El papel de los sindicatos en el surgimiento de las empresas recuperadas por los trabajadores en la República Argentina

 

Diego Bentosela[1]

 

Artículo arbitrado

Fecha de recepción: 21/03/2017

Fecha de aprobación: 28/02/2018

 

Resumen

Las políticas neoliberales ejecutadas durante la década del 90 por el gobierno de Menem y la posterior crisis económica del año 2001 fueron impulsores que motivaron el surgimiento de las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) como una de las principales alternativas para los trabajadores y las trabajadoras, con el afán de conservar sus fuentes laborales. Esta fue una lucha difícil que algunos y algunas se animaron a afrontar y una que la mayoría debió hacer sin la asistencia de los respectivos sindicatos. Este trabajo intenta esclarecer cuál fue el papel de los mismos durante esos momentos críticos del país en el que se originaron las mencionadas empresas autogestionadas. Más en concreto, saber si los sindicatos fueron simplemente uno más de los componentes de la sociedad capitalista y su poder de acción se reduce a esta única circunstancia, o si, por el contrario, han mostrado la flexibilidad orgánica que les posibilitó trasladarse más allá de cualquier sistema y, en consecuencia, mantener su objetivo primordial, esto es, el cuidado y el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras sin importar el contexto político, económico y social.

 

Palabras clave: autogestión, sindicatos, trabajo

 

Resumo

Os políticos neo liberáis executados durante a década dos 90 para o governo de Menem e a crise posterior econômica do ano 2001 eram amáveis de uns instigadores, que motivaram o aparecimento de as companhias recuperadas pelos trabalhadores gostam um das alternativas principais para os trabalhadores com o desejo de conservar as fontes de trabalho deles/delas. Sem dúvida, uma briga difícil que alguns se animaram para confrontar e no um que a maioria deveria fazer isto sem a freqüência das uniões respectivas. Este trabalho tenta clarificar que era o papel do mesmo durante esses momentos críticos do país no qual você eles teve origem as companhias mencionadas carro-negociadas. Mais em resumo, se as uniões são um mais que os componentes da sociedade capitalista e as diminuições de poder de ação delas para isto só circunstância, ou se pelo contrário, eles mostraram a flexibilidade orgânica que os facilitou mover além de qualquer sistema e por conseguinte, manter seu objetivo primordial, é este, o cuidado e o bem-estar dos trabalhadores sem desejar o contexto político, econômico e social.

 

Palavras teclam: autogestão, uniões, trabalho

 

Introducción

La crisis política y económica sufrida en nuestro país a principios del nuevo milenio propulsó la instauración de una gran cantidad de empresas recuperadas por los trabajadores (ERT). La profunda crisis que marcó el fin de la convertibilidad y la caída del gobierno de la Alianza cerró un ciclo de la historia argentina reciente iniciado tras la crisis hiperinflacionaria de 1989.[2] La mencionada crisis del 2001 en la Argentina fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular, que causó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, lo que dio lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron la Presidencia de la Nación. Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política.

Lo cierto es que el desempleo llegó casi al 20%, y muchos movimientos como el piquetero y las ERT surgirían a lo largo del país como estrategia de autodefensa de diversos grupos poblacionales frente a la destrucción masiva de puestos de trabajo públicos y privados que propiciara la convertibilidad, y la total imposibilidad de insertarse en un aparato productivo en constante achicamiento. Desde 1998, los indicadores económicos y sociales no dejaron de retroceder permanentemente: cayeron el nivel de actividad, el empleo, los ingresos y las finanzas públicas.[3] En este escenario, miles de asalariados, más de diez mil, se hicieron cargo de alrededor de doscientas empresas con procesos de quiebra, cierre o importantes incumplimientos del contrato salarial con sus trabajadores y trabajadoras.[4] A partir de la crisis de diciembre de 2001, surgieron estas empresas (ERT) que pueden asociarse a una ruptura con el concepto de empresa capitalista, y que llamaron la atención de los especialistas como uno de los movimientos sociales desatados en ese período, junto con los piqueteros y las asambleas barriales.

Más tarde, las recuperaciones por todo el país se multiplicaron, y tomaron estado público las de Brukman, Zanón o IMPA, y fueron apoyadas por otros compañeros y compañeras de las nuevas empresas que cerraban, que compartían las experiencias de lucha y juntaban fondos para sostener las situaciones iniciales de ocupación. En este trabajo, el interés no está centrado directamente en las conformaciones de las empresas recuperadas, sino que el objetivo es describir el papel de los sindicatos cuando se originaron las empresas autogestionadas.

De acuerdo con esto, a varios años del surgimiento de la mayoría de las ERT, es relevante analizar los aportes y las contribuciones que los sindicatos harían para el desarrollo y funcionamiento de las mismas. Para ello, se tiene en cuenta su papel no solo como asesores y consejeros en distintos aspectos, sino también como proveedores, compradores, etc., sin olvidar la protección social que pueden brindar a los trabajadores y a las trabajadoras. En este sentido, se espera conocer las posibles intervenciones de los sindicatos en las ERT: a) si lo sindicatos estuvieron al margen del surgimiento de las ERT; b) si se opusieron al nacimiento de las mismas; o c) si fueron parte de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras para recuperar las empresas.

Para abordar el objetivo propuesto, se desarrollan los siguientes temas. En primer lugar, se explora el surgimiento de las ERT y el papel de los sindicatos en el escenario neoliberal de ese momento. En segundo lugar, se describe el camino de la autogestión recorrido por las ERT. En tercer lugar, se presentan dos ejemplos que ilustran la presencia sindical en el origen de las ERT (los casos de Adabor y Zanón). Y, finalmente, se analizan los posibles puntos de intervención de los sindicatos en las ERT.

Para dar cuenta de esta problemática optamos por una metodología cualitativa. Este trabajo tiene una finalidad descriptiva-explicativa:[5] descriptiva, en tanto se propone dar cuenta de la relación entre la recuperación de empresas y el movimiento sindical; y explicativa, ya que aspira dar a conocer, a entender y a explicar estas relaciones. Se describen dos casos para ilustrar estas relaciones, y se utilizan datos secundarios recogidos de otras investigaciones sobre este tema.

 

Las ERT, una respuesta a la crisis económica de los años 90. ¿Y los sindicatos?

Durante la última etapa de los años 90 y los primeros años del nuevo siglo, se experimentó en la República Argentina un movimiento social, económico, político, jurídico y cultural, como consecuencia de las distintas crisis sufridas en el país durante esos momentos. Parte de dicho movimiento tomó el formato de empresas recuperadas por los trabajadores (ERT), con el objetivo de defender sus fuentes de trabajo que se encontraban en peligro. Es decir, un conjunto de procesos sociales, de dinámicas políticas, de estrategias jurídicas y de desarrollos económicos que conformaron una respuesta a la sistemática destrucción del aparato productivo nacional reflejado en la pérdida de miles de puestos de trabajo originados en la política económica neoliberal, y que para los observadores científicos se transformó en un fenómeno interesante para analizar, sobre todo por su complejidad.

En una primera instancia, vamos a definir lo que es una ERT, y para ello recurriremos a Andrés Ruggeri cuando dice que esta se conforma mediante un proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa capitalista anterior, y “cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad movilizó a sus trabajadores a una lucha por su puesta en marcha bajo formas autogestionarias”.[6] Por lo general, estas empresas recuperadas adoptan la forma de una cooperativa de trabajo, ya que esta manera legal es la única, de nuestra legislación, que permite el desarrollo de prácticas colectivas. La forma a través de la cual surgen las empresas recuperadas exige una toma de posición por parte de los actores sociales y políticos. Si bien en todos los casos, los trabajadores y las trabajadoras son los y las protagonistas de la recuperación, participan de diversas formas el Estado, los partidos políticos, las organizaciones sociales, la comunidad local y los movimientos sindicales.[7]

Ahora que hemos establecido, de una manera muy sintética, qué es una ERT, podemos avanzar en busca de las posturas tomadas por los diferentes sindicatos en el nacimiento de las recuperadas, o mejor dicho, en la lucha que los trabajadores y las trabajadoras sostuvieron hasta llegar a la puesta en funcionamiento nuevamente. Vale la pena mencionar que la conformación de las ERT, esto es, la ocupación y la puesta en producción de las fábricas, no ha sido, en su mayoría, deseada o buscada por los propios trabajadores o trabajadoras, sino por el contrario, se han visto forzados a hacerlo por la necesidad de la conservación de sus empleos. Además de esto, hay que agregar el carácter agresivo que manifiesta el capitalismo, ya que uno de los fundamentos intocables de la sociedad capitalista es la propiedad privada y eso es justamente de lo que se apropia una ERT, de los medios de producción que pertenecen o pertenecían a un capitalista. En muchos casos, esta lucha se emprendió sin ayuda gremial y, en este sentido, fueron atacadas duramente, ya que la forma que adoptó el reclamo en las empresas recuperadas no encontraba representación bajo los procedimientos tradicionalmente defendidos por las estructuras sindicales.

En contra del proceso de conformación de las ERT, se alinearon diferentes identidades sociales tales como los patrones afectados, algunos funcionarios judiciales, algunos intelectuales representantes del capital, cuadros políticos de la burguesía, y también otros trabajadores y trabajadoras que no rompieron la relación con sus patrones.[8] En el caso del sindicalismo, podría deberse, en parte, a que las ERT sobrepasaban las demandas de los sindicatos, que tradicionalmente no suelen cuestionar la propiedad privada.

Los sindicatos se erigen como representantes del conjunto de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras en el capitalismo, y esta mediación es no solo legítima sino necesaria debido a la asimetría que existe entre el capital y el trabajo.^[9] Según el “Manual sindical” (la guía sindical argentina), el sindicato es una organización representante de los trabajadores de una misma actividad, sector o profesión, que surge a partir de la unión de los trabajadores en asociaciones para garantizar la defensa de sus intereses comunes, de sus salarios y de las condiciones laborales.^[10] Según esta guía, entre las preocupaciones primarias de los sindicatos se encuentran: el tema salarial, la jornada laboral, la salud y la seguridad en el trabajo, mejorar la calidad de vida de los representados, la seguridad social (seguro de enfermedad, seguro de desempleo, asignaciones familiares, jubilación en tiempo o anticipada, etc.). A partir de ahí, la mirada de la organización gremial se dirige a proyectar y a poner en práctica otras actividades que hacen al futuro de la familia trabajadora y de la misma organización, como el reentrenamiento laboral en las nuevas maquinarias y tecnologías, la capacitación de los trabajadores en los distintos órdenes, la formación de cuadros sindicales para la renovación de las conducciones, y el adoctrinamiento por una justicia social para los trabajadores.

Además, algunos de los fines del sindicato estarían orientados a defender los intereses de sus representados; a brindar asistencia en la atención y prevención de la salud, y prestar todo tipo de servicios sociales que estén a su alcance; así como también a buscar mejoras y progresos permanentes para la realización personal y profesional de los trabajadores y de sus familias; y tomar la iniciativa en la lucha por la recuperación de los derechos adquiridos y acciones por nuevas conquistas sociales.

Por último, es importante señalar que de acuerdo al “Manual sindical” los sindicatos también deben promover la sindicalización como la participación de los trabajadores dentro de la organización, y del propio sindicato dentro de la sociedad con voz y voto a la hora de opinar sobre las cuestiones sociales, tomar decisiones en el terreno político, y en la definición de políticas productivas para mantener el nivel de empleo existente y en lo posible generar nuevas fuentes y puestos de trabajo. Del mismo modo, esta participación y protagonismo del sindicato como actor social dentro de la sociedad debe ser inclaudicable cuando se trate de enfrentar situaciones que avasallen el marco constitucional y legal al instaurar medidas de carácter regresivo que vayan contra un modelo de país con justicia social.

Por lo tanto, sería esperable un apoyo incondicional de estos hacia los trabajadores y las trabajadoras que se enfrentaron, ante la posible pérdida del empleo, no solo con la desaparición de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, sino también a la avaricia del capital y todo su andamiaje protector. Con lo observado, es válido realizarse la pregunta: ¿Por qué basar nuestro enfoque en los sindicatos cuando el centro de la cuestión se encuentra en las empresas recuperadas? La respuesta puede encontrarse en que la cuestión sindical es importante para la observación del proceso que culminó con la conformación de las ERT, proceso que, con la puesta en marcha de las mismas, se reconfiguró, pues a poco más de una década de funcionamiento de la mayoría de ellas, aún se muestran en estructuración, ya que se encuentran insertas en medio de una economía capitalista que les marca, de alguna manera, las reglas del juego que deben seguir.

En un principio, la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT) vio la recuperación de empresas como un fenómeno ajeno y hasta le temía, por considerar que los trabajadores autogestionados eran autónomos, no aportaban al sindicato y rompían con el paradigma de la lucha sindical. Existieron casos en los que el propio sindicato, a veces aliado a la patronal, pidió el cierre de la fábrica y obstaculizó el surgimiento de la cooperativa.[11]

Las empresas recuperadas en forma de cooperativa por parte de sus trabajadores y trabajadoras surgen muchas veces en el marco de una lucha sindical, no obstante, suponen una transformación en el “repertorio clásico” de acción colectiva de los obreros. Trascienden la oposición y el conflicto en reclamo por mejoras salariales y ponen en juego la construcción de autonomía e identidad del trabajo. Se trata, ya no de un movimiento de oposición, sino de un crecimiento significativo en identidad y autonomía.[12] En relación a esto, Rolf Heinze[13] afirma que además de las dificultades provocadas por los procesos de desindustrialización y desregulación creciente de las relaciones laborales, agravadas por los no menos significativos cambios tecnológicos y organizativos, las experiencias de las ERT suponen un desafío adicional para el movimiento sindical. No se trata de un problema coyuntural, sino que tiene que ver con un cambio estructural que afecta profundamente a la composición social y a la organización de la “sociedad laboral” industrial, por lo tanto, a los propios sindicatos.[14]

En su derrotero, se puede advertir que la tradición sindical fue moldeada durante la década del 40, en torno a la adscripción al movimiento peronista, que prácticamente introdujo dentro del Estado a las estructuras sindicales al cooptarlas.[15] Más tarde, en septiembre de 1955, una coalición de militares y civiles derrocó al presidente Juan Perón mediante un golpe de Estado al que denominaron “La Revolución Libertadora”. A partir de entonces, y hasta 1973, se sucedieron una serie de Gobiernos constitucionales débiles, condicionados o marcados por la ilegitimidad y controlados por las Fuerzas Armadas. Ante esta situación, la CGT y las 62 organizaciones peronistas, surgidas en 1957 como brazo político del peronismo, tomaron una actitud de compromiso ante la proscripción del peronismo y el deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras. A pesar de las aspiraciones obreras, la CGT no se normalizó sino hasta enero de 1963.[16]

Durante la presidencia de Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia (de 1958 a 1966), el desempeño sindical fue altamente combativo ya que sus respectivos gobiernos sufrieron los embates de la lucha organizada del sindicalismo de la CGT, aunque el peronismo estuviera proscrito o hubiese divisiones internas y antagónicas en él. El rol fundamental del movimiento obrero, entre 1955 y 1973, residió en su activa política de oposición política y gremial a las políticas de ajuste que en diversos momentos impulsaron quienes tenían a su cargo la administración de la economía argentina. Luego, de 1973, con el regreso de Perón al país y su elección como presidente, el movimiento obrero volvió a ocupar un lugar central en la política nacional, aunque los problemas económicos, la muerte de Perón y los conflictos internos del peronismo generaron las condiciones para un nuevo golpe militar. Con el fin de limitar al movimiento obrero, algunos sectores empresarios fomentaron el golpe militar que el 24 de marzo de 1976 derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, lo que inició el autodenominado “proceso de reorganización nacional”.

El plan represivo implementado por este Gobierno militar sobre el movimiento obrero resultó necesario para poder iniciar una reforma económica de carácter neoliberal y cuyo rasgo principal fue crear un sistema económico organizado alrededor del circuito financiero de tipo especulativo, en perjuicio de los sectores productivos fabriles. El ataque de la dictadura sobre el movimiento obrero afectó las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y de las trabajadoras. Por ejemplo, los salarios pasaron de representar el 42% del PBI en 1974, al 25% en 1976 y al 19% en 1981. Asimismo, el proceso desindustrializador elevó la desocupación hasta un 9%, lo que dio inicio a un fenómeno social antes desconocido. Durante los años de la dictadura, el Gobierno militar buscó por todos los medios destruir el “poder sindical” y restablecer la “disciplina laboral”. Con ese fin, casi todos los sindicatos fueron intervenidos y se disolvió la CGT.[17] Sin duda, esto provocó que, con la vuelta a la democracia en 1983, el regreso a la legalidad de los sindicatos fuera de la mano con la aparición de nuevos cuadros con una casi nula experiencia y con poco fogueo en la materia, además de la falta de disposición a la lucha. Esto quedó en evidencia en la década del 90 durante el gobierno de Carlos Menem en el cual, con la anuencia de la CGT, se pusieron en práctica las políticas neoliberales recetadas por los diferentes organismos internacionales como el FMI, lo que produjo un impacto irrecuperable en las vidas de miles de trabajadores y trabajadoras, que marcó una de las épocas más oscuras para el movimiento obrero argentino.

Durante la gobernación menemista, muchos dirigentes políticos del Partido Justicialista accedieron a los cargos públicos en diversas áreas del Estado y prefirieron consolidar su poder político al elegir redes clientelares antes que las organizaciones sindicales. Un ejemplo de esta situación está representado por el número de dirigentes sindicales en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que en 1983 ocupaban 28 bancas sobre 111 del justicialismo, en 2001 solo tenían tres legisladores sobre 118. Este proceso permite apreciar el debilitamiento de las organizaciones obreras, en especial a partir de la abrupta caída en la cantidad de afiliados y afiliadas como consecuencia directa del crecimiento de la desocupación, en especial durante la etapa 1990-2001. En ese período, el gobierno de Carlos Menem continuó con el proceso de desindustrialización que se había iniciado durante la dictadura militar de 1976 a 1983, lo que provocó un aumento de la desocupación que llegó a superar el 20%.[18]

 

El camino de la autogestión

Tomando como punto de partida el hecho de que fueron los propios trabajadores y trabajadoras quienes impulsaron la recuperación de las diferentes empresas, nos encontramos con que a pesar de que la organización sindical les brindó una experiencia organizativa con las cuales moverse dentro del nuevo paradigma, aun así una gran mayoría no reconoció como positiva la presencia del sindicato en el conflicto, incluso en algunos casos, existió rechazo con los delegados de base, situación que evidentemente puso en crisis y expuso de manera cruda las prácticas sindicales hegemónicas. Tan solo la mitad de las ERT reconoce un papel positivo a la presencia del sindicato durante el conflicto. Según Ruggeri,[19] esta conducta llevó a que la mayoría de las empresas gestionadas por los trabajadores no conservase una relación orgánica con sus antiguos gremios.

Según el Tercer y Cuarto Relevamiento de Empresas Recuperadas en Argentina, realizado por el Programa Facultad Abierta en los años 2010 y 2014, respectivamente, se demostró que un 87% de los trabajadores y trabajadoras de las ERT mencionaron haber estado sindicalizados previamente a la recuperación; y ante la pregunta acerca del rol asumido por los delegados durante el conflicto, se mostró que solo un 43% había tenido un rol activo sea en la organización de los trabajadores o en la conformación de la cooperativa. Otro 28% de las respuestas señaló que el delegado no tuvo “ningún rol”. Podría decirse que estos mantuvieron una actitud pasiva frente al conflicto y la recuperación.[20]

Además, cuando se les consultó a los trabajadores acerca de la actuación de la estructura gremial, la respuesta fue negativa ya que solo un 20% rescató un rol de apoyo activo, mientras que un 6% sostuvo que ese apoyo fue “oportunista”, un 9% declaró que el apoyo se basó en asesoramiento legal; un 4% reflejó un apoyo parcial, a través de comida y logística durante el conflicto y el mantenimiento de la red de seguridad social, y por último, un 5% señaló que obtuvieron apoyo sindical al comienzo del proceso pero que luego desapareció, al encaminarse la resolución del conflicto por fuera de los ámbitos de actuación gremial tradicionales. Si ahora sumamos todas estas variantes, se llega a un 44% de algún tipo de apoyo, mientras que, por otro lado, aparece un contundente 42% que afirma que el sindicato no jugó ningún rol en el conflicto y abandonó a su suerte a los trabajadores, y un 8% habla de un apoyo directo a la patronal.[21]

En el relevamiento del 2014, se verificó en cuanto a la relación actual de las ERT con sus sindicatos, que en un 54% de los casos el vínculo se mantuvo, frente a un 45% que se encontró en el relevamiento de 2010. El cambio más notable entre un relevamiento y otro se observa en el tipo de relación, es decir, entre los trabajadores de las ERT y los sindicatos. En el 2014, se vio que en un 47% de los casos, los trabajadores seguían afiliados al sindicato con plenos derechos, y que en un 33% basaban su relación principalmente en el uso de la obra social. En el relevamiento anterior, los porcentajes eran de 36% y 49%, respectivamente, por lo que el tipo de relación principal prácticamente se invirtió. En cuanto al rol de los sindicatos durante el conflicto, podemos agrupar los datos según tres actitudes diferentes: apoyo: 64%; indiferencia: 22% y oposición: 14%.[22] Estos datos dan cuenta de que los trabajadores observan que con el tiempo se consolida la relación entre las ERT y los sindicatos, y que, según su perspectiva, hubo apoyo en más de la mitad de las empresas.

Por otro lado, según Palomino,[23] los sindicatos no se comportaron uniformemente. Hubo algunos que alentaron y hasta protagonizaron este tipo de experiencias al ofrecer una respuesta rápida y concreta de acompañamiento a los trabajadores, pero hubo otros, la mayoría, que se debatieron entre la ambigüedad y el abandono a sus afiliados. Partamos de la última de las opciones, es decir, del caso en donde los sindicatos permanecieron al margen de los procesos de recuperación, y cuestionaron incluso las acciones desarrolladas por los trabajadores. Para que esto resulte comprensible, no debemos olvidar que el fundamento originario del sindicalismo en la Argentina y también en el mundo es el de defender las fuentes de trabajo ante el capital. Sin embargo, en el caso de que un trabajador fuese despedido o perdiese su condición de asalariado, el accionar sindical también implica que el gremio le permita continuar participando de las reuniones gremiales y, fundamentalmente, le posibilite mantener su obra social y la de su familia. Es decir, se le mantiene la cobertura y se lo impulsa a una reubicación en el mercado laboral. Hasta que esto suceda, por lo general no se abandona al trabajador. La posibilidad de la autogestión surgió, muchas veces, de los propios delegados gremiales de base frente al inminente cierre de la empresa, y por eso las representaciones de los asalariados y de los obreros de las empresas recuperadas no difieren sustancialmente.[24]

En consecuencia y según Arias,[25] se pueden identificar en la historia de los nacimientos de las ERT dos posibles estrategias de los sindicatos al enfrentar la constitución de una ERT: un sindicato no implicado, descripto en la mayoría de las situaciones y que da cuenta de la ausencia del sindicato en el momento de la recuperación de la unidad productiva y, junto a esto, el no reconocimiento de los trabajadores como potenciales miembros del sindicato. Por otro lado, podemos encontrarnos con un sindicato implicado, que, por el contrario, representa a aquellos que propulsaron los procesos de recuperación y que continúan otorgando asistencia a los trabajadores de las fábricas recuperadas.

En este caso, y en ausencia de los sindicatos, las ERT fueron apoyadas por organizaciones que nuclean a las empresas recuperadas, tales como el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), la Federación ACTRA y la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA). Estos movimientos respondieron a los pedidos de estos colectivos, difundieron la experiencia de recuperación de diversos puestos de trabajo y representaron apoyo político, económico y jurídico para autogestionar las unidades productivas.[26]

En el mismo sentido, uno de los temas en donde los sindicatos hacen mayor hincapié para negar el apoyo se encuentra en el hecho de la conformación de la cooperativa de trabajo. Es sabido que se trata de la única forma legal que se admite en Argentina para el desarrollo de prácticas colectivas. Es más, una de las razones de este rechazo radica en que muchas de las cooperativas existentes son falsas y creadas a partir de maniobras empresariales para precarizar a los trabajadores, ya que encubren rebajas de salarios y quita de aportes patronales a las cargas sociales.[27] Además, también es cierto que un trabajador autogestionado y miembro de la cooperativa, en algún punto, es “dueño” de la misma y esto lo apartaría de la cobertura sindical. Sin embargo, esta cuestión muestra lo poco flexible y el carácter monolítico de sus estructuras que no supieron, no pudieron o no quisieron ser parte de los cambios que el devenir histórico trajo a nuestro país.

Para una mejor comprensión de este punto, podemos definir lo que es una cooperativa según Alianza Cooperativa Internacional (ACI):

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

 

Para seguir profundizando, podemos citar a Drimer y Kaplan quienes definen a una cooperativa de trabajo como a aquellas que:

 

agrupan a trabajadores manuales o intelectuales (obreros, técnicos, profesionales, etc.) y se proponen fundamentalmente el ejercicio en común de sus tareas productivas, oficios o profesiones, con el objeto de proporcionarles fuentes de ocupación estables y convenientes.[28]

 

Con estas definiciones podemos ahora intentar separar una cooperativa per se de una ERT. Para tal fin nos basaremos en Slutzky, Di Loreto y Rofman[29] quienes señalan tres coyunturas que, en nuestro país y en los últimos años, propiciaron una multiplicación de estas entidades. En primer lugar, la oleada de privatizaciones, durante el período 1990-1993, en la cual muchos trabajadores y trabajadoras del sector público se vieron arrojados al desempleo. El segundo momento corresponde a los años posteriores a la crisis del tequila, que ocasionó el cierre de numerosas industrias. Por último, ya en los primeros años de este siglo, las cooperativas que se formaron luego del quiebre o abandono de las empresas por parte de los dueños.

En los dos primeros momentos señalados por los autores, nos encontramos con trabajadores y trabajadoras que deciden realizar emprendimientos autogestivos, y para ello conforman cooperativas de trabajo. Por el contrario, en el tercer período, la conformación de esta supone un momento previo de conflicto entre los dueños anteriores y los trabajadores y las trabajadoras, que pretenden recuperar la unidad productiva y lograr la expropiación de esta o de las maquinarias. Es decir, en el caso de las fábricas recuperadas, la conformación de la cooperativa es subsidiaria de la recuperación. En consecuencia, el análisis de la vinculación de las estructuras sindicales con experiencias cooperativas no necesariamente se ajusta a aquel que podría hacerse con relación a las empresas recuperadas, ya que su conformación no da cuenta de un espíritu cooperativista o solidario, ni tampoco se asientan en presupuestos de la economía social o “alternativa”. Por el contrario, son respuestas de resistencia colectiva a un particular momento de la relación, siempre conflictiva, entre el capital y el trabajo. Sin duda, es indispensable tener presentes las configuraciones que se trazan en cada uno de los casos para desplazar, de alguna manera, la estrategia sindical de tomar como “dueño” al trabajador de una empresa recuperada. Por lo tanto, puede decirse que el comportamiento sindical frente a una situación novedosa, como lo fueron en su momento las ERT, es de tal perplejidad que dificulta dar respuesta a estas demandas.

 

Adabor y Zanón, una pequeña muestra de presencia sindical en el origen de las ERT

Como veremos, hubo sindicatos que, al contrario de la gran mayoría, fueron pioneros con respecto al reconocimiento de los trabajadores autogestionados como parte de su colectivo de representación. Tales son los casos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Quilmes, y la Federación Gráfica Bonaerense. En este último caso, ellos han cambiado su postura inicial con respecto a las ERT, ya que en un primer momento no brindaron su apoyo a estas experiencias, pero en la actualidad se convirtieron en promotores de las empresas recuperadas.[30]

Otro de ellos es la fábrica de Cerámicos neuquina Zanón, cuyos trabajadores y trabajadoras fueron testigos de una acción sindical en un doble sentido, es decir, a favor y en contra de ellos y de ellas. El 43% de las ERT manifestó que el cuerpo de delgados cumplió un rol activo durante la recuperación,[31] es decir que en el momento de la formación de las ERT no existió un apoyo orgánico de los sindicatos, sino que en una gran cantidad de casos (43%) fue llevado adelante por los delegados de las comisiones internas que contaban con cierta experiencia organizativa. En estas situaciones, los delegados impulsaron la toma en reclamo de las prestaciones adeudadas que luego, frente a la falta de respuesta por parte de la patronal, desemboca en la puesta en producción por parte de los trabajadores y de las trabajadoras de la unidad productiva. La experiencia política y el acceso a la información que tienen los delegados gremiales, quienes parten de su propia experiencia sindical, se han transformado en una herramienta fundamental para guiar al resto de sus compañeros y compañeras en los procesos de recuperación de empresas, una vez agotadas todas las instancias gremiales. A continuación, analizaremos el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Quilmes, y el de Zanón.

El primero de ellos que veremos es el de la empresa Adabor, cuyos trabajadores y trabajadoras siderúrgicos estaban afiliados a la UOM, uno de los principales sindicatos argentinos, con una gran cantidad de afiliados. Sin embargo, en el caso de esta empresa, el apoyo sindical estuvo dado solo por la Seccional Quilmes, quienes llevaron adelante y mantuvieron, desde mediados de la década del 80, una estrategia que los llevó a ser protagonistas en la recuperación de esta empresa, como un medio para sostener las fuentes laborales. La mencionada estrategia se desarrolló para tratar de paliar los efectos perversos que se fueron manifestando con las crisis de los distintos sectores de la industria nacional. Según Wyczykier,[32] se puede contar la historia que culminó con la Cooperativa de Trabajo Adabor: en los años 70, esta empresa, Propulsora (propiedad del grupo Techin) y Somisa eran las únicas tres empresas que existían en el país en la elaboración de acero plano. La más pequeña era Adabor, que había conseguido producir estos materiales por haber ingresado al Plan Siderúrgico Nacional, y que con un crédito del Banade logró comprar un laminador de marca japonesa, con tecnología muy moderna, mucho más que la que tenía Propulsora, y así poder realizar el ciclo productivo completo con la materia prima y agregar la elaboración de acero inoxidable (elaboración que no se hacía en el país). Adabor comenzó así a ganarle mercado a Propulsora, lo que dio origen a una “guerra comercial”.[33]

Por otro lado, la seccional UOM de Quilmes había mantenido, desde el inicio de la conducción gremial en 1984 (es decir, la corriente Felipe Vallese cuyo máximo referente era Francisco “Barba” Gutiérrez, muy diferente en cuanto a la política y a la orientación con respecto a la conducción general del sindicato), una actitud combativa contra el dueño de Adabor por los incumplimientos laborales con los trabajadores y las trabajadoras. Más tarde, en el gobierno de Menem, se produjo el quiebre de Adabor, en parte impulsado por deudas contraídas al no poder comprar materias primas a precios diferenciales, situación que fue generada por el grupo Techin que presionó al Estado para que esto sucediera. Luego, aprovechó la quiebra para comprarle a Banade el crédito del laminador. La estrategia comercial con respecto a la fábrica no era hacerla retomar la producción, sino únicamente quedarse con el laminador para sacarlo del país.

Los dirigentes gremiales de la UOM Quilmes se dieron cuenta de que, casi como una única alternativa, el sostenimiento de la fuente de trabajo se conseguiría a través de la lucha por la constitución de una asociación de trabajadores que en forma autogestionada pudiera hacerse cargo de esta empresa. Allí empezaron las negociaciones con Techin por un lado, y con el dueño de Adabor por otro, con el que llegaron a un acuerdo. Él les cedió parte de sus acciones a los trabajadores y a las trabajadoras de la fábrica, y un mínimo porcentaje a la UOM, para que pudieran presentarse a discutir en el proceso de quiebra. De esta forma, este empresario podría obtener algo de dinero correspondiente a la parte de sus acciones, si la resolución del conflicto resultaba favorable. Ello permitió que los trabajadores y las trabajadoras de Adabor, la UOM y Techin se pudieran sentar a discutir como socios y socias de la empresa quebrada.

Finalmente, lograron llegar a un acuerdo con la empresa Techin, cuando el sindicato supo que esta solo quería apropiarse del laminador para enviarlo a producir a otro lugar. Techin, entonces, propuso a los trabajadores y a las trabajadoras de Adabor entregarles la parte de producción de la fábrica. Incluso, la mencionada empresa proveería la chapa a este grupo de trabajadores y trabajadoras, a un precio más bajo que en el mercado, con un crédito por un año, y les otorgaban la titularidad del inmueble y las maquinarias. El terreno se concedía con un sistema de alquiler con opción de compra a los trabajadores y a las trabajadoras, que nunca llegaron a abonar. Si el proyecto fracasaba, Techin se quedaría con el terreno para impedir que se instalara la competencia. El sindicato exigió, entonces, un año gratis de chapa, más un año de salarios para los trabajadores y las trabajadoras, y el dinero por juicios laborales que tenía pendiente Adabor, junto con el 100% de las indemnizaciones para los trabajadores y las trabajadoras. Sumado a ello, la titularidad de las maquinas ofrecida por Techin a los obreros y a las obreras. A cambio, la UOM y los trabajadores y trabajadoras aceptaban que esta gran empresa se quedara, entonces, con el laminador, conscientes de que el único interés que inspiraba al grupo Techin en esta lógica de negociación era poder ejercer el control monopólico de acero plano.[34]

Es claro que la emergencia de esta experiencia de autoorganización obrera fue producto de la combinatoria de una serie de variables, entre las cuales cobró una centralidad estratégica la política gremial de la seccional sindical. El grupo de dirigentes que asumió la conducción de esta seccional de la UOM en el año 1984 sostuvo una política distinta con respecto al fenómeno de la autogestión, que como ya dijimos se diferenció con los lineamientos gremiales del conjunto de la UOM. Para estos mencionados dirigentes de la Seccional Quilmes, estas experiencias se esgrimían como la única herramienta posible para contrarrestar la falta de un proyecto industrial nacional, que ya estaba asistiendo a una sucesión de fracasos. Por otra parte, las razones para que este conjunto de obreros y obreras decidiera emprender el desafío no pueden ser rastreadas en ideologías o plataformas políticas, sino más bien en su preocupación por sostener el empleo y en seguir formando parte de un colectivo laboral.[35]

Con la ayuda de Aiziczon,[36] desarrollaremos el otro caso en el que hemos detenido nuestra mirada. Se trata de la fábrica de cerámicos neuquina Zanón, la cual a fines de noviembre del año 2001 despidió a todo su personal, es decir, aproximadamente a unos 400 empleados. Esto no fue aceptado por los trabajadores y las trabajadoras quienes el mismo día de los despidos decidieron movilizarse hasta la puerta de la municipalidad de Neuquén, acompañados por todo el arco militante y gremial de la región, principalmente estatal, universitario y partidos de izquierda. Por su parte, hay que consignar que el sindicato ceramista neuquino (SOECN) había cambiado radicalmente de signo y orientación política luego de un largo proceso de irrupción desde las bases, iniciado en 1998, primero con las elecciones para la comisión interna en la fábrica Zanón, y por la cual sería más tarde desplazada la conducción del SOECN liderada por Oscar Montes, notablemente corrupta y ligada al empresario Luis Zanón. Así, en el año 2000, la comisión directiva del sindicato fue ganada por jóvenes que combinan asambleísmo, combatividad, democracia directa y prestigio ganado en sucesivas huelgas exitosas y en la politización hacia la izquierda en sus núcleos directivos. De manera que hablar de la génesis del control obrero en Zanón a partir del año 2002 implica reconocer todo un proceso de movilización y politización previas a todo lo detallado.[37]

En cuanto a cómo se fueron dando los sucesos, podemos decir que el despido de los trabajadores y de las trabajadoras se produjo un mes después de que la justicia neuquina sentenciara al empresario Luis Zanón por lock out patronal ofensivo, junto con otra larga serie de atropellos tanto a las condiciones laborales de los obreros y de las obreras como a las normas establecidas por la justicia para buscar una solución al conflicto. Además, junto a la lucha que mantuvieron los trabajadores y las trabajadoras de Zanón, se pudo verificar la presencia en apoyo a lo sucedido, de diversos sectores de la comunidad neuquina y un arco de militantes sociales (gremios estatales de educación y salud, organizaciones sociales y partidos de izquierda) que contribuyeron a resignificar y enmarcar el conflicto. Posteriormente, desde octubre de 2001 y durante los siguientes cinco meses, la situación se volvió indefinida, y osciló entre tomas temporarias de la fábrica, la desesperación de los obreros y de las obreras, el hostigamiento que implicaba la situación judicial y la presión que comenzaba a manifestarse en las sucesivas amenazas de desalojo. Esta situación hizo que los obreros y las obreras cerraran filas sobre el acampe en los alrededores de la fábrica, para estar juntos ante un posible ataque que los desplazaría del predio, pero también por las sospechas de un posible vaciamiento del interior del establecimiento. Recién en enero del año 2002, los obreros y las obreras ingresaron en la fábrica y realizaron el intento de encender los hornos y comenzar a producir.

Sin embargo, y esto debe quedar claro, no todos los obreros coincidían con la idea de tomar la fábrica y producir, sino que solo se pensaba en las necesidades económicas y en salir del atolladero en el que el conflicto los colocaba. Los trabajadores y trabajadoras estaban sin recursos, hostigados judicialmente, descolocados por la actitud patronal –que había presentado, a inicios de 2002, un plan de reactivación que solo contemplaba a 62 obreros y obreras– y amedrentados por el sector sindical tradicional (llamado los “montistas”, que no eran sino ex empleados y empleadas de la empresa de cerámica que aceptaron el despido y no realizaron el juicio a la empresa, por lo que cobraron el seguro de desempleo). Así, se encolumnaron detrás de las órdenes del anterior secretario general del SOECN, Oscar Montes, y protagonizaron varios intentos de “copar” la fábrica por métodos violentos con la ayuda de barrabravas de Cipolletti, un conocido club de fútbol de las cercanías. Con todos estos antecedentes, a principios de marzo de 2002, los obreros y las obreras largaron una línea de producción y presentaron, a mediados de abril, lo que fue el primer producto creado por ellos: el modelo “obrero”. Es necesario aclarar que estos trabajadores y trabajadoras, guiados ideológicamente por sus líderes Raúl Godoy (secretario general) y Mariano Pedrero (abogado del SOECN), orientados desde los presupuestos teórico-prácticos del trotskismo, se habían ganado una indiscutible aceptación en las filas obreras, e impusieron como una de las características más salientes el rechazo al formato cooperativo. Para ellos, la gestión obrera “autónoma” no estaría garantizada en una cooperativa al no contemplar la organización y el funcionamiento de una democracia plena según la entienden los ceramistas y en la que se asienta el control obrero practicado por ellos. En vistas de esto, solo tomaron el nombre de “cooperativa” por una cuestión legal, como ya hemos explicado anteriormente. Esta actitud política de los dirigentes sindicales, que se materializó en la lucha y en la puesta en producción de la empresa gestionada por los trabajadores y por las trabajadoras, contrastó con el hecho de que muchos obreros y obreras no se detuvieron a pensar el contenido político de lo que estaban haciendo, sino que solo querían recuperar, por algún medio, las fuentes de trabajo perdidas y así salir del atolladero en el que estaban metidos. También era cierto para ellos y ellas la ruptura definitiva con la forma de producción anterior y que institucionalizaron con la fecha en que comenzó el control obrero en la fábrica, es decir, el 1º de octubre de 2001.[38]

 

Posibles puntos de intervención de los sindicatos en las ERT

La finalidad de este apartado es describir cuáles podrían ser los aportes y las contribuciones de los sindicatos en el desarrollo y el funcionamiento de las ERT. Según la información brindada por el Tercer Relevamiento de Empresas Recuperadas en Argentina realizado por el Programa Facultad Abierta (2010) según el cual la relación que se establece entre la ERT y el sindicato se expresa principalmente a través de la preservación de la obra social. Mientras que este vínculo está representado en el 49% de las ERT, en el 36% de los casos además conservan plenos derechos sindicales. Esto último es importante porque está dando cuenta de que los sindicatos reconocen a los miembros de las ERT, su pertenencia al gremio y su condición de trabajadores, y asumen que ser socios de una cooperativa no los convierte en empresarios.[39]

Sin embargo, esto no es lo único en lo que los sindicatos pueden ayudar a las ERT, sino que podemos encontrar una larga lista de asuntos en los cuales la intervención de los sindicatos facilitaría enormemente el desarrollo de las empresas recuperadas, teniendo en cuenta que este se efectúa dentro de una economía de mercado capitalista, que marca las reglas del juego. Para esto, una de las cosas que podrían hacer es dictar cursos de capacitación sobre los distintos factores estratégicos que se necesitan conocer para hacer funcionar con éxito una empresa.[40] En tal sentido, las ERT deben funcionar como cooperativas, y para este fin deben organizarse y conocer cada una de las secciones fabriles que hacían producir la fábrica. Para esto el sindicato es ideal, en primera medida porque va a ser del gremio, y debido a ello sabe de qué se está hablando, y puede conseguir a profesionales, ex trabajadores y afiliados, ex gerentes, etc., que capaciten a los que emprenden el camino de las ERT. Por lo tanto, esta podría tener una buena recuperación y llevar adelante tareas de recomposición económica, financiera, comercial y productiva, como también restablecer las relaciones de confianza con los proveedores y los clientes, recomponer la facturación y los balances, mantener y calibrar máquinas e instrumentos de producción, y todo esto al haber sido capacitados por gente idónea en el tema, proporcionada por los sindicatos.[41]

Si bien en las ERT disminuyeron drásticamente la cantidad de accidentes de trabajo con respecto a la misma empresa administrada por el capitalista,[42] esta sería otra de las cuestiones en las que la intervención del sindicato sería beneficiosa. Nos referimos a que la organización gremial tendría la capacidad para establecer mecanismos que acerquen especialistas en seguridad a las ERT, que gratuitamente elaboren informes sobre estos temas y sobre la seguridad, la higiene, el manejo de sustancias peligrosas, etc., para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la gente que realiza tareas en las áreas respectivas.[43]

Juan Pablo Terra[44] advierte que, en el caso particular de las ERT, la crisis que las origina hace presumir difícil su viabilidad, por lo tanto, otro de los puntos con que los sindicatos podrían trabajar para favorecer las ERT es en el caso de las mediaciones con organismos que son de difícil acceso para las empresas recuperadas. Por ejemplo, mediar con el Estado para conseguir créditos blandos para compras de maquinarias, o con los bancos internacionales que apoyan el desarrollo, con los municipios para buscar algún tipo de descuento impositivo, o con todos los mencionados que pudieran servir de plataforma para vender los productos que las ERT fabrican. Es decir, sin creer que esta tarea es cosa fácil, ni mucho menos, está claro que la fuerza que todo un sindicato puede ejercer, o los resortes que puede accionar, es mucho más grande que cualquier esfuerzo y entusiasmo que pueda tener un puñado de trabajadores autogestionados.

También, es conocido que muchos emprendimientos autogestivos necesitan, para su desarrollo, contactarse con otros sectores productivos, con la finalidad de aumentar la producción y garantizar un crecimiento. Para esto, el sindicato podría usar las respectivas cámaras empresariales de su gremio, conocidas por ellos, ya que son con las que negocian cada año las paritarias, para hacer un puente y establecer un vínculo productivo, incluso hasta para conseguir trabajo a façón a alguna ERT que los necesite.[45]

Por último, existe un punto central en la conformación y conservación de una ERT en el que el sindicalismo podría ayudar al poner su representatividad institucional para la consecución de la ley de quiebra que les asegure a los trabajadores y a las trabajadoras el soporte legal que necesitan para producir. Rebón[46] afirma que la lucha por obtener una cobertura legal es un eje central para el éxito del proceso, su no obtención implica riesgo de desalojo y dificulta el funcionamiento productivo.

En definitiva, existen distintas opciones a través de las cuales los sindicatos podrían ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras de las ERT. Sin dudas, hay muchos más aspectos que los mencionados, teniendo en cuenta que un escenario negativo para un sindicato es el de un gremio paralizado por la falta de producción.

 

Palabras finales

Al tomar en consideración los puntos más salientes de este trabajo, nos encontramos con que las políticas neoliberales ejecutadas durante la década del 90 por el gobierno de Menem y la posterior crisis económica del año 2001 fueron una especie de impulsores, resortes que motivaron el surgimiento de las ERT como una de las principales alternativas para los trabajadores y las trabajadoras con el afán de conservar sus fuentes laborales. Sin duda, una lucha difícil que algunos y algunas se animaron a afrontar y una que la mayoría debió hacer sin la asistencia de los respectivos sindicatos.

También hay que decir que, si bien puede haber existido alguna de estas entidades gremiales, que se haya manifestado en contra de los trabajadores y de las trabajadoras que intentaban recuperar una empresa, al obstaculizarles la tarea, la gran mayoría de ellos y de ellas no ayudó en la conformación de las ERT por la sencilla razón de que las estructuras orgánicas del sindicalismo se habían mostrado rígidas e inapropiadas, sin capacidad de reacción ante este nuevo fenómeno social, político, económico, jurídico y cultural como son las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, nos queda la inquietud de saber cómo sería el presente de estas empresas, no solo en el momento de conformación, sino también durante su funcionamiento y desarrollo como tal, si la mayoría de los sindicatos hubiera apoyado estos emprendimientos, tal como ocurrió en los casos de Adabor y Fasinpat, en los que quedó demostrado que no han surgido asociados con los grupos sindicales tradicionales, sino mediante facciones que ostentaban un pensamiento y un accionar muy distinto al de las cúpulas sindicales. El primero, con una conducción inspirada en el peronismo y liderada por Facundo Gutiérrez, quien se diferenció notablemente de la Secretaría General de la UOM, ya que impulsó a los trabajadores y a las trabajadoras a recuperar y a autogestionar la empresa quebrada económicamente. El segundo caso, el de la ex Zanón, tiene su particularidad ya que el camino comenzó cuando una facción de delegados de la empresa con pensamientos de izquierda ganó las elecciones del Sindicato de Ceramistas, para luego, y desde ese lugar, fomentar el control obrero de la empresa.

En algún punto, la excusa esgrimida por los sindicatos que no apoyaron a las recuperadas quedó invalidada. Nos referimos al hecho de la conformación de una cooperativa de trabajo, y lo que esto implica, es decir, que los trabajadores y las trabajadoras ya no sean más asalariados y regidos por un convenio laboral determinado, sino que se les pueda considerar socios y socias de la cooperativa y, por tanto, de la empresa. Sin embargo, hemos explicado que, en nuestro país, no existe ninguna otra alternativa legal para un emprendimiento colectivo como una ERT, sino es por medio de la conformación de una cooperativa de trabajo, aunque esto se haya llevado a cabo por una necesidad, la de conservar el trabajo y los ingresos que le dieran al trabajador o a la trabajadora y a su familia, la posibilidad de una vida digna. De ninguna manera la constitución de la cooperativa respondió a una motivación ideológica basada en algún presupuesto marxista, situación que confronta con la sindical tradicional de nuestro país. Por lo tanto, la cooperativa es una salida a una situación crítica y no se trata de la voluntad de ser “dueño” o “dueña” por parte de los trabajadores y de las trabajadoras.

Es sabido también que ciertos sectores del sindicalismo argentino, fundamentalmente los vinculados a la CTA, han realizado una autocrítica al asumir como un error el hecho de no haber ejercido un control más adecuado a ciertas empresas en situaciones críticas o a punto de cerrar, con intentos de vaciamiento, como así también la falta de apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras en la conformación de las ERT. En esta misma línea, algunos sectores de los sindicatos debido a la proliferación de empresas recuperadas, comenzaron a ver que la lucha cooperativa es una continuidad de la lucha sindical, a tal punto que hoy, ante una crisis, muchos sindicatos, cuando se agota la instancia de negociación, pasan a la conquista de la fuente de trabajo, y se plantean armar una cooperativa.[47] Cabe entonces preguntarse si los sindicatos mismos pueden asumir, de manera consciente y prioritaria, la representación de los intereses de aquella parte de los asalariados que resultan excluidos temporal o permanentemente del mercado de trabajo. Esto podría suceder, entre otras vías, mediante la colaboración con formas de organización fuera del mercado de trabajo, como la formación de cooperativas que posibiliten que la gente continúe trabajando.[48] Esto sin duda supone un desafío para el movimiento sindical, ya que es necesario que los sindicatos comiencen a dar el debate y no teman a estas expresiones de la acción colectiva. En tal sentido, vienen al caso las palabras de un luchador sindical como Luis Inácio Lula Da Silva: “No vamos a tener miedo de nuevo. Cooperativa, trabajo de calidad, economía solidaria, nada de esto es antagónico al movimiento sindical, nada de esto sustituye las entidades sindicales. Al contrario, complementa la actividad sindical”.[49]

Lo cierto es que el mundo que conocemos es aquel complejo, dinámico, cuya realidad se construye históricamente. El sindicalismo debe interpretar los cambios que se producen en la sociedad, motivados por esta dinámica a la que hacemos mención, y en la que se debe actuar en consecuencia. Esta regla tampoco escapa al capitalismo, ya que los sistemas laborales antiguamente utilizados en las fábricas cambiaron conforme el capitalismo seguía, y sigue, tratando de maximizar sus ganancias. Y si hace un tiempo atrás las estructuras laborales en las fábricas estaban regidas por el fordismo y el taylorismo, esto cambió en una nueva estructura: el toyotismo, que marca una flexibilidad en los conceptos de producción, y que implica nuevos paradigmas ante los cuales el sindicalismo debe responder.[50] Por lo tanto, si el capitalismo ha cambiado, y dejó de lado viejas formas y adoptó nuevas estructuras que le aseguran un rédito superior –que se han asimilado a otros cambios que se han dado en el mundo, como los tecnológicos–, pues bien, tanto ha de cambiar el sindicalismo, más aún cuando todos los cambios anteriormente mencionados repercuten directamente en la sociedad, y por consecuencia en los trabajadores y en las trabajadoras, sin olvidar que el sindicalismo sigue siendo uno de los mecanismos de oposición al capitalismo.

Tampoco hay que olvidar, que la “explosión” de las ERT a principios de siglo en la Argentina también es un fenómeno nuevo, que implica fuentes de trabajo para mucha gente y que en un futuro puede serlo para mucha más. Estas empresas recuperadas son una muestra cabal de un cambio significativo con respecto a algunas cuestiones del régimen capitalista como las libertades personales, o como las condiciones que mejoran la dignidad del trabajador y de la trabajadora, como también los tiempos y los ritmos de la jornada de trabajo. Situaciones que le hacen sentir que él o ella es parte de la empresa, que él o ella es parte de los que deciden lo que ocurre, que el producto terminado tiene su sello.[51]

Desde esta posición, lo cierto es que fueron pocos los casos de apoyo a las ERT por parte de los sindicatos, aunque según el Cuarto Relevamiento de Empresas Recuperadas en Argentina realizado en el año 2014 se verifica una tendencia que indica que poco a poco los sindicatos se han ido acercando a las ERT y a sus trabajadores y trabajadoras, sin que aún sea una relación provechosa para estos. Por último, insistimos en que el sindicalismo debe tener en cuenta que los tiempos cambian, que se han instaurado nuevas políticas económicas de ajuste según recetas neoliberales que afectan a la producción, y que es probable que, así como en la década del 90, surjan en nuestro país nuevas empresas recuperadas, como consecuencia de la abrupta pérdida de puestos de trabajo. Si esto sucediera, si volviera a existir la necesidad de formar empresas recuperadas por los trabajadores y las trabajadoras dispuestos a luchar, esta vez sería deseable que los sindicatos caminaran en esa lucha junto a los trabajadores autogestionados.

 

Bibliografía

Abal Medina, P. “Dispositivos de poder en empresas. Un estudio de la relación capital-trabajo en grandes empresas en grandes cadenas de supermercados”, Serie Informes de Investigación. Buenos Aires: CEIL-PIETTE-CONICET, 2006, p. 124.

Aizicson, F. “Teoría y práctica del control obrero: el caso de Cerámica Zanón, Neuquén 2002-2005”. Ponencia presentada en las X Jornadas Interescuelas. Departamento de Historia, Rosario, 2005.

Antivero, J. y Elena, P. “Sindicatos y empresas recuperadas en Argentina. Continuidades y rupturas en experiencias autogestivas de los trabajadores”, en: Veredas. Nº 29. UAM-Xochimilco México, 2014, pp. 37-65.

Arias, C. “Representación sindical y fábricas recuperadas: un mapa de la cuestión”, en: Revista de Temas Sociales. Nº 12. San Luis, 2008, p. 22.

Aronskind, R. “Las causas de la crisis de 2001”. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), 2011. Disponible en: https://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001, última fecha de acceso: 16 de marzo de 2018.

Castellani, A. y Schorr, M. “Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico”, en: Cuadernos del CENDES. Vol. 21, Nº 57. Caracas, 2004, pp. 55-81.

Clark, G. y Antivero, J. “La intervención sindical en las empresas recuperadas en la Argentina. Hacia la reconstrucción selectiva de un modelo de justicia social”. Las empresas recuperadas: autogestión obrera en Argentina y América Latina. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2009.

Da Silva, L.I.L. “O papel do sindicalismo diante das novas formas de trabalho”, en: Sindicalismo e economia solidária. Debate internacional. São Paulo: Agencia de desenvolvimento solidario-CUT, 2000, pp. 7-12.

Dávolos, P. y Perelman, L. “Empresas recuperadas y trayectoria sindical: la experiencia de la UOM Quilmes”, en: G. Fajn (comp.), Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad. Buenos Aires: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2003.

Drimer, B. y Kaplan, A. Las cooperativas. Buenos Aires: Intercoop, 1981.

Fajn, G. y Rebón, J. “El taller ¿Sin cronómetro? Apuntes acerca de las empresas recuperadas”, en: Revista Herramientas. Nº 28. Buenos Aires, 2005.

Harispe, H. “Trabajo y sindicalismo”, en: A. Ruggeri et al. (comps.), La economía de los trabajadores: autogestión y distribución de la riqueza. Selección de trabajos del I Encuentro Internacional La Economía de los Trabajadores. Buenos Aires: Ediciones de la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, 2009.

Heinze, R.G., Kart, H., Clase, O. y Olk, T. “Diferenciación de intereses y unidad sindical. Las discontinuidades en el seno de la clase trabajadora como desafío para la política sindical”, en: C. Offe (comp.), La sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro. Madrid: Alianza Universidad, 1992, pp. 134-157.

Martí, J.P. “Desafíos en la relación entre empresas recuperadas y movimiento sindical en Argentina y Uruguay”, en: Pasos, Segunda época. Nº 126. San José de Costa Rica, 2006, pp. 29-37.

Murua, D. “Una visión sobre la metamorfosis sindical en Argentina”, en: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Vol. V, Nº 1, Nueva Serie II. Córdoba, 2014.

Palomino, H. “Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal en Argentina”, en: E. De la Garza (comp.), Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

Programa Facultad Abierta (SEUBE). Informe del III Relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina. A. Ruggeri (coord.). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2010.

--- Informe del III Relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina. A. Ruggeri (coord.). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2014.

Rebón, J. Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas. Buenos Aires: PICASO-La Rosa Blindada, 2004a.

--- “Una empresa de trabajadores. Apuntes acerca de los determinantes de las empresas recuperadas”. International Institute of Social History, 2004b. Disponible en: http:/www.workerscontrol.net/el/system/files/docs/rebon.pdf, última fecha de acceso: 16 de marzo de 2018.

--- “La empresa de la autonomía. Apuntes acerca de la recuperación de empresas por sus trabajadores en Argentina”, en: Observatorio Social de América Latina (OSAL). Vol. 7, Nº 21. Buenos Aires, 2006, pp. 263-275.

Ruggeri, A. ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora. Buenos Aires: Ediciones Peña Lillo, 2014.

Slutzky, D., Di Loreto, M. y Rofman, A. “Experiencias autogestivas en el marco de una crisis económico-social inédita: las empresas recuperadas”. Ponencia presentada en el VI Congreso de ASET. Buenos Aires, 2003.

Terra, J.P. Proceso y significado del cooperativismo uruguayo. Montevideo: ARCA-CEPAL-EBO, 1986.

Wyczykier, G. “La autogestión laboral en la Argentina en los albores de los años 90: un estudio de casos”. 7º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo ASET. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 2005.

 

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