Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular: institucionalización del sector y ampliación de derechos

Entrevista a Sonia Lombardo

Malena Victoria Hopp[1] y Valeria Mutuberría Lazarini[2]

Resumen

La economía popular ha tomado gran relevancia y visibilidad en las últimas décadas en la Argentina. Con ello, ha avanzado la organización de distintos movimientos sociales e instancias de articulación entre ellos, donde una de las mayores demandas es el reconocimiento del sector. Como resultado de estos procesos, hoy la economía popular ocupa un lugar relevante en las políticas públicas. En esta edición compartimos una entrevista a Sonia Lombardo que es actualmente la Directora del Registro Nacional de Efectores Sociales y responsable del Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (RENATEP) de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En la entrevista abordamos varios temas, entre ellos, la noción de economía popular que subyace a las políticas públicas que están impulsando, profundizamos sobre la construcción del Registro, los elementos que permitieron que hoy se concretara, las características del mismo, los desafíos y perspectivas. Sonia nos deja una reflexión que sintetiza la orientación y el objetivo estratégico del RENATEP “El registro tiene que trascender, se tiene que convertir en una política de ampliación de derechos, si esto no sucede el registro no sirvió para nada”.

Palabras clave: economía popular, registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, RENATEP, política pública.

Sonia Lombardo es directora del Registro Nacional de Efectores Sociales y está a cargo de la implementación del Registro Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), que está bajo la órbita de Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ella es socióloga, militante popular de Seamos Libres - que se fusionó hace poco tiempo con el Movimiento Evita. En los últimos años acompañó el desarrollo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y  actualmente integra el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También fue docente de la Facultad en la carrera de sociología desde la cual – destaca – hicieron formación con cooperativas de vivienda y movimientos de trabajadores/as desde el Movimiento Evita.

¿Qué nociones de la economía popular se proponen desde el Ministerio de Desarrollo Social o qué categorías de trabajo contempla la economía popular que se promueve desde el Ministerio?

Nosotros/as entendemos desde la Secretaria de Economía Social, e incluso nos ayudó mucho el Registro para englobarlo, que son trabajadores/as de la economía popular todos/as aquellos/as que realizan tareas, que realizan un trabajo de manera individual y/o colectiva, que producen bienes o comercialicen servicios y que lo hacen para el sustento propio o familiar, o para el sustento comunitario; que sus unidades productivas tienen bajos niveles de capital, pero que fundamentalmente, se caracterizan por insertase de manera desigual en el mercado. Nosotros/as decimos, tienen relaciones asimétricas en términos financieros, económicos y laborales. Esa es una definición conceptual que nos ordena y a partir de la cual pensamos el Registro. Hay una diferencia con la Economía Social y Solidaria en términos de perspectivas, pero yo creo que las diferencias radican principalmente en los momentos históricos desde donde surgen las concepciones. Creo que estas nociones más que contradecirse, se complementan y que, en todo caso, se diferencian un poco respecto de la realidad del momento que representa cada concepción y dónde se pone el eje, no creo que sean cosas que se contradigan. En esta definición las diferencias son más “de forma”, el eje de lo que representan, después acá en la Secretaria se trabaja con todas las experiencias. Digo “de forma” porque la Economía Social y Solidaria hace mucho más hincapié en la forma de organización, en la solidaridad, en la autogestión y nosotros/as, al decir que son trabajadores/as que trabajan de manera individual o colectiva rompemos un poco con eso. Creo que en la definición que planteamos, es una de las mayores diferencias, además de que no ponemos tanto el eje en la solidaridad, no porque no la pregonemos o porque no queramos caminar hacia ese lugar, sino porque no es la realidad de muchos/as trabajadores/as hoy.

Es interesante pensar en los contextos, de cuándo surge y hacia dónde va porque permite explicar esos diálogos y esas políticas que en algún momento se implementaron y que se van transformando. La creación del RENATEP se dio a fines de 2016 con la Ley de Emergencia Social[3], sin embargo, recién ahora (en julio de 2020) se empieza a implementar efectivamente. ¿Qué condiciones posibilitaron esta efectiva implementación? ¿Por qué se da en este momento? ¿Cómo surgió la idea de armar el registro de las distintas ramas de actividad?

Las posibilidades de implementar el Registro son, básicamente, que quienes armamos la ley y la impulsamos, hoy somos parte de la Secretaría de Economía Social que es la que tiene la capacidad, o el ministerio, bajo la órbita que la misma ley decía que se podía crear el registro. La Ley de Emergencia Social, ya en 2016 lo creaba y nunca se implementó, algunas otras cosas sí se implementaron. El Salario Social Complementario también como institución para nosotros era muy importante en términos de institucionalidad de la economía popular, en relación a tablas de salarios, en relación a un complemento de los ingresos, y que se denomine “salario”, que hable de un trabajo, eso fue importante. El Registro era otra de las patas importantes que tenía esa ley por dos motivos. Por un lado, uno de los grandes objetivos del Registro, es conocer a toda la población de la economía popular específicamente, quiénes son, qué hacen, cuántos/as son, dónde hacen el trabajo. Por otro lado, reconocer en términos de derechos.

En relación a las posibilidades de implementación, como decía antes, un factor importante es que somos los/as mismos/as quienes lo pensamos de esa manera y hoy estamos acá en la Secretaría de Economía e implementando el Registro.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)[4] fue un cierto impulso para que lo larguemos en este momento, en el sentido de que el IFE fue una de las políticas orientadas a los/as trabajadores/as informales, un mundo grande de informalidad, muy heterogénea. Nosotros/as creemos que conocemos a todos/as los/as trabajadores/as de ese mundo, pero no todos/as los/as trabajadores/as creen que son trabajadores/as de la economía popular. Ese ingreso, el gobierno lo planificó para 4 millones de personas, lo solicitaron 12 millones, y terminaron accediendo 9 millones. Por lo cual, quedó en evidencia que el Estado no conoce plenamente la población con la que trabaja, con la que tiene que trabajar. No conocen cuántos/as son, pero tampoco cómo lo hacen.

Las ramas de actividad son una parte fundamental del Registro porque es un registro de trabajadores/as y a nosotros nos interesa que las personas se registren por el trabajo que realizan, nos interesa saber qué hacen, porque con cada rama de actividad hay que trabajar específicamente en función de impulsarla y desarrollarla.

Estamos caminando en la Secretaría de Economía Social hacia un desplazamiento del eje de la “vulnerabilidad social” como el eje que ordena la política de esta Secretaría hacia la idea de “vulnerabilidad socio-productiva”. Queremos que todas las políticas y todos los programas que se planifiquen en esta Secretaria estén orientados a impulsar el desarrollo socioeconómico de las personas, no que estén orientados a la asistencia social (que mucha gente seguramente la necesita y que está todo el Ministerio para hacerlo). Pero la Secretaría de Economía Social quiere hablarle a los/as trabajadores y trabajadoras, es decir, queremos dejar de hablarles a titulares de beneficios sociales, porque para nosotros/as pasaron a ser trabajadores y trabajadoras ya desde la Ley de Emergencia Social. Esa ley para nosotros/as es clave porque es el primer instrumento normativo que menciona a los/as trabajadores/as de economías populares como tales.

En ese sentido, inscribir por ramas de actividad es clave. Nosotros decimos que el Registro es un paso más a la institucionalización del sector, pero se retroalimenta: la organización de los/as trabajadores/as de la economía popular fue creciendo en varios sentidos; fue creciendo en cantidad, y las crisis son “oportunidades” (entre mil comillas) de crecimiento porque es un sector de la economía que surge a partir de la necesidad, sin dudas. Hace tiempo que se viene desarrollando un proceso de crecimiento de este sector y yo digo de crecimiento en varios sentidos, porque se fueron desarrollando y las unidades productivas se fueron desarrollando económicamente. Surgen a partir de esto, pero hoy la economía popular también es muy heterogénea. No necesariamente es la economía de los/as pobres; surge ahí, es popular, pero viene de muchos años de crecimiento, de desarrollo y de organización, de organización de trabajadores y trabajadoras, años en los que al Estado se le fueron arrancando cosas. Aahora con el Registro y las políticas de la Secretaría queremos ir subiendo la vara, ir institucionalizándolo, ir generando las instituciones que vayan acompañando a estos/as trabajadores/as, el proceso es dialéctico. Entonces, eso es lo que pasa con las políticas públicas y con los/as trabajadores/as en este caso.

En su momento habían calculado unas 6 millones de personas dentro de la economía popular, ¿cómo estimaron ese número?

Por un lado,  el Ministerio de Producción en el año 2016, hizo una estimación  de la economía popular que daba 4 millones.

Por otro lado, nosotros/as tenemos un marco de grandes números. La población económicamente activa y la inactiva en el país suman 28 millones aproximadamente. Entre la población inactiva están los/as jubilados/as y pensionados/as, 7 millones aproximadamente, y además hay gente que no puede trabajar y otra tanta que sí. De acuerdo a información del Ministerio de Trabajo hay 6 millones de asalariados/as privados, 3 millones de asalariados/as estatales, 1,5 millones de monotributistas y 300 mil que son empleadas de casas particulares, todo esto suma, 11 millones. Es decir que hay 10 millones  que tienen problemas de trabajo.

Entonces la estimación es a groso modo de 10 millones. Dentro de ese número, están todas las relaciones de dependencia informal, o sea un montón de situaciones de precariedad e informalidad pero que no son de la economía popular. Pero la economía popular sí está en gran parte informalizada, entonces es parte de ese número. Es una estimación que viene con números macros, con categorías que no terminan de captar la realidad, que van en línea con el Ministerio de Producción, pero es también una estimación desde el trabajo en los territorios. En los trabajos en territorio hay un alcance a los/as trabajadores/as organizadas/os. Después nosotros/as sabemos que esto está muy por encima de todo eso. De hecho, el número 6 millones excede a la cantidad de personas que estamos organizadas en todo el país dentro de la economía popular.

Dado el carácter federal del RENATEP y que en la economía popular hay un grupo organizado, pero hay otro grupo muy grande que no está nucleado necesariamente en organizaciones, ¿qué estrategias se están dando para poder incluir a todos/as en el Registro?

La idea original del Registro era hacerlo de manera territorializada. Nosotros/as veníamos con un esquema del tipo de lo que fue el RENABAP, el Registro Nacional de Barrios Populares[5], con operativos en el territorio, en los barrios, con referentes, con un despliegue puerta a puerta. Eso no lo pudimos hacer por la pandemia. Porque en realidad es una de las políticas principales que teníamos, desde antes que arranquemos en diciembre. Ya lo veníamos pensando porque era lo primero que nosotros/as teníamos que hacer para estructurar y organizar a todo el sector y a toda la política orientada al sector. Entonces, ya veníamos planificando un operativo a nivel nacional en esos términos. Se vio afectado por la pandemia, pero a penas podamos, vamos a hacerlo. Sabemos las limitaciones que tiene hoy. Hoy al Registro solo te podés inscribir de manera online, a partir de la página del Ministerio de Desarrollo Social, eso tiene muchísimas limitaciones en términos de las dificultades de conectividad que hay en todo el país y las dificultades de acceso a la tecnología.

Hoy es lo único que pudimos hacer por el momento, pero a penas podamos vamos a salir al territorio. ¿Por qué salir al territorio?, ¿por qué puerta a puerta? Porque queremos trascender lo que sabemos, lo que puede llegar a estar organizado o cercano. Por eso, de alguna manera, hay que ir a buscar. Incluso la intención es hacer operativos en los barrios y operativos en lugares específicos donde se concentren en polos productivos, en ferias, en lugares donde también se concentren trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Entendemos que la economía popular y sus organizaciones juegan un rol fundamental en este momento de sostener y de asistir a los hogares en el territorio con distintos tipos de actividades, incluso sostener el trabajo. ¿Cuáles serían los desafíos del RENATEP en el contexto actual? ¿Cómo es la idea de organizar ese trabajo del Registro y también de los frutos de ese registro? ¿Qué están pensando para después de este periodo tan complejo?

Para nosotros/as es muy importante tener los registros de personas para poder planificar ahora. El registro tiene que trascender, se tiene que convertir en una política de ampliación de derechos, si esto no sucede, el registro no sirvió para nada. Por lo cual, el énfasis del Registro es que es nuevo, es necesario pero tiene que tender a garantizar derechos de alguna manera. Es una premisa para nosotros/as y para los/as que estamos gestionando todos los días este Registro, no lo podemos perder de vista, porque después vamos a tener un hermoso padrón de gente que, si no hacemos nada con eso, no sirvió para nada.

Por otro lado, para la salida de la pandemia se volvió un poco clave cuando mencionamos lo del IFE y las dificultades que hay con el trabajo. Nosotros/as creemos y estamos convencidos/as de que la economía popular puede ser un gran aporte a la reactivación económica. O sea, hay dos cosas en términos de la salida de la pandemia; por un lado, que la gente de este sector trabajaba en situación de mucha vulnerabilidad, en términos de acceso a derechos, de estabilidad laboral... todo eso se profundizó con la pandemia y las medidas de protección sanitaria. Esa gente tiene que volver a trabajar para generar ingresos para ellos/as y hay que fomentar y cuidar ese trabajo porque son personas que vivían de eso y porque el IFE no va a ser infinito. Además, el IFE es una cantidad de plata que es una inmensa ayuda del Estado en este momento, pero la gente de la economía popular tiene que volver a trabajar. No quiero decir lo antes posible porque no quiero parecer una anti cuarentena, pero hay que fomentar el trabajo y cuidar a los/as trabajadores/as, hay que organizar ese trabajo e impulsarlo e inyectarlo.

Porque, además, impulsando ese trabajo e inyectándolo posiblemente sea un impulso de abajo para arriba, un dinamizador de la economía en su conjunto, de una economía que está en recesión producto de la pandemia. Porque ya veníamos mal, ya veníamos peor, porque hay crisis en el mundo. Pero nosotros/as creemos que es un sector que, impulsándolo, le hace bien a la gente porque le permite generar sus ingresos y puede ser un buen factor dinamizador de la economía en su conjunto. Es el ejemplo de la construcción; nadie puede dudar del efecto que tiene en todos los eslabones que contiene. Es una de las ramas importantes de la economía popular. Si nosotros/as podemos lograr articular el impulso de los barrios populares, porque ya sabemos de dónde son, qué características tienen, -ese paso ya lo tenemos, RENABAP ya existe-, y ahora viene de vuelta a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Si impulsamos eso, trabajamos un problema fundamental que es la falta de vivienda de la población con los propios vecinos y vecinas de ese territorio, que no tienen que trasladarse, es decir, que podrían empezar a trabajar.

De hecho, hubo una experiencia piloto de construcción territorial. Se fomenta la construcción y empieza a girar la rueda y los diferentes elementos que intervienen. Ese es un ejemplo muy específico, así también, con los/as productores/as de alimentos, con los/as pequeños/as agricultores/as. Después, por supuesto, tenemos todas las trabajadoras de cuidado que se pusieron la pandemia al hombro todos estos meses. En ese sentido toda la situación que vivimos la verdad que lo único que nos ha ayudado es a visibilizar a la cantidad de trabajo no renumerado que sostiene nuestra sociedad, en los barrios, que sostienen comunidades enteras y que no estaban ni siquiera reconocidas como tales, mucho menos remuneradas. Esas compañeras también necesitan un reconocimiento y es retroactivo porque ya lo vienen haciendo y va a seguir ese trabajo también. Con respecto a los frutos y a la salida de la pandemia creo que el RENATEP es un gran instrumento para organizar parte de la salida de la pandemia con un sector muy grande. Organizar en el sentido de “bueno, hay que salir a levantarnos”.

Detrás de lo que estas mencionando, hay todo un debate que nos tenemos que dar sobre el mundo del trabajo, sus transformaciones y la necesidad de que la economía social y popular sea reconocida. Entenderla como un sector de reactivación económica porque hay transformaciones en el mundo del trabajo que vienen de la década del ‘70 que se profundizan muchísimo más y este sector viene a jugar un rol central en la reactivación, en la generación de riquezas. Entonces, desde la función pública, ¿cómo articulan con otras instancias gubernamentales?, ¿cómo es la lectura en clave de las transformaciones del mundo del trabajo que ustedes realizan para darle el lugar que corresponde a la economía popular, que motoriza, en definitiva, el desarrollo de nuestro país?

Con respecto a la primera cuestión, nosotros y nosotras, todos los/as compañeros y compañeras que conformamos esta Secretaría somos parte de la mayoría de las organizaciones que vienen de los movimientos sociales, de la economía popular. Las más representativas, por lo menos.

Desde el Registro, con mis compañeros/as, -está Alex Roig, asesor de la Secretaría de Economía Social y Pablo Chena, Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local-, tenemos conversaciones con Economía, con Trabajo, con gran parte del gabinete. Vamos a explicar lo que es para este sector, desde nuestro punto de vista, que no lo tenemos desde que asumimos en la Secretaria de Economía Social sino desde antes. Llegamos acá y estamos tratando de desplegar una cantidad de cosas que ya veníamos trabajando y pensando de antes. Eso es invaluable desde el punto de vista de que traemos una política que ya venimos construyendo hace mucho tiempo, venimos a representar y a intentar implementar, y en algunos casos demostrar lo que venimos diciendo hace mucho tiempo desde afuera del Estado.

Hoy nos toca representar eso que pensábamos, que construimos, que fuimos elaborando y que todavía le falta un montón. Todo esto está en construcción, nosotros/as vamos discutiendo, aprendiendo, viendo qué pasa. También estamos en un momento donde somos los/as propios/as actores del propio proceso de cambio que vamos conceptualizando en el momento que va pasando.

Es un proceso súper vertiginoso en el que estamos. Si ustedes ven la definición de economía popular que está en la Ley de Emergencia Social, tiene algunas diferencias con la que está hoy, no es sustantiva, pero es una demostración de que va madurando. Vamos madurando en cuento a lo que definimos como economía popular; ese debate lo vamos construyendo.

En relación al planteo del mercado del trabajo, es claro nuestro posicionamiento y, de hecho, así un poco intervenimos en la discusión pública de lo que es el salario universal. Creemos que el mercado laboral cambió, es así en todo el mundo, cambió para todos lados. En nuestro país, al mercado laboral no lo organiza más el mundo asalariado, o ese tipo de trabajo, lo que nos dejó el peronismo. Difícilmente esto vuelva a ser así, de hecho, si la economía popular y social viene creciendo hace muchos años, es porque no hay políticas que logren abrir las puertas del mercado de empleo.

Nosotros/as vimos y hacemos una primera diferenciación en que “empleo” no es lo mismo que “trabajo”. Hay una crisis de empleo grande en nuestro país que hace que hayan existido la cantidad de desocupados/as, que haya un montón de gente excluida del mercado laboral formal, asalariada, con patrón. Pero hay una generación entera que ni siquiera pudo ingresar al trabajo, ya no son excluidos/as, esto se está reproduciendo afuera del mercado laboral. Esa gente, lejos de no hacer nada, de ser una simple desocupada, subsiste hace mucho y sobrevive a partir de su trabajo, de un trabajo que esta subvalorado, que el mercado no lo reconoce como tal porque no lo considera productivo desde el punto de vista del mercado, que el Estado tampoco lo reconoce ni trabajó sobre eso. Incluso la sociedad no lo reconoce como tal. Entonces, es un montón de gente que trabaja, hace mucho tiempo por fuera de los márgenes establecidos como el mundo formal, que sobrevive a partir de ese trabajo, que genera ingresos muy por debajo de los ingresos socialmente necesarios para vivir, o que directamente en algunos casos no genera ingresos y que, sin embargo, trabaja en muchas ramas de la actividad, hacen trabajos esenciales para la sociedad y para el bienestar de la sociedad en su conjunto y no me refiero solo a tareas socio- comunitarias, sino que también es el ejemplo de los/as cartoneros/as, de los/as recicladores/as urbanos/as. Hay todo un mundo del trabajo, de tareas de la economía popular que el mercado no las valora, no le son productivas, no generan valor para ellos, entonces, están valoras por debajo de lo que deberían estar.

En ese mundo, donde ya vemos que evidentemente no se genera el empleo como lo conocíamos, se está desarrollando todo este tipo de trabajadores/as que evidentemente nosotros/as apostamos a impulsar, a fortalecer ese trabajo y acompañar. Porque evidentemente hay una crisis del mundo laboral, por lo que sale por arriba, el mercado de las plataformas, ese tipo de trabajo precarizado. Por abajo, por el subsuelo, fue naciendo la subsistencia a partir de este desarrollo de la economía y lo que nosotros/as pensamos es que el Estado tiene que conocerlo para intervenir, para impulsar la valorización de estos trabajos. Es a lo que apostamos, si el mercado no lo valora, el Estado tiene que jugar un papel en los criterios de valorización de estas tareas y por eso, hay una cantidad de cosas que queremos pensar a partir del Registro que tiendan a impulsar la valorización de estas tareas, que genere reconocimiento.

Por ejemplo, nosotros/as queremos darles una credencial y certificar saberes previos, saberes que ya tengan para mostrar los/as trabajadores/as de la economía popular en distintas ramas; la de cuidado, la de construcción... Hay que tener la oportunidad de que alguien diga que esa persona lo sabe, reconocerle esos saberes, ¿para qué? Para poder impulsar la valorización de su recorrido y lo mismo para profesionalizarlo. Son todas condiciones que el Estado puede impulsar y puede dar una mano, y es donde queremos intervenir con estas herramientas

De lo que estás planteando sobre el trabajo, los saberes y el reconocimiento, pensábamos en dos ramas de actividad. Por un lado, la de trabajos socio comunitarios, ya que la pandemia puso al desnudo lo esencial de ese sector. Por otro, todos los/as trabajadores/as del espacio público o los y las vendedores/as callejeros/as, que permiten el acceso al consumo (no solo ellos/as, un montón trabajadores/as de la economía popular), a personas que de otra manera no accederían. ¿Están pensando en algo más específico, alguna política para estos dos sectores en la pospandemia? También está el tema de la criminalización de la economía popular en contraposición a la idea de reconocimiento que estas planteando.

Sí, de hecho, para nosotros/as el Registro también tiene una función de legitimación importantísima; la legitimidad y la aceptación de la sociedad civil y también de los sectores de la propia política con los que discutimos. Con el Registro, la idea es legitimar a este sector en la sociedad, un sector muy golpeado, muy estigmatizado por el gobierno anterior y en general por un sector importante de la sociedad. Esa legitimación también aporta a la valorización. La valorización no es un proceso meramente económico que se mide en números, es un proceso social. La legitimación en ese punto tiene que ver con el reconocimiento del Estado, porque influye en la capacidad subjetiva de ese/a trabajador/a. Es un giño a la sociedad y al/la trabajador/a en su proceso constitutivo más identitario. En ese proceso de legitimación también tenemos que trabajar con distintas universidades, con distintos sectores, con el INAES. La legitimación no es unilateral, hay que construirla con los diferentes actores que intervienen en una política determinada.

Y con respecto al área de cuidado, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social hay una Dirección de Cuidados Integrales a cargo de Carolina Brandariz y ahí ella, por ejemplo, habla mucho de la capacidad de trabajar con otros organismos del Estado y con universidades en una cogestión que permita que las mismas universidades acrediten los saberes que tienen las personas alrededor, en las tareas de cuidado. La experiencia que hay en los barrios populares con los cuidados comunitarios es indemostrable en un papel, pero es innegable que las mujeres que pueden armar un comedor comunitario o un jardín comunitario son las que vivieron toda su vida cuidando a sus hijos/as, a los/as vecinos/as… ¿Cómo hacer para que las universidades reconozcan los saberes previos y además acompañen procesos de formación y profesionalización en las tareas? Hay experiencias concretas con la UNSAM que ya existen y estamos trabajando con otras universidades que, como les decía, han acompañado mucho este proceso y están muy abiertas a este tipo de experiencias.

En Bolivia hay muchas experiencias en relación a la economía popular, que nosotros/as miramos mucho. En los primeros días de la Secretaría, en diciembre, Emilio[6] organizó, con dos exfuncionarios bolivianos que estaban refugiados acá, y nos vinieron a dar una charla y hablaron un montón de los procesos de valorización, de cómo generaron políticas para valorizar la economía popular. Lo que hay en el fondo de todas estas cosas es el reconocimiento. La rama del espacio público está súper organizada y muy impulsada por un compañero, Francisco Cubria, de hecho hicimos con el Ministro, Daniel Arroyo, el lanzamiento del Registro específicamente para la rama de espacio público. Ellos/as, lo que más están esperando, que les es de suma utilidad, es la credencial que diga que son trabajadores/as de la economía popular, registrados por el Ministerio de Desarrollo Social, algo que le puedas mostrar al policía que los/as amedrenta en la calle o a cualquier situación de las que viven en el espacio público. Para ellos/as eso es más importante que tener un programa de transferencias. Y después, para todos/as están también las cuestiones relativas a la inscripción fiscal, a los aportes jubilatorios, al acceso a la salud.

Hoy se vuelve a visibilizar después de muchos años la necesidad del reconocimiento al trabajo autogestionado, a las cooperativas de trabajo y una ley específica justamente porque la seguridad social no se condice con la lógica de las cooperativas de trabajo. ¿Cómo están pensando en materia de seguridad social?

Ahí nosotros/as pensamos que el Registro es el primer paso a la formalización, pero es el primer paso, el más elemental de todos, el primer escalón. Pensamos en una escalera de formalización, el Registro es el primero. Lo que constituye hoy el segundo es el monotributo social, que en realidad es una herramienta que ya existe hace un montón de tiempo, en un momento tuvo un impulso, después se frenó. Nosotros/as le volvimos a dar un impulso, cambiamos algunas reglamentaciones para hacerlas un poquito más amplias, que pueda acceder más gente, estamos pensando en el medio. Con el monotributo social el Estado cubre el 50% y las personas el otro 50%. Hoy, para quienes cobran los programas sociales, el Estado les cubre el 100% del monotributo. Eso está bueno porque esas personas ya acceden a la obra social y a facturar, obviamente. Venimos pensando y discutiendo hacer un monotributo que esté en el medio, más bajo que el monotributo social, cosa que el Estado lo pueda cubrir entero para todas las personas, por un año, dos años. Después hay cuestiones técnicas, como por ejemplo, qué cubriría ese monotributo. Estamos pensando un monotributo más bajo con AFIP, para que las personas puedan hacer los aportes jubilatorios y puedan facturar, que el Estado los cubra por un tiempo que hay que determinar cuál sería, un tiempo finito, que cuando termina, haya un acompañamiento: a ver en qué situación se encuentra, si se renueva, si se puede pasar al monotributo social. Que sea de menor costo para las personas e incluso quizás para el Estado.

El acceso a las obras sociales es un tema muy importante, ya desde que surgió el monotributo social en 2004… ¿Cuáles son los desafíos de la seguridad social y las herramientas impositivas y fiscales para la atención de necesidades de la economía popular?

Hablando de la figura legal, pienso en la metáfora de una escalera: estamos pensando en este monotributo, por abajo del monotributo social, (hay que crearlo con AFIP). Después, si subís en la escalera, hoy existe lo que está en “Proyectos Productivos”, no es una figura legal pero la avala el Ministerio de Desarrollo. Cambiamos la resolución a principio de año y la hicimos un poco más abarcativa, eso la acomodó un poco más a la situación actual.  Ya después tenés las herramientas del cooperativismo, la cooperativa de trabajo, con todas las dificultades que eso tiene, en términos incluso para mantenerla administrativamente, contablemente, que no se termina de ajustar a la realidad de la economía popular hoy. Las formas organizativas que tiene la economía popular son muy diversas y muy distintas, entonces hay mucha distancia. Nosotros/as estamos tratando de ir generando pasos, entre lo que es un/a trabajador/a de la economía popular, si se quiere a grandes rasgos, y lo que contemplaba una cooperativa. No sé si es lo mejor la cooperativa, pero bueno, en esa discusión de los derechos para estos/as trabajadores/as, como la salud, o la ART, nosotros/as tenemos que trabajar sobre algún tipo de seguro de trabajo, ni hablar del acceso al crédito, a herramientas que les permita impulsar el trabajo.

Hay algo que antes lo hablábamos conceptualmente, -con el desplazamiento del eje de la vulnerabilidad social a la vulnerabilidad socio-productiva-, pero en realidad hay algo que teje, que está en el fondo, que es que nosotros/as ponemos en el centro el trabajo como lo que consideramos que nuestro país necesita para salir adelante y para avanzar sobre la integración social, a partir del desarrollo y el impulso del trabajo. Es lo que existe, el Estado tiene que acompañar e impulsar para que tenga un rol finalmente de ordenador social, de integrador social. Entonces, todas las políticas tienen el centro en eso, en garantizar los derechos de los/as trabajadores/as e impulsar el trabajo como actividad económica de esa familia, como actividad económica y como ordenador social.

Desde nuestra perspectiva la implementación del Registro fue un armado muy interesante de abajo hacia arriba, que sustenta parte importante del trabajo de lo comunitario, trabajo remunerado y no remunerado en los territorios. ¿Cuáles son los principales desafíos de cara al futuro?

Es un trabajo delicado que hay que hacer, por eso es importante la territorialidad y la federalización del Registro. Nosotros/as lo tenemos acá, nos cuesta ahora hacerlo en este contexto de pandemia, pero, bueno, hoy la mayor cantidad de inscriptos por lejos están en Provincia de Buenos Aires. Tenemos que salir de eso, por eso estamos haciendo convenios con provincias para que también le den un impulso. Necesitamos las redes como ustedes, necesitamos que fluya por todos lados, porque es lo que le va a dar el sustento. Le fuimos encontrando también el discurso en el buen sentido, de cómo nombrarnos y cómo nombrarlo, y cómo buscarle la vuelta y eso lo vimos muy bien en la repercusión que tuvo con los diferentes actores de la política, en los medios de comunicación y los/as compañeros/as también…Estamos en este proceso, esperamos que vaya tomando forma y que se vayan generando todos los eslabones necesarios para que se sostenga y, sobretodo que haya organización social que lo sostenga más allá de que es una política del Ministerio… así como nació desde abajo, se tiene que sostener, sino puede quedar en un registro de personas, en una base de datos más del Estado.  

El RENATEP es una herramienta destinada a reconocer y formalizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de todo el país. Para más información ver: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep   

Inscripción al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular:https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-registro-nacional-de-trabaja...