Cooperativismo, programas sociales y provisión de cuidado

Un recorrido por la experiencia del “Ellas Hacen”

 

Pilar Arcidiácono[1] y Ángeles Bermúdez[2]

 

Artículo arbitrado

Fecha de recepción: 11/08/2018

Fecha de aprobación: 24/09/2018

 

Resumen

El artículo indaga sobre las exigencias y posibilidades de las mujeres en los programas sociales y sobre el alcance de la dimensión cooperativa en el componente “Ellas Hacen” surgido en 2013 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Esta propuesta pretende establecer un diálogo entre campos que en general se presentan de manera aislada: los estudios sobre los programas sociales, por un lado, y el cooperativismo, como esfera de producción y provisión de bienestar, por el otro.

Este recorrido a través del “Ellas Hacen” deja abierto una serie de reflexiones sobre la opción del cooperativismo como alternativa y sobre las peculiaridades y la especificidad de este nuevo tipo de cooperativismo asociado con programas sociales.

 

Palabras clave: cooperativismo, género, cuidado, programas sociales

 

Presentación

Desde mediados de los años 90, la mayoría de los países de América Latina implementaron un conjunto de programas sociales que transfieren ingresos a las familias en situación de pobreza o con una débil inserción en el mercado laboral. Sin duda, los más relevantes fueron los conocidos como programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTCI).[3] Más allá de sus variantes, estas intervenciones transfieren ingresos en cabeza de las madres a cambio de un conjunto de condicionalidades vinculadas con el control de la asistencia escolar y de la salud de niños, niñas y adolescentes integrantes de los hogares. En general, entre sus objetivos se proponían aumentar el número de niños y niñas que asisten a la escuela o mejorar las condiciones de salud con la intención de reducir la pobreza y el trabajo infantil y, fundamentalmente, evitar que las familias caigan en condiciones de pobreza aún más extremas, al colocar a las mujeres (madres) como las principales responsables del cumplimiento de las condicionalidades.

En el caso argentino, este proceso tuvo su particular desarrollo. Previo a los PTCI “más puros” que tuvieron que esperar hasta el 2005 con el surgimiento del Programa Familias, surgió en 2002 el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD) en un contexto de crisis económica, política y social. Si bien por su propio devenir se lo considera como un PTCI, surge como parte de un esquema de programas de empleo transitorio que, a través de contraprestaciones laborales educativas o comunitarias, masificó el campo de las políticas sociales no contributivas, el cual llegó a cubrir en dos meses a casi dos millones de personas.[4]

Años más tarde, durante la primera y segunda presidencia de la doctora Cristina Fernández (2007-2015) y en un contexto de crecimiento económico, recuperación del empleo, pero sostenida informalidad laboral, se generaron un conjunto de intervenciones que también transfirieron ingresos a las familias con hijos. Una lectura diacrónica permite identificar ciertas rupturas de estas respecto a las anteriores, pero como elemento de continuidad, se destacan tanto las contraprestaciones como las condicionalidades que privilegian a las mujeres en tanto madres como destinatarias y responsables de su cumplimiento.

En primer lugar, hacemos referencia a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) surgida en 2009. Como política principal de la seguridad social no contributiva, se convirtió en el reemplazo de los PTCI en Argentina. Su gestión comenzó a estar a cargo de la tradicional agencia de seguridad social contributiva, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y quedó delineado un subsistema no contributivo dentro de un instrumento de la clásica seguridad social (contributiva), concretamente en el régimen de las asignaciones familiares. Las nuevas asignaciones están destinadas a los trabajadores informales y desocupados y la titularidad se concentra en las madres, más allá de que no se origine el derecho a la prestación en ellas. La AUH se mantuvo estable con aproximadamente 3,5 millones de prestaciones mensuales desde su surgimiento (octubre de 2009) hasta la actualidad. Esto implica un salto cualitativo y un proceso de masificación de las transferencias de ingresos sin precedentes.

En segundo lugar, dentro de la línea programática que exige contraprestaciones y condicionalidades, surgió en 2013 el programa “Ellas Hacen” (EH) a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Esta política se presenta desde la gestión de gobierno como innovadora al articular diferentes instancias gubernamentales y jurisdiccionales y retomar la exigencia de contraprestaciones a través de figuras cooperativas creadas desde el Gobierno y con un esquema de terminalidad educativa obligatoria y capacitaciones que tiene como objetivo fomentar el capital humano. EH se inscribe como una línea al interior del “Programa Ingreso Social con Trabajo-Argentina Trabaja” (PRIST-AT) creado en 2009. La particularidad del EH es que está destinado a mujeres con tres hijos o más y/o al menos un hijo discapacitado que reciban la AUH y/o sean víctimas de violencia como otro de los criterios focalizadores.[5] Esta priorización se revisaría en dos ocasiones con la gestión de “Cambiemos” en el Gobierno nacional desde diciembre de 2015.[6]

Sin perder de vista la AUH, sobre la que hemos indagado en diversas oportunidades[7] y sobre la que se encuentra prolífera investigación, nos concentraremos en el EH que captó menos atención de las investigaciones académicas y cuyo surgimiento es más reciente. Existe cierto consenso en la literatura sobre programas sociales en la región que indica que las intervenciones que exigían mecanismos de contraprestación (educativas, comunitarias, laborales), como el caso argentino del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), fueron útiles a la hora de fomentar la participación de las mujeres en el ámbito público, lo que tiene directa implicancia en la diversificación de sus relaciones de pertenencia, aprendizajes y compromiso público.[8]

A la vez, este tipo de exigencias (contraprestaciones laborales o educativas) suelen tensionarse con la ubicación de las mujeres como cuidadoras al interior del hogar. En ese marco, la respuesta de los PTCI en la región (como el Plan Familias en Argentina), se plantearon como alternativas para brindar ingresos seguros y regulares a las mujeres madres (aunque en general de bajo monto) sin exigirles contraprestaciones. Solo requieren el cumplimiento de controles de salud y asistencia escolar de sus hijos. Por esta razón, fueron analizados críticamente desde el feminismo y los estudios de género por su contribución a reproducir estereotipos femeninos al reforzar desde el Estado el rol simbólico de las mujeres como madres por la exigencia de condicionalidades colocadas en ellas –en clave de lo que se denomina maternalismo social–.[9]

El surgimiento del EH en 2013, y previamente el de la AUH en 2009, nos invita a reactualizar la discusión sobre estos dos tipos de respuestas en el contexto de la Argentina reciente y a reflexionar de cara a lo que sucede en otros países de la región. La particularidad del escenario actual es que ambas intervenciones estatales (aquellas que transfieren ingresos a cambio de control de condicionalidades y las que exigen contraprestaciones) se presentan de manera superpuesta en el universo de mujeres madres destinatarias del EH que a la vez reciben AUH. Al mismo tiempo, el EH introduce como novedosa la figura de las cooperativas para contraprestar. De hecho, el surgimiento del EH se da en el marco de una línea de política social que contempla la creación de cooperativas de trabajo desde el propio Gobierno, dedicadas a realizar obras de infraestructura básica y producción social en polos productivos que procuran generar oportunidades socioocupacionales ligadas a esquemas de economía social. Dichas cooperativas son impulsadas especialmente por el MDS desde 2003, pero adquieren su punto más alto con el surgimiento del Programa Ingreso Social con Trabajo-Argentina Trabaja (PRIST-AT) en agosto de 2009. Este último transfiere ingresos, previa generación de un conjunto de cooperativas de trabajo, e inaugura lo que denominamos el “boom del cooperativismo de trabajo bajo programas”.[10]

Previo al cambio de gestión (diciembre de 2015), se encontraban incluidas 81.151 mujeres en la línea de EH, distribuidas en alrededor de 2.900 cooperativas. Las destinatarias del EH recibían los mismos “incentivos de inclusión social” que los titulares del PRIST-AT. Por un lado, el MDS asumía el pago del monotributo social “costo cero” para cada titular; encuadraba la actividad impositiva, previsional y el acceso a la obra social a la vez que proveía los elementos de seguridad para el trabajo (cascos, guantes, calzado, ropa de trabajo), y financiaba un seguro por accidentes personales a favor de cada titular. Respecto al valor de la transferencia, al igual que la línea tradicional, al momento de su surgimiento recibían un monto básico de 1.200 pesos más los incentivos al presentismo y a la productividad, con un monto máximo de 2.000 pesos. Esto representaba el 65% del salario mínimo en tanto que, en 2014, se produjo un aumento de los incentivos que alcanzó un monto máximo de 2.600 pesos que representaba también el 65% del salario mínimo para ese año. En 2015, no se produjeron actualizaciones de los montos, lo que llegó a representar solo el 50% del salario mínimo al final de la gestión del gobierno de Cristina Fernández.

En este artículo, indagamos, por un lado, sobre aquello que se les ofrece y exige a las mujeres en los programas sociales, con el caso del Ellas Hacen (EH). Por el otro lado, analizamos el alcance de la dimensión cooperativa en este programa, aspecto que nos llevó a reflexionar sobre la opción del cooperativismo como alternativa, sobre las peculiaridades y la especificidad de este nuevo tipo de cooperativismo de trabajo que denominaremos “cooperativismo bajo programa”. Para ello, establecemos un diálogo entre campos que en general se presentan de manera aislada: los estudios sobre programas sociales, por una parte, y el cooperativismo, como esfera de producción y provisión de bienestar, por la otra, pero particularmente recuperamos el debate teórico-político sobre el cooperativismo dentro de este campo como herramienta para abordar problemas de empleo, informalidad y pobreza que se despliegan sobre todo en ámbitos de organismos internacionales, universitarios y en el mismo movimiento cooperativo.

En el análisis, ponemos especial foco en los cambios normativos y en las opiniones de los funcionarios, así como en las burocracias de nivel callejero[11] organizadas a partir de la oposición socioespacial “escritorio/territorio” y “nación” y “territorio”, como imperativo que atravesó el funcionamiento interno del MDS bajo la gestión de Alicia Kirchner, donde “bajar a territorio” en encuentros episódicos con los destinatarios se constituyó en un componente rector de sus prácticas cotidianas y las relaciones territoriales en un entramado fundamental de definición de la autoridad asistencial del Estado central.[12] Así, estas “burocracias intermedias” (técnicos, técnicas; operadores y operadoras), que “van y vienen” del centro al territorio y viceversa, son quienes permanentemente definen y redefinen la política en un caso donde los márgenes hacia ellas son concedidos incluso por la propia normativa. Por ello, junto con el análisis de las normativas, los documentos públicos, los informes de evaluación y el impacto sobre el programa, así como con una serie de pedidos de información pública,[13] realizamos un conjunto de entrevistas a esas burocracias intermedias (veinte) y a funcionarios y funcionarias (ocho) del MDS, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y del Consejo Nacional de la Mujer (CNM), entre marzo de 2014 y abril de 2018. Estos actores conformaron un particular punto de mira a partir del cual interpretamos las políticas bajo análisis. Todos y todas ocuparon en nuestro campo un lugar de “compañeros intelectuales en la pesquisa”,[14] lejos del esquema tradicional de investigador e informante clave, como también lo hicieron otras investigaciones[15] que alimentaron los interrogantes y las reflexiones.

 

1. El cooperativismo en la provisión de bienestar. El impulso desde los Gobiernos y los organismos internacionales

En Argentina, las políticas destinadas al sector cooperativo en los últimos años se caracterizaron por su fragmentación institucional y por constituirse como intervenciones muy limitadas para un desarrollo renovado del sector, agravadas por la dificultad de lograr avances sustantivos en la discusión de modificaciones a la Ley de Cooperativas que acompañen las transformaciones del movimiento cooperativo o que regulen determinado tipo de cooperativas, como las de trabajo.[16] A la par, desde 2003, la actividad gubernamental se centró en la creación de cooperativas desde diferentes ministerios y niveles de gobierno, en el marco de programas sociales destinados a la población pobre o con débil inserción en el mercado laboral.

En relación a la creación de cooperativas de mujeres en el marco de programas, es preciso decir que los principios cooperativos han planteado entre sus valores la no discriminación por género, al establecer la igualdad entre hombres y mujeres para ejercer su derecho a voto, lo que se adelanta, por ejemplo, ochenta años al voto parlamentario en Inglaterra.[17] De todas formas, no debe perderse de vista que, si bien en América Latina entre el 40% y el 50% de las integrantes de cooperativas son mujeres, estas pueden estar en desventaja debido a “las desigualdades de género que persisten como rezagos de una sociedad con raíces patriarcales”.[18] Es por ello que el propio movimiento cooperativo regional ha creado instancias institucionales en vistas a fortalecer la participación de las mujeres en las cooperativas como lo es el Comité Regional de Equidad de Género (CREG). Sobre estas discusiones es interesante dejar planteados algunos de los puntos de encuentro entre los estudios de la economía feminista y de cuidado y el campo de la ESS, que ponen en el centro de sus contribuciones la dimensión económica de la esfera doméstico-familiar y la función esencial que en economías capitalistas cumple el “trabajo reproductivo y de cuidado” realizado mayoritariamente por mujeres[19] o “el fondo de trabajo de las unidades domésticas” de la economía popular,[20] para la reproducción de la fuerza de trabajo, al operar como un subsidio a la tasa de ganancia y a la acumulación del capital.[21] Pero, además del enfoque de la economía del cuidado en el horizonte de sentido de la autogestión para la sostenibilidad de la vida, se plantea desde dónde puede observarse el lugar ocupado por las mujeres en los procesos de lucha y de sostenimiento de la familia o la comunidad en momentos de crisis de reproducción social (ollas populares en los cortes de ruta y comedores comunitarios durante la ocupación de fábricas) y la importancia de la articulación del mundo de la producción y de la reproducción para la sostenibilidad de estas experiencias.[22]

Sobre este tema dejamos anotadas tres cuestiones. La primera es que la literatura especializada en cooperativismo y género advierte las ventajas de las organizaciones integradas exclusivamente por mujeres como un paso inicial hacia el fortalecimiento tanto de la autoestima y de la autonomía, como del aprendizaje de saberes básicos para su posterior socialización en ámbitos mixtos, y destaca el rol de las comisiones de igualdad de género al interior de las cooperativas.[23]

En segundo lugar, debemos destacar que el EH como línea del PRIST-AT se lanzó en una época que tendió hacia una paulatina y sostenida valorización de la figura cooperativa para abordar problemas de empleo, informalidad laboral, pobreza e igualdad de género tanto a nivel internacional como regional. Ya desde los primeros años del siglo XXI, además de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), diversos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)[24] y la Organización Internacional de Trabajo (OIT),[25] a través de diferentes informes, lineamientos y dictámenes reconocieron la importancia de la promoción de asociaciones y empresas de economía social y solidaria, en particular cooperativas de trabajo asociado[26] y cooperativas sociales[27] que impulsadas por sus valores y principios cooperativos realizan una importante contribución en la creación de empleos productivos, el mejoramiento de los niveles de vida, que contribuyen así a la reducción de la pobreza, a la inclusión social y a la transformación de la “economía informal”. Es por eso que estos organismos recomendaron a los Gobiernos implementar políticas y marcos jurídicos para promover el potencial de las cooperativas y la igualdad de género en ellas, en consonancia con las normas fundamentales del trabajo, prestando especial atención al incremento de la participación de las mujeres en el movimiento cooperativo en los niveles de gestión y dirección.[28]

En los años siguientes a la crisis financiera internacional de 2008, la ONU realizó informes sobre el rol de las cooperativas en “un mundo en crisis” y proclamó el 2012 como el “Año internacional de las cooperativas”,[29] e invitó tanto a los Estados miembros como a la propia ONU a aprovechar para promoverlas y así alentar a los Gobiernos para que establezcan disposiciones jurídicas y administrativas apropiadas a fin de impulsar su crecimiento y sostenibilidad.[30] En el mismo sentido, se expresó el Parlamento Europeo en julio de 2013 al destacar que en esos contextos “se han creado cooperativas en sectores nuevos e innovadores y existen pruebas convincentes de su solidez (cooperativas de trabajo asociado, cooperativas sociales y cooperativas constituidas por PYME)”.[31] Posteriormente, la Asamblea Extraordinaria de la ACI aprobó el Plan para una Década Cooperativa, que recibió críticas de las organizaciones de los países que integran la subregión sur de ACI Américas y CICOPA Américas, las cuales alertan sobre el riesgo de apropiación de principios y valores cooperativos en el marco de una persistente crisis del sistema imperante.[32]

En tercer lugar, si vinculamos el primer y segundo punto, los recientes informes de organismos internacionales[33] muestran cómo las cooperativas tienen cada vez mayor impacto positivo sobre las mujeres, sobre su inclusión en la actividad económica y la reducción de la pobreza y, en coincidencia con la literatura especializada en cooperativismo y género,[34] señalan los beneficios que las cooperativas aportan a las mujeres en torno a la flexibilidad en la organización de los trabajos y a la posibilidad de balancear su participación en cooperativas con otros compromisos y responsabilidades como el cuidado de los hijos; la oportunidad de salir al ámbito público; la posibilidad de ejercer roles de liderazgo dentro de las cooperativas y de recibir capacitación y educación para el entrenamiento de habilidades y de su experiencia, que de otra manera no habrían podido acceder; la obtención de ingresos; y la interacción y la articulación con otras instituciones y redes de actuación en sus territorios (centros de salud, hospitales, escuelas, universidades, ministerios, jueces, municipios, entre otras).

Enmarcamos el análisis del EH en este contexto. Por lo pronto, adelantamos que algunos elementos del diseño de las contraprestaciones vía cooperativas resignifican en la práctica los principios definitorios y normativos del cooperativismo, aspectos que retomaremos a continuación.

 

2. El protagonismo de las capacitaciones y los esquemas “precooperativos” en el “Ellas Hacen”

A primera vista, si seguimos la línea del cooperativismo y género, podría pensarse que, al conformar cooperativas de mujeres, el EH podría haber constituido una ventaja respecto a otras experiencias de programas de cooperativas mixtas[35] en relación a la reproducción de estereotipos de género. Sin embargo, del trabajo de campo surge que, en la gran mayoría de los casos, las receptoras del EH no realizaban actividades en las cooperativas propiamente dichas, y que el control del presentismo previsto por el programa surgía de las actividades de terminalidad educativa que tenían carácter obligatorio y de la participación en capacitaciones, talleres o diplomaturas en espacios físicos del andamiaje institucional de la burocracia asistencial o en organizaciones sociales territoriales. En este sentido, más que en la lógica cooperativa, el corazón del programa estuvo en la construcción de redes y en el fortalecimiento del capital humano.

Este armado particular se vincula directamente con el perfil inicial de las destinatarias que pertenecen a hogares en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y ocupacional, de hecho, casi el 50% no tenía ningún oficio ni ocupación previos al ingreso al programa.[36] Al momento de la inscripción, según las mismas fuentes oficiales, el 82% de las postulantes se encontraban en edad reproductiva y el 88% no había finalizado la escolaridad formal.

Estas características de la población explican, según las propias normativas, la relevancia que tuvieron las prácticas propias del fortalecimiento del “capital humano” en el propio diseño, aspecto que se mantiene constante desde los programas de empleo transitorio que precedieron al EH en Argentina. Valga recordar que esta impronta se apoya en la teoría de capital humano cuyo foco es el rol que tiene la educación en el mercado de trabajo y que ha recibido fuertes críticas a su visión economicista de la educación, como también por su énfasis colocado en la responsabilidad sobre uno mismo y el imperativo de modificar, transformar o transfigurarse a lo largo de la vida.[37]

Para cumplir con dicho objetivo, el programa desarrolló una gran variedad de capacitaciones e incentivos para la finalización del ciclo escolar obligatorio a través del programa Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación (FINES),[38] A partir de estas actividades, se conforman grupos que, para esta línea (a diferencia del PRIST-AT), se asumen discursivamente como grupos “precooperativos”.[39] Esto implicó una fuerte apuesta a los espacios de formación y capacitación integral desde la articulación y transferencia presupuestaria a diferentes unidades académicas encargadas del armado de las actividades que realizan las mujeres como contraprestación a los ingresos percibidos. La diversidad y la variabilidad de temáticas de las capacitaciones y talleres fue amplia: género, prevención de violencia, promoción de derechos de familia, formación ciudadana, cooperativismo, promoción de la salud y ayuda con las adicciones, como también la formación en oficios relacionados con la plomería para el desarrollo de destrezas y habilidades para la ejecución de obras sanitarias básicas en unidades destinadas a viviendas familiares (viviendas premoldeadas e infraestructura social, así como aprendizaje en acción de tareas de pintura, mejora de edificios y restauración de patrimonio comunitario).

La terminalidad educativa y las capacitaciones implicaron jornadas de actividades que redujeron la participación de las mujeres en las obras de infraestructura,[40] al desplazar la realización de las mismas para una segunda etapa que como veremos, nunca llegó a configurarse salvo en contadas jurisdicciones o donde funcionaba algún polo productivo del PRIST-AT. Independientemente de las formalidades que implica el armado de las cooperativas (asambleas constituidas, autoridades elegidas, etc.), las mujeres del EH eran eximidas de su participación en las mismas, ya que el acento estaba puesto en la conformación y consolidación del grupo.

Dejamos aquí anotado que estas instancias formativas resultan ser las más destacadas por las burocracias intermedias a la hora de captar una reflexión sobre los espacios colectivos que ofrecía el programa a las destinatarias y que resultaban entornos habilitantes para el intercambio con otras mujeres como con docentes y capacitadores. De hecho, los abordajes desde una perspectiva antropológica sobre este programa pusieron foco en la dinámica de las cooperativas en general y valoran y enmarcan el análisis de estas experiencias como otras formas de “hacer cooperativas”, donde el espacio de encuentro de mujeres adquiere un valor altamente significativo en las trayectorias de vida de estas mujeres.[41]

Consecuentemente, diversos trabajos y entrevistados señalan que, desde una lectura crítica del programa en clave de los intentos por romper con estereotipos típicamente femeninos, se destaca la impronta de las capacitaciones. Sobre todo, a la luz de los enfoques y las temáticas que se distancian de tareas consideradas “típicamente femeninas” (peluquería, costura, cuidado) que realizaban las receptoras en programas previos como el PJJHD.[42]

Según datos oficiales, en cuanto a la apropiación de capacidades y al uso de aprendizajes técnicos, se observa que un 65,2% de las destinatarias considera que el programa le permitió solucionar problemas del hogar vinculados con pequeñas refacciones o tareas de mantenimiento.[43] Pero, al mismo tiempo, otros datos oficiales muestran otro matiz sobre la misma temática. De un relevamiento realizado por el propio programa EH, surge que entre las actividades y las capacitaciones que quisieran desarrollar las receptoras en un futuro, se manifestaba principal interés en actividades consideradas como “típicamente femeninas” (enfermería, actividades comunitarias en salud y educación, actividades de indumentaria y costura y en servicios de limpieza). Solo alrededor del 12% de las mujeres mostró interés en técnicas u oficios relacionados con la construcción (albañilería, mantenimiento, plomería, herrería, gas, carpintería electricidad, pintura, etc.).[44] Así, la ruptura con los estereotipos de género resulta al menos relativizada si se profundiza la lectura de los propios datos ofrecidos por el organismo responsable.

Los documentos institucionales, las evaluaciones y las entrevistas a coordinadores zonales, a tutores del Programa Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (FINES),[45] a quienes cursan las diplomaturas y a técnicos del CNM apelan a “grandes transformaciones” en las vidas de mujeres que logran fortalecer su autoestima al poder estudiar, trabajar, compaginar las tareas reproductivas del hogar con las actividades previstas por el programa, la posibilidad de tener un espacio de construcción de compañerismo entre mujeres que tienen trayectorias de vida similares. Ambas cuestiones requieren, por un lado, de futuras investigaciones a nivel microsocial que puedan dar cuenta de los tipos de transformaciones que se dan en estos sectores. Por otro lado, sin duda, los cambios a nivel cultural que repercuten en la subjetividad no pueden ser abordados por una intervención social aislada ya que se encuentran atravesados por patrones culturales fuertemente arraigados difíciles de transformar de manera fragmentada.

En este punto, si bien este trabajo no aborda el eje de violencia en el EH, aspecto que fue revisado en otro trabajo,[46] una dimensión destacada por los informes oficiales y las entrevistas realizadas a funcionarios y burocracias intermedias del programa se vincula con la potencia de la grupalidad y las redes creadas a través de capacitaciones y/o instancias precooperativas para actuar como espacios de intercambio, contención y mejora de la autoestima, como también de activación de mujeres que a partir de estos contactos se reconocen como víctimas de violencia.[47] Según un relevamiento del propio programa, en promedio, el 94% de las titulares manifestaron que su participación en el EH les permitió sentirse más valoradas y reconocidas por sí mismas y sus familias. Y casi el 78% se reconocía más valorada por sus vecinos y grupo.[48] Dejamos anotado que el otro aspecto que aparece destacado en la evidencia empírica, recopilada tanto de las entrevistas como de las evaluaciones del EH, sugiere el peso de las transferencias como potencia para brindar mayor autonomía. Si bien se recoge una visión optimista sobre las transferencias y su potencial en la autonomía de las mujeres, es importante apuntar que diversos trabajos surgidos para la región dan cuenta de las implicancias contradictorias y ambiguas para las mujeres receptoras de programas sociales en lo concerniente a la violencia:[49] la percepción de un ingreso por parte de las mujeres puede profundizar situaciones de violencia doméstica preexistentes, aunque también puede contribuir a enfrentarlas.[50]

 

3. Exigencias de los programas sociales y los problemas de organización social de cuidado

Según la actualización de datos de 2014[51] en la composición etaria de los grupos familiares de las mujeres, el 60,2% lo constituyen niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Dado que el programa se destina a mujeres con más de tres hijos, la relación entre los miembros inactivos del hogar sobre los activos es del 3,5%, es decir que por cada titular hay más de tres personas promedio en el hogar que dependen económicamente del mismo.

La organización social del cuidado, es decir, la manera en que interrelacionadamente el Estado, el mercado, los hogares y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen cuidado permite identificar actividades, trabajos, responsabilidades que se distribuyen desigualmente.[52] El Estado no es una esfera más en la organización social del cuidado, marca la diferencia a través de la provisión pública de servicios de cuidados, de transferencia de ingresos a las familias, de regulaciones e incentivos a fin de evitar la discriminación de género en el mercado laboral y permitir en hombres y en mujeres una adecuada articulación entre demandas productivas y reproductivas, entre otras.[53] Sin dudas, el cuidado es un condicionante y determinante de la inserción laboral que pueden desarrollar las mujeres; en el desempeño de sus carreras profesionales; en el uso del tiempo y del espacio urbano que ellas realizan; en las oportunidades de participación política y social; y en los ingresos a los que acceden en el sistema de pensiones y jubilaciones.

Lo cierto es que el peso diferencial que representan los contextos territoriales en Argentina (jurisdicciones provinciales, según zonas rurales-urbanas, lugar de residencia en el interior de una ciudad determinada) se manifiesta precisamente en la segregación y en la desigual distribución de servicios y, por ende, en las grandes diferencias de acceso.[54] Pero a estos clásicos problemas se deben sumar otras cuestiones para el caso de las integrantes del EH.

En primer lugar, según la información oficial, el 89% de las destinatarias del EH recibían también la AUH que las responsabilizaba de los controles de salud y educación de sus hijos, de lo contrario se produce la suspensión. En menores proporciones, las mujeres del EH recibían otros programas sociales nacionales-provinciales-municipales,[55] muchos de los que también requieren algunas exigencias (contraprestaciones o condicionalidades). En segundo lugar, las propias exigencias del EH implicaban, en líneas generales, dos jornadas semanales de entre cuatro y seis horas para actividades de terminalidad educativa, dos días para aquellas que realizan diplomaturas y tres días con la misma carga horaria para realizar las diversas capacitaciones previstas por el programa.

¿Qué repertorio de políticas se ofrece desde la esfera estatal a las mujeres a quienes por diversas políticas se les exigen condicionalidades y contraprestaciones de lo más variadas? ¿Existe una articulación específica en este tipo de poblaciones? Del análisis del EH, se desprende que su diseño no previó una estrategia para abordar la cuestión del cuidado, sino que entendía que los espacios de encuentro en los cursos de terminalidad educativa o capacitaciones “les permiten a las titulares intercambiar estrategias y apoyo mutuo acerca del cuidado y desarrollo de sus hijos, ya sea que estos estén en edad escolar (incluyendo la obligatoriedad de salita de 4 años hasta el secundario completo) o no, en los momentos en que desarrollan actividades vinculadas con el programa u otras en las que despliegan su vida cotidiana”.[56] En esta línea el programa (como la mayoría de estas intervenciones en la región), suponen a las mujeres-madres como portadoras de un conjunto de disposiciones duraderas, habitus (maneras de hacer, pensar, actuar, productos de los procesos de socialización recibidos) que las vincula íntimamente con el cuidado del otro y las ubica en dicho espacio de cuidado.[57] A nivel de oferta pública estatal, según las entrevistas, surgieron dificultades a nivel subnacional para habilitar legalmente espacios de cuidado propiamente dichos.

En este punto, se advierte la ausencia de coordinación del programa con el resto de la institucionalidad tanto de la burocracia del MDS como de otras instancias locales o de otros ministerios, aunque hubo intentos aislados de articulación con los centros de desarrollo infantil de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), o con organizaciones locales. Si bien desde los equipos técnico-profesionales del programa se realizaron planteos sostenidos hacia los tomadores de decisiones y se generaron diversas propuestas, ninguna de ellas resultó viable principalmente por la dispersión territorial y el permanente cambio de sedes de las actividades de formación.

En los pocos casos en que las mujeres realizaban sus actividades en polos productivos como en Ezeiza, se pudieron organizar dinámicas de cuidadoras. Pero a nivel de política institucional, la cuestión de la provisión de cuidados nunca pudo resolverse a pesar de ser un problema claramente visible. Entre los entrevistados y las entrevistadas, se interpretaba que el armado de esas estrategias (así como el abordaje de los casos de violencia) excedía las atribuciones y las capacidades de la Unidad Ejecutora en donde se ubicaba de manera orgánica y funcional el programa. En este marco, para garantizar el presentismo a las actividades, las burocracias en el nivel callejero apelaban generalmente a la familiarización del cuidado, y procuraban que las mujeres concurrieran a las actividades sin sus hijos para poder llevar adelante la actividad, fundamentalmente por el peligro de los entornos de algunos tipos de capacitaciones que implicaban la utilización de herramientas de obra. Pero ese lineamiento nunca significó la exclusión de las mujeres de las actividades: algunos entes ejecutores firmaban las horas de servicio y las eximían de la realización de algunas actividades por tareas de cuidado u otras cuestiones; se mantenía una flexibilidad horaria para que las mujeres pudieran organizar sus propios esquemas de cuidado o concurrir a sus actividades con los niños y las niñas; o ellas mismas autogestionaban colectivamente una solución, a través de la organización de la presencia de sus hijos e hijas en un espacio contiguo al lugar donde realizaban sus actividades, en la compañía de personas adultas responsables. Entre otras estrategias aisladas, se encontraban las capacitaciones a grupos de mujeres en cuidado de niños o como cuidadoras domiciliarias. A su vez, se articulaba con los centros de contención familiar y con los centros integradores comunitarios (en localidades donde existían estos centros) o se conformaban instancias sociorecreativas. Finalmente, hubo muy pocos casos de entes ejecutores que incluyeron experiencias de mujeres cuidadoras dentro del plan de actividades.

Acorde con la propia literatura sobre cooperativismo y género, no se puede obviar que para el caso del EH, la figura cooperativa tenía potencial para organizar el trabajo de manera flexible, para articular las tareas de cuidado, aunque el énfasis colocado en el tipo de tareas que debían realizar (obras de infraestructura) obturó la posibilidad de las destinatarias para decidir, de manera democrática y según sus propias necesidades, sobre los objetos sociales o las propias actividades de las cooperativas. Esto se refuerza al observar lo apuntado en torno a las actividades que las propias mujeres querían realizar según relevó el propio programa. En esta línea, otras experiencias en la región y en Argentina, a partir de los programas –sobre todo de empleo transitorio (como el PJJHD)–, mostraron la posibilidad de articulación con espacios comunitarios previos o nuevos que ofrecieron a las mujeres la posibilidad de contraprestar y a la vez tener un lugar de cuidado para sus hijos e hijas mientras ellas cuidaban también a otros niños y niñas, incluso con la posibilidad de generar en el mediano y largo plazo salidas laborales como cuidadoras en el espacio comunitario.[58] De manera más reciente y desde el campo de estudios de la ESS, Marisa Fournier[59] analiza la desfamiliarización del cuidado a través de organizaciones sociales comunitarias o de la economía social y solidaria (guarderías, centros de desarrollo infantil y jardines comunitarios), resultantes de la puesta en común de situaciones críticas compartidas, que mayoritariamente asumen la forma jurídica de asociación civil más que de cooperativa y que configuraron un tipo particular de institucionalidad “híbrida”, “ascendente” y “en red” en la que la lógica comunitaria y las relaciones territoriales de vecindad y parentesco se conjugaban de manera compleja con diferentes políticas (las dirigidas a la infancia, y también las otras, como el PRIST-AT). Particularmente, en cuanto al aporte de este programa, la autora observa que excluyó a los servicios públicos de cuidados, aunque algunas trabajadoras comunitarias fueron incluidas en cooperativas y recibieron las transferencias individuales y el esquema de protección previsto por el programa.

Es en este punto donde consideramos importante introducir la discusión sobre las experiencias del cooperativismo social a nivel internacional y que refiere a la posibilidad de la coconstrucción de políticas para resolver la demanda de cuidado a partir de la conformación de experiencias de economía social-cooperativa como soportes de provisión de bienestar.

 

4. La alternativa del cooperativismo para la provisión de cuidado

Independientemente de que fueron muy pocas las cooperativas del EH que llegaron a instancias de realizar actividades de obras (construcción de viviendas o actividades en polos productivos), las mujeres eran organizadas a nivel formal en las cooperativas, con las responsabilidades jurídicas y administrativas que ello conllevaba. En este punto es preciso decir que la figura cooperativa constituyó una herramienta jurídica y política que podía brindar un esquema para organizar la intervención social en el corto plazo. Del diseño de PRIST-AT y EH, se desprende una mirada normativa y rígida de la figura cooperativa sobre todo si se contrasta con las múltiples opciones que se abren atentas a la agenda de discusión regional e internacional. Además, esa rigidez es consecuencia del desactualizado marco normativo cooperativo argentino, que no da cuenta de las transformaciones sociales y del propio movimiento cooperativo y de los diversos intercambios de este con los Gobiernos y el Estado. Además, la institucionalidad no logra un punto de equilibrio virtuoso que se aleje de la pura instrumentalización de las cooperativas por parte de actores estatales y no estatales para iniciar caminos que valoricen sus aportes tanto en los planos económicos como en la producción y provisión de bienestar. Ese proceso también precisa de la construcción de poder social[60] y de un sector fuerte y articulado de la economía social y solidaria y del cooperativismo de trabajo que, junto con otros movimientos sociales, con aspiraciones y metas comunes, pueda constituirse en un actor político capaz de traccionar en conjunto en ese sentido.

En lo que sigue, queremos además incorporar a la discusión de la agenda pública las potencialidades del cooperativismo para abordar la previsible demanda de cuidado que presentaron las mujeres del EH, sobre todo si se tiene en cuenta que esto se deriva del propio criterio de focalización planteado por el programa y el hecho que el 82% de las receptoras se encontraban en edad reproductiva (18-39) además de destinarse a mujeres madres de más de tres hijos. Como evidencia de esta problemática, las entrevistas y los documentos oficiales relevados coincidieron en señalar un alto nivel de inasistencia en las capacitaciones ofertadas.[61] Al indagar sobre las razones que explican esta situación, los problemas para cumplir con las tareas de cuidado de sus familias se presentaban como centrales. En este punto, es preciso remarcar que los resultados de la cartografía mundial de las prestaciones realizadas por cooperativas de la OIT[62] muestran que la provisión de cuidados a través de las cooperativas de trabajo a nivel mundial está creciendo notablemente, ante la falta de una adecuada cobertura de estos servicios por parte del Estado o mercado, que garantiza aquellos servicios de alta calidad y provee de mejores condiciones de trabajo en el sector de la atención, especialmente para las trabajadoras mujeres quienes pueden organizar las horas de trabajo con mayor flexibilidad y armonizar su vida laboral y familiar.

Las cooperativas sociales[63] representan un esquema de seguridad social ampliado que pretende incorporar al sector de la economía social y solidaria como proveedor de bienestar, en el marco de una reconfiguración del sector público y la conformación de una red de cooperativas de trabajo como servicios de proximidad.[64] Los procesos de institucionalización de experiencias de economía social y solidaria y las políticas de reconocimiento y promoción de ese sector,[65] que incluyen la incorporación de las cooperativas sociales, empresas sociales y esquemas de coconstrucción y coproducción de políticas públicas[66] entre las esferas de provisión de bienestar (Estado, mercado, familia y la esfera relacional o de la sociedad civil), forman parte de una agenda regional. El interés de la co-construcción democrática y solidaria se armoniza con la búsqueda del interés general, ligado a la idea que las políticas públicas serían más democráticas si el Estado aceptara construirlas en partenariado (denominación que deriva de partenaire o pareja en una actuación) con otras esferas proveedoras de bienestar, incluida la economía social y solidaria, ya que esta supera el estatus de simple instrumento del Estado y conserva autonomía.[67]

Esta discusión cobra relevancia a la hora de pensar las articulaciones entre cooperativismo y provisión de cuidado que poco a poco se instalan en la agenda pública en nuestro país. De hecho, a nivel de organismos internacionales,[68] se sistematizaron experiencias para promover en torno a ellas adecuadas políticas públicas al tiempo que previamente delinearon los estándares mundiales de las cooperativas sociales.[69] Además, es importante observar retrospectiva y comparativamente este debate desde el campo del cooperativismo a nivel regional e internacional, sobre todo si se tiene en cuenta el proceso desde los años 70 en Europa, es decir, el surgimiento de cooperativas de usuarios o trabajo asociado del bienestar social[70] o de iniciativa social, cuyo objetivo era la prestación de servicios de bienestar y sociales, a través de cooperativas de usuarios de padres, personas mayores y parientes u otros consumidores de servicios o personas que requieren cuidados. CICOPA[71] define a las cooperativas sociales como organizaciones con una misión de interés general que, si bien se trata de entidades no estatales basadas en la libre asociación de las personas, reciben en algunos casos financiamiento del presupuesto público. Tienen una estructura de gobernanza con múltiples grupos de interés que involucra tanto a trabajadores y usuarios, como a autoridades locales,[72] etc. Estas no distribuyen excedentes o lo realizan de manera limitada dado los diversos tipos de socios que las integran. El calificativo de “sociales” refiere, por un lado, al séptimo principio cooperativo de “compromiso con la comunidad” y, por otro, alude al contexto de crisis social en el que las mismas surgieron en diferentes países, aunque también desarrollaron una identidad particular.[73] En los casos europeos, sus legislaciones permitieron la apertura legal de las cooperativas tradicionalmente basadas en una categoría homogénea, a la representación de diferentes beneficiarios en los órganos de decisión (voluntarios, trabajadores, consumidores, colectividades locales, etc.),[74] al tiempo que podían asumir la forma de cooperativa de trabajo o bien asumir un estatus legal independiente.[75]

Jorgelina Flury[76] explica que se pueden reconocer al menos dos tipos principales de cooperativas sociales presentes en los marcos jurídicos internacionales. Por una parte, aquellas que responden a la definición de OIT[77] como “cooperativas de servicios asistenciales destinadas a atender las necesidades físicas, psicológicas, emocionales y de desarrollo de una o más personas, concretamente niños, ancianos o personas con discapacidad o afectados por una enfermedad física y/o mental”, y, por otra parte, aquellas que brindan la oportunidad de acceder a un trabajo de calidad y adecuado a la condición o situación particular que están atravesando sus integrantes (desempleados, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con padecimientos psíquicos o adicciones). Este neocooperativismo[78] surgió con el fin de dar respuesta a necesidades insatisfechas en relación a la provisión de servicios sociosanitarios, de cuidado y atención de personas, y a la integración laboral de grupos desaventajados.

La penetración de la economía social cooperativa se desarrolló a partir de la crisis de los Estados de bienestar en distintos países europeos (Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal, entre otros), por ejemplo, en la conformación de grupos reunidos para paliar la ausencia de un transporte adaptado a sus necesidades, o para la provisión colectiva de cuidado de niños y niñas, o para prestar servicios educativos, de salud, de inserción o cualquier otra necesidad social no cubierta por el mercado.[79]

Para el caso latinoamericano, algunos especialistas en cooperativismo[80] señalan que las cooperativas sociales presentan un gran potencial a partir de sus principios y valores, para constituirse como un arreglo particular en la provisión de bienestar teniendo en cuenta los grandes cambios demográficos en la región y las brechas en los servicios prestados por los Estados para garantizar las obligaciones asumidas en materia de derechos sociales y particularmente de cuidado. Se observa el desarrollo de importantes experiencias en Colombia en tanto que recientemente en Uruguay las cooperativas sociales ya cuentan con reconocimiento legal, y presentan un fuerte énfasis en los objetivos de inserción laboral de personas con trayectorias laborales inestables. En todos los casos, internacionales o regionales, recibieron un fuerte impulso de políticas públicas, por ejemplo, de aquellas tendientes a la desmanicomializacion o a la construcción de sistemas de cuidado.[81]

Llegados a este punto es preciso aclarar los elementos que aproximan y a la vez alejan a las cooperativas sociales de la experiencia internacional, de las cooperativas bajo programas sociales en Argentina. Si bien las primeras son autónomas y no son creadas por el Estado o los Gobiernos en el marco de un programa, su labor y su rol social las acerca a una política integral de cuidados o de prestación de servicios sociales provista estatalmente, al tiempo que reciben financiamiento o habilitan la participación de actores estatales en su estructura de gobernanza. Esto difiere con la creación de cooperativas bajo programas sociales a través de los cuales, desde un ministerio de gobierno, se transfieren ingresos a entes ejecutores estatales o no estatales y a cada asociado de manera individual, sin que los mismos se generen o distribuyan desde el espacio colectivo de la cooperativa y cuya supervivencia depende fuertemente de la continuidad del programa bajo el cual fue creada, con limitadas posibilidades de constituirse, en la práctica, en una organización asociativa y autogestionada.

En este punto, Mario Schujman[82] recoge la preocupación sobre la regulación de estos subtipos de cooperativas de trabajo y entiende que, aunque no están previstas específicamente para estos casos, la mejor figura legal para las “cooperativas bajo programas” sería la de “cooperativas simplificadas” o la de “emprendimientos sociales comunitarios”. Esto, en ambos casos, significaría que al adoptar la figura cooperativa se constituirían como organizaciones poco complejas y transitorias, como medio para evolucionar hacia verdaderas cooperativas con el apoyo de un grupo de socios patrocinadores y programas sociales, en dimensiones educativas, sociales, económicas, administrativas y financieras que contribuyan en la educación y en la capacitación de los miembros, al garantizar la ocupación laboral inmediata, la capitalización y la obtención de resultados económicos rápidos.[83] Esta idea es la que se vio reflejada en el preproyecto de Ley Federal de Economía Social y Solidaria promovido desde la presidencia del INAES para su discusión al interior del movimiento cooperativo, en el último tramo de la presidencia de Cristina Fernández, a fin de subsanar el vacío legal en materia de cooperativismo de trabajo a nivel general,[84] y en particular ante la necesidad de reconocimiento jurídico de este nuevo subtipo de cooperativas de trabajo “bajo programas”, que tienen la particularidad de combinar diferentes recursos, lógicas y prácticas para la provisión de bienestar. Así, el preproyecto planteó algunos lineamientos en torno a su institucionalización como “cooperativas protegidas” promovidas por programas, universidades y organizaciones públicas y privadas, al tiempo que reconocía la posibilidad de cogestión con el Estado y la figura de “personas jurídicas de carácter público”.

De todas formas, no pudo avanzarse en la discusión que en definitiva se dirigía hacia la redefinición política o readaptación de esa figura hacia esquemas más acorde al perfil de las integrantes y sus necesidades, es decir, hacia las figuras planteadas por Schujman,[85] o cooperativas sociales o más genéricamente llamadas “empresas sociales”,[86] o con particularidades específicas que valoricen su dimensión social por prestar un servicio a la comunidad o a un grupo social específico, en el marco de novedosas y particulares estructuras jurídicas creadas bajo programas.

Estos andamiajes deberían contemplar las especificidades de las experiencias surgidas en dicho contexto, además de ir más allá de categorías de asociados homogéneas, posibilitando el encuentro y la mixtura social (es decir que no estén integradas solo por personas en contexto de pobreza, sino que también se integren con otros grupos sociales) y además contribuyan a problematizar el rol del Estado en estos esquemas.

Si volvemos al EH, la ausencia de estrategias de cuidado previstas por el programa y lo relevado por el propio MDS,[87] que mostraba que estas mujeres tenían mayor interés en desarrollar actividades vinculadas con la prestación de servicios sociales, expresaban una gran oportunidad para que se abra el objeto social de estas organizaciones, para desarrollar cooperativas de cuidado y espacios de enseñanza destinados –en principio– a los hijos y las hijas de las mujeres incorporadas al programa, quienes puedan además en paralelo recibir acompañamiento técnico, capacitaciones y financiamiento a fin de mejorar y ampliar sus servicios hacia otros sectores y actividades y lograr independizarse a largo plazo. En definitiva, ni el EH ni los restantes programas asociados con cooperativas recuperaron ni los debates sobre el “cooperativismo social” ni las ventajas del cooperativismo en clave de género. De hecho, ninguno de estos aspectos se plasmó en los documentos institucionales del EH o fueron planteados por los actores entrevistados en el trabajo de campo.

La propuesta analítica de este trabajo implica trazar puentes y diálogos entre dos mundos que aparecen desconectados. Esto no solo se explica por la impronta que adquirió el programa desde sus comienzos y las particularidades de las cooperativas, sino que dejamos aquí planteado el desacople entre el universo de decisores en materia de programas sociales y el heterogéneo y fragmentado sector de la economía social y solidaria, en general, y en particular, del cooperativismo de trabajo en Argentina[88] que tuvo limitadas posibilidades para acompañar estas nuevas experiencias y dificultades para contribuir (dada la masividad de las cooperativas bajo programa) en la enseñanza de valores, las prácticas y la administración de cooperativas, así como para guiar las trayectorias de aprendizaje de autonomía y autogestión, al tiempo que parte del sector del “cooperativismo tradicional” se mostró reticente a estas experiencias por considerarlas una mera imposición o formalidad para contraprestar y cumplir con las exigencias del programa.

Por último, hacia finales de 2015 y de manera muy incipiente, el MDS inició una instancia de reordenamiento de las cooperativas del PRIST-AT y EH, no solo sobre cuestiones jurídico-administrativas, sino también para relevar saberes, intereses y permitir que las personas migraran hacia cooperativas en donde se sintieran más a gusto en función de intereses comunes, cercanía a sus hogares, y hasta habilitó la posibilidad de llevar adelante emprendimientos productivos por fuera de los objetivos explícitos para las cooperativas. En líneas generales, hasta ese entonces las mujeres del EH podían involucrarse en tres grupos, más allá de los casos en que puedan coincidir: el del curso FINES, el de las capacitaciones y el de las diplomaturas. En este sentido, se les brindaba la posibilidad de elegir con quienes rearmar la cooperativa. Como se sabe, este proceso quedó trunco ante el cambio de gestión de gobierno.

 

Reflexiones finales

“Ellas Hacen” es un programa social cuyo análisis nos permite reactualizar discusiones sobre las exigencias que tienen las madres cuando reciben transferencias por parte del Estado. Desde su origen en 2013, el programa EH se aproxima por momentos a esquemas propios de experiencias previas argentinas y regionales surgidas hacia mediados de los años 90, principalmente por la impronta del fortalecimiento del capital humano y social a través de un esquema de contraprestaciones educativas y laborales. También, se combina con la Asignación Universal por Hijo, como política de la seguridad social no contributiva que transfiere ingresos y suma al esquema de contraprestaciones un conjunto de exigencias vinculadas con el cuidado de los hijos (condicionalidades de salud y educación). Sin lugar a dudas, EH implicó una ruptura (junto con el PRIST-AT) al proponer como novedad la creación de cooperativas de trabajo, en este caso, específicamente destinadas a mujeres en situación de pobreza, o que atravesaban situaciones de violencia. Dejamos anotadas, entonces, tres reflexiones finales.

Primero, los diferentes actores entrevistados, los informes oficiales y también la producción académica sobre el programa que capta las voces de las destinatarias del EH destacan el valor de la construcción de espacios colectivos. Esta suerte de grupalidad, de encuentro con otras mujeres o con capacitadores, docentes y operadores del MDS se coloca en el centro de la escena a la hora de obtener mayor reconocimiento y fortalecer vínculos, sobre todo para el caso de mujeres víctimas de violencia.

Segundo, los problemas asociados con una deficiente y fragmentada oferta de servicios de infraestructura de cuidado por parte del Estado, en general, pero concretamente la omisión de este componente en el diseño del EH, son una dimensión recurrente en el trabajo de campo. De hecho, cualquier actividad requerida a las mujeres se ve tensionada por las propias tareas de cuidado, aspecto que emerge como principal a la hora de evaluar los altos niveles de ausentismo de las mujeres en las capacitaciones. En este punto, remarcamos que no hubo esquemas que plantearan a las propias cooperativas como espacios de provisión de estos servicios.

Esto contrasta con visiones que incorporamos provenientes de los estudios sobre cooperativismo y género que resaltan las potencialidades de esta forma organizativa, su carácter autogestivo, la implicancia de los valores y los principios cooperativos para promover relaciones de reciprocidad, de reconocimiento y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así como las oportunidades para intervenir y decidir en espacios públicos para las mujeres. El EH no llegó a potenciar esta dimensión. Esto parece explicarse no solo por las propias particularidades del programa y de la masificación de las cooperativas, sino sobre todo por el desacople entre este campo y el universo del cooperativismo o los actores que traccionan regional e internacionalmente las discusiones sobre cooperativismo social. Ese desacople en muchos casos se explica por la resistencia por parte del funcionariado del MDS a la coproducción de políticas para este sector, es decir, a la mayor injerencia del movimiento cooperativo para acompañar a las nuevas organizaciones.

Tercer y último punto, en esta línea, los cambios introducidos por la gestión de Cambiemos no innovan en clave de la problemática de cuidado que atraviesan estas mujeres.[89] Se refuerza con las últimas reformas una tendencia hacia la salida desde trayectorias de capacitación-educación individual, ahora sí por fuera de todo intento cooperativo y desactivando además los espacios de encuentro “precooperativos” de construcción de grupalidad y reconocimiento, en un contexto de paralización de actividades que fue conformando el escenario para el giro hacia un típico “programa de transferencias de ingresos condicionada”.[90]

Además, la impronta del capital humano y la empleabilidad afloraron con más fuerza normativa y a nivel discursivo con contenidos cada vez menos orientados a temáticas tendientes a la organización comunitaria, participación social y articulación colectiva, y atravesados por miradas estereotipadas de las mujeres, lo cual, como remarcan las personas entrevistadas, se puede observar en los lanzamientos de actividades denominadas “belleza para el futuro” o en las formaciones orientadas al desarrollo de “habilidades socioemocionales” (vinculadas con la perseverancia, con el grado en que la persona lucha por seguir metas de corto y largo plazo).[91] Todo esto se cristaliza institucionalmente como coordinación que reemplaza la unidad a cargo de la línea EH, denominada inicialmente “Hacemos futuro juntas”, que a principios de 2018 fue sustituida por la “Coordinación de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales”, dependiente de la Dirección de Formación para los actores de la economía popular de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras de la Secretaría de Economía Social.

En apretada síntesis, estas transformaciones impactan en la dimensión relacional del programa y en la capacidad organizativa y asociativa de las mujeres. Para muchas de ellas, el EH significaba el acceso al espacio público, a la vez que los espacios colectivos operaban como instancias reflexivas sobre sus propias trayectorias de vida o como momentos de encuentro con otras mujeres y con otros actores sociales (capacitadores y burocracias intermedias del MDS). Estos elementos eran una oportunidad para pensar proyectos colectivamente, base fundamental en el camino hacia el armado de las cooperativas, ideario que se disuelve con la propuesta “Hacemos futuro”.

 

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