Capacitación Masiva para combatir el desempleo y reforzar la función empoderadora de la Economía Social

Juan José Rojas Herrera[1]

 

Artículo arbitrado

Fecha de recepción: 29/06/2020

Fecha de aprobación: 13/10/2020

 

Resumen

 

El desempleo y la precarización del trabajo son dos flagelos que afectan a la mitad de la población mundial, constituyéndose en un grave atentado a la dignidad de las personas. La actual pandemia del Covid-19 que azota al mundo desde diciembre de 2019, ha venido a agravar esta problemática, empujando a la economía mundial hacia una inminente recesión de pronóstico reservado. A juzgar por lo ocurrido durante la más reciente crisis económica global, que tuvo lugar en 2008, ni el sector privado ni el público disponen de capacidad para retener la fuerza laboral contratada, por lo que se espera que, una vez más, los efectos más severos de la parálisis económica recaigan sobre los trabajadores. Dado este escenario, las empresas con arraigo local y participación en la economía real, como las que conforman la economía social, estimuladas por una política pública con enfoque empoderador y apoyándose en herramientas tecnológicas apropiadas como la Metodología de Capacitación Masiva, podrían asumir el reto de crear empleos de calidad y alcanzar mayores niveles de igualdad económica y social para todos los trabajadores.

 

Palabras clave: capacitación masiva, crisis económica, desempleo, economía social, trabajo decente.

 

 

Abstract

 

Unemployment and job insecurity are two scourges that affect half the world's population, constituting a serious attack on the dignity of people. The current Covid-19 pandemic that has plagued the world since December 2019, has exacerbated this problem, pushing the world economy towards an impending recession with a reserved forecast. Judging by what happened during the most recent global economic crisis, which took place in 2008, neither the private nor the public sector has the capacity to retain the contracted labor force, so it is expected that, once again, the most Severe economic paralysis falls on the workers. Given this scenario, companies with local roots and participation in the real economy, such as those that make up the social economy, stimulated by a public policy with an empowering approach and relying on appropriate technological tools such as the Mass Training Methodology, could assume the challenge of create quality jobs and achieve higher levels of economic and social equality for all workers.

 

Key words: mass training, economic crisis, unemployment, social economy, decent work.

 

Introducción

 

Como es sabido, el octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reza así: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”[2]. Este objetivo es extremadamente importante dado que hoy en día el desempleo y la precarización del trabajo son dos flagelos que afectan a la mitad de la población mundial, constituyéndose en un grave atentado a la dignidad de las personas.

 

Lamentablemente, las condiciones para cumplir con dicho objetivo se tornan cada vez más adversas, dado el estallido de la actual pandemia del Covid-19 en Wuhan, China, en diciembre de 2019, que al forzar al confinamiento obligado de la población en sus hogares, irremediablemente parece conducir a la economía mundial hacia una profunda recesión. Entre los efectos inmediatos de este inusual fenómeno, el articulista Carlos Fazio, citando fuentes del Instituto de Finanzas Internacionales, calcula que tan sólo en el primer trimestre de 2020, el endeudamiento mundial alcanzará la cifra de 265.000 millones de dólares, lo que provocará la quiebra de miles de empresas pequeñas y medianas nacionales, ubicadas en los últimos eslabones de las grandes cadenas de valor industriales y de suministro a nivel global. Como resultado del cierre masivo de empresas, lo que se espera es la aparición del desempleo masivo a nivel mundial. Ya en Estados Unidos, según este mismo autor, de febrero a abril del presente año, se perdieron 15 millones de empleos formales y la Reserva Federal de ese país estima que en el segundo trimestre del año se perderán otros 47 millones de puestos de trabajo, todo lo cual arrojará una tasa de desempleo de alrededor del 32%.[3]

 

En el caso de México las cosas no pintan mejor, ya que al cierre del primer semestre de 2020, se habían perdido cerca de un millón de empleos formales, que se suman a los miles de puestos de trabajo que ya se habían recortado en el transcurso de 2019, como parte de las políticas de austeridad republicana aplicadas por el actual gobierno, en las distintas dependencias de la administración pública federal.

 

Adicionalmente a lo anterior, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, dio a conocer recientemente los resultados de la llamada Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos, en los que se revela que las afectaciones en empleo, ingresos y seguridad alimentaria de los hogares por causa de la pandemia podría llevar a la pobreza a 76.2% de la población, es decir, 95.2 millones de mexicanos.[4]  

 

Para responder a esta amenaza, el gobierno nacional ha puesto en marcha diversas medidas, entre las que destaca la emisión de un Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, en el que se anuncia que se otorgarán tres millones de créditos a personas y pequeñas empresas familiares con la finalidad de proteger el empleo generado en igual cantidad de micro negocios y changarros.

 

Junto con lo anterior, se dio a conocer que en el sector público, a pesar de que se ordena la cancelación de diez subsecretarías, no será despedido ningún trabajador, pero tampoco habrá incremento de personal, lo cual pone en evidencia que, al menos durante el año fiscal 2020, el sector público nacional queda inhabilitado como fuente de empleo e ingreso para los trabajadores mexicanos. Dada la profundidad de la crisis económica que se avecina, entre cuyos pronósticos adversos se estima una reducción del PIB de hasta 9% en este año, bien puede conjeturarse que una situación semejante va a presentarse en las empresas del sector privado que, de hecho, suelen absorber poca fuerza de trabajo. Por todo lo antes señalado, el esfuerzo gubernamental parece a todas luces insuficiente, lo que significa que en los próximos años, prevalecerá en el país la falta de oportunidades de trabajo decente.

 

Con base en el diagnóstico anterior, estimamos que una medida complementaria, de importancia estratégica, para intentar paliar esta grave situación, consistiría en activar y movilizar a la sociedad civil para luchar contra este flagelo. Esto puede lograrse poniendo en marcha un Programa Nacional Emergente de Combate al Desempleo con enfoque de economía social. Dicho programa tendría dos componentes: por una parte, un apoyo amplio y decidido a las organizaciones sociales ya existentes, a fin de que desplieguen todas sus potencialidades asociativas y empresariales para retener la fuerza de trabajo actualmente ocupada en este tipo de empresas. El segundo componente consistiría en promover la formación de nuevos emprendimientos asociativos que, en un plazo relativamente corto de tiempo, creen nuevas oportunidades de empleo y de generación de ingresos en las comunidades rurales y urbanas más precarizadas del país. Esto último puede lograrse mediante el uso de tecnologías de capacitación organizacional apropiadas, como la que ofrece la Metodología de Capacitación Masiva (MCM) que ha demostrado ser efectiva en situaciones y contextos similares a los que hoy nos enfrentamos.

 

En definitiva, dada la gravedad del escenario actual, es imperativo reconocer que las organizaciones y empresas con arraigo local y participación activa en la economía real, como las que conforman la economía social, pueden participar en el enorme reto que implica crear empleos de calidad, dignificar el trabajo y alcanzar mayores niveles de igualdad económica y social para todos los trabajadores, contribuyendo, además, a alcanzar el octavo ODS de la ONU, tesis que se intentará demostrar a lo largo del presente trabajo.

 

Bajo estas circunstancias, el objetivo general de este artículo consiste en reflexionar acerca de la forma en que las organizaciones de la economía social, particularmente las sociedades cooperativas, podrían contribuir a mantener y recuperar las fuentes de empleo que se perderán como resultado de la inminente crisis económica en la que se sumirá el país y el mundo en los próximos meses y poner en evidencia las aportaciones que la MCM puede hacer en el combate al desempleo.

 

Desde el punto de vista metodológico, el presente ejercicio de reflexión está apoyado en la revisión y debate de fuentes de información documental y se inscribe en la perspectiva de las llamadas Epistemologías del Sur, entendidas como un intento reflexivo deliberado por ir más allá del marco de referencia teórico y conceptual eurocéntrico dominante, para reconocer la pluralidad de modos de adquisición del conocimiento, el cual sólo se puede enriquecer mediante un diálogo horizontal y constructivo de saberes[5].

 

A fin de cumplir con dicho propósito, la estructura del trabajo se ha organizado de la siguiente manera. En el primer apartado, se describe el entorno macro económico, político, social y tecnológico en el que se produce el incremento imparable del desempleo y la precarización del trabajo a nivel mundial. En el segundo apartado, dentro de un contexto ideal, se puntualizan las formas específicas en que las empresas de la economía social contribuyen a lograr la reinserción productiva de la población excluida de los mercados laborales y a hacer realidad el derecho al trabajo decente para todos. Aterrizando en el caso mexicano, en este mismo apartado, se exponen algunos de los obstáculos estructurales, de orden interno y externo, que han impedido que la economía social despliegue todas sus potencialidades y se discute la pertinencia de introducir un cambio radical en el contenido y orientación de la política de desarrollo social, a efecto de liberar y encauzar proactivamente la energía social que permanece inactiva en gran parte de las comunidades rurales y urbanas del país. En el tercer apartado, se describe y enuncia la aportación que la MCM, puede hacer en el combate al desempleo y en el empoderamiento organizacional de los sectores excluidos de la sociedad. Por último, en el cuarto apartado, se presentan las conclusiones generales del estudio. 

 

I. Vivimos una época de turbulencias socio-políticas y de vertiginosas transformaciones tecnológicas

 

Como es sabido, el sistema económico vigente a nivel mundial se mueve en función de la maximización de la ganancia de los grandes grupos empresariales multinacionales. Por esta razón, el crecimiento constante de la economía se ha convertido en un fin en sí mismo que, como han señalado diversos autores[6], no puede detenerse de modo alguno, pues de hacerlo, equivaldría a su extravío y pérdida de sentido. De esta forma, el capital, al seguir su curso natural, atendiendo a su lógica intrínseca de desarrollo, ha terminado por abarcar a la totalidad del mundo.

 

Sin embargo, el crecimiento económico y la expansión de los mercados se han producido en medio de una enorme devastación medioambiental y han exigido un sacrificio inusitado de parte de los trabajadores. De este modo, hemos violentado el equilibrio entre el bienestar de la gente y las necesidades de sobrevivencia de los ecosistemas, de tal suerte que el deterioro ecológico amenaza cada vez más a los mares y suelos del planeta poniendo en peligro la alimentación humana.

 

Muy lejos de estas preocupaciones, las necesidades actuales de la globalización económica demandan la homologación y el incremento de los niveles de productividad del trabajo. Respondiendo a dicha prioridad, los contextos nacionales asociados con economías cerradas y marcos proteccionistas al trabajo son considerados elementos que inhiben la rentabilidad del capital y obstáculos para su libre movilidad. En consecuencia, las políticas públicas de empleo y las normas de desempeño laboral, se han adaptado a las exigencias de los flujos internacionales de capital.

 

Bajo esta premisa, se ha impulsado una ofensiva de gran envergadura en contra del mundo del trabajo que, entre otras acciones, ha incluido la expedición de sendas reformas laborales que tienen como propósito fundamental desregular la fuerza laboral a fin de flexibilizar los procesos de contratación de los trabajadores y disminuir o escamotear sus derechos sociales y laborales, estableciendo una relación directa entre productividad del trabajo y monto de los salarios.[7] El objetivo de todo ello es imponer una forma despiadada de sobreexplotación laboral inédita en la historia moderna.[8]

 

Asimismo, la globalización de la economía y la reconfiguración de la producción mundial a base de cadenas de valor, cuyos eslabones se encuentran disgregados en diversas regiones del mundo, ha tenido como consecuencia propiciar una enorme fragmentación de la clase trabajadora, lo que ha provocado que sus formas de organización y lucha se distingan por ser parciales, sectoriales, gremiales y eminentemente defensivas. Como resultado de lo anterior, en las últimas dos décadas, en todo el mundo, la tasa de afiliación a los sindicatos ha caído en forma estrepitosa. En estas condiciones, el movimiento obrero no puede ejercer su natural e histórica misión de erigirse en el antagonista estructural del capital. A lo más que llega, es a prefigurarse como un movimiento que opera dentro de los cánones formales del sistema del capital, haciendo las veces de un interlocutor con reconocimiento legal, subordinado a la reglamentación estatal.[9]

 

Pero, el panorama adverso para la clase trabajadora se complica aún más si tomamos en cuenta que, desde hace varios años, se encuentra en curso una nueva revolución científico-tecnológica que amenaza con provocar un gigantesco desastre social. Hoy ya están “laborando” robots y se han instalado sistemas automatizados que sustituyen a cada vez más amplias y diversificadas categorías de trabajadores, desde la actividad manual de las cajeras de los supermercados o de los bancos, hasta el trabajo altamente especializado de un cirujano o un arquitecto. Así, el trabajo manual, intelectual y de los funcionarios públicos se ve seriamente amenazado por los robots.

 

Entre los efectos más evidentes de la incorporación de los avances tecnológicos (robótica, automatización e inteligencia artificial) en el mercado laboral, la Confederación Internacional Oxfam[10] destaca los siguientes: el crecimiento desmesurado del desempleo, la eliminación de las leyes de protección social, el aumento del trabajo infantil y una disminución brutal en el nivel de ingreso de los trabajadores en activo. Todo esto equivale a reducir la masa salarial y el costo de los servicios sociales asociados a la reproducción de los trabajadores, a la vez que se incrementa el tiempo productivo y la masa general de ganancia. En el futuro inmediato se prevé que la eliminación de cientos de millones de empleos, por la vía tecnológica, obligará a los países pobres a descartar definitivamente el aprovechamiento de su mano de obra poco calificada como estrategia de desarrollo.

 

Por todo ello, lo que se está produciendo, en los hechos, es un verdadero genocidio, pues un alto porcentaje de la población está cayendo en la categoría de descartable o prescindible.[11] En específico, los ancianos y los discapacitados son considerados como “improductivos” y como una especie de “carga social”. De este modo, como acertadamente afirma Almeyra[12], el trabajo vivo de los trabajadores se sustituye por el capital muerto de los robots, que en muy poco tiempo amortiza con su trabajo el costo de su producción y deja un margen de ganancia infinitamente mayor.

 

Ya a principios del presente siglo, Iván Ilich[13] había advertido que las máquinas deberían facilitar el trabajo humano, no sustituirlo, puesto que el reemplazo de las personas por las máquinas por la máquina refuerza la enajenación del trabajo e imposibilita el desarrollo personal y espiritual de los trabajadores. Hoy en día, dicha advertencia cobra vigencia, toda vez que la desigualdad creciente en los ingresos, incentivada por los cambios tecnológicos, genera una enorme masa de excluidos que sin oportunidades de empleo e ingreso dignos, engrosan las filas de la delincuencia organizada, resquebrajan los tejidos sociales y alteran los equilibrios políticos, provocando conflictos cada vez más agudos.

 

Empero, la crítica al sistema de producción capitalista por su orientación desmedida al crecimiento, en función del incremento de la ganancia y la transformación de los trabajadores en esclavos de las máquinas, así como la imposición del mercado como la única relación social institucionalizada que niega y destruye todas las demás instituciones y relaciones sociales, no es nueva, pues como señala Enrique Leff, desde principios de la década de los setenta, “los pioneros de la bioeconomía y la economía ecológica plantearon la relación que guarda el proceso económico con la degradación de la naturaleza, el imperativo de internalizar los costos ecológicos y la necesidad de agregar contrapesos distributivos a los mecanismos desequilibrantes del mercado".[14]

 

El cuestionamiento anterior está fundado en el hecho irrefutable de que es imposible mantener una economía en crecimiento a costa de una base natural finita, amén de que el bienestar material derivado de la expansión económica no es para todos sino para unos cuantos, de ahí la degradación del factor humano. Por tal motivo, lo que está en tela de juicio es el orden económico mundial, el tipo de sociedad que estamos construyendo y el concepto de desarrollo y de modernidad que hemos impulsado. En definitiva, lo que se requiere es un cambio radical en la forma de producir y consumir y, por tanto, un nuevo estilo de vida. 

 

Por ello, como señala el mismo Leff, “no debemos pensar solamente en términos de decrecimiento, sino de una transición hacia una economía sustentable. Esta no podría ser una ecologización de la racionalidad económica existente, sino Otra economía, fundada en otros principios productivos”. De lo que se trata entonces es de pasar de la economía mecanizada, “artificial y contra natura, a generar una economía ecológica y socialmente sustentable”, que ponga en el centro a las personas y al medio ambiente.[15]

 

Frente a esta necesidad histórica, las empresas de la llamada economía social no sólo cuentan con el potencial suficiente para convertirse en una opción de inclusión económica, social y laboral para millones de personas en todo el mundo, sino también en una forma de relación amigable con la naturaleza. Su configuración como un modelo económico alternativo, portador de una nueva cultura y una nueva racionalidad productiva, puede ayudar a la humanidad a enfrentar la aguda crisis ecológica y humanitaria, de carácter civilizatorio, que nos amenaza, tal como se verá en el siguiente apartado.

 

II. Papel de la economía social en el combate al desempleo

 

En principio, es importante reconocer que las micro, pequeñas y medianas empresas, entre las que se encuentran las de economía social, debido al uso intensivo que hacen de la mano de obra disponible, son las que crean mayores empleos. En México, representan el 99.8% de los establecimientos fabriles y generan el 74% del empleo total[16]. Pero, de manera más específica, las formas concretas en que las empresas con vocación social contribuyen a la generación de empleo y a la dignificación del trabajo, podrían resumirse del siguiente modo:

 

En primer lugar, mediante el fortalecimiento de los procesos de inclusión y cohesión social. En efecto, las empresas de la economía social, al actuar bajo el principio de puertas abiertas, favorecen la integración de todo tipo de personas, sin discriminación social, racial, política, religiosa o de sexo; pero, especialmente de aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, entre las que se pueden mencionar a indígenas, discapacitados, mujeres jefas de hogar, jóvenes sin experiencia laboral, ex convictos, migrantes, y adultos con bajo nivel educativo, sectores sociales que generalmente el mercado laboral desecha.

 

Desde una perspectiva macroeconómica, su naturaleza eminentemente social y no lucrativa las lleva a emprender en sectores de actividad o regiones poco atractivas para las empresas de los sectores público y privado con la única finalidad de maximizar el beneficio social y aportar al bien común. Ayudan igualmente a emerger economías informales y sumergidas, favoreciendo la formalización económica de amplios sectores de la población marginada que, de este modo, se convierten en actores económicos con derechos y demandas propias.

 

En segundo lugar, mediante la creación y acumulación de capital social.[17] Ciertamente las empresas de la economía social desempeñan un papel fundamental en la formación de capital social, toda vez que se trata de empresas de personas, no de capitales, por lo que el fortalecimiento de las relaciones de confianza, reciprocidad e igualdad entre los asociados constituye el sustrato en que se basa su vida asociativa. Esto mismo les permite lograr que, bajo el principio de una persona un voto, los socios se involucren en su gestión democrática.

 

Así pues, al tratarse de empresas de propiedad colectiva, cuyo éxito o fracaso depende de la acción de todos y cada uno de sus socios, en su operación cotidiana, producen y reproducen una activa cultura de participación, corresponsabilidad, riesgo compartido y espíritu emprendedor, al grado de ser reconocidas como escuelas de democracia económica y de formación empresarial y ciudadana. En consecuencia, para sociedades como la mexicana, que han sido severamente lastimadas por la violencia desbordada, pueden ser un instrumento fundamental para la construcción de paz y el restablecimiento del tejido social.

 

En tercer lugar, haciendo realidad el derecho al trabajo decente y sostenible. Lo cual consiguen mediante la creación de empleos estables y de calidad, en un ambiente de trabajo digno con tolerancia cero ante cualquier forma de hostigamiento y en el que se respetan irrestrictamente los derechos laborales de los empleados que contratan.

 

En cuarto lugar, por medio de la generación de valor añadido social, es decir, la creación de riqueza y su distribución eficaz en el mismo espacio geográfico en que ésta se genera, lo que contribuye a incrementar la equidad social y a retener a la población en sus lugares de origen.

 

Y, en quinto lugar, mediante la práctica de la responsabilidad social y ambiental. Ello debido a que las empresas de la economía social suelen comprometerse con el entorno y la comunidad en la que residen, trabajando a partir de los recursos disponibles en cada lugar y adaptándose a las condiciones locales. De hecho, al nacer de las necesidades reales de las comunidades y contar con fuertes raíces territoriales, consiguen un alto grado de apropiación de los participantes, siendo particularmente resistentes en tiempos de crisis, al exhibir una gran flexibilidad y capacidad de adecuación a las circunstancias cambiantes que distinguen a la economía globalizada. Además, por medio de su integración en cadenas productivas, logran estimular la economía regional, al incrementar la productividad, la modernización tecnológica, la diversificación y la innovación.

 

Un último elemento para destacar es que, con la finalidad de potenciar el efecto de sus acciones, una parte importante de estas empresas han establecido sistemas de balance y auditoria que les permiten evaluar su impacto social y ambiental e introducir mejoras en su funcionamiento asociativo y empresarial.

 

En México, el llamado sector social de la economía está constituido por 61 mil empresas y organismos de base, entre los que destacan: ejidos, comunidades, sociedades cooperativas, sociedades de solidaridad social, empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y diversas formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. En su conjunto estas entidades asociativas aglutinan a poco más de 12 millones de personas y contribuyen con el 1.2% del PIB nacional[18], lo que pone de manifiesto su enorme potencial, que debería ser aún más fomentado y estimulado por los poderes públicos.

 

Sin embargo, es evidente que el esfuerzo hasta ahora desplegado por las organizaciones de la economía social no ha sido suficiente para revertir el flagelo del desempleo y atemperar el creciente empobrecimiento de la población. Diversos factores de orden estructural operan en sentido opuesto a dicha finalidad.

 

En efecto, la limitada expansión y consolidación de la economía social a lo largo y ancho del territorio nacional, obedece al tipo de estructuras de poder político prevalecientes y a la existencia de un entorno macroeconómico totalmente desfavorable. Todo ello ha sido resultado del práctico decomiso del Estado mexicano por parte de una élite política y empresarial que, durante las últimas cuatro décadas, lo ha monopolizado con el fin de imponer el modelo económico neoliberal que les garantiza un alto nivel de ganancia y una situación de privilegio inmerecido. Ésta última, derivada del establecimiento de un régimen político autoritario y corrupto, de carácter neo-patrimonialista, que ha relegado a un segundo plano la atención de los asuntos de interés general.

 

Como una medida meramente compensatoria, la política social se ha limitado a combatir los efectos epidérmicos de la pobreza, distinguiéndose por su marcado carácter asistencial, paternalista y clientelar. De esta forma ha transformado en súbditos del Estado a millones de mexicanos que, además de padecer un constante proceso de pauperización social, viven asediados por la violencia criminal que se ha convertido en un lugar común para la mayoría de la población.

 

Por su parte, el nuevo gobierno que tomó las riendas del país el pasado 1 de diciembre de 2018, aunque ha manifestado su intención de modificar de raíz la tradicional relación de dominación corporativa y clientelar entre el Estado y la sociedad mexicana, es muy poco lo que ha avanzado en esa dirección. La mayoría de las decisiones de política económica, a pesar de su relativo sentido distributivo de la riqueza, se siguen decidiendo desde las alturas del poder estatal y muy poco recuperan de las experiencias y propuestas que se generan desde la sociedad civil. 

 

Sin embargo, en el actual contexto de crisis económica y sanitaria en el que nos debatimos, cuando resulta a todas luces evidente que la exclusión del mercado laboral destruye la capacidad cívica de las personas y afecta la gobernabilidad democrática y la vida republicana[19], el diálogo constructivo entre el gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores se vuelve imperativo a fin de alcanzar un compromiso general y duradero por el empleo, que lo sitúe como una de las prioridades nacionales más apremiantes.

 

En este mismo orden de ideas, sería deseable que la política de desarrollo social abandonara su tradicional sujeción a intereses corporativos y clientelares, enfocándose en el empoderamiento de la sociedad mediante el desarrollo de las capacidades y destrezas organizacionales y empresariales de la ciudadanía en general y que, de manera más específica, se instrumentarán políticas públicas de fomento a la economía social que permitieran potenciar las buenas prácticas hasta ahora desarrolladas por este tipo de empresas, así como alentar y fomentar sus procesos de experimentación e innovación social para combatir el desempleo galopante.

 

III. La Metodología de Capacitación Masiva y su aportación en el combate al desempleo

 

Antes que cualquier otra cosa, es importante tomar en cuenta que, dado que el desempleo es un fenómeno masivo que crece todos los días, no se puede aspirar a contenerlo exitosamente con soluciones individuales o apelando exclusivamente al autodesarrollo de las actuales organizaciones de la economía social. Para enfrentar eficazmente este problema una opción viable se encuentra en la utilización de la Metodología de Capacitación Masiva (MCM), creada a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, por el sociólogo brasileño Clodomir Santos de Moraes, ya que se trata de un método de bajo costo, que no genera dependencia y que cuenta con una amplia trayectoria de aplicación exitosa en diferentes países de cuatro continentes, a lo largo de las últimas décadas.[20]

 

En el caso de México, la MCM se ha aplicado en forma intermitente. En los años setenta, en los estados de San Luis Potosí y Chiapas[21]; a finales de los años noventa, en la ciudad de México; en el año 2002 en Morelia, Michoacán y, más recientemente, en el año 2008, en el estado de Tabasco. Esta última experiencia, impulsada con el apoyo y financiamiento de la Diócesis de Tabasco, tuvo como objetivo general: contribuir a reconstruir la agricultura campesina afectada por las inundaciones ocurridas a finales de octubre de 2007, impulsando la capacitación organizacional de los campesinos a fin de identificar nuevas oportunidades de trabajo e ingresos dignos. Hacia el mes de marzo de 2012, los resultados obtenidos se resumían en: la constitución de la Cooperativa de Servicios Técnicos “Semillas de Solidaridad”, la formación de 88 emprendimientos asociativos en los que participaban 1200 campesinos y la creación de dos Sistemas Municipales de Generación de Empleo e Ingreso (SMGEI) en los municipios de Jonuta y Comalcalco.[22]

 

La MCM parte del supuesto de que las personas adquirimos adquirimos nuestra conciencia y capacidades organizacionales de la práctica social y productiva en la que nos hallamos insertos. Estas capacidades nos son útiles para desenvolvernos en la vida cotidiana, mientras el contexto socioeconómico en que se generaron se mantenga. Pero, en la medida en que se produzcan cambios en la tecnología o en las formas de organización económica, muchos de estos conocimientos y habilidades tenderán a volverse obsoletos, hasta convertirse en verdaderos obstáculos o limitantes que impedirán a los trabajadores ajustarse a las nuevas condiciones técnicas y organizacionales imperantes. 

 

En virtud de lo anterior, la clave del éxito de esta metodología se debe a que mediante procesos de auto-capacitación colectiva consigue generar la conciencia organizativa que los desempleados requieren para lograr su reinserción productiva en la actual economía globalizada, lo cual equivale a adecuar los modelos mentales de tipo artesanal a los requerimientos de la moderna organización empresarial con división social del trabajo. El ajuste de los modelos organizacionales es, por tanto, esencial para lograr la sobrevivencia de las comunidades y grupos sociales excluidos de los procesos de modernización tecnológica y productiva actualmente en curso. Sin embargo, dicho ajuste no se puede realizar a través de cursos teóricos o mediante procesos de adiestramiento en el manejo de las nuevas tecnologías; para lograr ser exitoso lo que ante todo se requiere, es práctica y actividad constante en las nuevas formas organizacionales, así como en el desempeño de los nuevos roles sociales y políticos. 

 

Bajo esta premisa, la MCM encuentra sus fundamentos epistemológicos tanto en las formulaciones de la andragogía[23] como en la teoría y práctica de la actividad objetiva, desarrollada por los científicos sociales rusos: Lev Vygotsky[24] y Aleksei Leontiev[25], quienes sostienen que solamente mediante el ejercicio de la actividad objetivada se generan nuevos modelos organizacionales y mentales que resquebrajan los “techos sociales” y reemplazan las antiguas formas de organización, ampliando la visión y el umbral de aspiraciones de los trabajadores.

 

Por ello, en el marco de la ingeniería de la MCM, bajo el principio de “aprender haciendo”, el desarrollo de la conciencia organizativa de los participantes se produce mediante su inserción en un evento de auto-capacitación, denominado: Laboratorio Organizacional, en el que se ejercitan en el análisis teórico-práctico de los fenómenos que se desarrollan dentro de una empresa colectiva que, de forma real, se constituye y gestiona por ellos mismos, en un ambiente de total autonomía e igualdad. En estas condiciones, la actividad generada por el proceso organizacional en el que están inscritos, les permite detectar las limitaciones de sus hábitos y técnicas tradicionales de planificar y organizar los procesos productivos, al mismo tiempo que aprehenden los principios y técnicas de la teoría de la organización autogestionaria.

 

Así pues, contrariamente a los procesos de educación formales o de adiestramiento técnico en el manejo de los instrumentos de las nuevas tecnologías, cuyo alcance se limita a lo individual o, en el mejor de los casos, a un impacto de pequeña escala, la MCM aspira a ofrecer una capacitación para el desempeño eficiente en la vida social y económica de grupos sociales grandes, mediante una aplicación masiva y sostenida en territorios definidos, en los que se pretende modificar la cultura organizacional local o regional para adecuarla a las nuevas exigencias del entorno. Por tal razón, los Laboratorios Organizacionales deben ser percibidos como un instrumento de desarrollo comunitario, abierto a toda la población y efectuado en espacios de acceso público.

 

Para que los Laboratorios Organizacionales alcancen sus objetivos deben cumplir con algunos requisitos básicos, entre los que destacan los siguientes: contar con un número mínimo de  participantes de 40 personas, el número máximo es ilimitado; que desde el primer día los participantes dispongan de plena autonomía de gestión e igualdad de condiciones, de tal modo que la auto-capacitación se produzca mediante la libre interacción del sujeto (grupo de capacitandos) con el objeto (la organización por ellos creada); que el Laboratorio se extienda por un período variable de entre 30 y 90 días, y que el grupo social tenga acceso a insumos indivisibles, es decir, de propiedad y gestión colectiva, tales como edificios, terrenos, maquinaria, equipo, vehículos, etc.

 

Por otra parte, es importante aclarar que el proceso de auto-capacitación de la comunidad es apoyado técnicamente por un equipo de dirección que se encarga de impartir los cursos de teoría de la organización y de inducir la adopción de actitudes y valores éticos de carácter humanista y solidario. Todo ello con el fin de aportar los elementos teórico-conceptuales y axiológicos, inherentes al proceso de capacitación, a la luz de los cuales se analizarán y evaluarán las experiencias vividas por el grupo de participantes. No obstante, el director del Laboratorio Organizacional no es “un facilitador” en el sentido pedagógico tradicional, sino más bien “un problematizador” que se encarga, desde el diseño mismo del proceso, de que se presenten las condiciones de persuasión para el desaprendizaje de los hábitos organizacionales del pasado y se produzca la apropiación de nuevos instrumentos de organización social, que deberán ser sometidos al método de prueba y error, hasta que el grupo adquiera las destrezas y competencias indispensables para una gestión democrática y participativa de una empresa de propiedad colectiva.

 

De acuerdo con la experiencia acumulada a lo largo de la historia de aplicación de la MCM, en diferentes latitudes y contextos sociopolíticos, únicamente de este modo se posibilita el desarrollo de las habilidades y el potencial de la propia gente, lo que permite desencadenar un círculo virtuoso que convierte a las organizaciones sociales en entes cada vez más fuertes en recursos y capacidades y, por tanto, con el poder territorial suficiente para generar un clima propicio al florecimiento de innovaciones amistosas con el medio ambiente, con la auto sustentabilidad económica y con el arraigo de los productores en sus comunidades.

 

Empero, si lo hasta ahora señalado no es suficiente, conviene volver a cuestionarnos acerca de si es posible o no dinamizar la economía tradicional y superar la pobreza, generando autoempleo con desocupados. La experiencia internacional ha demostrado sobradamente que, desde el punto de vista de las necesidades de zonas y regiones con pobreza y desempleo, con bajo nivel educativo y sin suficientes empleadores ni inversiones públicas importantes, no existe otra forma de generar ingresos que no sea a través del autoempleo individual o asociativo. Pero, además, se ha reconocido que aun entre las personas con bajo nivel educativo, hay grandes talentos que se desarrollan organizacional y técnicamente si tienen la oportunidad de hacerlo autónomamente, es decir, bajo condiciones políticas y técnicas apropiadas para que esto suceda. Por tanto, se equivocan seriamente quienes piensan que las instituciones públicas pueden generar el cambio “desde arriba” solo con transferencias financieras o subsidios de la Banca de Desarrollo, destinados a los sectores marginados. A pesar de su noble intención, este es un camino peligroso que prioriza la lealtades y que puede conducir al populismo. Es más sensato, eficiente y eficaz, reactivar la economía local mediante el desarrollo de las capacidades organizacionales y gerenciales de esos mismos sectores marginados, pero generándolas ¨desde abajo¨ y en su propio ambiente comunitario.

 

Por todas estas razones, la MCM comprende un proceso de autocapacitación que incluye la elaboración de diagnósticos comunitarios participativos y que brinda capacitación técnico-productiva a la población, de acuerdo a la demanda y necesidades locales. Así, en el marco de los Laboratorios Organizacionales, se generan destrezas comunitarias en tres aspectos básicos, a saber: a) para el reconocimiento del potencial productivo y de recursos naturales y humanos con que dispone la comunidad; b) para la identificación de oportunidades de negocio y para el diseño, elaboración y ejecución de proyectos productivos y de inversión acordes a las demandas y condiciones de cada comunidad, y c) para activar la organización de todos los grupos humanos de la comunidad, desde niños a ancianos, alrededor de sus propios intereses.

 

De esta manera, lo que se forma es todo un destacamento de técnicos pre-profesionales que se encargan de reproducir los conocimientos adquiridos en las comunidades donde residen y, de manera paulatina y participativa, promueven la creación de Sistemas Regionales de Generación de Empleo e Ingreso, a través de los que se propician diversos procesos de encadenamiento y complementariedad entre las distintas iniciativas productivas individuales y colectivas generadas por los pobladores de las comunidades involucradas. Una vez instalados, dichos Sistemas han resultado útiles no sólo para reactivar la economía local sino también para fortalecer la capacidad de reacción de las comunidades frente a desastres naturales u otras calamidades de origen social o natural.

 

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, es importante precisar que para lograr lo anterior, no sólo se requiere contar con condiciones técnicas favorables como las que ofrece la MCM, sino que se necesita, sobre todo, de condiciones políticas apropiadas, esto es, de respaldo y apoyo institucional incondicional. Por tanto, la propuesta de establecer un Programa Nacional Emergente de Combate al Desempleo, con enfoque de economía social, a fin de enfrentar los efectos devastadores de la crisis económica y social que se avecina como resultado de la parálisis de la economía provocada por el brote y expansión del Covid 19, se podría implementar, en una primera fase piloto o de prueba, con la colaboración de instituciones públicas, tanto de ámbito nacional como estatal y municipal, aprovechando los programas de desarrollo social relacionados con apoyo a actividades productivas, creación de puestos de trabajo, fomento del emprendedurismo entre mujeres y jóvenes, e impulso a la formalización laboral. Igualmente se invitaría a participar a fundaciones privadas interesadas en combatir el desempleo y la pobreza y a universidades e instituciones de educación superior con competencias y experiencia probada en este campo de actividad. En una fase posterior, el programa podría, incluso, incorporarse a los programas federales de política de desarrollo social actualmente en vigor, pero debidamente ajustado a la dinámica local y territorial de las comunidades participantes, así como a los principios epistemológicos y metodológicos de la MCM.

 

La puesta en marcha de un programa emergente de este tipo, se justifica plenamente, pues como se ha señalado, en el futuro inmediato, la economía nacional no se va a reactivar ni mucho menos va a crecer mediante acciones del gobierno o de los grandes negocios del sector privado. Por ello, el combate al desempleo y la lucha contra el hambre y la desnutrición, desde la sociedad civil organizada, representan dos áreas de oportunidad para trabajar con este basto segmento de la población, hoy abandonado a su suerte o manipulado y degradado por la política asistencialista de las distintas administraciones gubernamentales. En este marco, la puesta en marcha de grandes campañas de alfabetización empresarial o de capacitación organizacional y ciudadana destinadas a los estamentos marginados de la sociedad, constituye uno de los medios idóneos para reinsertarlos en la vida económica, mediante su incorporación masiva a las formas de organización formal propias de la economía social. En esa dirección, la MCM ofrece grandes ventajas, ya que se trata de una herramienta que ha demostrado ser útil para impulsar la capacitación organizacional de amplios sectores de la población, siendo reconocida como una tecnología comprobada para la generación masiva de capital social, de manera rápida y a bajo costo.

 

Conclusiones generales

 

A lo largo del presente estudio hemos visto como la lógica de acumulación capitalista, dado su carácter irrefrenable e incontrolable, ha conducido a una situación límite de caos sistémico, tanto en el campo ecológico como en el económico-social. De igual modo, hemos puesto en evidencia las fortalezas de la economía social, cuando cuenta con las condiciones apropiadas, para coadyuvar de manera significativa en el combate al desempleo y en la dignificación del trabajo, lo cual revela su plena capacidad para contribuir al cumplimento de los ODS, en esta importante materia.

 

Para el caso específico de México, hemos identificado los obstáculos estructurales de orden económico y político, que hasta el día de hoy han impedido que la economía social despliegue todas sus potencialidades. Hemos además señalado que la ruta más efectiva para su posible superación conduce a la reformulación y realineamiento de la política social, la cual deberá despojarse de su habitual sujeción a intereses corporativos y clientelares y enfocarse en el empoderamiento ciudadano. La anterior propuesta es coincidente con las declaraciones públicas emitidas por el nuevo gobierno federal en el sentido de orientar los programas de política social hacia el combate a la pobreza y al aumento del bienestar de las familias. En este contexto, una de las tecnologías de organización social más efectivas para alcanzar dichos propósitos, en forma relativamente rápida y con un bajo costo, estaría relacionada con el uso de la MCM que posibilitaría no sólo la creación de múltiples emprendimientos asociativos solidarios para la generación de empleo e ingreso en las comunidades carentes, sino, sobre todo, con un cambio en la cultura económica de la población marginada y desempleada, catalogada como “perdedora” o “descartable” en la mitología del viejo modelo neoliberal y que ahora sería revalorada y reincorporada a la vida económica de manera masiva y organizada.

 

Y es que, como se ha señalado en el presente trabajo, capacitar no se circunscribe al manejo técnico-productivo de instrumentos y máquinas, sino que incluye la preparación para el desenvolvimiento en la vida económica, social y política. Dicha capacitación debe producirse en forma práctica, en relación directa con el objeto que se desea aprender a manejar. En este caso, la organización autogestiva, concebida como una red de relaciones establecida entre las personas con un fin determinado y que sólo se puede construir por la interacción entre sus integrantes en condiciones de autonomía, esto es, sin interferencia externa, siendo los involucrados en el proceso organizacional quienes deben definir sus necesidades y soluciones.

 

En suma, estimamos que la reconciliación del Estado con la sociedad civil organizada se puede lograr mediante la puesta en operación de un proceso compartido de concertación social que ponga en el centro el interés común por combatir el desempleo. De este modo, la puesta en marcha de un Programa Nacional Emergente de Combate al Desempleo como el aquí esbozado, permitiría obtener una relativa identidad de intereses y objetivos entre gobierno y sociedad, una distribución adecuada de competencias y el desencadenamiento de acciones coordinadas y complementarias, que cada uno de los entes participantes podría desarrollar desde el espacio institucional que le corresponda, a fin de superar los grandes rezagos sociales que exhibe la sociedad mexicana y alcanzar mayores niveles de bienestar social para los sectores más desfavorecidos.

 

Desde la órbita gubernamental, lo que se requiere es estimular la ciudadanización de la política social, ya que la reconstitución del tejido social y el fortalecimiento de las instituciones públicas requieren de una ciudadanía activa y participante. Para ello es indispensable descentralizar los programas y promover la inclusión de la sociedad civil en su ejecución, administración y control. Atendiendo a esta misma orientación, se podría poner en marcha una política social proactiva que fuese más allá de la asistencia y la compensación y que permitiese la formación de capacidades colectivas y asociativas, como factor de desarrollo endógeno. Lo anterior, traducido en forma práctica, implicaría alentar la coordinación y complementariedad de los programas gubernamentales a fin de dejar en las comunidades capacidad instalada, en términos de fortalecimiento de formas organizativas y liderazgos locales que permitan afrontar las condiciones de vulnerabilidad y que promuevan el acceso y la incidencia en los servicios y productos de las instituciones públicas.

 

Del lado de las organizaciones sociales, especialmente las de la economía social, lo que se espera es que sean capaces de lograr su unidad de acción en el ámbito territorial y regional, convirtiéndose en un canal abierto para la inclusión social y económica de los diversos sectores de la población. Asimismo, que promuevan el intercambio de experiencias, la capacitación permanente, el estímulo de la innovación, la adopción de las mejores prácticas asociativas y empresariales, y la formación de circuitos económicos regionales con economías de escala y encadenamientos productivos autosustentables, que generen oportunidades económicas y nuevos ingresos a las poblaciones marginadas.

 

De esta manera se evitaría que las políticas públicas se extraviarán o llegarán a fracasar -como ha sucedido con bastante frecuencia en el pasado reciente- por no lograr hacer la conexión adecuada entre oportunidades generadas por los programas y servicios de las instituciones públicas y las necesidades reales de la población local; pero, sobre todo, se demostraría que sí es posible dinamizar la economía tradicional y superar la pobreza, generando autoempleo e ingresos con desocupados, especialmente en aquellas zonas y regiones en las que no hay suficientes empleadores ni inversiones públicas importantes. Luego entonces, la apuesta por la auto organización ciudadana es la clave para hacer aflorar los talentos que subyacen aun entre las personas con bajo nivel educativo y escasa experiencia laboral y que, en las actuales condiciones de crisis económica y sanitaria, constituyen el reducto en el que subyace una inmensa energía social que espera ser reactivada y movilizada hacia fines de desarrollo humano y social.

 

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