Revista Idelcoop, nº 227, marzo 2019. ISSN 0327-1919 / Sección Documentos y declaraciones

 IDELCOOP Fundación de Educación Cooperativa

Propuesta del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos:

por una Argentina con democracia participativa y justicia social

 

Noviembre de 2018

 

Presentación

El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta esta nueva edición de su propuesta cooperativa “Por una Argentina con democracia participativa y justi­cia social”.

Al igual que las ediciones anteriores –recordemos la publicada en febrero de 2002, bajo el título “Propuesta para enfrentar la emergencia y refundar la Nación” y la de 2005, “Por una Argentina con más democracia y equidad distributiva”‒, es el fruto de un profundo análisis de la situación económica, social, política y cultu­ral de nuestro país en base a los valores y principios de la cooperación, con el ob­jetivo de contribuir al debate indispensable para construir colectivamente un pro­yecto transformador viable y sustentable en el tiempo.

La doctrina cooperativa se ha nutrido, a lo largo de la historia, con la experien­cia concreta del movimiento, en la configuración del amplio espacio de la econo­mía social y solidaria. Así, enriquecida con diferentes miradas filosóficas, pero con el denominador común de contribuir al mejoramiento constante de la calidad de vida de los asociados y la comunidad, el cooperativismo constituye en el pre­sente una formidable alternativa para transformar el mundo y aportar a la salida de una crisis civilizatoria provocada por un modelo dominante que concentra la ri­queza y descarta a millones de seres humanos.

Al respecto, la Declaración final de la V Cumbre Cooperativa de las Américas, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 23 y 26 de octu­bre de 2018, con el lema “El cooperativismo en la hora de los desafíos globales”, señala entre sus párrafos introductorios:

 

Como bien expresa el documento “Transformar al mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones que resultan inescindibles: ambiental, social y económica. Por ello observamos con preocupación que la globalización económica hegemonizada por el capital financiero, sin compromiso con el desarrollo y las particularidades históricas, culturales, ambientales y sociales de los distintos territorios, ha provocado el desamparo de cada una de nuestras comunidades en un escenario de creciente incertidumbre económica. Desamparo e incertidumbre que han debilitado la confianza hacia las instituciones de la cooperación internacional, lo que condi­ciona el esfuerzo conjunto que debemos hacer todos los pueblos en esta hora de desafíos globales.

El cooperativismo cuenta con atributos, experiencia y recursos para aportar soluciones globales que tomen en cuenta las particularidades económicas, históricas, culturales, ambientales y sociales de cada territorio.

Es necesario que la iniciativa autónoma de la sociedad civil sea protago­nista en la urgente construcción de las nuevas formas de producir y de consu­mir que la sostenibilidad nos reclama con urgencia. Y para esto el cooperati­vismo tiene un modelo empresarial capaz de pensar el desarrollo desde los tra­bajadores, los consumidores y los productores de cada localidad.

 

Con estas premisas y la coherencia principista que ha caracterizado el desem­peño del IMFC desde su fundación, el 23 de noviembre de 1958, presentamos este documento con propuestas económicas que apuntan a resolver los graves y cre­cientes problemas que afectan a la mayor parte de la sociedad argentina.

Asimismo, incluimos un capítulo especial referido a la reforma constitucional que propiciamos, por considerar que resulta indispensable establecer un nuevo contrato social sobre la base de un amplio y profundo debate democrático, con ac­tiva participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones representativas.

Todo ello se resume en un concepto acuñado por el Instituto Movilizador al comienzo de su fecunda existencia, al señalar que “el país se hace desde adentro, o no se hace”.

 

Edgardo Form

Presidente del IMFC

Buenos Aires, noviembre de 2018

 

Propuesta económica IMFC

Fiel a su historia, el IMFC ha sido un activo partícipe de los distintos proce­sos que bregan por una sociedad más justa, más democrática, más solidaria, con educación, trabajo y salud para todos.

Las distintas consignas que hemos venido usando a través de los años son claras referencias de este compromiso con la sociedad:

 

•          “el dinero de los argentinos en manos argentinas”,

•          “un país se hace desde adentro o no se hace”,

•          “sin solidaridad no hay futuro”,

•          y enarbolando una idea de Floreal: “Otro mundo es posible, si la gente así lo desea y lucha para conseguirlo”.

 

Son consignas con un claro contenido político.

 

Cooperativas y política

Esta relación entre el cooperativismo y la política no es una novedad para nosotros. Siempre hicimos de la defensa de los principios una extensión a lo político. Desde la propia fundación del Instituto Movilizador se planteaba el sen­tido antimonopólico, el concepto de industria nacional y la defensa del mercado interno, el concepto de democracia en lo económico y de la distribución equita­tiva del ingreso.

Nuestros valores vinculados con la democracia, con la justicia, con la justi­cia social, con la paz, con el desarrollo sustentable, con un mundo más solidario y menos individualista son los que conforman la militancia social cooperativa, de la cual nosotros somos parte. Y son valores que nos permiten trabajar dentro de la diversidad y la pluralidad. Pero, para intentar lograr que esos valores pre­valezcan por sobre los valores del individualismo, se requiere de lo político. Porque para conquistar esos valores hay que enfrentarse a los sectores domi­nantes, hegemónicos, que son los que intentan vulnerar esos valores.

Reivindicamos, entonces, a la actividad cooperativa, no superadora de la política pero de un orden diferente, en el orden de la lucha social, siempre den­tro de un absoluto respeto por la pluralidad política.

Y el ejemplo es lo que siempre ha hecho el Instituto, articulando con otras fuerzas sociales en terrenos no solamente de denuncia, sino también de orga­nización para exigir y, sobre la base de esa exigencia, cambiar ciertas relacio­nes de fuerza.

Y como parte de esta articulación con las fuerzas sociales aparecen las distintas propuestas que se han venido realizando en los momentos más dra­máticos, como fue el 2001 y el 2002.

Hoy estamos viviendo, nuevamente, momentos de crisis.

 

Ideas fuerza de la propuesta

 

• Pensamos, entre muchas otras cuestiones, en un país que vuelva a impul­sar un Estado presente en oposición al que solo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios.
• Un país con paritarias libres en las que los salarios le ganen a los precios y no donde esas negociaciones se condicionan para que los precios le ganen a los salarios.
• Un país que incluya laboralmente a todos y todas, que reduzca las bre­chas de participación (incluida la salarial) en el mercado de trabajo entre varones y mujeres.
• Un país en el que los servicios públicos sean accesibles para todos y to­das, y no un negocio para pocos.
• Un país que impulse la integración nuestroamericana y la alianza con otras naciones para, desde allí, intervenir en el contexto global, y no un país inserto en el mundo sin ninguna protección.
• Un país donde la República y sus instituciones funcionen de manera sobe­rana, y no sometidas a las exigencias del Fondo Monetario y otros organismos internacionales.
• Un país con inclusión social y distribución de los ingresos y no un país que excluye y concentra la riqueza en pocas manos.
• Un país que aporte recursos a la salud, la educación y a la ciencia y tecno­logía y no un país que apuesta al ajuste fiscal y la reprimarización de la economía.
• Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las economías regionales y el trabajo argentino y no un país que se abre a importaciones que compiten a precios irrisorios.

 

1. Sector productivo

 

1.1. Las mipymes

Hay que aplicar políticas de fomento que privilegien a las pequeñas y me­dianas empresas y a la actividad regional. Estas políticas deben orientarse a la creación de puestos de trabajo y a posibilitar un proceso de acumulación de ca­pital físico genuinamente nacional y en particular en el área de la economía so­cial.

El mercado interno debe ser el espacio privilegiado de la política produc­tiva. Este constituirá la plataforma para poder desarrollar un proceso exportador exitoso que incluya la venta de productos con valor agregado y trabajo nacional.

Son necesarias regulaciones que permitan revertir los procesos de con­centración y extranjerización de la economía y abran la puerta para el desarrollo de una producción sustentada en un vasto tejido de pequeñas y medianas em­presas nacionales. Deberán promoverse mecanismos asociativos entre las py­mes para potenciar su actividad. La utilización del poder de compra del Estado en todos los niveles (Nación, provincias y comunas) contribuirá al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Deberán fiscalizarse los precios de los distintos eslabones de las cadenas productivas, evitando los abusos de posi­ción dominante.

Se requiere una Ley de Asistencia a las Mipymes que, entre otras cuestio­nes, proponga una verdadera regularización excepcional de deudas tributarias, de seguridad social y aduaneras.

 

1.2. Economías regionales

Resulta esencial lograr la reactivación de la producción y el estímulo de nuestro mercado interno y la promoción y diversificación de nuestras exporta­ciones con valor agregado industrial. El fomento debe alcanzar, desde las pe­queñas y medianas producciones agropecuarias, hasta los recursos naturales como el forestal, el ictícola, los hidrocarburíferos, los mineros, que forman parte de nuestro acervo productivo. Cabe definir a la preservación y extracción de los recursos naturales (petróleo, gas, litio, etc.) como actividades de interés público y establecer una fuerte regulación de los mismos, para explotarlos en forma sustentable, con especial cuidado del medio ambiente.

 

1.3. Leyes de fomento a la economía social y solidaria

Reconocer con rango constitucional a las empresas de la economía social y solidaria su contribución equitativa y eficiente a la economía nacional, y esta­blecer leyes y programas de fomento a las mismas.

 

2. Políticas laborales

La elevada desocupación nos lleva a volver a pensar el “seguro de empleo y formación” por encima del valor monetario de la canasta de pobreza para una familia tipo, y que además el trabajador tenga acceso a distintas fases de formación laboral.

Otra cuestión es la del trabajo no registrado. Hay que regularizar a todos los trabajadores, criticando la política de la derecha que propone otorgar el ca­rácter de “formal” a las prácticas flexibilizadas. Hay que rechazar la “igualación para abajo”, reduciendo la calidad del trabajo registrado. En este aspecto, debe tenderse a la eliminación de todas formas de tercerización y precarización labo­ral.

La fijación del salario mínimo debe realizarla el Consejo Nacional del Em­pleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Los valores no deberán ser inferiores a la canasta familiar tipo.

Debe sostenerse la negociación colectiva a nivel nacional por sectores de actividad y en un marco compatible con la libre y voluntaria expresión de los trabajadores. Rechazamos la negociación por empresa, que vulnera estos prin­cipios.

La desocupación juvenil deberá ser combatida a partir de la creación de empleo digno y de calidad, rechazando las “prácticas laborales” o “pasantías en las empresas” que no son otra forma que la precarización del trabajo.

Respeto al derecho constitucional de huelga. El ejercicio del derecho de huelga no podrá constituir causa de despido del trabajador, ni de coerción directa o indirecta, o recorte de algunos de sus derechos esenciales.

Consideramos fundamental desarrollar políticas de visibilización y valorización de la economía de cuidado, tales como: la medición regular del tiempo de trabajo no remunerado dedicado a tareas de cuidado, o las políticas de profesionalización de las tareas de cuidado y los roles sociales asociados a ellas, entre otras.

Proponemos que todas las empresas y el Estado estén obligados a ocupar personas con discapacidad y también a personas trans, que reúnan condicio­nes de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% de la totali­dad de su personal.

 

3. Reforma tributaria

Impulsamos una reforma tributaria que incremente la progresividad del sistema impositivo hoy vigente, a través de impuestos que recaigan especialmente sobre las ingresos personales más elevados (exceptuados los del trabajo, salvo para los muy altos salarios) y en los grandes patrimonios y riqueza. Un sistema que establezca, además, un marco progresivo para la aplicación de retenciones a las rentas agropecuarias y mineras, de tal forma que los pequeños y medianos productores sean beneficiados por el citado esquema. También es necesario discutir un nuevo régimen de coparticipación federal.

 

4. Sistema previsional

El sistema previsional se ha venido financiando genuinamente con los aportes de trabajadores/as y empresarios/as, más los ingresos impositivos del resto de la sociedad. Ello permitió que más del 95% de los adultos mayores tu­vieran cobertura jubilatoria.

Siempre lo dijimos: el sistema previsional funcionará si la economía crece y crea empleos de calidad. Esa es la condición fundamental para que un sistema previsional sea sustentable.

Abogamos por continuar con el sistema previsional público de reparto, así como rechazamos la reforma previsional macrista que ha impactado negativa­mente en las prestaciones.

Solicitamos la derogación de la Ley de Reforma Jubilatoria (ley Nº 27.426, diciembre 2017). Hay que oponerse a todas las medidas que reducen el finan­ciamiento al sistema de seguridad social y las presiones del FMI para que se vuelva a un sistema mixto de jubilaciones y pensiones, que incorporaría una versión renovada de las AFJP. Se debe intentar llegar al 82% móvil.

 

5. Administración fiscal

Un elevado y bien administrado nivel de gasto público es esencial para cumplir con los objetivos de promoción de la economía, redistribución equitativa del ingreso y una amplia participación del Estado hacia ese objetivo.

El gasto se debe orientar a la atención de las necesidades sociales, así como a construir la infraestructura material del país para el crecimiento econó­mico, fomentando la universalización de servicios y derechos sociales básicos como la alimentación, la salud, la provisión de agua potable y cloacas, la alfa­betización y educación, la cultura y la vivienda.

Cabe promover la descentralización del gasto, su transparencia y control mediante la participación popular.

Los ingresos también deben ser suficientes para sostener un sistema de subsidios y transferencias destinado a fomentar la producción, la exportación y el desarrollo tecnológico, en especial para las pymes y empresas de la econo­mía social y solidaria.

La ciudadanía debe participar en forma democrática en la confección del presupuesto de la administración pública de todas las jurisdicciones, ya que este constituye una herramienta esencial de la política económica. Las empre­sas públicas, de los distintos niveles, deben estar dirigidas por un ente tripartito con participación del Estado, los trabajadores y los usuarios o consumidores. El Estado debe generar una política de compras públicas que priorice lo nacional, lo local y la producción pyme y de las empresas de la economía social.

El Gobierno podrá incurrir en déficit fiscal solo en momentos excepcionales, y deberá pedir permiso previamente al Congreso, si es que dicho déficit no está aprobado en el presupuesto nacional. Los distintos compromisos que el Go­bierno realice sobre el manejo del déficit se deberán referir al resultado finan­ciero, es decir, el que incorpora el pago de intereses de la deuda pública.

 

6. Sector externo

Las divisas son bienes públicos (y además escasos en nuestro país) y por lo tanto su circulación debe ser regulada, a través de normas que reglamenten el ingreso y egreso de divisas, para aminorar el impacto de eventos externos y atender los intereses de la política comercial, cambiaria y monetaria.

El tipo de cambio debe mantenerse en niveles competitivos y su valor debe ser administrado, para que no conspire contra el ingreso real de la población trabajadora y no impacte negativamente en la producción interna.

La libre compra y venta de divisas por parte de la población se permitiría hasta determinados montos que cubran sus necesidades, y así evitar la espe­culación de las grandes fortunas que envían al exterior los frutos de las ganan­cias provenientes de la evasión fiscal u otras prácticas ilegales.

Es recomendable contar con una política selectiva de aranceles a las im­portaciones dentro de los grados de libertad que permiten los acuerdos comer­ciales, para proteger la producción interna. Ir hacia una administración del co­mercio exterior, regulando principalmente las importaciones.

Los derechos de exportación resultan una herramienta apta para captar la renta excepcional que obtienen los sectores más concentrados de los agroex­portadores y las mineras.

Los exportadores deben liquidar las divisas obtenidas de sus ventas al ex­terior, en un lapso no mayor al año a partir de la fecha en la cual la mercancía sale del país.

Cabe rechazar los acuerdos de integración comercial entre regiones que no respondan a los intereses nacionales. En especial, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que tendría efectos negativos en el saldo del comercio con el bloque europeo, a la vez que otorgaría beneficios excepcionales a las inversiones externas, las patentes y otros derechos de propiedad de los gran­des conglomerados europeos.

 

7. Límites al endeudamiento externo

Debe investigarse el elevado endeudamiento público externo a partir de 2016.

Ante el amplio rechazo de la población al acuerdo firmado con el FMI, debe exigirse que sea el Congreso nacional el que decida sobre el mismo, y solo se podrá aprobar a través de una ley de la Nación.

La deuda pública total no debe superar el 60% del PIB, y la deuda pública externa debe emitirse solamente ante condiciones excepcionales. Será el Con­greso de la Nación el que fije su cuantía y la proporción entre deuda interna en pesos y externa en divisas.

Proponemos la prohibición de contraer deuda pública externa para aplicar a gastos corrientes o para cubrir el déficit fiscal.

Se rechaza totalmente el traslado de la jurisdicción de las emisiones de deuda pública a tribunales extranjeros. También se rechaza cualquier deuda con el FMI, que genere condicionamientos que imponen la profundización del ajuste fiscal.

Se tenderá a restringir significativamente la emisión de deuda en divisas por parte de provincias y municipios, debido al elevado riesgo que implica para sus finanzas.

 

8. Ley de Inversiones Extranjeras

Alentamos una ley de inversiones extranjeras que regule la actividad y cu­yos proyectos coincidan con los intereses nacionales. A los inversores se les exigirán requisitos como el “compre nacional”, y “compre pyme” compromisos de reinversión de utilidades y de ingreso neto de divisas por parte de las em­presas de inversión económica directa (IED).

Es imprescindible rechazar los tratados bilaterales de inversión, firmados en su mayoría en la década de los 90, porque benefician injustamente a los inversores externos y limitan la soberanía económica nacional.

 

9. Sistema monetario e inflación

Resulta esencial que el BCRA esté obligado por ley a regular las tasas de interés de la economía, y a orientar el crédito productivo y de inversión, favore­ciendo especialmente a las economías regionales, a las pymes y a las empre­sas de la economía social y solidaria.

Deben desecharse los programas de “metas de inflación” o de “restricción cuantitativa de los agregados”, como la base monetaria, que solo pueden llegar a lograr tales objetivos por vía del enfriamiento de la economía. La inflación proviene principalmente de la puja distributiva, por la cual los grandes grupos económicos utilizan su capacidad para fijar precios con el objetivo de incre­mentar su ganancia.

Es conveniente regular el mercado de capitales para evitar las operaciones especulativas que se cursan en este y diseñar operaciones que sirvan a un ver­dadero desarrollo económico, financiando a las empresas, con especial aten­ción a las pymes.

Propiciamos una reforma de la Ley de Entidades financieras Nº 21.526 de la dictadura cívico-militar. La actividad financiera debe ser considerada un servicio de interés público, orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y de crédito de todos los habitantes de la Nación y contribuir a su desa­rrollo económico y social. Es preciso orientar el crédito hacia inversiones pro­ductivas (especialmente hacia las pymes) y evitar los abusos en los que incu­rren las entidades financieras lucrativas al establecer altas tasas de interés y comisiones. Fomento a la banca cooperativa.

 

La necesaria reforma constitucional

 

Antecedentes

En mayo del año 2002, pocos meses después de la profunda crisis que eclo­sionó durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, el IMFC incluyó en la “Propuesta cooperativa para refundar la Nación y enfrentar la emergencia” un capítulo referido a la impostergable y necesaria reforma constitucional.

Entonces, como ahora, esta iniciativa tiene como objetivo central contribuir a la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social.

En tal sentido, la situación económica, política, social y cultural del presente vuelve a poner en la agenda prioritaria el debate amplio de la ciudadanía, con vistas a definir una nueva Carta Magna que consagre los cambios que la sociedad requiere.

Con ese objetivo, reproducimos a continuación el texto publicado por el IMFC en el mes de junio de 2003, por considerar que mantiene plena vigencia.

 

Hacia un nuevo contrato social

La convención constituyente debe ser convocada, sin limitaciones en cuanto a sus alcances en un plazo prudencial, para permitir un amplio debate y difusión de proyectos.

Nuestro planteo reivindica la potestad de los constituyentes de reformar la ley suprema en su totalidad o en cualquiera de sus partes, sin acotar su funciona­miento a determinados artículos o temas, sin pactos previos, ni condiciona­mientos políticos. Se trata de refundar la Nación.

La reforma constitucional debe basarse esencialmente en desarrollar el princi­pio de poder popular, por lo que la estructura orgánica de este poder debe co­menzar por prestar esencial atención a lo que consideramos la célula de la so­ciedad: la comuna. Para ello, deben ampliarse las facultades que estas tienen e incorporárseles otras en materia de salud, educación, obra pública, asistencia social, medio ambiente, etc., asegurando por vía constitucional los recursos fi­nancieros necesarios.

El término “comuna” está aludiendo al gobierno local, pero con un alcance polí­tico que supere al tradicionalmente considerado “municipal”.

Debe aumentarse el número de comunas dividiendo los actuales departamen­tos o partidos provinciales según población y extensión, de manera de asegurar una mayor participación ciudadana. Hay que desburocratizar y restar poder a los organismos centrales y asignarles más poder a las comunas.

Para elegir a los constituyentes, además de los partidos actuales, deben inter­venir los nuevos que puedan crearse dando amplias facilidades para ellos… El sistema electoral debe ser el proporcional directo y sin pisos. Se trata de avan­zar hacia una democracia más amplia y plural.

Es imperioso avanzar hacia sistemas de gobierno nacionales y provinciales de tipo parlamentario, con un presidente que invista la representación de la nación pero que gestiona a través de un gabinete dirigido por un Primer ministro, elegi­dos todos ellos de entre sus miembros por la Cámara de Diputados o de Re­presentantes y sometidos a su permanente contralor, incluyéndose entre sus facultades la de destituirlos en caso de mal desempeño de sus funciones.

La Cámara de Representantes o Diputados será el único organismo legislativo del Estado nacional, elegido por cada provincia en número proporcional a sus habitantes, por el sistema de partidos políticos y elección proporcional directa sin pisos.

Se debe suprimir la Cámara de Senadores de la Nación puesto que el meca­nismo del doble tratamiento de los proyectos de ley por cuerpos de diferente composición numérica resulta hoy anacrónico, casi feudal, propio de la Argen­tina del siglo XIX.

Nuestra propuesta incluye la creación de un organismo especial que se deno­minaría Consejo Federal (verdadero cuerpo de representación de los intereses de las provincias) que se fijaría como primer objetivo la asignación de los recur­sos fiscales de manera tal que se respeten los principios de equidad y priorida­des a través de debates transparentes. Sus integrantes serían designados por las legislaturas provinciales (las que proponemos que también se constituyan en cámaras únicas) sobre la base de candidatos propuestos por los Gobiernos respectivos y su número no debería exceder el de dos representantes por pro­vincia.

La reforma incluirá en forma más precisa y regular una serie de mecanismos de democracia semidirecta que permitan mejorar y reforzar el papel de la iniciativa popular, la consulta popular y el referéndum, dándoles carácter vinculante y ampliando los temas en los que se aplican.

Una nueva constitución debe reconocer como forma prioritaria de la organiza­ción económica del país la propiedad pública, las empresas que producen bie­nes industriales estratégicos, las que explotan recursos naturales y las empre­sas que brindan servicios públicos. Es importante, además, que incluya a la propiedad cooperativa y solidaria como una de las formas de economía social otorgándole un tratamiento similar al que reciben las empresas de propiedad pública.

Ambos tipos de propiedad deben ser gestionados por un sistema de adminis­tración tripartito donde estén representados los trabajadores de la empresa, los consumidores directos y la fiscalización del Estado. No podrán repartir exce­dentes y la acumulación será reglamentada por ley para destinarla a la perma­nente modernización de las empresas, creación de nuevos puestos de trabajo y a cubrir necesidades fiscales.

En el sector de la propiedad privada se diferenciará positivamente a las peque­ñas y medianas empresas de las grandes. El régimen tributario reforzará la im­posición sobre las mayores ganancias.

Mediante mecanismos, que serán establecidos por las leyes, se protegerá la producción nacional de la competencia extranjera, pudiendo llegar a prohibirse el ingreso de productos cuyo abastecimiento en calidad y precio, esté asegu­rado por las empresas locales.

La reforma económica establecerá claramente el derecho de los trabajadores a una creciente participación en el ingreso económico, la reducción de la jornada laboral en virtud de los avances tecnológicos que beneficien a la productividad, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo y la prohibición del trabajo de los menores de edad.

Los trabajadores tendrán facultades para oponerse a las decisiones empresa­riales que los perjudiquen, así como a efectuar propuestas sobre la organiza­ción del proceso productivo y la división interna del trabajo, el modo de incorpo­ración de la nueva tecnología, etcétera.

El sistema previsional exigirá una total revisión, sobre la base de que la propie­dad y gestión de las empresas previsionales estará a cargo de los trabajadores activos y pasivos, tanto en empresas públicas como en cooperativas, diseñán­dose un sistema previsional fuertemente solidario.

El debate constitucional deberá abordar también la nueva temática vinculada con derechos humanos, ecología, protección del medio ambiente, derechos de la mujer, salud reproductiva, libre opción sexual, esparcimiento y recreación.

Preservar la paz y la armonía entre las naciones debe ser un objetivo desta­cado, debiéndose subrayar el absoluto respeto a la libre determinación de los pueblos.

Lo ideal sería conformar una Asamblea Constituyente en la que los convencio­nales llegaran con “cuadernos de reclamos” de sus mandantes, que a su vez hayan surgido de una discusión previa lo más amplia posible.

 

Buenos Aires, noviembre de 2018

 

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