El cooperativismo como expresión de la economía social histórica: claves para entender trayectorias del cooperativismo agrario en el agro pampeano (principios del siglo XX hasta la década de 1960

 

                                                                                                                                Gabriela Olivera[1]

 

 

Artículo arbitrado

Fecha de recepción: 28/07/2020

Fecha de aprobación: 21/09/2020

 

Resumen

 

El propósito central de este artículo es comprender y brindar al lector una interpretación general sobre el cooperativismo agrario pampeano desde principios del siglo XX hasta la década de 1960, considerándolo como una forma particular de economía social histórica.

Vamos a considerar la política que dio el Estado con relación al cooperativismo, y las que desplegaron las diferentes organizaciones cooperativas cuando apoyaron las medidas gubernamentales que consideraron favorables a sus intereses o cuando intentaron cambiar el rumbo de las mismas. En pos de sus objetivos, las cooperativas combinaron distintas estrategias: la participación en las agencias estatales, la lucha gremial, medidas de acción directa y confrontación con el Estado. Las organizaciones cooperativas de segundo grado llevaron adelante diferentes medidas gremiales en defensa de colectivos mayores que el de sus asociados en materia de comercialización de materia prima (granos, leche, etc.), producciones agroindustriales y sobre el crédito cooperativo.

 

 

Palabras Claves: Cooperativismo Agrario, enfoque histórico, agro pampeano (Argentina), vertientes cooperativas, políticas públicas.

 

 

Abstract

 

The main objective of this article proposal is to understand and provide the reader with a general interpretation of the Pampas agrarian cooperativism in Argentina since the early s. XX to the 1960s, considering it in terms of a particular form of historical social economy.

We are going to consider the state's policy regarding cooperativism, and those that were deployed by the different cooperative organizations, when they supported the government measures that they considered favorable to their interests or, when they tried to change their course. In pursuit of their objectives, they combined different strategies: participation in state agencies, union struggle, measures of direct confrontational action with the State. The second-degree cooperative organizations carried out different union measures in defense of groups larger than that of their associates in the matter of marketing raw materials (grains, milk, etc.), agro-industrial productions, and cooperative credit.

 

 

1. Introducción

 

La noción de economía social alude a una búsqueda, a una exploración intelectual y a un debate público actual que se posiciona críticamente frente al paradigma de la sociedad neoliberal de mercado. El neoliberalismo opera disociando la política de la economía, retirando a la economía del dominio de lo social, del ejercicio de la política y la ciudadanía y, naturalizando, de esta manera, las relaciones de poder hegemónicas.[2] Siguiendo esta corriente de pensamiento, se han conformado diferentes núcleos de investigación, docencia, acción que trabajan de manera independiente, en agencias estatales y organizaciones sociales. Estas propuestas relativas a la defensa de intereses sectoriales, gestión participativa, desarrollo local, tienen en común la centralidad que asignan a los procesos de reconocimiento social, construcción de legitimidad, en cómo definir necesidades sociales, en cómo se movilizan, se distribuyen y se organizan los recursos para satisfacerlas.[3] 

Consideramos que el debate público generado en torno a las diversas iniciativas asociativas y al desarrollo de esta corriente de pensamiento, crítica al paradigma neoliberal, son factores relevantes para explicar el creciente interés de historiadores por trabajar la temática cooperativa. Planteamos, entonces, que  “….el presente sigue cumpliendo la función de iluminar el pasado, que ha venido desempeñando desde los orígenes mismos de nuestra disciplina…”[4]

 

El propósito central de este artículo es comprender y brindar  una interpretación general sobre el cooperativismo agrario pampeano desde principios del siglo XX hasta la década de 1960, considerándolo en términos de una forma particular de economía social histórica.

 

La particularidad de las entidades cooperativas es que constituyen organizaciones sociales que, simultáneamente, deben ser “viables” en los mercados, es decir son actores económicos que          -aunque no persiguen la maximización de las ganancias- deben adecuar su desempeño a la lógica capitalista en la que se encuentran insertos. Además, promueven ciertos valores tales como la solidaridad, la autoayuda, la democracia en la toma de decisiones, valores que se inscriben en un marco doctrinal que se ha ido modificando históricamente, pero que presenta ciertas continuidades que hacen a sus componentes identitarios. Así cómo no todas las empresas son iguales, tampoco lo son las cooperativas, cuyo marco doctrinal y prácticas han ido variando en el tiempo. Por ejemplo, en la actualidad los procesos de externalización, tercerización  y la aplicación de pautas científicas a los procesos productivos son comunes a las cooperativas y a las empresas.[5] Pero ocurren de diferente manera. Una variable a considerar al respecto son los procesos de mercantilización que ocurrirían de diversas maneras, en general, con menor intensidad.

 

Nuestro enfoque parte del estudio de los perfiles institucionales de este tipo particular de organizaciones, entendiendo por tal a la estructura burocrática y administrativa interna de las entidades, las relaciones de las dirigencias con sus asociadxs, sus formas de relacionarse con otras entidades y con las agencias estatales. Pretendemos además, evaluar analíticamente sus transformaciones con relación a las configuraciones y reconfiguraciones socio-productivas del agro pampeano -y en particular de la agricultura familiar[6]- y al empresariado rural, así como a las directrices de la política agraria nacional, cooperativa,  y su vuelco al mercado interno o externo.

 

La política es una dimensión central en el estudio del cooperativismo agrario. En Argentina existe una confluencia de opiniones con respecto a relacionar la importancia creciente de las corporaciones en detrimento de los partidos políticos, en cuanto a su capacidad de canalizar, consensuada o conflictivamente, las acciones, las demandas y los  intereses de los actores en el espacio público a medida que avanzaba el siglo XX. Palomino señalaba que las diversas corporaciones tendían "…a ampliar su papel hasta ocupar el asignado a los partidos modificando las condiciones de funcionamiento típicas del sistema político pluralista." Esta ampliación podía llegar a ocupar en determinadas coyunturas históricas "… el monopolio del diálogo con el Estado”.[7] Portantiero planteaba que, como consecuencia del crecimiento del papel del sindicalismo y del reflujo sufrido por los partidos políticos,  se

 

…colocó también en un primer plano institucional a las organizaciones corporativas empresarias, expresivas, en su variedad, de los intereses económicos directos de las distintas fracciones del capital (cada vez más diversificados), pero también articuladoras de proyectos políticos de mayor alcance.[8]

 

Ansaldi afirmaba que, a lo largo del siglo XX, la debilidad creciente del sistema de partidos políticos y del parlamento como vehículos de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política, acrecentaba la relevancia de la lógica de mediación política corporativa con en relación a la partidaria.[9]

En Argentina se postula (y nosotrxs adherimos a este postulado) que el origen del cooperativismo agrario estuvo ligado a pequeñxs productorxs, arrendatarixs, aparcerxs, en algunos casos migrantes, que existió relativa cercanía entre las prácticas, los discursos y los valores (autoayuda, solidaridad) y que dicha primigenia comunión se fue desarticulando con el crecimiento de las organizaciones de primer grado y su agrupamiento en organizaciones de segundo grado para dar lugar a entidades en las cuales la obtención del beneficio económico cobraba mayor valor, impregnaba a los órganos de gestión profesional y a lxs asociadxs de una cultura en la cual el éxito y la expansión económica prevalecían sobre la solidaridad cooperativa. La paradoja daba lugar, en algunos casos, a la disputa abierta entre directivxs, asociadxs y trabajadorxs. Sin cuestionar esta visión general, apuntamos a complejizarla, con el objetivo de ver cómo estos cambios en los perfiles institucionales de las cooperativas interactuaban con los cambios socio-productivos y con las diversas políticas públicas.

 

En este artículo vamos a considerar las políticas que tomó el Estado con relación al cooperativismo, y las que desplegaron las diferentes organizaciones cooperativas, cuando apoyaron las medidas gubernamentales que consideraron favorables a sus intereses o cuando intentaron cambiar el rumbo de las mismas. En pos de lograr sus objetivos, combinaron distintas estrategias: la participación en  las agencias estatales, la lucha gremial, medidas de acción directa y confrontación con el Estado. Las organizaciones cooperativas de segundo grado llevaron adelante diferentes medidas gremiales en defensa de colectivos mayores que el de sus asociadxs en materia de comercialización de materia prima (granos, leche, etc.), producciones agroindustriales y sobre el crédito cooperativo.

 

Tomando en consideración el carácter social y económico de estas organizaciones y -en una perspectiva de análisis sociológico weberiano- Lattuada y Renold construyen una tipología de organizaciones institucionales cooperativas, en vinculación con los cambios históricos de larga duración (“regímenes sociales de acumulación”). Se distinguen tres tipos ideales: Organización Institucional Consecuente, Organización Institucional Paradojal y Organización Institucional en Mutación. En las primeras las fricciones entre prácticas y valores se encuentran reducidas a una mínima expresión. Corresponden a cooperativas relativamente pequeñas, locales, con alta participación y compromiso de lxs socixs y con escasa burocratización interna. Prevalecen durante la vigencia del modelo de acumulación agroexportador. El segundo tipo se asocia al crecimiento económico de las operatorias de la cooperativa, la proliferación y al afianzamiento del número de asociadxs, una mayor complejidad técnico-administrativa. Prevalecieron durante la vigencia del modelo de acumulación de sustitución de importaciones, en una primera etapa de industrialización del mercado interno durante los dos primeros gobiernos peronistas y                    -posteriormente otra- basada en el capital internacional, que fue llevada adelante por el desarrollismo.[10]

 

Durante la década de 1930 han cristalizado ya tres grandes vertientes en el cooperativismo agrario. Diferenciamos estas vertientes en base a sus orientaciones económicas, sus filiaciones ideológicas y sus perfiles institucionales. Existía un sustrato ideológico que orientaba el accionar de las entidades y que denotaba un proceso de producción de ideas, creencias y valores: “Todo un… complejo de prácticas significantes y procesos simbólicos… un conjunto heterogéneo de ideas que interpelan a los individuos en todo momento e indican cómo éstos "vivencian" sus prácticas sociales.”[11]

 

En el estudio de las dinámicas interinstitucionales es necesario considerar no sólo a este sustrato ideológico, sino también a las tensiones/adaptaciones/modificaciones que devenían de las disputas y las alianzas coyunturales con otros gremios y con el Estado. Por último, planteamos que los componentes ideológicos formaban parte también de los perfiles institucionales.

 

Así, tanto en la vertiente ligada a la Federación Agraria Argentina (FAA), como a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)  prevalecía la orientación agrícola-ganadera, mientras que existía una tercera vertiente, especializada en la producción, comercialización, agroindustrialización láctea y organizada en diferentes entidades de segundo grado. En cada una de las vertientes de las entidades cooperativas los objetivos gremiales se articulaban de manera diferente con relación a los objetivos cooperativos. Existían además diferentes posturas con respecto a la creciente intervención estatal y, en particular, en relación a la fijación de precios agropecuarios por parte del Estado.

 

2. Políticas públicas, cambios socio-productivos, gremialismo chacarero y cooperativismo agrario

 

A principios del siglo XX era central el papel de las actividades primarias para la exportación. No obstante, el mercado interno se encontraba en un momento de formación y la dinámica social adquiría una dimensión cada vez más nacional, al compás del crecimiento del Estado. Aunque la Constitución Nacional establecía la vigencia del sufragio universal masculino, existían graves limitaciones al ejercicio de las libertades civiles, los derechos sociales y políticos. En lucha para conseguir estos derechos, trabajadorxs urbanxs, rurales y chacarerxs se lanzaron al espacio público. Bregaban por el derecho a alcanzar condiciones dignas de trabajo y de vida, por la expresión libre de sus ideas, por su derecho a asociarse. A principios del siglo XX se multiplicaron las cooperadoras escolares, de seguro, ahorro y también para el suministro de los servicios eléctrico y telefónico. En el ámbito rural se conformaron cooperativas que buscaban mejorar las condiciones de comercialización de lxs productorxs primarixs, abaratar el aprovisionamiento de los insumos y el consumo. El surgimiento y la difusión del cooperativismo formó parte del conjunto de demandas que fueron llevadas a los espacios públicos por diferentes grupos subalternos urbanos y rurales, quienes se encontraban, de una u otra manera, excluidos de las agendas estatales y los esquemas de poder vigentes.[12]

 

En las décadas que siguieron al “Grito de Alcorta” de 1912[13], el Estado no había dado respuestas a las reivindicaciones del movimiento chacarero. No obstante, la consecuencia más importante del mismo fue la creación de la entidad que defendía los intereses de este actor, en aquel momento, la FAA. El sector chacarero bregaba por el ejercicio de “libertades capitalistas” (arrendamiento, trilla, venta y seguro).[14] Se pretendía mejorar las condiciones de comercialización de lxs productorxs primarixs, abaratar el aprovisionamiento de los insumos y del consumo y, en pos de estos objetivos, se propendía a la formación de las cooperativas de comercialización agrícola-ganaderas. Por otra parte, bajo el impacto de la Revolución Rusa y las luchas sociales europeas se produjo un aumento considerable de la combatividad obrera. Hubo un ciclo general de huelgas y movilizaciones obreras durante 1917-1921. A éste, se sumaba la reanudación del conflicto chacarero, el de lxs estibadorxs, carrerxs y bracerxs. Este ciclo histórico culminaría con la sanción de la ley nacional de arrendamientos de 1921, primera norma nacional destinada a regular la relación entre propietarixs y arrendatarixs rurales.[15] El movimiento agrario cooperativo surgía, de esta manera, entrelazado al movimiento reivindicativo chacarero. La acción colectiva se encuentra, de este modo, en la raíz misma del movimiento cooperativo y constituye así una dimensión a ser consideraba en su estudio.[16]

 

La sanción de la ley nacional n° 11.388 de cooperativas marcaría un hito en la historia del cooperativismo en Argentina –incorporada al Código de Comercio y en vigencia hasta 1973- debido a que incorporaba los principios rochdaleianos como componente fundante de las asociaciones cooperativas y, pretendía, de este modo, deslindar este tipo de organizaciones de otras, porque, hasta ese momento, incluso las entidades empresarias podían autodenominarse como cooperativas. Fue aprobada el 20 de diciembre de 1926. Entonces se sostenía el principio doctrinal de qué cualquiera fuera el número de acciones que cada socix poseyera, todxs tenían derecho a un solo voto. No se concedía ventaja alguna a lxs fundadorxs, lxs directorxs de las cooperativas, ni se daba preferencia a quienes habían aportado más capital. No se permitían tampoco los votos por poder en las asambleas y se facultaba a los Consejos Directivos a disponer de los retiros de capital social. Se adoptaba estatutariamente el principio doctrinal de la desvinculación de las cooperativas de los grupos religiosos o de los partidos políticos.[17] Su aprobación respondió a una demanda común de reconocimiento estatal del cooperativismo por parte de los diferentes núcleos y asociaciones cooperativas y, también a la intensa labor parlamentaria socialista.[18]  Sectores subalternos de las estructuras de poder existentes, a través del impulso asociacionista y la organización colectiva, contribuían a redefinir agendas estatales, establecer nuevas reglas de juego entre actores agrarios, políticos y estatales, dando cuenta de los nuevos contenidos de las demandas provenientes de la sociedad civil.

 

La crisis mundial de 1930 afectó fuertemente al sector agropecuario. Entre otras cuestiones, se produjo una baja de los precios agrícolas de los productos pampeanos y comenzó un retroceso de la agricultura que se profundizaría durante la década de 1940.  El Banco Hipotecario dejó de jugar el papel de facilitar el acceso a la propiedad de la tierra. Lxs colonxs encontraban obstáculos para hacerse cargo de sus deudas frente a lxs comerciantxs e intermediarixs; incluso lxs propietarixs de mayor tamaño también se verían afectados. Ante esta situación crítica, los almacenes de ramos generales comenzaban a cerrar las libretas de crédito a lxs chacarerxs y, éstos encontrarían cada vez mayores dificultades para contratar peones, pagar créditos y cánones de arriendo.[19]  Para paliar -aunque fuera en parte- los efectos adversos de la crisis, a partir de 1930 el Estado nacional implementó una política favorable al cooperativismo agrario a través de un conjunto de medidas, entre las cuales se destaca el papel que jugó la política crediticia y de comercialización.

 

Durante las primeras décadas del siglo XX ya se había gestado una "estructura de representación dual", la cual reconocía como protagonistas a la Sociedad Rural Argentina -espacio de representación de los grupos hegemónicos rurales con fuerte gravitación en la política nacional-  y a la Federación Agraria Argentina que aglutinaba a sectores excluidos de los esquemas de articulación de poder y funcionaba como espacio de resistencia de lxs chacarerxs, en aquel momento, en gran parte arrendatarixs.[20]

 

Desde la década de 1930 esta estructura dual daría lugar a otra más compleja que reconocía la creciente importancia de otras entidades, nuevos contenidos en las demandas de los diferentes colectivos agrarios y mayor articulación entre los diferentes grupos de productorxs. Estos cambios se anclaban, a su vez, en  transformaciones en la configuración de la estructura social agraria[21], en la ampliación y desarrollo del espacio público y las agendas gubernamentales en el tratamiento de la temática agropecuaria.[22] Desde 1930 se fue conformando aquello que Lattuada caracteriza como "una estructura segmentada en la representación de intereses" en la agricultura, la que reconocía una multiplicidad de formas asociativas, disputas y confrontaciones entre los diferentes grupos de interés, en torno a tres ejes: base socio-económica (grandes propietarixs frente a arrendatarixs y  pequeñxs propietarixs), base económico-productiva (agricultorxs frente a ganaderxs, criadorxs frente a invernadorxs) y estrategias de comercialización (cooperativas de servicios/ empresas de capital).  Al respecto, el Estado, con su capacidad de legitimar como interlocutorxs a ciertas asociaciones agrarias en detrimento de otras y lograr, así, una injerencia decisiva en la dinámica interna del sector agropecuario, operó complejizando aún más la estructura de representación. Destacamos por su relevancia histórica la conformación de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) -entidad gremial creada en 1932, que daba cuenta de la diferenciación ganadera entre criadorxs e invernadorxs- y, en 1942, de la entidad de tercer grado CRA (Confederaciones Rurales Argentinas).[23] Durante esta etapa los cambios económicos y productivos se entrelazaban con la  ampliación y el desarrollo del espacio público, las agendas gubernamentales en el tratamiento de la temática agropecuaria y en el desarrollo de nuevos marcos regulatorios.[24]

 

La década de 1930 fue un momento crucial en el cambio del sistema de acopio  que implicaba la sustitución del embolsado del cereal por el transporte a granel. El nuevo sistema suponía un conjunto de ventajas. Representaba una economía substancial con respecto al transporte hasta los puertos de embarque, un ahorro de mano de obra en las operaciones de carga y descarga en las estaciones ferroviarias e implicaba la realización de controles de calidad. Argentina era un país con escasa capacidad de almacenaje de la cosecha, considerado desde parámetros internacionales.[25]

 

Durante la década de 1930 se encarecieron los fletes marítimos y se elevaron las barreras aduaneras a las importaciones. Había escasez de insumos en el aprovisionamiento de bolsas y también de otros elementos para la cosecha. Esta situación  incrementó aún más el interés estatal en la construcción de una red pública de elevadores de granos. En el año 1933 se  promulgó la ley 11.742 de construcción de una red estatal de elevadores de granos. Las cooperativas podían arrendar este servicio. Sin embargo, la importancia macroeconómica del proyecto estatal sería limitada. Por ejemplo, en el año 1939 la Comisión Nacional de Elevadores de Granos comercializaba 84.000 toneladas de trigo y entonces la producción nacional de cereales ascendía a 19.544.100 toneladas. El acopio y el transporte embolsado del cereal siguieron siendo relevantes sobre todo para lxs pequeñxs y medianxs productorxs (Agricultores Federados Argentinos, 17).

 

Las dificultades en la comercialización agrícola  plantearon un contexto de urgencia tanto para la FAA como para ACA en  la construcción de una red cooperativa de elevadores de granos, ya que esto permitiría acopiar cereal a granel y reduciría de esta manera, los costos de producción y sobretodo de almacenamiento de los cereales. Al respecto, ACA encaró un proyecto de construcción de una red de elevadores para la comercialización de granos y FAA vio frustrado su emprendimiento al respecto. Este tema se desarrolla en el apartado sobre los proyectos concretos llevados adelante por las entidades.[26]

 

La Junta Reguladora de Granos -organismo que se dedicaba a comprar la producción a lxs agricultorxs y a pagarles un precio básico- fue creada en 1933. Actuaba de manera coordinada con el  Banco Nación. Las sucursales del interior otorgaban créditos a productores  en nombre de dicha Junta para la adquisición y mejora de inmuebles rurales, maquinaria agrícola, impulso a la producción, levantamiento de las cosechas (en general, en base a prendas agrarias). A su vez, desde 1935 la Junta comenzaría a reintegrar al Banco el importe de estos adelantos. En 1934 la sección de crédito agrario del Banco Nación contaba con una inspección general de cooperativas que era el órgano que las supervisaba e intervenía en el otorgamiento de los créditos, a cargo de la gerencia de las cooperativas de producción, crédito, consumo o venta de productos agrícolas o ganaderos. Este órgano impulsaría además la formación de cajas regionales de préstamo y ahorro, las que contribuirían a impulsar y fiscalizar la política crediticia a las cooperativas.^[27]

 

El Banco de la Nación Argentina otorgaba a las cooperativas dos tipos de préstamos: a sola firma hasta una suma que no superara el capital realizado y para recolección y comercialización, por hasta una suma dos veces superior al límite fijado para la anterior. Por gestiones de la Federación Agraria y de ACA se establecían las planillas referenciales, a través de las cuales lxs productorxs tenían acceso al financiamiento del Banco Nación, cuyos gerentxs junto a lxs de las cooperativas recorrían los campos para asesorar a lxs productorxs en esta materia.[28]  

 

Las organizaciones cooperativas de segundo grado eran promotoras de la creación de la sección de crédito agrario en el Banco de la Nación Argentina, del apoyo crediticio de esta entidad al cooperativismo y a la formación de las cajas regionales. No obstante, bregaron además por una ampliación del crédito cooperativo. ACA enmarcaba la reivindicación por la ampliación del crédito agrario en la defensa de los intereses de lxs "agricultorxs", mientras que la FAA lo hacía en nombre de lxs "chacarerxs". Solicitaban moratorias para las deudas hipotecarias y bregaban por un crédito accesible y barato para lxs  agricultorxs y las cooperativas.

 

En la importancia pública, diversidad y complejidad que asumían las formas asociativas agrarias, el cooperativismo se constituyó como un componente relevante. Su importancia fue creciente en la economía nacional. Se multiplicaron las cooperativas primarias y la articulación entre éstas a través de las entidades de segundo grado, lo que incrementaba las necesidades de coordinación, la variedad de las cuestiones que requerían ser atendidas por las direcciones nacionales, actualizaba la problemática de la autonomía de las cúpulas con respecto a las cooperativas primarias, la burocratización de las conducciones, su dependencia con relación a los recursos provistos por las organizaciones de primer grado. Esto ocurría en un contexto histórico de ampliación y desarrollo del espacio público y de las agendas gubernamentales en el tratamiento de la problemática agropecuaria.[29]

 

3. Políticas públicas, cambios socioproductivos y consolidación del cooperativismo agrario.

 

La política agraria peronista procuraba dar respuesta a un conjunto de sectores rurales subalternos: lxs asalariadxs rurales, lxs arrendatarixs, lxs medierxs, lxs pequeñxs tamberox y lxs productorxs. Era necesario minimizar el conflicto con estos sectores para lograr la estabilidad y legitimación del poder político y la inclusión de nuevos sectores que habían accedido al aparato estatal.[30] Las políticas de comercialización agrícola y colonización, la sindicalización de lxs trabajadorxs agrícolas, las políticas de precios relativos suscitaron confrontaciones entre chacarerxs, trabajadorxs, terratenientes y Estado. Lázzaro ha planteado que uno de los objetivos de la revolución de 1943 fue amortiguar la crisis agraria y que en el ascenso de Perón en 1946 ocupó un lugar destacado la minimización del conflicto social, lo que se consideraba como una necesidad prioritaria para mantener la estabilidad política en un momento de recomposición de los sectores dominantes al interior del Estado.[31]

 

Aprovechando el alza de los precios agrícolas del período de posguerra, contando con una entidad autárquica, como el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) -que monopolizaba el comercio exterior- y con la banca estatizada desde 1946, el Estado derivaba el excedente de la producción agropecuaria a través del crédito a la producción, para fomentar las áreas más nuevas como las más tradicionales del sector industrial.[32] Entre 1946 y 1948 el Estado, a través del monopolio del comercio exterior, el manejo de la política cambiaria, el sistema de precios relativos obtenía la traslación de ingresos desde el sector agropecuario al industrial. Gran parte de la renta diferencial a escala internacional que antes quedaba en manos de la gran burguesía agraria pasaba al Estado para financiar la política social y la industrialización.

 

Descendieron los precios agrícolas mundiales y la inflación –después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de 1949 que suprimió la restricción a la emisión monetaria- y ello comenzó a jaquear a la economía argentina. El sistema financiero puesto al servicio del Estado es el que permitió alentar un rápido cambio de rumbo y con él la vuelta al campo. El IAPI -que en la etapa anterior comercializaba la producción agraria comprando al productor a precios mínimos y vendiendo en el mercado internacional con precios en alza para los cereales- modificó su operatoria y comenzó a subsidiar a la producción rural, que lentamente se fue reactivando. La importación de máquinas agrícolas, con un cambio preferencial; las líneas crediticias a lxs productorxs rurales y la compra de su producción a precios capaces de contrarrestar la baja mundial de las cotizaciones y estimular así a quienes se dedicaban a las actividades agropecuarias para producir un alza en la rentabilidad, constituyeron algunas de las estrategias que implementó el Estado en cumplimiento de los nuevos objetivos del gobierno nacional. El Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) consolidó esta renovada política agraria. La cooperativa aparecía como el tipo de "empresa" adecuada para amortiguar el conflicto social  en la estructura de este plan.[33]. A estos procesos abonaron no solo las políticas públicas sino también la organización de lxs productorxs en cooperativas.[34] Se fomentó la producción de saldos exportables. El crédito, la mecanización, la tipificación de los granos, el impulso al cooperativismo y la implantación de un nuevo régimen impositivo -que pretendía promover una explotación racional del suelo- se convirtieron en objetivos prioritarios. Las consecuencias más evidentes fueron un conjunto de transformaciones en la estructura social agraria, entre las que se destacaron procesos de fortalecimiento y capitalización de ciertos segmentos de la agricultura familiar.

 

Los pilares de la política de fomento cooperativo fueron el crédito oficial a bajo costo y con medianos plazos de reintegros -implementados principalmente a través del banco de la Nación Argentina-, mejores precios relativos para la producción agraria, y una creciente legitimidad a las cooperativas en las políticas de comercialización agropecuaria y en la colonización. Otro rasgo distintivo del peronismo fue la consolidación y la ampliación del aparato burocrático del Estado, lo que implicaba un mayor intervencionismo estatal y una mayor densidad de la dimensión estatal en la economía y la sociedad civil. Diferentes agencias y políticas públicas desplegaban controles directos (institucionales) e indirectos (culturales) sobre la participación política y social. Se producía el incremento y la legitimación de la participación social. Las nuevas agencias estatales incorporaban criterios técnicos y de las ciencias agropecuarias, considerando que era necesario racionalizar cada vez más la producción agropecuaria.[35]

 

El crecimiento del cooperativismo agrario se expresaba en el incremento de las organizaciones,  lxs asociadxs y en la participación de éstas con relación al movimiento cooperativo en su conjunto. Este crecimiento fue particularmente relevante en la región pampeana. Entre 1937 y 1947 el número de cooperativas que correspondían en mayor medida a la región pampeana -es decir las agrícola-ganaderas, granjeras y tamberas- creció de 216 a 549; en la última fecha mencionada, las cooperativas tamberas constituían el 65 % del total. Para el mismo período la cantidad de socixs se incrementó de 36.450 a 84.670.[36]

 

La asociación de lxs productorxs en cooperativas tenía cierta relevancia ya que aglutinaba entre el 20 y 30 % de lxs productorxs agropecuarioxs pampeanxs. El más alto índice de asociación de lxs productorxs a las cooperativas -definido como la relación existente entre lxs titularxs que declararon estar asociadxs a cooperativas agropecuarias y el número de explotaciones registradas en una jurisdicción determinada- se encontraba en la región pampeana. Santa Fe se ubicaba con el 33,2%;  le seguía La Pampa con el 24,1 %; Córdoba con el 23,8 % y Entre Ríos  con el 20,9%  Las cooperativas bonaerenses nucleaban a una proporción relativamente menor, la que alcanzaba al 19,0 % de lxs productorxs de la provincia.[37]

 

La vertiente con mayor gravitación macroeconómica desde la década de 1930 a 1980 fue el cooperativismo lácteo. Según información producida por SanCor, en 1942 de la producción de manteca del conjunto de las entidades cooperativas representaba el 50 % del total nacional y alcanzaba en la caseína al 40%.[38]

 

Es difícil conocer la importancia relativa de la producción láctea cooperativa con relación a la industria privada a través de los censos nacionales (industrial de 1935 y agropecuario de 1937). Estas fuentes no diferencian a estos dos tipos de sociedades y  particularmente el censo de 1935 reconoce solo a categorías ocupacionales tales como a obrerxs, empleadxs, propietarixs, directorxs y gerentxs, cuando los proveedorxs de leche y crema a las usinas pasteurizadoras y a las fábricas eran productores familiares. No obstante, conocemos que en 1947 el valor agregado del conjunto de la agroindustria láctea ascendía a 144.085.000 m$n, mientras que ese mismo año el capital social de SanCor era de 4.754.000 m$n, es decir representaba un 32,9 % del total. Sí desagregamos este valor total por rubros productivos, podemos observar que la producción de SanCor era importante en la manteca y la caseína, ya que producía el 34,5 % y el 23,5 % de las respectivas producciones nacionales.[39]

 

El desarrollismo -cuyo principal  anclaje teórico provenía de la CEPAL- ponía énfasis en realizar Reformas Estructurales para que los países periféricos pudieran superar los obstáculos al desarrollo con relación a los países centrales. La solución no podría ser otra que una industrialización que fuera capaz de sustituir bienes importados. En estas condiciones el funcionamiento de la economía no podía ajustarse a los dictados del mercado, ni moverse erráticamente conforme al interés privado de los empresarios. El objetivo era incorporar procesos productivos complejos que elevasen el valor agregado nacional, absorbiendo el mayor progreso técnico posible. La industrialización se convertía en el eje del proyecto desarrollista y ésta -se planteaba- debía ser planificada. Suponía la incorporación masiva de técnicas modernas, una reforma agraria y un proceso de democratización política. Debían hacerse un conjunto de reformas estructurales, para lo que se pensaba en un  Estado orientador, promotor y planificador.[40] 

Se consolidaba un nuevo actor social: el capital extranjero, que lograba reestructurar a su favor relaciones de predominio, tanto en el interior del sector agropecuario cuanto en la economía en su conjunto El “empate” político entre las distintas fuerzas se articulaba con un modelo de acumulación en el cual había un “poder económico compartido” que alternativamente se desplazaba entre la burguesía agraria pampeana (proveedora de divisas y por tanto con alta injerencia en los momentos de crisis externa) y la burguesía industrial, volcada hacia el mercado interior.[41]

Con respecto a las políticas agrarias, la idea de que la propiedad de la tierra debía cumplir una función productiva y social, la supresión progresiva de los “latifundios” y la eficiencia productiva eran concepciones, valores de gran relevancia, presentes a lo largo del período estudiado y tributario del peronismo. Ya durante los dos primeros gobiernos peronistas  las políticas agrarias habían comenzado a tomar en consideración el interés social, como uno de los criterios a ser tenidos en cuenta en su implementación, apuntando -sin dudas- al afianzamiento de consensos y estrategias colectivas. Se observa también continuidad en que las nuevas agencias estatales incorporaban criterios técnicos y de las ciencias agropecuarias, considerando que era necesario racionalizar cada vez más la producción agropecuaria, pero al respecto el énfasis asignado a la incorporación tecnológica y a la modernización productiva era aún mayor en el desarrollismo que en el peronismo.

Para el desarrollo nacional, el agro constituía un elemento clave en la integración económica. Frondizi afirmaba que el agro seguía produciendo gran parte de lo que producía el país y ocupaba al 20 % de la población. Su desarrollo permitiría tecnificar, mecanizar, diversificar la producción e “incorporar a la vida del hombre de campo todas las ventajas de la civilización”.[42] Para superar al latifundio improductivo, el Estado debía garantizar la estabilidad, la seguridad a la propiedad y también el arriendo de la tierra. La producción y la circulación de la tierra debían quedar en manos de productores tecnificados, fuertemente integrados al mercado y también de grandes cooperativas de productores y consumidores bajo el control del Estado.

 

Desde 1955 a 1966 –con altibajos- se observa una estabilización con cierto crecimiento en el número de las cooperativas y lxs asociadxs, con mayor importancia en la región pampeana. La relevancia de las cooperativas en la economía nacional seguirá vigente así como su legitimidad e institucionalización.[43] Durante este período histórico la aspiración común más relevante al cooperativismo agrario fue conservar y consolidar la legitimidad y la institucionalidad adquirida durante el Segundo Plan Quinquenal Peronista.[44] Otra cuestión –íntimamente ligada a la primera- se refería a conservar las prerrogativas económicas, los regímenes especiales que la política económica peronista de fomento les había otorgado, principalmente en referencia a lo crediticio e impositivo. Frente a los intentos de funcionarios del Ministerio de Comercio de la Nación de convertir a la Dirección Nacional de Cooperativas en una simple división del Ministerio se abogaba para que ésta  mantuviera su jerarquía y se planteaba que para llevar adelante la defensa del status de esta agencia estatal era necesario hacer una campaña que incluyera al conjunto de las organizaciones de segundo grado y -si fuera necesario- llevar esta cuestión a las Cámaras Legislativas, en interpelación a los poderes públicos.[45] Se insistía en que la exención del impuesto a las ventas que había implementado el peronismo por ley n° 12.143 –y que con el gobierno de la Revolución Libertadora se había derogado- debía reimplantarse.[46] SanCor demandaba la eximición del pago de impuestos provinciales a las cooperativas de consumo, crédito, para edificación, que la legislatura bonaerense había derogado.[47]      

 

La Federación Argentina del Cooperativismo Agropecuario (FACA), entidad de segundo grado asociada a la FAA, proponía -como medidas de  racionalización y ordenamiento impositivo- la unificación de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Denunciaban que algunas comunas -por ejemplo La Criolla (Provincia de Santa Fe)- avanzaban ilegalmente sobre el derecho impositivo, en lo atinente a la maquinaria agrícola, a la tierra cultivada o al uso de leña, ya que este tipo de impuestos no habían sido acordados con la Nación y las provincias. Intervenían en este tipo de conflictos en los municipios y habían logrado que quedara sin efecto el impuesto municipal que afectaba la introducción agrícola a la planta agroindustrial de Oncativo. Se objetaba la legalidad y la oportunidad de un nuevo gravamen municipal aplicado a los granos.[48]

 

Considerados los procesos agrarios de manera general y en su dimensión de larga duración es posible comprobar que el agro pampeano protagonizó un proceso de agriculturización. Según Nun y Lattuada, el 80 % de la expansión agrícola tuvo su origen en los cambios tecnológicos  y el 20 % restante en el pasaje de la ganadería a la agricultura. El valor de la producción agrícola pampeana se triplicó y la productividad de la tierra creció.[49] Otro proceso que varios estudiosos del tema han señalado para este período es el aumento de las explotaciones de tamaño medio. El  régimen tradicional de arrendamiento fue reemplazado por otro basado en el contratismo de maquinaria, la producción a porcentaje, con mayor proporción de pago de cánones de arriendo en dinero. Se han estudiado los procesos de medianización de la propiedad por subdivisión de la tierra que se reconstituía en unidades económica rentables, cuestión que se conectaba estrechamente con el proceso de mecanización, por la mayor tecnificación de unidades productivas de menor tamaño.[50]

 

3. La conformación y el desarrollo de las tres vertientes del cooperativismo agrario.

 

La Asociación de Cooperativas Argentinas se creó en Rosario en 1922, con el aporte de 10 cooperativas de Santa Fe y Córdoba. Se dedicaba al aprovisionamiento de los insumos a lxs pequeñxs productorxs y, posteriormente a la organización de nuevos e importantes servicios como los seguros cooperativos, la colocación de productos de granja, entre otras actividades. Al mismo tiempo esta primera “cooperativa de cooperativas” realizó una intensa labor de divulgación de los principios y logros cooperativistas a través de su órgano periodístico oficial, La Cooperación, cuyo primer número apareció en 1924. ACA inauguró el primer elevador de granos cooperativo en Leones (Córdoba), participando también activamente en la construcción de la red de elevadores de la zona de afluencia del puerto de Rosario; por otro lado constituyó el Pool Argentino de Granos, en el que la venta conjunta de granos por lxs productorxs a través de sus cooperativas y de éstas a través de su Central, contando con el soporte infraestructural de los elevadores como servicio público que ellas construyeron, constituyó un ejemplo de integración vertical genuina sin la intervención de las compañías transnacionales del cereal ni del Estado.[51]  En el proyecto de la Asociación de Cooperativas Argentinas el cooperativismo constituía “un arma cierta para combatir las exacerbaciones de la economía liberal, permitiendo la humanización del capital, despojándolo de toda función imperialista”.[52] De ahí que la institución considerara que para la economía del país fuese de vital importancia la formación de cooperativas de productorxs agrarixs que al operar con un amplio sentido social, sentaran las bases de una liberación cierta, ofreciendo al medio social el elemento para eliminar, tanto para quien produce como para quien consume, todos los juegos usurarios y parasitarios.[53]

 

La Federación Agraria Argentina se constituyó identitariamente en términos de “organización sindical agraria”. Desde este lugar se valoraban las estrategias de negociación o enfrentamiento con el Estado. Ambos tipos de acciones eran legitimadas en la medida en que operaran favorablemente en la obtención de las reivindicaciones gremiales de lxs productorxs. Podían justificar la lucha disruptiva y la violencia pero preferían las manifestaciones pacíficas y sobretodo adecuadas para obtener reivindicaciones concretas. El proyecto de FAA asignaba también un papel estratégico a las cooperativas, ya que se consideraba que éstas acrecentaban la capacidad de negociación de lxs  productorxs y eran una respuesta adecuada ante la existencia de una estructura monopolizada en el agro, particularmente en lo que atañe a la comercialización agrícola. Desde el primer proyecto cooperativo de la entidad gremial con la conformación de la Cooperativa Federal en 1914 se estipuló que las cooperativas debían orientarse a la comercialización de la producción agraria y también a la provisión de insumos para la producción agropecuaria.[54]

 

En la entidad gremial existían tres ámbitos organizativos: central, seccional y comarcal. Tanto las actividades desarrolladas por la central como por las secciones locales eran relevantes. Mientras el papel de la primera era fijar los lineamientos generales de las políticas, a través de las secciones locales se lograba reclutar a las bases y se daba la participación de los afiliados. El papel del periódico La Tierra debió haber sido significativo como herramienta de propaganda y difusión de estas políticas.

 

La central de la organización ejercía control sobre las seccionales. Ello ocurría con la fluida participación de lxs delegadxs del Comité Directivo en las seccionales y a través de la figura de lxs inspectorxs que ejercían las funciones de vigilancia de las secciones. A su vez, éstas se conectaban con la instancia central a través de las designaciones de delegadxs -elegidxs en asambleas- a los congresos generales ordinarios anuales. Las temáticas tratadas en las asambleas locales eran amplias. Comprendían desde cuestiones locales y particulares de carácter económico, a reclamos ante los poderes públicos (por ejemplo, frente a problemas ocasionados por  sequías o inundaciones) o, discusiones políticas más generales. En estas asambleas se debatían cuestiones tales como la venta de cereales, el uso de la maquinaria, salarios a pagar por la recolección de la cosecha, postura a asumir ante las leyes de arrendamiento, colonización, etc. En las secciones locales se hacía también el cobro de las cuotas mensuales -con las que se sostenían parte de los gastos corrientes de la organización-, la designación de las comisiones directivas y el nombramiento de delegadxs a los Congresos Comarcales. El ámbito comarcal comprendía al conjunto de las secciones de cada jurisdicción e incorporaba en su dinámica a las cooperativas y clubes agrarios de la misma jurisdicción gremial. En este ámbito las temáticas que prevalecían eran las relativas al régimen y nivel salarial rural, a la problemática de arrendamiento, así como los niveles de precios vigentes para cereales y oleaginosas.[55]

 

La dirigencia de la Federación consideraba que la existencia de FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias, entidad de segundo grado fundada en 1947 por FAA) tenía origen en la intensa acción gremialista, la que debía jugar un rol fundamental en el proyecto de construir el “cooperativismo integral”, entendido éste, no sólo como el correcto funcionamiento de las cooperativas, sino también en relación con una presencia generalizada de la organización cooperativa, a punto tal que reemplazara al antiguo sistema de comercialización. Al respecto, una cuestión a destacar es que se consideraba que la generalización de la comercialización mediante cooperativas implicaría cambios en las reglas de juego generales en los ámbitos de la producción, comercialización e incluso el manejo del comercio exterior. Cuando la forma cooperativa se difundiera suficientemente, se accedería al Estado. Ello ocurriría mediante FACA, organización que ofrecía la “garantía moral” para convertirse en el organismo que reemplazara al Instituto Argentino de la Promoción al Intercambio (IAPI).[56]

 

Una vía de comunicación entre las cooperativas primarias y la Central fueron las asambleas de gerentxs -convocadas por ACA-  para considerar temas vinculados con la organización contable cooperativa, sobre compras en conjunto, comercialización de granos sujeta al control del Estado, ventas en el mercado libre y sobre formas más convenientes para operar con créditos y anticipos, comercialización de haciendas y consignaciones, difusión y financiación del órgano oficial, La Cooperación, sobre el programa y alcance de la acción juvenil cooperativa y sobre industrialización, plan económico y acrecentamiento del capital social. ACA encaró diferentes actividades tendientes a aumentar su nivel de eficiencia y el de las cooperativas afiliadas: unificó las normas para la elaboración de sus memorias y balances, de modo que sus asociadxs y sus consejos administrativos pudieran acceder a una visión más clara de su propia gestión económica anual o por ciclos.[57]

 

Los orígenes del cooperativismo lácteo se remontan a fines del siglo XIX. Muchas de estas cooperativas fueron fundadas por colonxs inmigrantes europexs (italianxs, suizxs, alemanxs, belgas, inglesxs y judíxs) que buscaban replicar experiencias colectivas de sus países de origen, las que contribuyeron a retroalimentar su identificación y pertenencia regional. El desarrollo del cooperativismo lácteo fue temprano e importante ya que estxs inmigrantes traían tradiciones lecheras y cooperativistas provenientes de sus países de origen. Ya en la década de 1930 el cooperativismo lácteo había alcanzado relevancia y se concentraba, en gran medida, en el territorio de la cuenca cordobesa-santafecina. Se destacaban por su importancia la Asociación Unión Tamberos de Frank, la Unión Cooperativa Limitada San Carlos, la Sociedad Cooperativa de Tamberos de la Zona de Rosario y SanCor (Fábrica de Manteca SanCor Cooperativas Limitadas). Estas llevaban la representación de las cooperativas primarias y su accionar conjunto se expresaba a través de la realización de diversas concentraciones, peticiones gubernamentales, asambleas y congresos cooperativos. Estas entidades de segundo grado recibían la producción tambera de las colonias de pequeñxs y medianxs productorxs de economía diversificada, es decir de aquellas que adicionaban el tambo a otras actividades agrícola-ganaderas. La mayoría contaba con su propia cremería. Durante las décadas de 1940 y 1950 se observaban trayectorias exitosas de estas entidades y cooperativas lácteas. No obstante, SanCor fue la "empresa" cooperativa que tuvo un desempeño más dinámico. Durante la década de 1940 consolidó su presencia en la cuenca lechera cordobesa-santafecina preexistente.[58] En la cuenca cordobesa-santafecina existieron diferentes proyectos cooperativos, sustentados por colonxs inmigrantes. Esta cuenca va a experimentar relevantes transformaciones bajo el liderazgo de la gran empresa cooperativa SanCor que había logrado reemplazar a la empresa privada inglesa The River Plate Dairy Company Limitada por ofrecer mejores precios de materia prima a los tambos, promover su modernización y tecnificación; así como lograba recorrer el camino a la especialización láctea al tiempo que se expandía sobre antiguas cuencas lecheras y áreas de vocación agrícola.[59]

 

Desde la década de 1940, el principio cooperativista de comprar y vender solo a la cooperativa se había transformado en obsoleto en ACA y en el cooperativismo lácteo; ello fundamentaba  que los factores técnico-administrativos impusieran determinados condicionantes.[60]

 

Un factor relevante que explica que las organizaciones institucionales paradojales puedan mutar a cooperativas que se acercan a una dinámica empresarial es el propio desarrollo contextual capitalista de globalización que plantea condiciones con mercados cada vez más cambiantes y volátiles. La necesidad de operar con tercerxs no asociadxs, constituir empresas de capital privado, sociedades anónimas para determinados emprendimientos, recurrir a cuerpos profesionales no asociados en la administración, tendía a corroer el discurso cooperativista que valorizaba la solidaridad y la autoayuda, mientras se llevaban a cabo prácticas  con criterios de gestión y rentabilidad empresarial. La lógica empresaria adquiría aún más prevalencia frente a los valores doctrinales del cooperativismo.[61]

 

Durante el período estudiado, tanto en SanCor y como en ACA, la toma de decisiones la llevaba adelante la gerencia y el papel de las asesorías técnico-administrativas era significativo.[62] Tanto en ACA como en SanCor la generación y el desarrollo de los órganos de gestión gerencial cooperativa implicaba el despliegue de un conjunto de capacidades organizacionales. La entidad de segundo grado gestionaba/otorgaba avales crediticios a las cooperativas para la adquisición de maquinaria, a través de la banca estatal y  de su propio banco. El gerenciamiento experimentó relevantes transformaciones, las que tomaban como referencia -de manera creciente- criterios de gestión técnica. Prevalecía una racionalidad pragmática, de tipo instrumental, que procuraba incorporar tecnologías de avanzada no solo en la elaboración agroindustrial, sino incluso en las pautas productivas que se seguían en las explotaciones de lxs productorxs asociadxs a las cooperativas para poder competir, afianzarse y crecer en los mercados.[63]

 

Llegó un momento en que el desarrollo agroindustrial creciente, el intenso proceso de incorporación tecnológica y la red de intereses asociada a este desarrollo profundizó la “paradoja”. Las relaciones entre productorxs y la organización industrial entraron en disputa abierta en algunas ocasiones. Una problemática central a través de la cual se expresaba el conflicto era la retención de los retornos a lxs asociadxs con el objetivo de expandir y diversificar la agroindustria, lo que perjudicaba los niveles de los ingresos de lxs productorxs.[64] Desgastada la cohesión cooperativa entre asociadxs y directivxs surgía con fuerza –de igual modo que en una empresa privada- el descontento. Se registraron huelgas entre lxs tamberxs y lxs directivxs, entre lxs trabajadorxs y lxs tamberxs.[65]

 

Este modelo cooperativo presente en estas entidades de segundo grado tiene otra característica: se posiciona como “tercer sector” que rechaza la intervención estatal en lo que concierne a ser controladas, reguladas por el Estado en diversos ámbitos como por ejemplo el impositivo. Se jactan de que es su propia autonomía las que les provee de la fuerza para llevar adelante sus proyectos. La “comercialización libre” constituye para ellxs la no injerencia estatal como condición óptima de trabajo, mientras por otro lado presionan al Estado para el otorgamiento de créditos estatales favorables a su sector que va adoptando rasgos claramente agroexportadores. Esto no ocurrió con la vertiente cooperativa ligada a la FAA, en la que no hubo emprendimientos agroindustriales de envergadura y donde el principal objetivo de la organización siguió siendo la defensa de los precios y condiciones de comercialización de lxs pequeñxs productorxs, el intervencionismo estatal y la prioridad al abastecimiento del mercado interno.[66]

 

4. El papel de las juventudes en el cooperativismo agrario

 

Las entidades gremiales y cooperativas propiciaban la formación  de sociedades con participación exclusiva de jóvenes. Eran concebidos como espacios diferenciados y privilegiados en la socialización de lxs jóvenes en los principios doctrinales del cooperativismo, en el reclutamiento, la formación de nuevos asociadxs y líderes de las organizaciones. Estas pequeñas sociedades se expandieron significativamente en número desde 1943, al compás de un importante desarrollo de las organizaciones en su conjunto, y proveyeron de una base social, ideológica e intelectual para el desarrollo de sus proyectos. Procuraban la difusión de los principios teóricos y la aplicación de la doctrina cooperativa, la capacitación técnica agropecuaria -es decir la implementación de un adecuado marco informativo sobre técnicas de producción y administración de la explotación agropecuaria- y la formación que le permitiera a la juventud rural obtener conocimientos sobre la vida económica, política, social y cultural del país y la economía agropecuaria en general.[67]

 

Los “Clubes de la Juventud Agraria” pertenecían a la Federación Agraria. Apuntaban a “la capacitación integral de nuestra juventud” y eran considerados el “…nuevo baluarte de la juventud campesina que anhela elevarse culturalmente para ocupar el lugar de lucha que le corresponde”.[68] Por “capacitación integral” se entendía a la formación en la lucha gremial, en los principios solidarios del cooperativismo y en la educación técnica, especializada en temáticas agropecuarias. En los clubes se dictaban cursos sobre contabilidad, agricultura, lechería, arboricultura, fruticultura, etc. y se organizaban encuentros con mujeres y jóvenes de otros pueblos. La dirigencia de Federación Agraria propiciaba la formación de “bibliotecas populares” y difundía un discurso moralizante cuando planteaba que lxs jóvenes debían “privilegiar la escuela y la biblioteca frente al baile”.[69]

 

En SanCor, la consigna era que cada “Centro de Jóvenes Agrarios”, debía "…cooperar, independizar, instruir y educar…". Se afirmaba que "… el hogar, es sino el espíritu de la mujer encendido en una llama perenne en función de custodia". Se entendía que en las relaciones de los Centros de Jóvenes Agrarios locales se debían armonizar la autonomía con las directivas, las orientaciones y el asesoramiento del Consejo Central de Juventudes SanCor. Cada centro de las juventudes conocía las necesidades, los problemas de su zona y entonces estaba en condiciones de poder hacer frente y apuntalar al accionar de las cooperativas.[70]

 

Lxs jóvenes del movimiento cooperativo de ACA se agrupaban en las “Juventudes Agrarias Cooperativas”. Una editorial de La Cooperación de 1948 hizo un balance de las actividades desarrolladas por estas Juventudes Agrarias Cooperativas, concluyendo que: “nuestro movimiento juvenil es un hecho, que cuenta con la participación de los dos sexos que trabajan en conjunto para mantenerlo, orientarlo y engrandecerlo”. Puntualizaba que, en cuanto a sociabilidad y recreación, llevaron adelante una intensa labor de difusión cultural, organizando conferencias, fortaleciendo el caudal de las bibliotecas existentes y creando otras nuevas. Se daba cuenta de la realización de ensayos de capacitación cooperativa exitosos: semilleros cooperativos y talleres mecánicos manejados por jóvenes cooperativistas a fin de componer las máquinas y las herramientas de lxs asociadxs de las cooperativas; cursos de contabilidad; construcción de las instalaciones de las cooperativas. Se disertaba sobre la faz técnica en las actividades de las Juventudes, las que debían procurar el acrecentamiento y el perfeccionamiento de los conocimientos en la mecanización y la electrificación de las industrias agrarias, con miras a mejorar la producción. Este interés era compartido por el gobierno peronista, particularmente a partir de la implementación del Segundo Plan Quinquenal, que era “fundamentalmente cooperativo” -diría el Presidente de la Nación- al tiempo que agregaba: “Aspiramos, asimismo, a que cada trabajador agrario sea un productor, que cada productor sea un propietario y que cada propietario sea un cooperativista. Para nosotros el cooperativismo es, en los productores, lo que el sindicalismo en los trabajadores”.[71]

 

La actividad desarrollada en los clubes se concebía como complementaria a la educación pública común y ello venía a reforzar el énfasis que el peronismo le daba a la educación técnica.[72] Es destacable cómo el nombre de los clubes y las cooperativas locales no se refería a alguna simbología ligada a la cuestión agraria, a hechos y personajes destacados en la historia puntual de las organizaciones, sino a los próceres de la historia nacional y a la toponimia local. Ello es coherente con el lugar privilegiado que los símbolos patrios y las tradiciones ocupaban en las festividades y en el imaginario de las entidades. Educación católica y valores nacionales eran elementos que formaban parte de la matriz cultural del peronismo, con la que estas sociedades de jóvenes no habrían -aparentemente- encontrado contradicciones. El mandato social de esposa y madre era defendido por mujeres y hombres con los mismos argumentos; era complementado y naturalizado para las clases subalternas rurales en su rol de pequeña producción granjera y para contribuir al asentamiento permanente de las familias[73]. Cuando la publicación Mundo Peronista se refería a las juventudes cooperativas hacía una evaluación positiva y hablaba del “antiguo desamparo de la juventud campesina y la carencia de establecimientos para el aprendizaje de las prácticas agrícolas ganaderas”.[74]

 

La prédica ruralista estatal formaba parte del imaginario de identidad nacional prevaleciente durante la primera mitad del siglo XX. Señalaba, entre otras cuestiones, la necesidad de retener a la población de los sectores populares en el campo, evitar su emigración y concentración en las ciudades, donde pudiera ser un elemento potencial de conflicto. Uno de los medios propuestos para lograr este objetivo era la educación agraria especializada y la orientación agrícola rural. Ello incluía la capacitación y la adquisición de técnicas para lograr una agricultura más productiva y racional.  Los discursos cooperativos presentaban notables coincidencias con los imaginarios y la prédica ruralista del Estado. Se interpelaba a los poderes públicos para obtener medidas favorables a la educación y al mejoramiento de las condiciones de vida de la familia rural, para arraigarla en el campo y para luchar en contra del éxodo rural.[75]

 

5. Conclusiones

 

El conjunto de propuestas que establecieron las cooperativas de primero y segundo grado y su agrupamiento en vertientes tuvieron en común que apuntaron a la defensa de intereses sectoriales, la gestión participativa y a la promoción de diferentes tipos de desarrollo local. Sin dudas, la prédica ruralista estatal y cooperativa contribuyeron substantivamente a llevar adelante los emprendimientos locales. La educación agraria especializada y la orientación agrícola rural incluían la capacitación y la adquisición de técnicas para lograr una agricultura más productiva y racional. Los clubes de la juventud agraria de las entidades gremiales y las cooperativas difundían los principios doctrinales del cooperativismo, brindaban información sobre técnicas de producción y administración de la explotación agropecuaria. Le permitían a la juventud rural obtener conocimientos sobre la vida económica, política, social y cultural del país, y la economía agropecuaria en general. Eran base en el reclutamiento, la formación de nuevxs asociadxs y los líderes de las organizaciones. Pero al respecto hay una cuestión más importante aún. Estas instancias de formación juvenil fueron la cimiente de referencia en diferentes formas de economía social.

 

 

El surgimiento y la difusión del cooperativismo formaron parte del conjunto de demandas que fueron llevadas a los espacios públicos por parte del movimiento reivindicativo chacarero. En la importancia pública, diversidad y complejidad que asumían las formas asociativas agrarias, el cooperativismo se constituyó como un componente relevante. Su importancia fue creciente en la economía nacional. Se multiplicaron las cooperativas primarias y la articulación entre éstas a través de las entidades de segundo grado, lo que incrementaba las necesidades de coordinación. La variedad de las cuestiones que requerían ser atendidas por las direcciones nacionales actualizaba la problemática de la autonomía de las cúpulas con respecto a las cooperativas primarias y la burocratización de las conducciones profundizaba su dependencia con relación a los recursos provistos por las organizaciones de primer grado. Esto ocurría en un contexto histórico de ampliación y desarrollo del espacio público y las agendas gubernamentales en el tratamiento de la problemática agropecuaria.

 

El cooperativismo agrario apoyó las medidas gubernamentales que consideró favorables a sus intereses y también intentó cambiar el rumbo de aquellas consideradas contrarias a sus intereses. En pos de sus objetivos, combinaron distintas estrategias: la participación en las agencias estatales, la lucha gremial, medidas de acción directa y de confrontación con el Estado. Particularmente, las organizaciones cooperativas de segundo grado llevaron adelante diferentes medidas gremiales en defensa de colectivos mayores que el de sus asociadxs, en materia de comercialización de materia prima (granos, leche, etc.), producciones agroindustriales y sobre el crédito cooperativo. El común denominador fue, empero, cómo el cooperativismo se transformó en una manera de paliar situaciones críticas, hecho que, por ejemplo, adquirió particular relevancia durante la crisis de 1930.

 

Hubo políticas públicas cooperativas de diferente signo. Fue relevante la sanción de la ley nacional n° 11.388 de 1926, ya que brindó un marco normativo al accionar cooperativo. La ley fue producto del accionar de los diferentes núcleos cooperativos, enlazados al movimiento reivindicativo chacarero y al Partido Socialista. La política favorable por antonomasia al cooperativismo agrario fue la que implementó el segundo gobierno peronista. Esta política fomentó la producción mercadointernista y los saldos exportables, el crédito estatal a bajo costo y a largo plazo, la mecanización, la tipificación de los granos, y la implantación de un nuevo régimen impositivo. La cooperativa aparecía como el tipo de "empresa" adecuada para amortiguar el conflicto social en la estructura de este plan. Las consecuencias más evidentes fueron los procesos de fortalecimiento y capitalización de ciertos segmentos de la agricultura familiar. A estos procesos abonaron no solo las políticas públicas sino también la organización de lxs productorxs en cooperativas. Hubo otro tipo de políticas públicas favorables al cooperativismo pero que propiciaron la capitalización de grandes cooperativas con desempeño corporativo y, en tal sentido, apuntalaron procesos de “empresarialización” cooperativa. Hubo también épocas de políticas adversas al cooperativismo como durante la “Revolución Libertadora” y la dictadura de Onganía (1966 en adelante). En estas coyunturas históricas lxs cooperativistas intentaron cambiar el rumbo de las mismas, combinando diferentes estrategias: la participación en  las agencias estatales, la lucha gremial, medidas de acción directa y de confrontación con el Estado.

 

Es destacable cómo a lo largo del devenir histórico se fueron gestando vertientes con desarrollo económico, tecnológico, agroindustrial y bancario relevante que proponían al Estado políticas pro agroexportadoras (ACA y cooperativismo lácteo), mientras que al mismo tiempo la vertiente ligada a la FAA experimentaba un desarrollo económico y agroindustrial de menor envergadura al tiempo que seguía interpelando como consigna prioritaria por los intereses de lxs productorxs y la defensa del mercado interno.

 

La particularidad de las cooperativas de constituir organizaciones sociales que, simultáneamente, deben ser “viables” en los mercados fue resuelta de diferente manera en cada período histórico y según el perfil institucional[76] que presentaba cada organización. En el caso ACA y el cooperativismo lácteo, el desarrollo económico, tecnológico, administrativo, organizacional como “empresa agroindustrial” con su propia banca, impregnaba a los órganos de gestión profesional y a lxs asociadxs de una cultura en la cual el éxito y la expansión económica generaba tensiones entre el objetivo de expandir, diversificar la agroindustria y la defensa de los precios de lxs productorxs asociadxs, con la retención de los reintegros a los asociadxs. Estos conflictos no habrían sido completamente análogos a los que experimentaba una empresa de capital. Se abre el interrogante de si el desarrollo contextual capitalista que plantea condiciones con mercados cada vez más cambiantes y volátiles -en el cual adquieren mayor importancia las relaciones con otras redes de cooperativas y empresas; la necesidad de operar con terceros no asociados, constituir empresas de capital privado, sociedades anónimas para determinados emprendimientos, recurrir a cuerpos profesionales no asociados en la administración- se llevaba (y se lleva adelante) de la misma forma en una cooperativa de tipo empresarial o en el empresariado privado. Hipotéticamente, las redes de confianza que implica la sociabilidad y la organización de trabajo cooperativo harían que esta amalgama se diera de otra manera, con menores instancias de mercantilización y considerando no solo el factor ganancia sino también las necesidades de estos colectivos. Esta cuestión se pone en evidencia en el hecho de que los procesos de incorporación de pautas científicas a las prácticas agrarias, externalización y tercerización comunes a las cooperativas y a las empresas -que se convertían en objetivos prioritarios, desde el peronismo en adelante- fueron resueltos de diferente manera por las cooperativas y las empresas de capital. Quedan, empero, vigentes procesos de investigación que develen estos interrogantes.

 

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