Revista Idelcoop, nº 220, noviembre 2016. ISSN 0327-1919 / Sección Reflexiones y Debates

Instituto de la Cooperación. Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica- IDELCOOP

 

Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri

Andrés Ruggeri[1]

 

El cambio de Gobierno en la Argentina, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, marcó sin lugar a dudas un punto de inflexión política, económica y social, no solo a nivel nacional sino regional. El impacto del abrupto viraje político y la política económica neoliberal que empezó a implementar de inmediato el nuevo gobierno también afecta a las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) y al cooperativismo de trabajo en general, al igual que al conjunto de los trabajadores. Aunque hay un efecto producto de las consecuencias generales de las medidas tomadas, existe un alcance diferencial sobre este sector.

Este informe es una continuidad de los cuatro relevamientos[2] realizados por el programa Facultad Abierta sobre las empresas recuperadas por los trabajadores en la Argentina (publicados en 2003, 2005, 2010 y 2014). Esta vez no se trata de una encuesta exhaustiva de la situación a través de un amplio trabajo de campo, sino de una actualización de la información básica que posteriormente señala los aspectos principales de un panorama que presenta novedades y urgencias que consideramos merecen ser destacadas y presentadas para el debate público.

1. Las empresas recuperadas en los primeros tiempos del gobierno de Mauricio Macri: estado de situación

En marzo de 2016, de acuerdo a los datos de nuestro equipo, existían en la Argentina 367 empresas recuperadas que ocupaban a 15.948 trabajadores y trabajadoras. Las empresas recuperadas surgidas con posterioridad al cierre del anterior informe,[3] en diciembre de 2013, fueron un total de 43, número que surge de la diferencia entre la cantidad actual y la cifra de 2013, a la que también restamos seis ERT que no lograron consolidarse en este período y siete ERT anteriores a 2013 que no habían sido consignadas en el último relevamiento. El corte se realiza en marzo para marcar el momento en el que los cambios políticos y económicos, producto del nuevo gobierno, empiezan a manifestarse en el sector. De esta manera, esta primera parte indica el estado de situación del conjunto de las empresas recuperadas hasta que empiezan a sentirse los primeros efectos del Gobierno de la Alianza Cambiemos y, por lo tanto, cómo llegaron las ERT a la coyuntura de cambio de etapa.

De esta información surge como primer e importante dato que el ritmo de aparición y consolidación de nuevos casos de recuperación de empresas por trabajadores autogestionados siguió siendo sostenido en los dos años siguientes al último informe, en el cual ya habíamos constatado la tendencia al crecimiento del proceso de recuperación a partir de 2009. Esto se puede apreciar en el hecho que, del total de las ERT existentes, las iniciadas con posterioridad a ese año ya superan en número a las provenientes de la crisis de 2001, momento que está mayoritariamente identificado con el movimiento de empresas recuperadas en la Argentina. Al mismo tiempo, las ERT que cierran en el mismo período (seis) son un número significativamente menor, lo que habla de la alta tasa de supervivencia de las empresas recuperadas, incluso en relación a pymes y empresas tradicionales de similar porte.[4] En este sentido, mantenemos la conclusión de los informes anteriores, en relación a la incorporación por parte de los trabajadores argentinos de la posibilidad de la autogestión como una alternativa viable para preservar sus fuentes de trabajo y recuperar las empresas que los patrones cierran o abandonan. A esto podemos agregar que el nivel de supervivencia de las empresas recuperadas argentinas, comparadas con las empresas de capital privado, es sustancialmente alto, como desarrollaremos más adelante. En principio, hay que señalar que esta dinámica refleja todavía el contexto político y macroeconómico vigente hasta el 10 de diciembre de 2015, antes del viraje neoliberal provocado por la asunción del nuevo gobierno.

En términos generales, podemos observar en el siguiente cuadro la distribución por distrito (diferenciando el Gran Buenos Aires del resto de la provincia) de las ERT en la Argentina a marzo de 2016, es decir, en los principios del gobierno de Mauricio Macri.

La distribución territorial de las ERT no es muy diferente de años anteriores, con una notable concentración en la CABA y la provincia de Buenos Aires, incluso con un crecimiento de los casos en la Capital. En el resto del país la tendencia es similar a 2013. Si vemos la distribución por sector de actividad, la tendencia hacia la disminución proporcional de las empresas industriales continúa mostrando, en cambio, una continuada expansión de la recuperación de empresas en sectores diversificados y de servicios. Las metalúrgicas siguen siendo las más numerosas, pero continúan disminuyendo en proporción con respecto a la preponderancia que mostraban hace algunos años (eran el 29% de las ERT en 2004).

 

 

Las metalúrgicas continúan siendo, también, el sector con más trabajadores en una proporción similar a la cantidad de empresas (casi el 20%). La industria de la carne destaca como el segundo rubro en cantidad de trabajadores, que ocupa a más de 2.000 obreros y alcanza el 13% del total, mientras que las gráficas, alimentación, textiles y contrucción son poco más del 6% de los casos (que incluye a los ceramistas). En este sentido, no hay grandes modificaciones.

 

En general, la caracterización que hicimos en anteriores trabajos de las ERT como empresas mayoritariamente pequeñas y medianas continúa siendo válida. En promedio, las empresas recuperadas tienen 43,4 trabajadores, algo menos que en 2013 y a lo encontrado en relevamientos anteriores (44,3 trabajadores en 2004; y 45,6 en 2010).

Evolución general del proceso de recuperación de empresas

Desde la aparición de los primeros casos a principios de la década del 90, las ERT fueron creciendo en cantidad y en diversidad, como lo han evidenciado los cuatro trabajos anteriores de nuestro programa. La tendencia al crecimiento se ha mantenido con posterioridad al auge de los procesos de recuperación durante los últimos años de la década del 90 y la crisis de 2001, después de un estancamiento durante los años de mayor recuperación económica en el período kirchnerista. Hay una notable desaceleración de las recuperaciones después de 2005 hasta mediados de 2008, pero sin que haya dejado nunca de haber casos nuevos. Este también es el período en el que se verificaron más cierres de ERT. A partir de 2008 empiezan a volver a proliferar las recuperaciones y los conflictos por el cierre de empresas, y se mantiene desde ese momento un ritmo sostenido que, si bien está lejos de tener la masividad del período 2001-2003, se aproxima a un promedio de unos quince casos por año.

 

Sumados todos los nuevos casos que han logrado recuperar su empresa y ponerla bajo gestión de los trabajadores, tenemos un panorama en que las ERT posteriores a 2008 ya son más numerosas que aquellas provenientes de la época de crisis. En particular, los casos posteriores a 2008 ascienden a 156, mientras que las provenientes de los años 2001 a 2004 son 133 (siempre considerando los casos que continúan en funcionamiento).

Sin embargo, esos números no podemos extenderlos hasta la fecha porque responden a una dinámica económica (pero también política y social) que llegó a su fin con el cambio de gobierno. En otras palabras, la tendencia al crecimiento de los casos de recuperación de empresas por los trabajadores que venimos reflejando hasta el momento responde a una etapa socioeconómica que ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Si bien en la actualidad sigue habiendo conflictos abiertos (empresas en proceso de recuperación que aún no han logrado consolidarse), estos responden casi en su totalidad a procesos con inicio en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández. Se han iniciado a lo largo del año numerosos conflictos con ocupación, pero son pocos los que han logrado consolidarse, el más notorio de ellos es el diario Tiempo Argentino.

De esta manera, podemos distinguir, en la curva del surgimiento de las ERT, distintas etapas vinculadas a los cambios en el contexto macroeconómico, político y social. Los primeros casos de recuperación de empresas por los trabajadores (sin incluir acá algunos casos históricos que continúan en funcionamiento, como la gráfica COGTAL que proviene de la década del 50), se dan ya en el contexto neoliberal, durante los años 90. Un segundo momento, que es el de expansión, consolidación y visibilización del fenómeno, se da en la crisis de 2001 (entre los años 2000 y 2003). Podemos caracterizar una tercera etapa durante la consolidación de la recuperación económica posconvertibilidad, entre los años 2004 y 2008. Y una cuarta etapa registra, con los coletazos de la crisis financiera global y en el marco de la política contracíclica y de protección del mercado interno de ambos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, un sostenido y constante crecimiento de las recuperaciones (con un pico en 2008-2009, un descenso en la segunda etapa de crecimiento y un nuevo repunte a partir de 2012), pero concentradas en sectores no industriales o, entre las manufacturas, en sectores de alta precarización, con debilidad sindical o vulnerables a los cambios tecnológicos que requieren gran inversión.

 

La característica común a la mayoría de las ERT, en su origen, es la conducta empresaria tendiente al vaciamiento y al fraude laboral a costa de los puestos de trabajo y la capacidad productiva (2009-2015). También es importante tener en cuenta que el contexto macroeconómico, influenciado en gran parte por la política económica llevada adelante desde el Gobierno, tiene una enorme importancia como contexto de posibilidad de la existencia de empresas recuperadas o de procesos que pueden concluir en su formación, pero que eso no significa que se forman "a partir" de políticas de Estado. Sin embargo, una política de Estado hostil puede hacer muy difíciles las condiciones para que se desarrollen estos procesos o incluso acabar con aquellos que presentan condiciones de debilidad. En ese sentido, a partir de diciembre de 2015 se transita una etapa de regreso a las políticas neoliberales que llevan a la recesión y a la pérdida masiva de empleos, pero con el aditamento de un cambio de actitud del Estado hacia las ERT, que pasó de la contención social a la agresividad, como veremos en la tercera parte de este artículo.

La relación entre el contexto económico y la recuperación de empresas aparece explicitada de forma inusualmente clara en el siguiente gráfico, que relaciona la línea de evolución del PBI con la cantidad de casos de empresas recuperadas por año, en el período 2000-2015.

 

 

2. Los efectos de la política económica de Mauricio Macri sobre las empresas recuperadas

En estos primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, los cambios profundos en la política económica nacional también afectan a las empresas recuperadas por los trabajadores, así como al conjunto de la actividad productiva. A su vez, además de estos elementos de la política macroeconómica del gobierno, existen aspectos particulares que afectan a las ERT y a las prácticas de trabajo autogestionado en general. Los impactos más evidentes están relacionados con el aumento generalizado de costos de los insumos, el descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación que encareció a los insumos importados y arrastró a los nacionales, y, principalmente, los enormes aumentos tarifarios, especialmente en electricidad y gas, indispensables para el funcionamiento de cualquier unidad económica.

En relación a las consecuencias que se empiezan a ver de la política económica llevada adelante desde el 10 de diciembre de 2015 sobre las ERT, el primer y mayor impacto, que provocó mayor reacción desde los trabajadores y sus organizaciones, es el aumento tarifario que varía entre un 200% y 700% en la energía eléctrica, y que puede llegar a más de 1.300% en el gas. En un principio, se buscó justificar el aumento en relación a la “herencia recibida” que había provocado un “atraso” tarifario, con la argumentación oficial de la necesidad de la quita de los subsidios que habían mantenido relativamente bajas las tarifas durante el Gobierno anterior. Los aumentos son de tal magnitud que ponen en riesgo la continuidad de las empresas –sean estas recuperadas, otro tipo de cooperativas o de capital privado–, a veces en sí mismos, más generalmente combinadas con el resto de las medidas económicas que provocan la subida de los precios de los insumos, la apertura indiscriminada de exportaciones y la baja del consumo popular.

Podemos ver algunos de los aumentos en la tarifa eléctrica denunciados por los trabajadores en el cuadro Nº 8. Allí se observan las diferencias en los montos entre las facturas que llegaban antes de los aumentos (la mayoría en los meses de febrero o marzo), y las que llegaron ya con los aumentos en el mes de abril o mayo. En algunos casos, como en la Gráfica Chilavert, hubo un escalón intermedio. Los aumentos fueron de gran porte, entre un 100% y un 800% (el frigorífico SUPBGA), y se dieron tanto en la ciudad y la provincia de Buenos Aires como en las ERT ubicadas en provincias del interior, por ejemplo: el caso de FASINPAT (la ex Zanón). Impactan tanto en industrias que demandan gran cantidad de energía como unidades productivas de menor consumo absoluto (en comparación con un frigorífico o una fábrica del tamaño de FASINPAT), como pueden ser restaurantes y hoteles. El cuadro no está hecho sobre la totalidad o una muestra representativa de los casos, pero muestra casos de distintos rubros, distritos y volúmenes de consumo.

 

Otro tanto, y con promedios aún más altos que llegan a niveles escandalosos, lo podemos constatar con los aumentos en el gas que empezaron a llegar en el mes de mayo. En este caso, los incrementos son de tal magnitud que ponen en serio riesgo la propia continuidad de las empresas, más aún que los anteriores, y peor aún cuando se combinan ambos aumentos.

 

Los aumentos también son enormes en el servicio del agua, que en algunas actividades requieren en grandes cantidades. Aunque estos aumentos están empezando a llegar al momento de la confección de este informe, podemos citar el caso de Cueroflex, en la localidad de San Martín, Gran Buenos Aires, que pasó de pagar $20.000 a $80.000; el Frigorífico y Matadero Bragado, en la CABA; la imprenta Chilavert o el Hotel Bauen que recibieron aumentos que oscilan entre el 300% y el 600%, como podemos observar en el cuadro que sigue.

 

 

Los aumentos ponen en riesgo la propia actividad de las empresas, y esto alcanza incluso a empresas tradicionales, no solo a las ERT o a las cooperativas, y lo hacen tanto por el desmedido incremento que impacta en forma directa sobre las cuentas de la empresa, como por su combinación con otras medidas y circunstancias provocadas por el rumbo económico del gobierno. Ellas confluyen en un contexto no solo desfavorable para la producción y la actividad económica para el mercado interno (en el cual se mueve la absoluta mayoría de las ERT), sino que constituyen un ataque directo a la actividad económica no vinculada a las grandes corporaciones y al capital financiero.

Como hemos esbozado, las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional en los últimos meses han ido impactando en forma directa al mercado interno y a los ingresos de los trabajadores: la devaluación y la liberación del mercado cambiario; la baja de los ingresos públicos genuinos al reducir retenciones y desarancelar el consumo suntuoso; la inflación provocada a partir de la devaluación y aun antes –al constituirla en una promesa velada de campaña–; los despidos masivos en el sector estatal y en el privado; las paritarias a la baja –en los casos en que se hicieron– que buscan la disminución del costo de los salarios en dólares; y como resultante de todas estas medidas, la baja del consumo popular de bienes y servicios. Todo lo anterior ha ido formando un contexto desfavorable a la actividad productiva. En algunos sectores, esa baja ha sido muy pronunciada y los despidos y cierres empresarios empiezan a acompañar este paquete de medidas.

Esta situación la podemos ejemplificar con el devenir de una fábrica textil de recuperación relativamente reciente (el conflicto se desarrolló durante 2013 y lograron resolver su situación jurídica durante 2015): Acetato Argentino, en el partido de Quilmes. Esta cooperativa, que produce telas de acetato (la única fábrica nacional de este producto) y de algodón –que ocupa a 74 obreros–, produjo un informe sobre la evolución del consumo eléctrico que permite seguir no solo el aumento de la tarifa, sino también la evolución del consumo. Esto permite también observar cómo se fue desenvolviendo en lo productivo, pues el consumo eléctrico muestra el nivel de producción. El cuadro siguiente es de gran interés porque permite observar cómo los avatares de la situación legal en los primeros tiempos impactaron sobre la capacidad productiva de sus trabajadores; cómo poco a poco van logrando hacer crecer su rendimiento, con bajas y alzas estacionales y producto de diverso tipo de dificultades (vinculadas a la evolución del mercado pero también a los problemas legales, resultado de las complicaciones de la recuperación de la fábrica); y, finalmente, el desplome del consumo mientras la tarifa sigue subiendo. La curva de la facturación va siguiendo la evolución del consumo eléctrico, hasta que se invierte la relación existente hasta febrero de 2016. A partir de ese momento, mientras el consumo baja, la facturación crece, y llega a la paradoja en que cuando se desploma la producción, se dispara la facturación. Incluso, se puede ver que el valor del kilovatio se mantuvo entre $0,28 y $0,40 hasta febrero, y en marzo se empezó a disparar: $1,80; $2,07 en abril; $2,37 en mayo; mientras que el consumo que en febrero fue de 168.000 kilovatios, pasó a 46.560 kilovatios en mayo.

 

 

Las razones de la caída de la producción no son, por supuesto, la voluntad de los trabajadores, o una repentina incapacidad de gestión. Es la caída absoluta de la demanda de tela de acetatos, la principal producción y que le da el nombre a la cooperativa (y a la antigua empresa, Acetatos Argentinos), debido a la apertura importadora: sus clientes (ya que la cooperativa no vende directamente al consumidor, sino a fabricantes que a su vez elaboran, distribuyen y venden el producto final) reemplazaron las telas nacionales producidas por la cooperativa por telas de importación. El fundamento esgrimido no es la mejor calidad, sino el precio, que la cooperativa mantiene al mínimo indispensable. Este panorama no es exclusivo de la cooperativa Acetato Argentino, sino que abarca al conjunto de la industria. De acuerdo a datos de la propia Cámara de la Industria Textil, la importación de tejidos planos para enero-febrero de 2016, comparada con igual período del año anterior, había subido un 15,40% en pesos argentinos y un 22,04% en volumen, mientras que para las prendas de vestir ya terminadas el aumento de las importaciones fue de un 39,29% y un 23.83%, respectivamente.[5] De este modo, el anterior ejemplo muestra claramente la pinza neoliberal entre importación, devaluación y aumento tarifario, y su impacto en la producción y, por lo tanto, en las condiciones de vida de los trabajadores y la misma supervivencia de la fuente de trabajo que tanto costó recuperar.

En este sentido, las empresas recuperadas se encaminan a enfrentar un ciclo económico que parece apuntar a una nueva desindustrialización de la estructura económica argentina, etapa en la que se pueden identificar los elementos característicos del neoliberalismo de Menem y Cavallo de los años 90 (desregulación, flexibilización y precarización extremas, apertura de importaciones, endeudamiento externo, etc.) pero a una velocidad inicial mucho mayor. El aumento de tarifas, lejos de ser un problema de costos de la provisión de energía, apunta a reforzar ese esquema y provocar el cierre masivo de empresas “inviables” (según la terminología usada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca hijo, en reunión con la UIA el 24 de mayo)[6] por una vía no utilizada en el período mencionado, pero presente en otros países que implementaron en años recientes políticas de “austeridad” neoliberal, como en Grecia.[7] Frente a estas circunstancias, los empresarios, en especial pymes, se encuentran ante la disyuntiva de buscar dónde bajar costos, mientras el nivel de actividad se desploma. Para las ERT y las cooperativas de trabajo autogestionado en general, la opción de la reducción del plantel de trabajadores está excluida, por lo que debe ser absorbida a través de los propios ingresos de los trabajadores o la disminución de la calidad y de la cantidad de la producción, lo cual lleva a la larga al mismo resultado.

A los aumentos tarifarios se le suman varias otras circunstancias que los afectan en forma diferenciada por sector. Para poner algunos ejemplos, en el sector gráfico, en el que las ERT han proliferado conformando incluso su propia organización de segundo grado, en la Red Gráfica Cooperativa la preocupación es fuerte. De acuerdo a estimaciones de la Red, el aumento de costos de los insumos (papel, tintas, planchas de base de aluminio, etc.) ha sido entre un 20% y un 30% desde diciembre y no se puede trasladar del todo a los precios porque hace inviable la comercialización. A su vez, como muchos de los insumos son importados y están dolarizados, el sector ha sido alcanzado de lleno por la devaluación, aunque los aumentos fueron en forma más o menos gradual, de un 3% a un 6%, pero constante mes a mes, hasta acomodarse a los nuevos costos en dólares.

La apertura de la importación de libros también representó un golpe para las imprentas, pues facilita la maniobra de las editoriales grandes para la impresión fuera del país (además de la importación de libros de saldos que atentan contra las editoriales independientes y, una vez más, sus dificultades repercuten en la industria gráfica). Sumados estos factores, más la baja del consumo y la pérdida cada vez mayor de competitividad por la obsolescencia de la maquinaria (casi imposible de renovar sin acceso al crédito y, desde diciembre, a ningún tipo de subsidio o política de apoyo desde el Estado), el resultado es una baja de la producción de las gráficas cooperativas de un 40%, de acuerdo a las estimaciones de la Red Gráfica Cooperativa. Esto se da en todos los rubros de impresión gráfica, desde libros, diarios y revistas, hasta envases flexibles. La situación lleva a varias de las cooperativas de la Red a un punto crítico que las pone al borde del cierre. En tales circunstancias, las grandes empresas del sector presionan a las cooperativas para que bajen sus precios, aprovechando su necesidad de trabajo, y posteriormente utilizan los precios baratos para forzar una baja generalizada en las otras imprentas, lo que las obliga a formar parte, involuntariamente, del ciclo de precarización y abaratamiento de la fuerza de trabajo que busca el modelo económico y las grandes empresas, en especial las multinacionales.

En sectores en los que las empresas trabajan directamente con el consumidor, la desaceleración de la actividad económica y la baja del consumo tienen consecuencias inmediatas. Así es en el sector gastronómico, donde se han recuperado varios establecimientos en los últimos tres años, y en el que el consumo ha descendido en forma notoria, lo cual ha afectado la facturación diaria (en algunos casos en la CABA, los trabajadores estiman esa baja en un 30% desde diciembre de 2015). A eso hay que sumarle el cuadro tarifario y los notorios aumentos de los insumos. En los últimos cuatro meses, los incrementos de costos estimados por la cooperativa Los Chanchitos, restaurante recuperado en el barrio porteño de Villa Crespo, han sido significativos: lácteos, de 20% a 30 %; vinos, de 25% a 30%; helados, de 15% a 30%; harina, 20%; agua mineral 15%; y carne 20%. De acuerdo a los trabajadores, los aumentos de los primeros cuatro meses del año son similares o incluso superiores a los de todo el año 2015, y en el caso de lácteos y helados los superan. Esta situación provocó también el cierre de numerosos establecimientos de gestión privada: 160 comercios gastronómicos cerraron, según el registro de la AFIP,[8] de un total de casi 1.700, lo cual da un contexto de la situación del sector.

A su vez, la inflación y la quita de subsidios al transporte, con el consiguiente aumento en los costos de viaje, han provocado una baja de los ingresos de los trabajadores independientemente de que hayan o no tenido que absorber en sus retiros los problemas económicos de sus empresas. El encarecimiento de los pasajes afecta a los trabajadores que recorren largas distancias para ir a su empresa, tanto en el conurbano como en la CABA (muchos trabajadores de las ERT que están en la Capital viven en el Gran Buenos Aires). Esto, si bien no está relacionado en forma directa con la actividad de cada empresa, contribuye a empeorar la situación de los trabajadores y la de sus familias.

Todo esto muestra cómo el contexto general impacta sobre las empresas recuperadas por los trabajadores, en igual o mayor medida que al resto de las empresas, en especial pequeñas y medianas. Por el proceso que han atravesado para constituirse, los trabajadores saben bien lo que es una crisis. En ese sentido, están en mejores condiciones relativas para sobreponerse a las circunstancias que otro tipo de organizaciones y que muchas pymes, las cuales tienden a resolver en forma individual sus problemas.

 

3. Amenazas directas a las empresas recuperadas desde el cambio de gobierno

Los cambios en la relación con el Estado

Hasta el 10 de diciembre de 2015, al apoyo estatal a las empresas recuperadas se repartía en varios programas y áreas en diversos ministerios y organismos. Si bien no había una política consistente o específica (como hemos señalado en los informes anteriores), ni se la entendía como una política económica que considerara a la autogestión como un actor de relevancia, estos programas eran una importante contribución para las ERT a pesar de su dispersión. El más significativo era el Programa Trabajo Autogestionado, en el Ministerio de Trabajo, que daba los subsidios llamados Línea 1, equivalentes al REPRO para las empresas en crisis del sector privado, que financiaba una parte del salario mensual de trabajadores de una cantidad importante de cooperativas. Otras líneas incluían subsidios para compra de maquinaria, mejoras de los procesos, capacitación y certificación de calidad. El PTA no fue eliminado ni sus empleados despedidos hasta el momento, pero su papel se redujo enormemente: los subsidios y los estudios para otorgarlos, mantenerlos o quitarlos están totalmente parados, al igual que toda acción del programa, salvo algunos pertenecientes a la Línea 1.

En otros ministerios donde había actividades con respecto a las empresas recuperadas, estas han cesado también totalmente, como en el Ministerio de Desarrollo Social, donde si bien no había un área específica en varios programas y dependencias se había trabajado con ERT. La Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI), que aunque otorgaba montos –que por la diferencia de escala entre el sector para el que estaban pensados y la mayor parte de las empresas recuperadas, en general, eran demasiado reducidos para la mayoría de estas– también había apoyado de distintas maneras este proceso y había canalizado microcréditos con otras organizaciones de la economía social a través de la Red Gráfica Cooperativa o la Cooperativa Textiles Pigüé, por ejemplo. El presupuesto de la CONAMI se redujo a un tercio de lo que disponía en 2015 y en el primer trimestre casi no tuvo ejecuciones. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), por su parte, nunca fue un organismo que atendiera especialmente empresas recuperadas y allí, aunque hubo cambios en la conducción, no se nota por el momento demasiadas modificaciones, pues la nueva administración procede mayoritariamente de funcionarios de carrera del propio organismo.

No solo desaparecieron o se desactivaron las políticas específicas, sino que, como se desprende de ese desinterés manifiesto, el nuevo gobierno no tiene ningún tipo de interlocución específica con las empresas recuperadas. Cuando lo hay, es a partir de reclamos o distintos problemas que deben ser atendidos por los funcionarios. En esas ocasiones, de acuerdo a los relatos de los trabajadores que han participado de alguna de esas reuniones, no ocultan su desprecio o su ignorancia hacia la problemática.

Veto sistemático a leyes de expropiación

Mauricio Macri tuvo como conducta sistemática el veto de leyes relacionadas con empresas recuperadas durante su mandato como jefe de Gobierno de la CABA. Entre ellas está la prórroga de la Ley de Expropiación Definitiva (1.529), votada en 2004 y aún casi sin efectivizar, alcanzaba a trece ERT y, posteriormente, fue ampliada a otras cuatro más. Esta conducta prosigue con Horacio Rodríguez Larreta, que el 4 de febrero vetó la Ley de Expropiación de los Bienes Muebles del restaurant La Robla (que ya había sido desalojado del inmueble). Es decir, vetó la expropiación de las sillas, las mesas, instrumentos de trabajo y utensilios del restaurant, luego que los trabajadores habían ya perdido el local y debieron buscar otro para seguir trabajando. Los argumentos fueron formales (“ausencia de una audiencia pública”) y el ya clásico que niega la “utilidad pública” porque beneficia a un grupo “privado” de personas, es decir, a los trabajadores, desconociendo el carácter social del fenómeno.

La gobernadora María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, ya lleva tres vetos. El más notorio es de la fábrica de acoplados Petinari, recuperada por sus trabajadores como Cooperativa Acoplados del Oeste, cuya expropiación fue votada por unanimidad tanto en el Senado como en Diputados de la provincia de Buenos Aires (lo que incluyó al propio bloque del PRO). También, fue vetada la expropiación de la fábrica de cierres relámpagos Depe y el Hospital de Llavallol, que es un caso especial porque si bien fue un hospital recuperado por los trabajadores, la cooperativa no logró prosperar y se trataba ahora de una recuperación como hospital público impulsada por los vecinos del barrio. Sin embargo, esta ley implicaba la reactivación de la cooperativa, que era la beneficiaria de la expropiación.

La modalidad para los vetos sancionados por la gobernadora Vidal tiene cierta pretensión de justificación, pues en el caso de Petinari pidió informes a diferentes organismos de su propio gobierno para basar en ellos el veto (incluso, el informe del Ministerio de la Producción fue favorable a la cooperativa, no así el de Trabajo). El veto abrió camino a la activación de la orden de desalojo de la planta, pero los trabajadores lograron nuevamente una votación a su favor en la Cámara de Diputados provincial para la suspensión de la medida por noventa días. El caso Petinari tiene la particularidad, además, de que la patronal (que debe sesenta millones de pesos a sus ex empleados) lograra hacer lobby mediático a su favor, lo que puede haber sido decisivo para inclinar la balanza contra la ley de expropiación. La campaña fue desatada por el operador mediático del Grupo Clarín, Jorge Lanata, que entrevistó en su programa radial al empresario vaciador,[9] y que fue seguida por varios medios, como Infobae[10] y reproducida por medios digitales oficialistas con abundancia de improperios contra los trabajadores y contra las empresas recuperadas en general, algo que no fue frecuente encontrar para casi ningún caso desde el 2001 en adelante. Por último, a mediados de mayo el ministro de Trabajo de la provincia, cuyo dictamen desfavorable fue citado por Vidal en el veto, visitó la planta, ocupada por los trabajadores, y postuló como solución para el conflicto el “modelo de Cresta Roja”, es decir, la compra por un “inversor” en condiciones desfavorables para los obreros y la precarización laboral.

En el caso del Hotel Bauen, continúa la situación de indefinición. Se votó la ley de expropiación en la Cámara de Diputados de la Nación en la última sesión antes del 10 de diciembre, pero nunca fue tratada en el Senado hasta el momento. No se puede dejar de señalar que esta sanción, votada por el bloque hasta entonces oficialista, podría haberse dado mucho antes y de esa forma evitar la incertidumbre por la que los trabajadores del hotel continúan atravesando. En caso de que el Senado decida avanzar con la media sanción restante, la probabilidad de un veto presidencial es significativa. Sobre el cierre de este artículo, el Bauen recibió una nueva situación judicial por la cual se reactivó el proceso de desalojo.

Ofensiva judicial: mayor hostilidad

Ya en el informe anterior habíamos notado el aumento de causas penales por usurpación contra los trabajadores que ocupan las plantas, incluso bajo funcionamiento con permisos de juzgados comerciales. De esta manera, las causas penales paralelas a la comercial, en la que se sustancia la quiebra, se convierten en una amenaza para el desalojo que, por los mecanismos vigentes a partir de la reforma de la Ley de Quiebras, debería no estar contemplado. Esto derivó en varios casos de desalojo o intentos. Además del caso ya mencionado de Petinari (los trabajadores volvieron a entrar y después consiguieron la expropiación que Vidal vetó, como ya mencionamos), uno de los más notorios es el de La Litoraleña, aunque la orden de desalojo no se llegó a ejecutar, sino que se instaló una guardia policial en la puerta de la fábrica para impedir su funcionamiento. El peligro de desalojo es inminente, al haber la jueza decretado la quiebra pero no darle la continuidad laboral a la cooperativa.

Aún más grave es el caso de Industrias RB, en Martínez, provincia de Buenos Aires, que sufrió un violento desalojo al cierre de este informe. A pesar de tener la Ley de Expropiación vigente a su favor y funcionar desde la crisis de 2001 en manos de los trabajadores, el juez de San Isidro, Orlando Díaz, hizo lugar a una denuncia por usurpación de la patronal rechazada anteriormente en varios otros juzgados. Es el primer caso en que una fábrica es desalojada a pesar de estar protegida por una ley de expropiación (temporaria, pero en plena vigencia).

La misma ignorancia judicial hacia una ley que protegía a una empresa recuperada se dio en la provincia de Mendoza, con el intento de remate del Frigorífico La Lagunita. El juez ignoró la Ley de Ocupación Temporaria Provincial. El remate fue parado a último momento porque los trabajadores lograron juntar el dinero para comprar como únicos oferentes (mecanismo previsto en la LCQ), ayudados por un préstamo de FARCO, porque en el mismo predio funciona una radio comunitaria). De no haber podido hacerlo, se abría el juego a otras ofertas, con la Liga de Rematadores esperando.

Por otra parte, la lentitud de la justicia para hacer valer el mecanismo previsto en la reforma de la ley de quiebras es notorio, como lo demuestra el caso de la Gráfica Vulcano, cuyos trabajadores estuvieron acampando en la puerta de la fábrica vacía y semisaqueada por el propietario que quebró durante un año y medio. Todos los requisitos para que la cooperativa empezara la explotación de la fábrica ya estaban cumplidos desde meses antes, pero una falta de habilitación por parte del GCBA demoró (o fue usada para demorar) el ingreso durante varios meses.

Represión

Al momento del cierre de este artículo, se produjo el primer desalojo violento de una empresa recuperada, Industrias RB. Como ya mencionamos, se trata de un caso de evidente gravedad, por haberse hecho a partir de una denuncia por usurpación cuando la fábrica se encontraba amparada por una ley de expropiación y tenía más de una década de funcionamiento. Esto se suma a otras señales preocupantes de uso de la fuerza en conflictos sociales y una proclama explícita contra las protestas y conflictos a partir del anunciado “protocolo de seguridad”, lanzado con mucha publicidad por la ministra del área y festejado por la mayoría de los medios de comunicación masiva. En el caso de la avícola Cresta Roja, aunque no se llegó a plantear la recuperación a través de una cooperativa, la represión de la Gendarmería ordenada por la ministra Bullrich desarmó la protesta y abrió paso a la compra por un nuevo empresario que mantuvo el despido de gran parte de los trabajadores y tomó bajo condiciones precarizadas a otros. Bullrich incluso argumentó que la demora en encontrar rápidamente inversores era la causa de que hubiera conflicto, y anticipó un posible argumento del Gobierno para casos similares. El ministro de Trabajo de la provincia, incluso, después del veto de Vidal a la expropiación de Petinari, al ignorar completamente que ya hay formada una cooperativa que está en condiciones de funcionar (de hecho lo estaba haciendo) y la deuda millonaria con los trabajadores, propuso el “modelo de Cresta Roja” para solucionar la quiebra de la empresa. No queda claro si con “el modelo” se refiere al operativo represivo, la aparición de un inversor, la recontratación precaria o los despidos, o todo eso junto.

Ventas

La idea de que las quiebras empresarias no deben ser resueltas por los trabajadores sino por los “inversores” tiene ya su consecuencia en la venta de algunas empresas recuperadas o en intentos de hacerlo. Hay tres casos en el municipio de San Martín e información no confirmada de una cantidad indeterminada (unas ocho) en el sur del Gran Buenos Aires. En aquellos en que pudimos acceder a información, se trató en general de ofertas que implicaban a empresas con problemas de inserción en el mercado y con mayoría de trabajadores con mucha antigüedad laboral, próximos a jubilarse, que impusieron su criterio frente a quienes no estaban de acuerdo o no estaban convencidos de que fuera la mejor opción. En dos de los casos conocidos (Forja San Martín y 2 de Diciembre, ex Coventry), el propósito del inversor no fue la continuidad productiva, sino el negocio inmobiliario o la utilización del predio para otros propósitos. En otro, Depe (la misma cuya expropiación fue vetada pro Vidal, aunque no queda claro si hay relación entre ambos hechos), el comprador tomó en forma precaria a la minoría de trabajadores que quería continuar trabajando. La empresa estaba en pleno funcionamiento, era la mayor de su rubro en el país y no había dejado de funcionar ni siquiera ante el abandono patronal. En el extremo sur del Gran Buenos Aires, otra de las fábricas recuperadas provenientes de la crisis de 2001, la metalúrgica Crometal, ex Acrow, cerró sus puertas y decidió vender su planta a un proyecto inmobiliario. El juez de la quiebra había rechazado el recurso, pero la venta se llevó a cabo igual mediante el cambio de la composición societaria y una suerte de indemnización por parte del comprador del predio a los antiguos trabajadores. Cuatro casos confirmados en un mes, ninguno en quince años anteriores.

Una maniobra similar debió ser superada por los trabajadores de Tiempo Argentino ante la supuesta compra del diario y Radio América por un empresario sin trayectoria en medios que intentó desconocer la deuda salarial con los trabajadores. Este mismo empresario intentó vender hace poco la antena transmisora de la radio en Villa Lugano, hecho que fue impedido por la movilización de los trabajadores (que no han tomado aún la decisión de conformarse en cooperativa).

4. Algunas conclusiones

La situación es claramente preocupante y el panorama muestra una ofensiva contra las empresas recuperadas por varios frentes. Aunque todavía no se verifica un ataque directo por parte del gobierno nacional, sí se puede ver un enorme cambio en la actitud del Estado hacia el sector. Planificada o no, la política parece ser un ataque por varias vías sin que aparezca –en lo posible– el Gobierno directamente, siempre con la justificación ideológica basada en la “inversión” y la “eficiencia” en términos de mercado. Para eso, además de las señales de tolerancia a los empresarios vaciadores y hacia los jueces para avanzar sobre las ERT existentes y posibles, el desguace de las pocas herramientas estatales para apoyo, los ataques directos a través de los vetos, se apunta al ahogo económico junto al resto de la economía productiva. Al mismo tiempo, se apoya o facilita la tarea de oportunistas y mafiosos, exacerbando los conflictos internos que se agudizan ante las dificultades económicas, para inducir o llevar a la venta a las ERT más débiles.

El hecho más notorio que atenta, en estos momentos, contra la supervivencia de las empresas recuperadas es el tarifazo. En aquellas de mayor nivel de vulnerabilidad económica, los montos de los aumentos hacen difícil el sostenimiento de la actividad productiva, al incorporar costos no previstos que obligan a reducir el nivel de ingresos de los trabajadores y, en el mejor de los casos, alteran e impiden planes de inversiones y mejoras.

Por otra parte, a nivel gubernamental se potencia el discurso del emprendedorismo y la economía social en su versión neoliberal. Es probable que para aquellas ERT (o situaciones que apunten hacia un proceso de recuperación en manos de los trabajadores), que no representen un negocio apetecible para empresarios o “inversores” ni un peligro para el Gobierno en términos políticos, se abra una ventana de cierto apoyo y facilitamiento en el marco de “políticas sociales” de “pobreza cero”. La convocatoria al Ministerio de Desarrollo Social de algunos miembros de ONG o con cierto activismo en ámbitos de la economía social permite prever alguna política en ese sentido. El resultado de la aplicación de esta lógica implicaría una transformación del fenómeno de las ERT, que surgieron como una herramienta que los trabajadores conformaron para conservar sus fuentes de trabajo, participar dentro de la economía formal y defenderse, a través de la autogestión, de la exclusión y de la informalidad. Esta política busca ubicarlas en el campo de la precariedad y debilita aún más a los trabajadores y a su capacidad de defender sus derechos. Así, la autogestión y la economía social cumplirían la función asignada en el dogma neoliberal: una “economía para los pobres”, que contribuye a bajar los precios de los salarios de los trabajadores que permanecen bajo relación de dependencia y sirve para la contención social de los sectores excluidos.

Las empresas recuperadas y otras experiencias de trabajo autogestionado en la Argentina se han ido conformando como una alternativa al desempleo y a la precarización laboral a través de la autogestión. Constituyen así una alternativa para enfrentar las consecuencias de las políticas neoliberales que atentan contra el empleo y la producción, construyendo además otra forma de hacer economía, sin patrones. Las acciones desplegadas hasta el momento por el Gobierno buscan, principalmente, crear un marco de precariedad laboral y desocupación que permita presionar los salarios de los trabajadores formales a la baja. Para completar ese círculo, también hay que hacer inviable la alternativa de la recuperación y del trabajo autogestionado.

El problema es que para conseguir esos propósitos todavía hay que vencer la resistencia de trabajadores que no nacieron como sujetos pasivos de su destino, sino que lucharon para forjarse uno propio, ocupando, resistiendo y produciendo a través de la autogestión.

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