000 integrantes.

Como se observa, una de las principales características del sector es la existencia de pocas entidades, pero con un gran número de asociades. Así, en 1960 el sector suponía el 1,5% del conjunto de las cooperativas, pero sus asociades eran el 30% del total. En 1975 las cifras descendieron levemente, pero manteniendo la proporción: las 60 cooperativas de seguro representaban el 1,2% del total, mientras que sus asociades eran 1.525.000, lo que suponía el 25% de les cooperativistes argentines.

En 1940 se constituyó la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros, y en 1962 la Federación Argentina de Cooperativas de Seguros, que actuaban en forma paralela.

 

Cooperativismo farmacéutico

Si bien existen experiencias desde fines del siglo XIX, y la primera cooperativa se fundó en la ciudad de Córdoba en 1926, el cooperativismo farmacéutico comienza a desarrollarse en la década de 1950, y se dedicó a la provisión de servicios para les propietarios de farmacias y a la creación de laboratorios para la producción de insumos sanitarios y medicamentos.

Lamentablemente, en general fueron registradas estadísticamente como cooperativas de provisión, por lo que el único dato preciso es la existencia en 1966 de 49 cooperativas con 4.630 asociades.

En 1952 se crea la Federación de Cooperativas Farmacéuticas (FECOFAR).

 

Integración del cooperativismo urbano

Así como el crecimiento y la consolidación del cooperativismo agropecuario se expresó en la conformación en 1956 de una entidad de tercer grado representativa de la mayoría de las entidades del sector, el cooperativismo urbano se organizó en la Confederación Cooperativa de la República Argentina COOPERA (actualmente Cooperar), fundada en 1962.

Paradójicamente, el punto de partida de su creación fue la convocatoria realizada en 1960 a las federaciones cooperativas “no agrarias” por la Junta Intercooperativa Agropecuaria, creada -como vimos- para coordinar a las entidades integrantes de CONINAGRO con aquellas cooperativas agropecuarias que no se habían incorporado a esa Confederación.

La idea era crear “un órgano representativo de todo el movimiento cooperativo nacional”, para lo que se designó una comisión redactora de un anteproyecto de estatuto de una entidad de tercer grado, “que se denominará Confederación Cooperativa de la República Argentina COOPERA a la que podrán ingresar todas las cooperativas de segundo grado”.^[3]

Puesto a consideración el tema, se abrió un período de debate sobre varios aspectos del articulado del estatuto, pero fundamentalmente sobre la forma jurídica que debía adoptar la nueva entidad: cooperativa de tercer grado o asociación civil, siendo las entidades agropecuarias las que mayoritariamente se pronunciaban por la segunda opción, salvo SanCor Cooperativas Unidas, que optaba por la forma cooperativa.

El 24 de octubre de 1962 se realizó la asamblea constitutiva con la presencia de las federaciones de cooperativas de electricidad, consumo, crédito, farmacéuticas, de trabajo, de seguros, agrícolas de Misiones, la fábrica de Mantecas Sancor, la Asociación de Cooperativas Argentinas, la Unión de Cooperativas Algodoneras y La Fraternidad Agraria, decidiéndose pasar a cuarto intermedio para seguir debatiendo en torno al estatuto. Finalmente, según la Memoria^[4] del primer ejercicio- los días 5 y 27 de diciembre:

  

…luego de algunas reuniones previas tendientes a constituir una sola central cooperativa que no tuvieron éxito, asistieron representantes de las siguientes organizaciones: Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad Ltda., Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Ltda., Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Ltda., Federación Argentina de Cooperativas de Seguros Ltda., Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas Ltda., Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Federación Argentina de Cooperativas de Vivienda Ltda., y como adherente de orden cultural, “Casa de Rochdale, quedando así constituida COOPERA, organización de tercer grado que agrupa a las entidades cooperativas no agrarias…

 

Según el estatuto original, su propósito era “asumir la representación y defensa integrales del movimiento cooperativo argentino”.^[5] Sin embargo, en la primera memoria se afirma que la entidad agrupa a las entidades cooperativas no agrarias, y paulatinamente empieza a aparecer en sus documentos que representa al cooperativismo “no agropecuario” o “urbano”.

En 1975 se reforma el estatuto, y -entre otras modificaciones- se agrega a su función original de asumir la representación y defensa integrales del movimiento cooperativo argentino, la de “delinear en su nivel, o en instancia de integración ampliada, la estrategia orientadora del mismo”.^[6] Para esa fecha, se habían sumado a la Confederación el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación de Bancos Cooperativos de la República Argentina Ltda., la Federación de Cooperativas Telefónicas Ltda., y la Asociación Intercooperativa Regional Ltda. (Bahía Blanca).

Como herramienta no orgánica de articulación entre las dos confederaciones existentes: CONINAGRO y COOPERA, en 1964 se crea el Consejo Intercooperativo Argentino CIA.

 

 

 

Tercer Congreso Argentino de la Cooperación

Durante este período de crecimiento y consolidación del movimiento cooperativo argentino prácticamente se abandona la costumbre de realizar Congresos nacionales del sector.

El tercer Congreso, único que se celebró, sesionó en 1936 en la ciudad de Buenos Aires y sus objetivos fueron mostrar los progresos de la cooperación, buscar soluciones para su desarrollo, y reafirmar los principios a que debía ajustarse una cooperativa.

Entre los múltiples temas desarrollados se destacaron una vez más los relacionados con el cooperativismo agrario -construcción de elevadores de granos, creación de una federación, y comercialización en común en el mercado interno- y de consumo -cómo promoverlo y difundirlo, acciones para el fortalecimiento de su federación, e impulso a la creación de cooperativas mayoristas-. Una novedad fueron los debates en torno a la necesidad y posibilidad de establecer relaciones institucionales y económicas entre las cooperativas agrícolas, de producción y de consumo, en el camino de eliminar intermediarios.

En lo doctrinario, el Congreso de 1936 aprobó por unanimidad dos significativos despachos: el primero ratificaba la adhesión a los principios de Rochdale, y el otro proclamaba que la educación cooperativa es una necesidad fundamental en el desarrollo del cooperativismo, instando a las autoridades escolares de todo el país a promover la educación de sus valores y principios en los establecimientos educativos, y a fomentar la creación de cooperativas escolares. Estas resoluciones estaban vinculadas al proceso de revisión y actualización de los principios cooperativos por parte de la Alianza Cooperativa Internacional, que en el Congreso de París (1937) reafirmó formalmente las “Reglas de oro” rochdaleanas, redactando la primera versión de los “Principios cooperativos” (ACI, 2021).

Finalmente, tres temas suscitaron ásperos debates: a) la eximición impositiva a las cooperativas, entre quienes planteaban que era pertinente ya que su objetivo no es el lucro y aquelles que consideraban que si las cooperativas necesitan apoyo estatal, no son genuinas, tema sobre el que no se llegó a ningún acuerdo; b) la función del Estado, entre quienes planteaban que este debía promover el cooperativismo y proponían la creación de una Junta Nacional de la Cooperación, frente a una mayoría que consideraba que eso era propio de gobiernos “estatizantes”, como el fascismo y el comunismo;  c) el papel de las recientemente creadas cooperativas eléctricas en la lucha contra los trust del sector, ante el temor de que esa lucha entrase en contradicción con el principio de neutralidad política. Al respecto se acordó que la lucha contra los monopolios no implicaba de ningún modo vulnerar la neutralidad cooperativa (Plotinsky, 2021).

Transcurrió casi medio siglo hasta que se volviera a realizar un Congreso. En el interín, solo puede mencionarse la realización de cuatro Conferencias Nacionales de Política Cooperativa entre 1961 y 1964, que culminaron en la Primera Conferencia Nacional de Cooperativismo en 1965, de la que participaron delegades de los gobiernos nacional y provinciales, de universidades, de cooperativas de segundo y tercer grado, además de legisladores nacionales y provinciales. Las cooperativas de base sólo pudieron enviar observadores (Basañes, 2019).

 

Legislación cooperativa

Cerrando esta etapa de desarrollo y consolidación, y a casi medio siglo de aprobada la primera norma legislativa para el sector, en 1973 se sancionó la Ley 20.337 de Cooperativas.

El origen de esta reforma legislativa se remonta al año 1971, cuando el gobierno dictatorial encabezado por Alejandro Lanusse creó el Instituto Nacional de Acción Cooperativa INAC en reemplazo de la Dirección Nacional de Cooperativas, como órgano de promoción y desarrollo del cooperativismo y autoridad de aplicación legislativa. Una de las funciones asignadas al nuevo organismo, creado bajo dependencia del Ministerio de Bienestar Social, era modificar la legislación. El proceso se aceleró cuando en 1972 se sancionó la Ley de Sociedades Comerciales, cuyas disposiciones regirían subsidiariamente a las cooperativas según la normativa vigente. Por la confusión legal que esto generaba, se sintió la necesidad de confeccionar un cuerpo normativo específico, que no necesitase remitirse a otros.

El texto de la nueva ley se basó en un proyecto redactado por una comisión especial creada en el INAC, integrada por miembros del Poder Ejecutivo y por representantes del movimiento cooperativo. El proyecto fue aprobado por el Consejo Intercooperativo Argentino y, con muy pocas modificaciones, fue sancionado y promulgado en mayo de 1973, pocos días antes de la asunción del gobierno democrático encabezado por Héctor Cámpora (Cracogna, 2009).

La 20.337 es una ley general que rige a toda clase de cooperativas, cualquiera sea su objeto. Su artículo 2º define a las cooperativas como "entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios", y a continuación señala en doce incisos las características que deben reunir. Algunos de estos refieren puntualmente a los principios cooperativos internacionalmente reconocidos, en tanto que otros corresponden a rasgos propios de la legislación y de la práctica argentinas.

 

Conclusiones

El análisis de la evolución del sector cooperativo argentino en el medio siglo que transcurre entre 1926 y 1976 permite una serie de afirmaciones y reflexiones sobre el período, en el que se conforma el habitualmente denominado “cooperativismo tradicional” argentino.

En principio, se observa un significativo crecimiento general en las diversas actividades económicas y regiones en las que actúan las cooperativas, en el número de las entidades, en el volumen de su operatoria y en la cantidad de sus asociades. Ese crecimiento fue desigual, desparejo y heterogéneo en cada uno de esos parámetros, todo lo cual no empalidece de ninguna manera la visión general de estar en presencia de un sector dinámico y en expansión.

Se observa, además, que no hay diferencias sustanciales en el crecimiento entre entidades que responden a diferentes vertientes ideológicas y/o expresiones del cooperativismo, que adoptan distintas formas organizativas, o que polemizan en cuanto a si el accionar de las cooperativas tiene que reducirse a satisfacer las necesidades de sus asociades o deben, además, aportar a la transformación social.

Lo que aparece como un factor importante en la consolidación y crecimiento de algunas cooperativas, o del conjunto de las entidades de un sector, son los procesos de integración económica, operativa y/o productiva. Esto se observa fundamentalmente en tres casos muy diferentes en todo sentido, pero con resultados similares: las usinas lácteas, las fábricas de manteca y crema, y los elevadores de granos construidos desde la década de 1930 en el sector agropecuario; el almacén mayorista para las cooperativas de consumo a partir de la década de 1940; y la cámara compensadora nacional para las cajas de crédito que operó entre 1958 y 1966 y reestableció su actividad en 1973.

Un poco menos significativas en lo económico, pero sin duda de gran importancia en la conformación de un entramado cooperativo y en la capacidad de representación y presión frente al Estado, son las múltiples manifestaciones de integración institucional, materializadas en la progresiva creación de decenas de entidades de segundo grado                      -plasmadas fundamentalmente alrededor de la actividad económica realizada- y la constitución, en 1956 y 1962, de CONINAGRO y COOPERAR como representantes de hecho del conjunto del movimiento cooperativo argentino a través del Consejo Intercooperativo Argentino.        

En cuanto al papel de los agentes externos es menos homogéneo respecto a sectores y actividades económicas y tiene -en términos generales- un peso menos determinante en el crecimiento del sector.

Entre las entidades de la sociedad civil, los sindicatos, que habían tenido un papel activo en la promoción y organización de cooperativas en la etapa cerrada en 1926, aparecen en un papel muy secundario en cuanto al desarrollo del sector.

Un poco más relevante es el papel de diversas organizaciones gremiales empresariales y cámaras comerciales y/o productivas locales o regionales en algunas ramas del cooperativismo, promoviendo la creación de cooperativas de provisión de bienes o servicios para los integrantes del sector; cooperativas de crédito; y federaciones y cooperativas de segundo grado en el sector agropecuario y de servicios públicos.

En cuanto a la acción del Estado fue fluctuante en el tiempo y resultó importante aunque no determinante para el desarrollo general del cooperativismo, pero si muy significativa en algunos casos puntuales, particularmente en el fomento del cooperativismo agropecuario en el marco de gobiernos y programas económicos muy diversos.

Algunas expresiones nacionales de este apoyo son la promoción entre 1930 y 1932 de la construcción de elevadores y puertos por parte de cooperativas de segundo grado con apoyo y financiación estatal; el fomento a la creación y la actividad de las cooperativas agrarias, que fueron beneficiadas con créditos subsidiados y un papel protagónico en el comercio exterior por los gobiernos peronistas; y el Plan de Desarrollo elaborado por el gobierno radical en 1965, que propuso estimular al cooperativismo en el sector rural.

También es importante el apoyo de algunos Estados provinciales a cooperativas vinculadas a actividades económicas regionalmente significativas.

Como contrapartida, vale señalar el ataque estatal a las cooperativas de crédito, que provocó la drástica reducción de su presencia en el sector financiero a partir de 1966.

Finalmente, es indudable el significado para la evolución del cooperativismo que tienen las políticas económicas nacionales y provinciales; las coyunturas económicas internacionales; el desarrollo de nuevas actividades económicas y su expansión a nuevas regiones; los cambios sociodemográficos, en particular el proceso de urbanización; y las transformaciones técnico- científicas que se van produciendo a lo largo del tiempo.

 

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Documentos

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